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A una semana de toma en bajo Flores. Macri acuso a nación de "renunciar a su obligación de hacer cumplir la ley"

El jefe del Gobierno porteño, Mauricio Macri, reiteró hoy sus críticas a la administración de Cristina Fernández por no intervenir en la toma de edificios del barrio de Flores al sostener que el Ejecutivo decidió "renunciar a la obligación que tiene para hacer cumplir la ley" y advirtió que esa actitud "es totalmente muy grave".
De esta manera, Macri insistió en sus cuestionamientos contra el Gobierno nacional por no acatar la orden emitida por el juez federal de Quilmes Luis Armella para desalojar las viviendas ubicadas en el bajo Flores que permanecen usurpadas desde hace una semana.

Por su parte, el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, reclamó la intervención de la Policía Federal para concretar el desalojo ordenado por la justicia, debido a que la fuerza comunal no tiene los suficientes "grupos especiales" para realizar este tipo de operativo.

"El Gobierno está perjudicando a cientos de familias que hicieron todos los trámites como corresponde legalmente y tienen que mudarse a esas viviendas, pero hoy no lo pueden hacer, y además se está perjudicando potencialmente a todos los argentinos", apuntó Macri.

Macri, en diálogo con radio Mitre, acusó a la presidenta Fernández de Kirchner de "no defender los derechos de la gente que está dentro de la ley, porque acá hay grupos minoritarios que desde hace rato atropellan los derechos de los demás".

"Esta minoría, ante la pasividad del Gobierno nacional, logra coartar las libertades de las mayorías", puntualizó el titular de la ciudad de Buenos Aires.

Macri en su ofensiva contra la administración central recalcó: "En esto no me meto dice el Gobierno, renunciando a la obligación que tiene el Estado de hacer cumplir la ley y esto es totalmente muy grave".

Luego, pidió a la "Justicia que tome alguna medida que obligue al Gobierno nacional a cumplir con la ley" con el objetivo de recuperar los monoblocks usurpados en Flores.

El juez Armella ratificó anoche la orden de desalojo de las familias que, desde hace siete días, ocupan el complejo habitacional, que fue construido para que esas casas sean asignadas para cientos de pobladores de asentamientos situados a orillas del Riachuelo.

El magistrado mantuvo en un nuevo fallo las multas aplicadas a la secretaria de Seguridad de la Nación, Cristina Camaño, por el incumplimiento de las medidas ordenadas el miércoles pasado.

También advirtió a los ministros de Seguridad nacional y porteño, Nilda Garré y Guillermo Montenegro, respectivamente, que serán multados si no se implementan todas las acciones que garanticen el desalojo.

En tanto, para el Gobierno nacional la responsabilidad de ocuparse de solucionar el problema de la usurpación del complejo habitacional le corresponde a la gestión de Macri por jurisdicción.

Burzaco explicó a radio El Mundo que concretar "el desalojo es muy complejo, ya que son diez edificios, 24 viviendas en cada uno y hay que entrar con cuerpos especiales, actuando con firmeza pero también con equilibro para no herir a nadie y sobre todo sabiendo que hay mujeres embarazadas y niños".

"La Policía Metropolitana tiene solamente 40 efectivos en total desplegados en cuerpos especiales. Podemos hacerlos en dos o tres edificios, así que necesitamos sí o sí la intervención de la Federal", afirmó Burzaco.

El jefe de la fuerza de seguridad porteña dijo que "la Policía Federal hace todos los días desalojos en la ciudad de Buenos Aires, ya que tiene personal específico".

"Estamos dispuesto a ayudar y colaborar, pero la magnitud del tema nos excede largamente. La Policía Metropolitana tiene pequeños cuerpos especiales, pero no para cuestiones de grandes envergadura comos el del Parque Indoamericano o como el de Flores", agregó.

Burzaco precisó que la Policía Metropolitana tiene "2 mil miembros, mientras que la Federal posee 15 mil en la Ciudad".

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