La resolución permite continuar el proceso contra Sal Lari, el que había sido aprobado el 4 de marzo del año pasado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerenses tras la denuncia en 2009 de vecinos de San Isidro y el intendente de ese distrito, Gustavo Posse.
Ulises Giménez, vocero del tribunal, dijo a DyN que ahora el Jurado notificará a Sal Lari las acusaciones elevadas y una vez informado, el magistrado de San Isidro tendrá 45 días para ejercer su derecho a defensa.
Concluido ese plazo, el Jurado resolverá si admite o no la acusación, y de aceptarse se lo suspenderá hasta la audiencia donde se definirá si se lo destituye o no. "Aunque presionen, la Comisión Bicameral resuelve de manera objetiva e independiente", sostuvieron desde el órgano que controla a lo jueces.
Las criticas contra Sal Lari comenzaron en 2006, cuando el entonces ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian criticó al juez por haber excarcelado a los principales acusados por el millonario asalto contra la sucursal Acassuso del Banco Río. Pero luego los cuestionamientos se renovaron en el 2009 por la agrupación Madres del Dolor, cuando se denunció el desempeño del juez en el caso de un acusado de violación en Pilar y comenzaron a reportar varias causas impunes. Entre las causas por las que será acusado Sal Lari se encuentra el caso de Cesar Miño, quien fue denunciado por abuso sexual agravado contra su hija de 12 años de edad en ese momento, algo que venía sucediendo desde 6 años antes.
A partir de comprobarse los hechos denunciados, la fiscal solicitó la exclusión del hogar que fue denegada por el magistrado, aduciendo que la petición era prematura, sin averiguar sobre lo actuado en el Juzgado de menores con fecha anterior a la decisión de no hacer lugar a la exclusión, donde estaban las constancias que avalaban dicha medida.
En este caso, se considera que el juez vulneró los derechos consagrados en la Convención del niño, privilegiando la situación del padre.
Otro de los hechos por los que se acusó al magistrado de San Isidro es el que deriva de un asalto protagonizado por dos delincuentes que despojan a una pareja de sus bienes y abusan sexualmente de la mujer. Ambos fueron excarcelados bajo caución juratoria, sin tomarse en cuenta que uno de ellos, al momento del ilícito, había violado un arresto domiciliario impuesto por el Tribunal de La Matanza.
En tanto, en otro caso, con numerosas pruebas que acreditaban venta de estupefacientes, un fiscal solicitó un allanamiento que fue concedido por Sal Lari para hacerse efectivo recién tres días después, lo que impidió que se lograra un buen resultado en la investigación.
Finalmemente, el otro hecho por el que la Comisión Bicameral decidió asumir el rol de acusador es el que denuncia que la Cámara de Apelación de San Isidro dispuso la libertad de un detenido, que debía hacer efectiva el Juez Sal Lari.
Sin embargo, el juez libró una orden a la comisaría para que el imputado compareciera al día siguiente en el Tribunal, pero no verificó el cumplimiento de la orden, lo que ocasionó que la detención se prolongara durante 7 meses más, y recién se solucionara cuando el mismo imputado reclamó por sus derechos.
