La jueza aludió de esta manera a la resolución 100/10 de la Secretaría de Comunicaciones, dictada el 19 de agosto de 2010 cuya “ilegalidad e inconstitucionalidad” había sido reclamada en una acción de amparo por una clienta de la empresa Cablevisión.
La particular había fundamentado su reclamo en "la necesidad del servicio" en virtud de su actividad profesional y afirmó que la resolución violenta su derecho de propiedad, "por impedir usar sus recursos, del modo que considera más eficiente para facilitar su derecho a trabajar".
Asimismo, consideró que ninguna autoridad la puede obligar a migrar de la prestadora del servicio, salvo que le acrediten que la compañía violó alguna norma que hace a la licitud en el ejercicio de sus derechos.
Por ello, calificó a la resolución que impugnaba de "abusiva" en tanto, a su entender, la misma no responde a un fin jurídico y viola su derecho a contratar libremente.
Según la magistrada, "para la procedencia de una acción de amparo no sólo es necesario que concurra un supuesto de arbitrariedad o de ilegalidad, sino que se requiere además que ello resulte de manera manifiesta".
"Dichos requisitos no concurren en el presente caso, donde en definitiva se cuestiona el dictado de la Resolución N° 100 de por la Secretaría de Comunicaciones y se la califica de inconstitucional, por considerar que la misma obliga a la accionante a emigrar del servicio de transmisión de datos que venía prestando la empresa Fibertel SA", señaló la jueza.
"Esta circunstancia denota por parte de la actora una interpretación diferente respecto de las facultades reglamentarias que, en principio, ostenta el PEN, vinculadas a la prestación de un servicio público, cuyo análisis notoriamente excede el restringido marco de conocimiento de la vía adjetiva elegida por la actora para su cuestionamiento", añadió.
