de Justicia por lo que consideró "trabas constantes para realizar el control de gestión en los penales del país".
Mugnolo sostuvo en una conferencia de prensa que "tuvimos que ir a la Justicia porque el ministro ignora los pedidos de audiencias para hablar de cuestiones que impiden el control y favorecen el ocultamiento".
Puso como ejemplo que no le permitieron el ingreso a un delegado de la Procuración a la Unidad Penitenciaria N° 6 de Rawson por una resolución que calificó de "arbitraria" del director de ese penal.
Y reportó el encierro de detenidos "jóvenes adultos durante 23 horas en celdas de dos metros por uno y medio", a lo que llama "sectorización", señalando que "el Servicio Penitenciario todo lo hace por la seguridad antes que por la rehabilitación".
Según dijo, Alak debería remover las resoluciones que "impiden el control en las cárceles en todo el país porque van contra la ley". "Existe una cadena de complicidad para que no se conozcan los hechos en los penales", disparó el funcionario, acompañado por el director General del organismo Alberto Volpi, la directora del Observatorio, Marta Monclus, y la diputada nacional María Luisa Storani.
En ese marco, el ombudsman de los presos sostuvo que se denunció penalmente a Alak por presunto "incumplimiento de los deberes de funcionario público" por lo que considera una falta de respuesta a las solicitudes del organismo.
Mugnolo describió que según las estadísticas del ente que dirige, en 2010 y en los primeros días de 2011 hubo 311 reportes de presos a la Procuración por hechos de violencia, "pero 100 de esos internos no quisieron hacer la denuncia por temor a las represalias y los otros 200 la hicieron con reserva de identidad". "No queremos más cárceles como eran antes del '83, sin control; y a eso vamos porque eso es lo que pretenden estas resoluciones que nos impiden actuar", aseguró. El Procurador Penitenciario resaltó que "en los últimos dos años hubo retraso en la observancia, que derivó en un incremento en los casos de violencia desde la gestión del ex director nacional Alejandro Marambio, que fue premiado siendo nombrado como subsecretario nacional de Políticas Penitenciarias".
"Si en la Justicia argentina no obtenemos una rápida rectificación, acudiremos a organismos internacionales", concluyó.
