FATE deberá pagar $1.200 millones a trabajadores y el conflicto suma otro capítulo judicial
El Juzgado Nacional del Trabajo N.º 17 dispuso transferir fondos embargados para cubrir parte de los haberes pendientes de 200 operarios de la planta de San Fernando. El SUTNA cuestionó el cálculo y anticipó nuevas acciones judiciales.
La Justicia ordenó transferir $1.200 millones para pagar parte de los salarios adeudados a 200 trabajadores de FATE, en el marco del conflicto por el cierre de la planta de San Fernando. La medida prevé utilizar fondos de la empresa que habían sido embargados y contempla los haberes devengados entre marzo y junio de 2026.
El pago fue fijado para el viernes 23 de octubre y no alcanzará a quienes firmaron acuerdos de retiro voluntario. Sin embargo, la resolución no cierra la disputa: el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) anticipó que apelará el monto y reclamará el reconocimiento de otros conceptos salariales.
Una suma menor a la reclamada por el sindicato
La cifra establecida por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 17 quedó entre las posiciones que habían presentado las partes. Mientras el SUTNA reclamaba $1.800 millones, FATE sostenía que correspondía pagar $600 millones.
La decisión se tomó luego de que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenara avanzar con el pago de los salarios reclamados. A partir de esa instrucción, el juzgado determinó la suma que deberá distribuirse entre los operarios alcanzados por la medida cautelar.
El sindicato cuestionó el cálculo porque, según su postura, no contempla de manera adecuada la antigüedad de los trabajadores ni la actualización de los salarios por inflación. Por eso, buscará que la resolución sea revisada.
El reclamo también apunta a los salarios posteriores a junio
La discusión judicial no se limita al período comprendido en el fallo. El SUTNA adelantó que impulsará nuevas acciones para reclamar los haberes correspondientes desde el 1.º de julio de 2026, que quedaron fuera de esta resolución.
El gremio también insistirá con el pedido de nulidad de los acuerdos de retiro voluntario firmados por otros empleados. Según sostiene, esos convenios se celebraron bajo una fuerte presión económica, después de varias semanas sin cobrar los sueldos. Se trata de planteos sindicales que deberán ser resueltos en las instancias correspondientes.
El cierre de FATE y los embargos judiciales
La controversia se originó tras el anuncio del cierre de la fábrica de San Fernando, realizado el 18 de febrero de 2026. La decisión afectó inicialmente a unos 920 trabajadores, que desde entonces mantienen protestas y un acampe en las instalaciones para reclamar el pago de los salarios pendientes y la continuidad de sus fuentes laborales.
El conflicto tiene como antecedente un convenio de estabilidad laboral firmado en mayo de 2025, con vigencia hasta el 30 de junio de 2026. De acuerdo con los planteos presentados en la causa, la empresa había recibido beneficios impositivos del Estado a cambio del compromiso de mantener la estabilidad de su personal durante ese período.
En abril, la Justicia había dispuesto un embargo cercano a los $3.000 millones sobre bienes y fondos de la compañía, en actuaciones vinculadas con el presunto incumplimiento de obligaciones laborales y de la conciliación obligatoria. Posteriormente, se ejecutaron alrededor de $500 millones para cubrir tres quincenas adeudadas entre febrero y marzo.
En paralelo, la Sala II de Garantías revocó la orden de desalojo que había sido dictada en septiembre. Con esa decisión, los trabajadores podrán mantener el acampe y las protestas en las inmediaciones de la planta mientras continúa el conflicto.