El operativo de extradición se dio en el marco de la investigación y cooperación internacional que impulsa el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Sabina Frederic, para prevenir e impedir los delitos complejos y de dimensiones transnacionales, entre los que la trata de personas posee una significativa importancia.
Las investigaciones para la captura de este individuo fueron ordenadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, del Dr. Pablo Esteban Larriera, quien, en el mes de febrero de 2020, solicitó la intervención en una causa judicial al departamento Unidad Federal de Investigación sobre Trata de Personas de la PFA.
Sobre el fugitivo ya pesaba una condena efectiva de cuatro años de prisión por el delito de tráfico de personas con fines de explotación sexual; sin embargo, había logrado fugarse en 2018 cuando, mediante sus vínculos en diferentes lugares del país y el manejo de una importante cantidad de dinero, pudo irse de Bahía Blanca –donde se radicaba la causa judicial-, hacia otros distritos, lo que le posibilitó eludir la búsqueda que las fuerzas policiales realizaban mediante el sistema federal de comunicaciones, SIFCOP.
Aun así, las actuaciones preliminares lograron dar con el círculo íntimo del investigado y comprobar que éste poseía una enorme estructura relacionada con la trata de mujeres víctimas de explotación sexual. De hecho, el detenido aparece como dueño de locales bailables nocturnos desde donde continuaba con sus delitos. Esta persona, además, era conocida tanto por sus prácticas ilegales como por ser referente de competencias de “resistencia física”, lo cual le había brindado un favorable reconocimiento internacional.
En ese contexto y mediante un importante trabajo de investigación e inteligencia criminal, se logró determinar que este individuo había escapado del país de manera ilegal (no había registros suyos en la Dirección Nacional de Migraciones). Sin embargo, a través de averiguaciones con organismos internacionales se estableció que había ingresado a la República Oriental del Uruguay y que desde allí había viajado a Florida, EE.UU., como turista y con pasaje de regreso a Montevideo para fines de marzo. No obstante, debido a la situación sanitaria mundial ocasionada por la pandemia del Covid-19 y la consecuente cancelación de vuelos internacionales y cierre de fronteras, el prófugo se vio obligado a permanecer en Estados Unidos, venciéndosele su visa.
Tras conocerse la situación específica de esta persona, el Juzgado de Bahía Blanca ordenó la captura internacional en el sistema Interpol, en virtud de que al ser deportado “por visa vencida”, su extradición debería realizarse hacia su país de origen (Argentina) o bien al país de proveniencia (Uruguay).
Al corroborarse que el detenido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sería deportado a nuestro país, sus abogados intentaron cambiar su traslado para ir hacia Uruguay. Ante ello, y con la información obtenida durante esta secuencia de investigación, se logró la confirmación de que el detenido sería deportado el 25 de agosto hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, a donde llegó por la tarde de ayer.
Allí se montó un dispositivo coordinado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria junto con otras fuerzas, quienes lo detuvieron tras activarse el protocolo sanitario correspondiente. Para ello, la PSA coordinó un despliegue que afectó a 38 oficiales preventivos y 6 con la especialidad cinotécnica con perro de seguridad.
Asimismo, entre otros, se convocó a distintos grupos especializados en asalto táctico. Tras el arribo del avión proveniente de Estados Unidos, previo a realizar los trámites de rigor, la persona fue entregada y trasladada a la sede judicial por personal de Interpol y de la oficina de Trata de personas de la PFA. A su vez, mediante el trabajo de las y los miembros del Departamento Riesgos Especiales de la Superintendencia Federal de Bomberos, el detenido quedó finalmente a disposición del Tribunal interventor.
