Resumen de noticias Nacionales
Principales noticias nacionales publicadas en los matutinos del viernes 5 de agosto de 2016.
El oficialismo de la Cámara de Diputados pretende que la reforma electoral, que instaura la Boleta Electrónica, se apruebe antes de septiembre, para llegar con los tiempos a la compra de las máquinas y la capacitación correspondiente para su puesta en vigor en las próximas elecciones.
Por ello, el objetivo es aprobar la reforma electoral a fines de agosto, para poder continuar con la agenda parlamentaria y, sobre todo, girar la media sanción al Senado y luego presentar a la Cámara Nacional Electoral el sistema que reemplazará a la votación con boletas de papel, para que este órgano judicial lo homologue.
Ante la comisión de Asuntos Constitucionales, adonde ayer defendieron el proyecto los ministros Rogelio Frigerio y Andrés Ibarra y el secretario Adrián Pérez, varios diputados pidieron más tiempo para debatir una iniciativa tan importante.
Sin embargo, el Gobierno apuesta a que podrá avanzar sin dificultades con su cronograma gracias a los votos del Frente Renovador de Sergio Massa. El tigrense se reunió ayer mismo con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la Casa Rosada, para discutir el proyecto.
Un pedido reiterado de varios diputados y diputadas y del propio Massa ante Peña fue el de incluir el cupo femenino en la reforma para garantizar la paridad 50 - 50 entre hombres y mujeres en la oferta electoral.
En la comisión, también reclamaron lo mismo las diputadas Alicia Ciciliani (Partido Socialista), Margarita Stolbizer (GEN) y Cristina Álvarez Rodríguez (PJ-Frente para la Victoria), entre otras. “La Argentina fue el primer país latinoamericano en aplicar una ley de cupo femenino”, recordó Álvarez Rodríguez, quien propuso “incluir en la reforma que se debate la representación 50 y 50 de mujeres y varones en los cargos electivos”.
Por su parte, Carla Carrizo (Suma más - UNEN) advirtió que “del proyecto aún no se desprende qué instrumento de votación se usará” y preguntó: “Si no está disponible el modelo de máquina que usaremos, ¿cómo podemos controlar su funcionamiento? Faltan certezas y una modernización a ciegas no genera seguridad”.
A su vez, la directora ejecutiva de Cippec, Julia Pomares –una de las expertas convocadas al debate–, propuso completar uno de los puntos más débiles del proyecto: el financiamiento electoral. Pomares sugirió incluir incentivos a una mayor transparencia, como límites a los aportes en efectivo, bancarización obligatoria, plazos realistas y sanciones con consecuencias para la posibilidad de competir de partidos y candidatos.
Además, observó que la implementación del voto electrónico debería ser gradual y a lo largo de varios años, para permitir la adaptación. El Cronista menciona a Carla Carrizo/
ARRANCÓ DISCUSIÓN POR REFORMA ELECTORAL
TECNO-VOTO: EL PRO RECONOCE RIESGO DE USO “PLENO” EN 2017
Macri pidió que se instrumente en 2017 pero por experiencias, objeciones y trámite legislativo, ese objetivo se vuelve difícil.
La promesa campañista de Mauricio Macri de desparramar, a lo largo y ancho del país, el tecno-voto en la elección 2017 entró en zona de brumas. El primer round en el Congreso mostró resistencias y terminó de blanquear una postura oficial que estaba latente: sería riesgoso jugar, a todo o nada, para apurar el uso pleno del voto electrónico a nivel nacional.
Rogelio Frigerio, Andrés Ibarra y Adrián Pérez aterrizaron ayer en Diputados para defender el proyecto PRO y se toparon con un puñado de quejas. El oficialismo desliza, de arranque, que aceptarán correcciones y tachas -podría ocurrir con la limitación al "voto silvestre" en las PASO- pero, ante todo, empezó a bajar la espuma al deadline impuesto por el presidente de que, si o si, el tecno-voto debería aplicarse el año que viene en las casi 100 mil mesas de votación del país.
Al menú de observaciones que alumbró la exposición del trio macrista (ver nota aparte) hay que agregarle un alerta que surge, en simultáneo, desde la Justicia y la política, y encuentra respaldo en el propio Gobierno. El cambio cultural que implica pasar de la boleta papel al voto electrónico es complejo y en los lugares donde se usó, en general se hizo de manera escalonada.
En Salta, se hizo en tres tandas: arrancó en 2011 se amplió en 2013 y se completó en 2015. Fue, así y todo, "muy caro" según el análisis que hacen en el gobierno para refutar los cálculos del costo final del tecno-voto. En Brasil arrancó en 1996 con un tercio del electorado y se alcanzó la cobertura total en 2002, 5 años y 3 elecciones más tarde. En Capital se aplicó de un tirón pero se evitó la primaria que, por la cantidad de ofertas electorales, volvía más complejo el proceso. La ciudad tiene, además, otras ventajas: la cobertura plena de red y un territorio acotado.
El proyecto oficial deja, sutilmente, abierta esa opción en las cláusulas transitorias, los artículos 94 y 95, donde establece que en "aquellos distritos en los que por razones justificadas no pudiera implementarse el sistema de emisión de sufragio con boleta electrónica se votará con boletas partidarias en papel".
De mínima, el proyecto M contempla que el tecno-voto, legalmente llamado Boleta Unica Electrónica (BUE), no se llegue a instrumentar a nivel nacional para las primarias del 14 de agosto de 2017 aunque, como ocurrió en Capital, si pueda usarse en la general. "El pedido de Macri es que esté en 2017" dicen en Interior. En otros despachos ponen el foto en los tiempos legislativos: "Si la ley no sale en como mucho, 40 días, va a ser muy difícil llegar" aporta un PRO.
Lo demás está sobre los hombres de Ibarra, ministro de Modernización, que sería el encargado de instrumentar el proceso de licitación y diseño del sistema de voto electrónico que ayer defendió la posición de hacer licitaciones separadas para cada rubro. En la instrumentación contrareloj, eso la vuelve más engorrosa.
En ese paquete entrará otro asunto urticante. Según un informe que confeccionó Jorge Landau, apoderado del PJ, y que le presentó a los diputados, el cálculo del costo de la elección electrónica sería varias veces mayor al de la boleta papel. Landau estima, sobre los $ 71 millones que costó la elección salteña, a nivel país rondaría $4.500 millones mientras que las elecciones de 2015, con doble vuelta, costaron en impresión de boletas múltiples de papel $398 millones. Ibarra ayer no dio números pero en Gobierno dicen que el costo final será sensiblemente menor.
El menú de resistencias irá in crescendo. El Bloque Justicialista (BJ) que preside Oscar Romero y que tiene a Juan Manuel Urtubey como uno de los goberandores emblema, respalda el sistema pero plantea fijar, por ley, la inscrumentación escalonada. Lo mismo dice el FpV. El radicalismo planteó, en su momento, vía José Corral un puñado de objeciones. Carla Carrizo es quien empuja, ahora, la postura de la UCR en la Cámara. Ambito Financiero menciona a Carla Carrizo/
EL OFICIALISMO NO PUDO DAR PRECISIONES ANTE LAS DUDAS SOBRE EL VOTO ELECTRÓNICO
Los costos y la vulnerabilidad del nuevo sistema fueron cuestionados por la oposición
El debate por la boleta electrónica comenzó con fuertes cuestionamientos
En su primera defensa de la reforma electoral en el Congreso, los funcionarios del Poder Ejecutivo no pudieron dar precisiones en aspectos muy sensibles del salto al modelo de boleta electrónica que plantea el proyecto, en reemplazo de la boleta en papel. Entre ellas, detalles del software y las máquinas que piensan utilizar, la vulnerabilidad del sistema electrónico, revelada en las pasadas elecciones porteñas, o el desembolso que tendrá que hacer el Estado para financiarlo.
También hubo fuertes críticas a la modificación del sistema de primarias, que le impedirá al elector votar a distintas fuerzas políticas en distintas categorías en esa instancia electoral. Lo que, según lo expresado por varios diputados durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Justicia de la Cámara baja, perjudica a los partidos más chicos. “Se obliga a participar de una primaria sin permitirles votar abiertamente”, protestó Myriam Bregman (PTS), lo que producirá que “los que quieran votar partidos provinciales no podrán votar un candidato a Presidente” en las PASO.
El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, dijo que “no está definido” qué software se utilizará, “porque necesitamos una ley que nos de el marco”. Sí confirmó que la decisión del Gobierno nacional no es alquilar las máquinas para votar, sino comprarlas. “Resulta indispensable no implementar un sistema llave en mano”, afirmó, “queremos comprar el mejor equipamiento, que las pantallas sean amigables y tengan un sistema adecuado, y que ese equipamiento sea reutilizable para educación, para organismos públicos, que tenga un aprovechamiento inmediato”.
Sí adelantó que la idea del Ejecutivo es “iniciar un proceso de pre-pliego” del que participará un órgano consultivo de expertos.
“La pretención es que en 2017 ya votemos con este sistema”, ratificó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Y sostuvo que el paso al sistema de boleta electrónica apunta a “eliminar un montón de trampas” ilegales y algunos mecanismos habilitados por el régimen vigente pero cuestionados, como el uso de listas colectoras o las candidaturas múltiples.
Las dudas llegaron hasta del mismo bando. “Del proyecto aún no se desprende qué instrumento de votación se usará. Si no está disponible el modelo de máquina que usaremos, ¿cómo podemos controlar su funcionamiento? Una modernización a ciegas no genera seguridad sino incertidumbre electoral”, apuntó la radical Carla Carrizo.
Al menos dos diputados hicieron consultas directas sobre cuánto costará la elección nacional bajo el sistema electrónico. Fueron Juan Brugge (UNA) y Juan Cabandié (FpV). El legislador kirchnerista proyectó a nivel nacional lo que le costó a Salta los comicios del año pasado y lo estimó en unos 300 millones de dólares. “Les hago una apuesta”, deslizó Cabandié, “la licitación la va a ganar MSA”.
Presente en el debate estuvo Joaquín Sorianello, el programador que desnudó las fallas del software en los comicios porteños, recientemente sobreseído por la Justicia porque no hackeó el sistema para “causar daño” sino “para dar aviso a la firma de que el sistema de seguridad era vago y podía ser vulnerado con facilidad”. “Hubo mesas donde había más votos que empadronados. Quedó claro que en la Ciudad hubo fallas”, recordó Margarita Stolbizer (GEN), y señaló su preocupación.
“La principal preocupación es la vulnerabilidad”, admitió Ibarra.
Y siguió: “Nosotros estamos pensando en un esquema en donde el Estado sea propietario, que compre equipamiento,y sea dueño del software. Así que creo que le voy a ganar la apuesta al diputado” Cabandié. Bae menciona a Carla Carrizo/
EL GOBIERNO RESPALDÓ LA DECISIÓN DEL JUEZ
"Hay que aprender a respetar a la Justicia", dijo Peña sobre Hebe
Así como en el instante en que se conoció el pedido de detención para Hebe de Bonafini la Plaza de Mayo empezó a nutrirse de militantes y políticos que acudían en su apoyo, las opiniones cruzadas en distintos medios y redes sociales no se hicieron esperar.
El oficialismo optó por cerrar filas públicamente y dejar que el mensaje que dio el jefe de Gabinete, Marcos Peña, fuera el que prevaleciera. En declaraciones a Radio La Red, Peña instó a "aprender a respetar a la Justicia" y aseguró: "Estos meses estamos viviendo cosas que nunca habíamos visto, tiene que ver con el final de la sensación de impunidad, de estar fuera de la ley".
Por último, y sin dejar lugar a dudas, Peña afirmó que "al final del día" cualquier persona "que quiera evadir su responsabilidad" de presentarse ante la Justicia "tarde o temprano lo va a hacer".
En el núcleo duro del kirchnerismo, los diputados Juan Cabandié y Andrés "Cuervo" Larroque se apresuraron a subir videos a Twitter de su presencia en la improvisada procesión que acompañaba a Bonafini. El ex titular de la Afsca Martín Sabbatella, que también estaba allí, se limitó a retuitear imágenes de Bonafini distribuidas por su partido, Nuevo Encuentro, con la consigna "Fuerza Hebe".
En sintonía con el discurso oficial, el diputado formoseño por la UCR Luis Naidenoff dijo a LA NACION: "Más allá del respeto que uno pueda tener hacia la lucha de las Madres, lo que debe primar es el criterio de terminar con los privilegios y la victimización y generar igualdad ante la Justicia. Estamos ante una causa que demuestra uno de los tantos negocios del poder y la obra pública; un hecho de corrupción obsceno".
El Frente Renovador, la fuerza política que lidera Sergio Massa, brindó un escueto mensaje en busca de mantener la imparcialidad.
Los voceros de Massa dijeron a LA NACION que "la posición del Frente Renovador es dejar que actúe la Justicia. Nosotros, dentro de la ley, todo".
En tanto, en el Frente de Izquierda (FIT) los mensajes fueron disímiles. Mientras que la diputada del PTS Myriam Bregman apoyó a la titular de Madres de Plaza de Mayo, el diputado Néstor Pitrola (PO) afirmó que Bonafini debería presentarse ante la Justicia.
"Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Detener a Hebe por eso no es querer investigar la corrupción. Es montar un show", expresó mediante un tuit Bregman.
"Hebe debe avenirse a declarar para que se investigue la malversación de $ 1200 millones contra los sin techo, los albañiles y el Estado", subrayó Pitrola.
El dirigente sindical de la CTA Hugo Yasky se mostró irritado por el hecho de que se la haya detenido un jueves, en una de las rondas de las Madres a la Pirámide de Mayo: "Ordenan detener a Hebe un jueves. Pero ya estamos en la Plaza, junto a las Madres, como siempre, bancándola". La Nación/
UN AMPLIO SECTOR OPOSITOR APOYA LA REFORMA ELECTORAL
Ayer se empezó a discutir la iniciativa del Gobierno para instrumentar la boleta electrónica y modificar las PASO; excepto el FPV y la izquierda, hubo apoyo
Gabriel Sued
Con el respaldo de buena parte de la oposición, la Cámara de Diputados arrancó ayer el debate sobre la reforma electoral que promueve el Gobierno.
En la primera reunión de comisión, sólo el kirchnerismo y la izquierda rechazaron el cambio de modelo de votación, mientras que el Bloque Justicialista, el Frente Renovador y el Frente Amplio Progresista (FAP) se mostraron en principio favorables a la introducción de un sistema de boleta electrónica, en reemplazo de la boleta partidaria de papel, aunque sugirieron una aplicación progresiva y reclamaron más tiempo para auditar el nuevo método. Ese mismo pedido hizo la Cámara Nacional Electoral, máxima autoridad del proceso.
Si las posiciones de los bloques se replicaran a la hora del tratamiento en el recinto, el oficialismo lograría reunir la mayoría necesaria de la mitad más uno de la cámara para aprobar el proyecto y remitirlo al Senado. Cambiemos pretende sancionar la ley en septiembre, casi un año antes de las próximas elecciones.
"Éste es el primer paso de esta ambiciosa reforma que tenemos que construir entre todos", dijo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en el comienzo del debate. También expusieron el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez. Después fue el turno de unos 30 especialistas, convocados por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli.
Además de incorporar la boleta electrónica, el mismo modelo que ya se usa en Salta y en la ciudad de Buenos Aires, el proyecto propone cambios en las elecciones primarias: se eliminan las listas colectoras y las candidaturas múltiples, se establece que ya no se votan fórmulas presidenciales, sino que el candidato a vicepresidente es elegido por el candidato a presidente después de las PASO, y se estipula que sólo se podrá votar a una agrupación y no combinar candidatos de distintos partidos. Es decir, si el elector decide votar a un precandidato a presidente de una fuerza, no podrá votar la lista de precandidatos de otra agrupación para, por ejemplo, diputados. Esa regla no se aplicará en las elecciones generales.
Los oficialistas y algunos sectores de la oposición apoyan la reforma electoral para modernizar el sistema al de la Boleta Única Electrónica. Foto: Archivo / DYN
Este último punto es el que generó mayor resistencia de la oposición. "Están colocando un cepo al elector, que verticaliza la elección, desde el punto de vista del liderazgo de las candidaturas ejecutivas, y perjudica a los partidos menores", argumentó Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda (FIT). Esta disposición generaría también problemas a los partidos provinciales, como el Movimiento Popular Neuquino (MPN), que no postulan precandidatos a presidente.
En la discusión sobre la boleta electrónica, Pérez sostuvo que "con la boleta única electrónica se gana en exactitud, en equidad, en agilidad y en transparencia". Argumentó que no se trata de un voto electrónico, porque el voto queda impreso en un papel, que es lo único que vale. "Eso nos da un nivel de certeza muy importante".
Para intentar llevar tranquilidad, los funcionarios afirmaron que el principio rector es garantizar el secreto del voto e hicieron hincapié en que será la Cámara Nacional Electoral la responsable de auditar y homologar el sistema. "Si la Cámara no homologa el sistema porque considera que no es seguro, el sistema no se aplica", dijo Pérez.
Las observaciones más fuertes sobre el proyecto las había planteado el kirchnerista Juan Cabandié. Destacó que de los 20 países más desarrollados del mundo, sólo uno, Estados Unidos, usaba el voto electrónico, y llevó a la comisión a Joaquín Sorianello, un programador que acaba de ser sobreseído por la justicia porteña, luego de enfrentar una causa por acceder a códigos secretos para demostrar la vulnerabilidad del sistema usado en la Capital.
"No tiene sentido hablar de la vulnerabilidad de un sistema cuando todavía no definimos el sistema", le respondió Ibarra, que anticipó además que la idea no es, como se hizo en la ciudad, adquirir un sistema provisto por una empresa privada, sino desarrollar un modelo en que el Estado sea propietario de las máquinas. El funcionario no respondió sobre el costo que tendrá el nuevo sistema. La Nación/
MASSA, CON MACRI Y PEÑA EN LA ROSADA
La agenda legislativa fue el tema dominante; hubo diferencias por la suba de tarifas
Jaime Rosemberg
El helicóptero lo esperaba, listo para llevarlo al avión que lo depositaría horas después en tierras brasileñas. Pero antes de irse a la inauguración de los Juegos Olímpicos, Mauricio Macri quiso pasar a saludar a Sergio Massa, su rival en las elecciones presidenciales de octubre último, que llegó ayer a la Casa Rosada para encontrarse con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Poco más de una hora se reunieron el jefe de Gabinete y el líder del Frente Renovador, convertido en la llave que necesita el gobierno de Cambiemos para aprobar leyes en el Congreso y tener estabilidad en la gestión bonaerense que encabeza María Eugenia Vidal. No se habló, según referentes de ambos espacios, de los cortocircuitos recientes ni de los reproches que el propio Presidente hizo a Massa (lo acusó de "buscar la ventajita") durante el debate de la ley antidespidos, finalmente vetada por Macri.
El presidente, Mauricio Macri, el diputado por el Frente Renovador, Sergio Massa y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Foto: LA NACION
Mientras desde el Gobierno se negaron a profundizar sobre los temas tratados, aunque confirmaron la existencia de la reunión, que comenzó alrededor de las 14 en el despacho de Peña, cerca de Massa afirmaron a LA NACION que "la agenda legislativa" se llevó buena parte del encuentro. Todo mientras Peña saboreaba un pescado blanco con agua mineral y Massa disfrutaba de unas milanesas "más cercanas al pueblo peronista que el pescado", según definió con ironía un dirigente cercano al diputado nacional bonaerense.
Según las fuentes, Massa le planteó a Peña la necesidad de "transformar los planes sociales en empleo genuino" y la posibilidad de tratar en breve una reforma tributaria que ataque el trabajo en negro. También conversaron sobre planes de vivienda en Tigre y Chivilcoy (los dos con intendencias manejadas por el Frente Renovador), que según Massa se encuentran atrasados en su ejecución.
Todo fue, en su mayor parte, armonía y coincidencias. "Hubo buen clima, tenemos una buena relación", afirmaron a LA NACION cerca del jefe de Gabinete. Los escasos chispazos se dieron cuando discutieron los aumentos de tarifas: Peña, acompañado por uno de sus dos vicejefes de Gabinete, Mario Quintana, los defendió como lo viene haciendo desde que se anunciaron los incrementos, y Massa volvió a rechazarlos en la conversación privada tal como lo viene haciendo en público.
Luego de la reunión con Peña, y atento a la detención de Hebe de Bonafini -que también fue seguida con atención desde la Casa Rosada-, Massa escenificó un encuentro con sus dos principales pilares en la campaña presidencial en la que terminó tercero. Se reunió y fotografió en un hotel porteño con el ex gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota y el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, a su lado. "Se analizaron distintas propuestas y se dio un duro diagnóstico de la realidad económica", explicaron cerca de Massa.
La mutua promesa de "trabajar en conjunto" quedó flotando en el aire. El Gobierno sigue apelando a la diplomacia para conseguir el indispensable apoyo legislativo de Massa en los próximos meses, que el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, augura como "difíciles", ya que "la política de a poco se va a ir colando en los debates", como se lo escuchó decir al titular de la Cámara baja. La Nación/
BUSCA FIRMAR DICTAMEN EL 16 BOLETA ÚNICA : MULTI-LICITACIÓN PARA POTENCIAR CONTROL DEL ESTADO
FRIGERIO, IBARRA Y PÉREZ EXPUSIERON AYER EN DIPUTADOS. • "CORRALITO" ELECTORAL EN LAS PASO. Se contratarán servicios a distintos prestadores por separado: software, hardware, logística. Funcionarios esperan que salga la ley para definir costos. Cambiemos busca firmar dictamen el 16.
Rogelio Frigerio, Andrés Ibarra y Adrián Pérez defendieron ayer la reforma electoral que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional con la Boleta Única Electrónica (BUE) como un mecanismo para transparentar el proceso de votación a través de un múltiple llamado a licitaciones. La novedad, presentada por el Ministro de Modernización del Estado, Andrés Ibarra, llevó al kirchnerista Juan Cabandié a desafiar al funcionario nacional con un apuesta pública en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. "Te apuesto a que la licitación la va a ganar la empresa MSA", lanzó el legislador del Frente para la Victoria. Ibarra recogió el guante: "Te tomo la apuesta. Vamos a ver qué pasa cuando la ley este lista".
La apuesta en cuestión gira en torno a MSA empresa que se presenta como experta en generación de "Software No Convencional para Procesos de Misión Crítica". Entre sus principales actividades presenta "la solución integral para procesos electorales mediante la utilización de tecnología, la provisión de información bursátil de todo el continente americano, el desarrollo de software para gobiernos municipales, servicio de ticketing para espectáculos públicos, transmisión de señal IP sobre redes eléctricas y video-vigilancia ciudadana. Es la firma que ganó la licitación del gobierno de Juan Manuel Urtubey en Salta y que también gestionó los comicios del 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero los servicios de MSA no terminan en las elecciones para categorías políticas. También se encargó de proceso electoral en San Lorenzo de Almagro durante la gestión de Matías Lammens.
Básicamente, en la Casa Rosada resolvieron, según explicó Ibarra, que el "Estado tenga el control general de la elección". Es decir que habrá licitaciones múltiples en vez de entregar llave en mano el "negocio" del comicio 2017: software, hardware, logística, etc. Los enviados del gobierno nacional se negaron a responder cuál será el costo aproximado de la elección 2017 en caso de que la ley se apruebe y se instale la boleta única electrónica para las elecciones legislativas. Primero quieren la ley aprobada.
"Corralito" electoral
Más allá de la burocracia de los pliegos licitatorios, la discusión en diputados continuará el próximo martes y el 16 de este mes ya podría haber dictamen para votar en el recinto a fin de agosto. La batalla política estará centrada, más que en la boleta única electrónica, en las modificaciones al sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Frigerio defendió que el elector sólo pueda votar un frente electoral, sin poder elegir la lista de candidatos legislativos de un espacio y la fórmula presidencial de otro. Una especie de "corralito" electoral en las PASO. "El espíritu de la ley que definió que tengamos las PASO no era el de generar una primera vuelta adicional, la mejor encuesta previa, sino la de definir los mejores candidatos en cada espacio político o alianza para que después la ciudadanía los elija en la general, como son todas las primarias del mundo", afirmó el ministro del Interior.
Sin embargo reveló que esta modificación propuesta por el Poder Ejecutivo "debe ser discutida" en el Congreso y admitió que fue expuesta esta semana a los gobernadores, algunos de los cuales "plantearon la eliminación de las PASO o la no obligación de las PASO".
Frigerio agregó la importancia de la reforma electoral impulsada por el Poder Ejecutivo al sostener que apunta a eliminar las "trampas" que se hacían con las boletas y "que haya más seguridad entre los votantes de que nadie le pueda robar la boleta a otro partido". El debate se dio en las Comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por el macrista Pablo Tonelli, la de Justicia y la de Presupuesto y Hacienda.
Al diputado Sergio Massa, determinante con sus 40 votos para que la iniciativa avance en Diputados, le dieron trato VIP. El líder del Frente Renovador se reunió en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para hablar sobre la agenda legislativa, con eje central en la reforma electoral. El tigrense le planteó al funcionario nacional que se incorpore el cupo femenino en la reforma política para garantizar 50 por ciento de representación de mujeres en la oferta electoral. También elevó su propuesta de ley de transformación de planes sociales en planes de empleo, para la cual pidió el apoyo del interbloque oficialista, Cambiemos, en la Cámara de Diputados.
Ministros. Rogelio Frigerio y Andrés Ibarra defendieron la reforma electoral ante el plenario de comisiones en Diputados junto a Pablo Tonelli y Ezequiel Fernandez Langan. Detrás, el apoderado del PJ, Jorge Landau. Ambito Financiero/
EL BLOQUE K BUSCA QUÓRUM ANTITARIFAZO
El kirchnerismo pedirá una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar el tarifazo y buscar ponerle “un freno” desde el Parlamento. Así lo anticipó ayer a Clarín el jefe del bloque del FPV, Héctor Recalde.
“Vamos a pedir la sesión especial para el 10 de agosto”, indicó Recalde, al salir de la reunión de comisiones que empezó a debatir la reforma electoral.
En Diputados hay más de 90 proyectos presentados por casi todas las bancadas (incluidos legisladores de Cambiemos), buscando dar respuesta al malestar social por el tarifazo.
Unos proponen declarar nulos los aumentos, otros declarar la emergencia hasta que no se resuelvan las objeciones de fondo en la Justicia y retrotraer entretanto los precios. Otros proyectos buscan morigerar los aumentos en determinados sectores económicos, sociales, o regiones del país. Clarín/
REVELAN GIROS IRREGULARES EN UNA CUENTA DE LAS MADRES
El 3 de octubre de 2011, siete meses después del escándalo de los hermanos Schoklender, Hebe de Bonafini logró cerrar una cuenta bancaria en el banco español Caja de Ahorro de Asturias (Cajastur). La cuenta corriente recibió transferencias millonarias hasta 2008 y llegó a tener un saldo de 125.018 euros, según documentos oficiales a los que accedió Clarín. En su declaración como testigo, cuando la causa todavía estaba en manos del polémico ex juez Norberto Oyarbide, Bonafini dijo que el dinero “se usó para gastos de la Universidad”. La Justicia nunca avanzó sobre el verdadero destino.
La cuenta fue abierta en julio de 1996 a nombre de Bonafini y María Mercedes Colás de Meroño, las únicas autorizadas para operar, aunque Sergio Schoklender tenía acceso a los movimientos vía Internet. En el listado de las operaciones, aportados por la Justicia española tras un exhorto de Oyarbide, aparecen varias operaciones millonarias, especialmente a partir de 2004. El 3 de julio de ese año, ingresaron 90 mil euros. Cuatro días después, se transfirieron a otra cuenta en el exterior un total de 90.460 euros. La mecánica se repitió varias veces: cada vez que ingresaba dinero se cambiaba de cuenta. El 27 de octubre de 2005 se registró un ingreso de 125 mil euros, el monto más abultado desde la apertura de la cuenta. El dinero fue transferido a otra cuenta un mes después.
Apenas estalló el escándalo, el ex apoderado de la Fundación, Sergio Schoklender, le apuntó al contenido de esa cuenta. “No eran fondos de Kadafi ni de (Hugo) Chávez, eran contribuciones de gobiernos europeos a las Madres o de grupos de solidaridad y apoyo en el exterior. Esa plata jamás ingresó al patrimonio de la Fundación y jamás hubo una rendición de cuentas”, denunció. Y aportó ante la Justicia varias notas, supuestamente firmadas por Bonafini, que ordenaban transferir más de 200 mil euros a cuentas bancarias en Miami y Nueva York. En esos documentos se menciona a dos empresas, aunque abajo del número de la cuenta receptora dice “To Mrs Hebe de Bonafini”. Una de las empresas, Cambios Trade Travel, fue investigada en la causa porque funcionaba como una financiera donde se cambiaban decenas de cheques con los fondos girados por el Ministerio de Planificación. Su sede funcionaba a una cuadra de la sede de las Madres.
Bonafini se refirió pocas veces a la cuenta de España. Cuando declaró como testigo, dijo que se abrió porque “le dieron un premio” y que únicamente sacó 8 mil euros. No es lo que figura en el expediente.
El 28 de diciembre de 2006, ingresaron 80 mil euros. El documento aportado por el banco dice que ese dinero provenía del “Principado de Asturias”. Estuvo apenas cinco días antes de ser transferido. Desde entonces, la cuenta, identificada con el número 2048.0021.16.3000118059, siempre tuvo un saldo inferior a 10 mil euros. El último ingreso importante se registra en diciembre de 2008, por un total de 22.790 euros. Otra vez, el dinero fue a parar a otra cuenta no identificada.
La cuenta quedó abierta hasta que estalló el escándalo, por la pelea de Sergio y Pablo Schoklender. Cuando Bonafini decidió cerrarla, en octubre de 2011, tenía apenas 8.096 euros.
La Justicia nunca profundizó esa pista. Tampoco se investigó si parte del dinero fue girado a Estados Unidos. De hecho, Bonafini no será interrogada sobre esos movimientos sospechosos. Martinez de Giorgi la indagará sobre dos convenios que firmó con el entonces ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Clarín/
AVANCE PARA REABRIR LA DENUNCIA DE NISMAN CONTRA CRISTINA
El fiscal federal Eduardo Taiano sostuvo ayer que podría reabrirse la denuncia que su colega Alberto Nisman presentó días antes de su muerte contra la entonces presidenta Cristina Kirchner por el supuesto encubrimiento de los responsables iraníes del atentado a la AMIA.La causa que había iniciado Nisman fue archivada por el juez Daniel Rafecas en un fallo confirmado por la Cámara Federal y la de Casación. La presentación de Taiano fue en otra causa, nueva, que se tramita en paralelo. Se inició contra el ex canciller Héctor Timerman después de que se conoció una conversación con un ex presidente de la AMIA, de donde surgiría que Timerman sabía que Irán estuvo detrás del atentado y, a pesar de eso, negoció con ese país en lo que -de acuerdo con los denunciantes- implicaría un encubrimiento. En su dictamen, Taiano dijo que la nueva denuncia "poseería entidad suficiente" para reimpulsar la causa original que está archivada. Por eso, le pidió al juez Claudio Bonadio que solicitara a Rafecas su expediente.Taiano incluyó en su escrito, de cinco páginas, otras seis medidas de prueba que le requirió al juez. Entre ellas, que la canciller Susana Malcorra, y el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, envíen "la totalidad de la documentación" que tuvieran en los organismos a su cargo vinculada con el Memorándum de Entendimiento firmado con Irán, incluso aquella "secreta" o "reservada".Taiano también pidió a Bonadio que citara a declarar como testigo a la ex asesora legal de Cancillería Susana Ruiz Cerutti. Según familiares de víctimas del atentado, Timerman omitió pedirle su opinión en relación con el memorándum y eso sería una irregularidad que confirmaría la estrategia de encubrimiento.La clave de la presentación de Taiano está el punto tres de su petitorio. El fiscal le solicita al juez que "se requiera" a Rafecas "la remisión" del expediente archivado. "Ello en coincidencia con lo manifestado por la querella -afirma Taiano-, en cuanto a que los hechos aquí denunciados podrían resignificar datos que obran en la denuncia que diera origen a aquellas actuaciones y poseerían entidad suficiente para impulsar nuevamente la investigación de los sucesos allí denunciados."Esto podría servir de argumento para que Bonadio termine quedándose con la causa. En rigor, debería ser Rafecas, y no su colega, quien decida si hay o no motivos para reabrir el caso, cuyo cierre fue ratificado en todas las instancias. Ayer, un funcionario judicial que conoce el caso especulaba con la posibilidad de que Bonadio sostenga ahora que las dos causas podrían acumularse en la suya, a pesar de que la de Rafecas es anterior.El expediente de Taiano se inició por una denuncia basada en artículos periodísticos que dieron cuenta de la conversación telefónica entre Timerman y el ex presidente de la AMIA Guillermo Borger, que supuestamente complicaría al ex canciller. La validez como prueba de esa grabación subrepticia fue impugnada por Timerman, pero la Cámara Federal permitió que se siguiera utilizando.En el mismo fallo, los camaristas Martín Irurzun y Horacio Cattani dijeron que "la jurisprudencia reiteradamente ha sostenido que la desestimación y el archivo de las actuaciones no causan estado, pues aquellas pueden reactivarse cuando -como en el caso- existen elementos o alegaciones no valoradas anteriormente", y que se deberían analizar si este audio es uno de esos elementos.Ayer, Taiano sugirió que sí hay elementos nuevos que "resignifican" lo que había en la denuncia archivada.Lo mismo que dijeron en esta causa los querellantes Luis Czyzewski y Mario Averbuch, padres de dos víctimas del atentado a la AMIA. Según afirmó ayer Taiano, ellos "aportaron nueva información", además de pedir medidas de prueba. Fue por ello que el fiscal pidió, por ejemplo, la declaración de Ruiz Cerutti.Los querellantes dijeron que se obvió al servicio jurídico de Cancillería y que Fernando Esteche, de Quebracho, y Jorge Khalil, referente de Irán en la Argentina, presentaron el original del memorándum. Según los familiares, es grave que haya sido el país acusado del ataque quien estuvo detrás de la redacción del acuerdo, en lugar del servicio jurídico del Estado.También citaron una nota de LA NACION con un vocero iraní que dijo que desde 2007 Irán "estaba dispuesto a formar un Comité de la Verdad". Para los familiares, eso coincide con una escucha en la que Khalil dice, cuando se conoce el memorándum, que es el mismo que habían preparado años antes con Esteche.Taiano dio entidad a estos argumentos: pidió que los periodistas de LA NACION y Clarín autores de las respectivas notas fueran citados a declarar. En las próximas horas, Bonadio resolverá sobre las medidas.Ex Daniel RafecasRecibió la denuncia de Nisman por el presunto pacto secreto con Irán para librarlo de las acusaciones por el ataque a la AMIA. Dijo que no había delito y archivó la causa.La denuncia archivada en el juzgado de Daniel Rafecas tuvo fallos de la Cámara Federal que quedaron firmes en Casación.Claudio BonadioInvestigaba a Timerman porque en una grabación admitió que negociaba con Irán el memorándum porque fue el responsable de la bomba en la AMIAHoy, el fiscal Taiano entendió que se trata de los mismos hechos que había denunciado Nisman y le pidió a Bonadio que reabra esa causa. La Nación/
VOLVERÁN A FACTURAR SIN SUBAS LAS TARIFAS DE LUZ Y DE GAS
Casi un semestre después de los anuncios, tras negociaciones intensas con las provincias, críticas de la oposición al Gobierno y más de 50 jueces que manifestaron su oposición a las medidas, los aumentos en las tarifas de luz y de gas están casi en el mismo lugar del que partieron.El rechazo de la Justicia a las subas obligó a reanudar la implementación de los viejos cuadros tarifarios, que estuvieron vigentes con escasas modificaciones en los 12 años del kirchnerismo.De esa manera, las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur y las gasíferas de todo el país, como Metrogas, Gas Natural Fenosa y Camuzzi, deberían comenzar a facturar los servicios con tarifas anteriores a los incrementos.Esa decisión, sin embargo, será parte de una estrategia que busca todo lo contrario. Mientras avanza lentamente con la puesta en marcha de los viejos cuadros tarifarios, el Gobierno espera que distintos pasos procesales y administrativos demoren su aplicación y le permitan ganar tiempo hasta que se expida la Corte Suprema, que tendrá la última palabra sobre las tarifas.El fallo de la Corte Suprema, espera el Gobierno, podría ocurrir la semana próxima.En el caso eléctrico, el fallo que anteayer difundió la jueza Martina Forns obliga al Gobierno a dar marcha atrás con las subas. Pero la administración de Mauricio Macri no tiene jurisdicción en las concesiones provinciales de distribución, como las que tienen EPE en Santa Fe o EPEC en Córdoba, que son potestad de los entes de cada distrito (ver página 18). De manera que el Gobierno sólo puede retrotraer una parte del aumento, específicamente la relacionada con la producción, el transporte y la distribución de energía en el área metropolitana.Algunas empresas ya habían comenzado a hacer eso debido a las medidas cautelares concedidas por la Justicia. La gasífera Camuzzi, que atiende a la región Centro y a la Patagonia, fue la primera en enviar boletas con los viejos cuadros tarifarios debido a la imposibilidad de implementar los aumentos.Entre las eléctricas, Edesur factura desde hace semanas con los viejos precios a los 11 partidos que atiende en el conurbano. Lo mismo le ocurre a Edenor. Ambas empezarían a aplicar las tarifas anteriores también en la Capital Federal.Fuentes del sector eléctrico sostuvieron que la nueva facturación se aplicará cuando las empresas sean notificadas del fallo de Forns, algo que hasta ayer por la noche no había ocurrido. También confirmaron que deberían implementar los valores de enero.Ayer por la noche el ministro de Energía, Juan José Aranguren, analizaba con David Tezanos y Ricardo Martínez Leone, interventores de los entes reguladores del gas y de la electricidad, alternativas para llevar a cabo la vuelta atrás. La intención oficial es encontrar un mecanismo que permita cumplir con los fallos de la Justicia que suspendieron los aumentos, pero al mismo tiempo no cierre la puerta a los futuros ajustes, que el Gobierno intentará implementar de todas maneras.Una de las posibilidades es que las nuevas facturas con las tarifas viejas tomen en cuenta de alguna manera el futuro fallo de la Corte, que se espera confirme los aumentos.En paralelo, continuará la disputa en los estrados. El Gobierno recusará hoy a la jueza Forns por prejuzgamiento, debido a que el fallo completo que congeló la suba de la luz se difundió primero en Minutouno.com, un medio del empresario kirchnerista Cristóbal López, y luego la magistrada dio entrevistas a C5N, TN, Radio Continental y Radio Nacional sin notificar antes al Gobierno.Al mismo tiempo, analizaba alternativas legales para presentar en la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, que ayer aceptó el recurso extraordinario de la Casa Rosada, pero con efecto devolutivo, por lo que sostuvo la cautelar que frenó los aumentos.Además, analiza alternativas para sostener la operación de los servicios públicos. Estaba previsto que con los mayores ingresos que traerían los aumentos podría aplicarse una reducción de los aportes del Estado. Pero la demora en la implementación dejó a las empresas con menos fondos de los necesarios para operar, según sostienen.Edesur sostuvo que la decisión de Forns "atenta contra la operación de la empresa e indirectamente contra la calidad del servicio de los clientes a los que, según el fallo, se intenta proteger". E insistió: "De persistir esta situación, advertimos que podrá verse afectada la cadena de pagos de la empresa, así como también el plan de inversiones en obras actualmente en ejecución".La empresa recordó que "las tarifas eléctricas se mantuvieron congeladas durante 10 años, en medio de una coyuntura de alta inflación, lo que generó inexorablemente un deterioro de la calidad de servicio y fuertes quebrantos a las compañías".Por su parte, Edenor envió anoche a la Comisión Nacional de Valores (CNV) un comunicado alarmante. Sostuvo que el fallo de Forns "abarca al 100% de nuestros clientes, y dado que posee efectos retroactivos al momento de entrada en vigencia de las resoluciones suspendidas (1° de febrero del corriente año), la retroactividad de la medida cautelar implica la acreditación a los clientes de las sumas pagadas en exceso del cuadro tarifario vigente a enero". Y agregó: "El cumplimiento de la medida cautelar llevará a la Sociedad al absurdo de encontrarse sin ingresos operativos, lo que impedirá hacer frente en término de días a los gastos de operación. Esto pondrá el servicio eléctrico concesionado en una situación de riesgo inaceptable, afectando a 2.800.000 clientes de Edenor y más de 7.800.000 de usuarios".Edenor también pidió la aplicación de resoluciones vigentes durante el kirchnerismo que habilitaban la transferencia de recursos del Estado para sostener el servicio. Por todo eso, una ejecutiva del sector de trato frecuente con el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y con su mano derecha, Roberto Baratta, ironizó ayer con que sólo faltaba el retorno de ambos para gestionar el sector, donde no tienen un recuerdo grato de ellos. La Nación/
CON UN DOCUMENTO CRÍTICO AL GOBIERNO, ARRANCA UN CONGRESO CLAVE DE LA CGT
En el Plenario de secretarios generales que se realiza hoy en la mítica sede de Azopardo se empezará a delinear el futuro de la CGT: allí el grupo mayoritario que lideran Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Antonio Caló presentará el documento crítico al Gobierno llamado "De mal en peor". Este informe da cuenta de la situación económica y social del país en el que se menciona "la caída del empleo, la brutal devaluación, la inflación, la reapertura de las paritarias, los tarifazos en los servicios públicos y la promesa incumplida de campaña de modificar el Impuesto a las Ganancias".
Pero también la reunión de hoy será un termómetro para medir la fuerza de este sector que promueve al triunvirato integrado por Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña para conducir la Central más allá del 22 de agosto, día en que se realizará el Congreso normalizador. ¿Por qué? Porque hay dos sectores que no concurrirán a la sede de la CGT. El díscolo Gerardo Venegas (Peones de campo) juntará a su tropa en el mismo horario en la sede de Las 62 Organizaciones. Le enrostran al triunvirato que "no está representado todo el arco sindical". El otro grupo desertor es el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) que también propone a un único conductor cegetista en cabeza de Sergio Sasia (Unión Ferroviaria). En diálogo conClarín, Sasia comentó: "No queremos un triunvirato porque el Estatuto no lo contempla, tampoco queremos un documento sino un proyecto integral de defensa del trabajador que nosotros tenemos elaborado".
El escenario, por cierto complejo y de disputa por manejar el movimiento obrero en una época que promete conflictividad con el Gobierno, lo resumió un operador gremial de larga data: "Puede ser que haya dos veredas, pero la calle es muy ancha". La discusión recién empieza. Clarín/
EL GOBIERNO VA AHORA POR LA LEY DEL MERCADO DE CAPITALES: ELIMINARÁ LOS VEEDORES EN LAS EMPRESAS PRIVADAS
El proyecto, que podría presentarse en septiembre en el Congreso, devuelve los litigios del sector al fuero comercial; habrá cambios para los fondos cerrados y la banca privada
Florencia Donovan
Superada la barrera del default, una de las grandes apuestas del Gobierno es desarrollar el mercado de capitales. Para ello, en la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Secretaría de Finanzas están trabajando en un proyecto para reformar la ley de mercado de capitales que había sido sancionada durante el kirchnerismo.
La iniciativa apunta a revisar algunos artículos polémicos, como el que permitía al Estado intervenir en las empresas nombrando a un veedor en el directorio, y además incorpora figuras como la del asesor financiero global de inversiones, con la intención de transparentar, en pleno blanqueo, la actividad de los agente de banca privada.
Uno de los grandes cambios que prevé el proyecto, según confirmaron a LA NACION tres fuentes que participan de la redacción del borrador, es la eliminación del artículo 20° de la ley 26.831, sancionada en 2012, que facultaba a la CNV para intervenir en las empresas. El artículo, que en su momento generó gran revuelo en el mercado, había sido interpretado por muchos analistas como una embestida más en contra del Grupo Clarín. El texto plantea la posibilidad de que la CNV designe veedores en empresas cotizantes en Bolsa en las que "resulten vulnerados los intereses de los accionistas minoritarios", y además permite la intervención por hasta 180 días en los órganos de decisión de las firmas.
Comisión Nacional de Valores.
"En términos de gobernanza corporativa, lo del artículo 20° es lo más importante de todo", confió una fuente del mercado. "Aunque no es lo único", advirtió.
En tal sentido, otro de los cambios que figuran en el borrador es que los litigios relacionados con el mercado de capitales vuelvan al fuero comercial, en lugar del contencioso administrativo, que estaba sindicado como el más permeable a las voluntades del gobierno kirchnerista.
"El fuero contencioso no tiene especialidad, no tiene lógica que dirima sobre cuestiones de mercado", explicó una fuente que participa de la discusión sobre la iniciativa.
El nuevo proyecto, que el Ejecutivo espera poder enviar al Congreso el próximo mes, tendría cuatro grandes apartados. Aborda en uno de ellos las situación de los fondos comunes de inversión cerrados, que hoy prácticamente no existen porque tienen un problema de doble imposición que los hace poco atractivos. Los fondos cerrados son uno de los vehículos que contempla la ley de blanqueo, que acaba de entrar en vigencia, para poder exteriorizar capitales invirtiendo en la economía real y sin necesidad de pagar el impuesto especial de hasta el 15%.
El blanqueo de la banca privada
También el proyecto hace una nueva definición de los agentes del mercado, y deja en cabeza de la CNV la facultad de delinearlos en detalle.
El organismo que conduce Marcos Ayerra ya está trabajando en una futura reglamentación de la norma, que contemplará la figura del asesor global de inversiones, en referencia a los gestores de banca privada.
"Con el blanqueo se está dando la posibilidad de exteriorizar capitales, pero la CNV también apunta a blanquear la actividad de todos aquellos que administran ese dinero", anticipó una fuente, en estricta reserva. "El objetivo es blanquear el stock, pero también el flujo. Que la actividad de banca privada vuelva a instalarse en el país, pague impuestos y que contrate empleados en blanco en la Argentina", agregó.
La mayoría de las oficinas de banca privada de los grandes bancos y brokers internacionales se fueron del país en la última década. Muchas cruzaron a Montevideo, otras a Chile y algunas a Miami. Por lo general, sin embargo, los empleados dedicados a la gestión de activos de inversores locales eran todos argentinos que se expatriaron o que vivían en el país, obviamente, sin tener actividad registrada ante el fisco.
El Gobierno cree que, con tasas de interés internacionales históricamente bajas, hay incentivos para que los argentinos que participen del blanqueo o que tengan dinero declarado en el exterior lo inviertan en activos del mercado local, que ofrecen tasas de rendimiento mucho más atractivas.
Para apuntalar esas inversiones, la CNV liberará las trabas para que los inversores puedan mover activos fácilmente entre sus cuentas en el extranjero y en el país. "Que a nivel individual haya fluidez entre la plata que tienen acá y afuera, que no sea difícil mover activos de cuenta a cuenta", explican. "Puede que en un primer momento el movimiento no sea grande, pero cuando la demanda crezca el canal ya va estar abierto".
Y habría, a su vez, incentivos para que el dinero financiero se vuelque tanto a la economía real como a activos financieros que estén relacionados con el desarrollo de proyectos productivos.
Aunque no formará parte de la ley, la CNV ya anticipó a los agentes del mercado que en lareglamentación se establecerán nuevos requisitos de capitales para todos los actores del mercado con la intención de ir adecuándolos poco a poco con los mejores estándares internacionales.
Principales puntos
El proyecto elimina el artículo 20° de la ley sancionada durante el kirchnerismo, que habilita a la CNV a intervenir en las empresas cotizantes
También devuelve al fuero comercial los litigios asociados con el mercado. En la ley de 2012 se habían trasladado al fuero contencioso administrativo
El texto elimina los problemas impositivos de los fondos cerrados y habilita a la CNV a reglamentar sobre las nuevas figuras de agentes. La Nación/
BRASIL SORPRENDIÓ A LA ARGENTINA: QUIERE MÁS TRIGO EXTRA MERCOSUR
El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, y su par brasileño, Blairo Maggi, reafirmaron la alianza regional y enfatizaron la necesidad de encarar un trabajo conjunto para salir al mercado mundial de alimentos.
Ambos funcionarios tuvieron ayer un encuentro de trabajo en Buenos Aires, en el que el visitante sorprendió al afirmar que Brasil habilitará un cupo anual para importar sin arancel 750.000 toneladas de trigo desde Canadá y Estados Unidos. Argentina fue siempre el principal proveedor de Brasil, sin aranceles, incluso en los últimos ocho años con la política restrictiva de exportación de granos del kirchnerismo. En ese marco, en 2015, el principal socio del Mercosur compró unas 3,5 millones de toneladas de trigo argentino.
Maggi sostuvo que el gobierno interino de Michel Temer busca poner en marcha acuerdos con EE.UU. y Canadá, por el que importaría trigo sin arancel desde esos países, pero remarcó que la Argentina seguirá teniendo una presencia muy importante en Brasil, necesitamos un programa claro", sostuvo el funcionario brasileño.
A su turno, Buryaile remarcó que el país va a trabajar en mantener la participación histórica del trigo en el mercado brasileño, a la vez de seguir recuperando mercados para el trigo argentino.
Maggi indicó que también su país está analizando ampliar las importacion de maíz desde la Argentina, por los altos precios y la escasez del cereal brasileño, tras una fuerte sequía que diezmó la llamada zafrinha.
Además, el interés para ampliar el intercambio comercial entre ambos países, dado que "compartimos un destino común", y trabajar en conjunto para avanzar en las negociaciones entre Mercosur y Unión Europea.
"Brasil nos va a acompañar en nuestro planteo en vinos y carnes", dijo Buryaille, al tiempo que destacó que "ahora hay una lógica de tener una relación bilateral abierta y sincera".
En la reunión de los equipos de Agroindustria de ambos países, se abordaron temas vinculados a la agenda comercial como la apertura del mercado brasileño a los cítricos argentinos; sanidad apícola; la posibilidad de registrar en Brasil la vacuna contra la mortandad por tristeza bovina; la comercialización de langostinos; y la convergencia en los registros de insumos y productos.
Por su lado, los representantes brasileros pidieron a las autoridades locales trabajar para solucionar la situación de la importación huevo fértil y el apoyo de la Argentina para la declaración de Denominación de Origen de la cachaça.
Durante el encuentro que mantuvieron los ministros se trató la cuestión de las importaciones de cerdos de Brasil, que crecieron en los últimos seis meses y desencadenaron las protestas y reclamos por parte de los productores locales. Fuentes consultadas por la agencia Télam dijeron que por ahora no está en estudio una reducción del cupo de importaciones. El Cronista/