Resumen de noticias Nacionales
Principales noticias nacionales publicadas en los matutinos del jueves 4 de agosto de 2016.
El proyecto será tratado en un plenario de comisiones. El oficialismo quiere sactar dictamen a mediados de este mes.
El proyecto será tratado en un plenario de comisiones. El oficialismo quiere sactar dictamen a mediados de este mes.
Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados abrirá hoy el análisis del proyecto de ley de Reforma Política, que promete un arduo debate entre el oficialismo y la oposición que cuestiona la implementación de la boleta única y la obligatoriedad de votar a un solo partido en todos los cargos electivos.
Por lo pronto, el tratamiento del proyecto comenzará hoy al mediodía con la exposición del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien junto al secretario de Asuntos Políticos de esa cartera, Adrián Pérez, defenderán el proyecto de modificación del sistema electoral.
La discusión se efectuará en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Justicia, que conducen los oficialistas del Pro Pablo Tonelli y Luciano Laspina y el radical Diego Mestre.
También hoy pero a las 15 los diputados escucharán a los diferentes especialistas propuestos por los diferentes bloques políticos, y la próxima semana arrancará el debate entre los legisladores donde se buscarán consensuar los cambios de los puntos más controvertidos.
Un acuerdo entre los bloques políticos es central para sancionar el proyecto, ya que se deben votar con mayoría absoluta porque se trata de leyes constitucionales con lo cual se deben conseguir 129 pronunciamientos afirmativos en diputados y 37 en el Senado.
El eje de la discusión está centrado en la obligación de votar por un solo partido en las elecciones primarias, que es rechazado no solo por varios partidos opositores sino también por sectores del radicalismo que quieren mantener el sistema D'Hont para el armado de listas.
En ese punto, el Gobierno propone que cada ciudadano elija primero la agrupación y luego solo puede optar entre los candidatos de dicho espacio.
Otro punto que genera polémica es el proceso de licitación del software para la adquisición de las máquinas y la capacitación de los electores.
En cambio, la mayoría de los diputados oficialistas y opositores están a favor de suprimir las listas denominadas sábana y colectoras, y que un mismo candidato pueda presentarse en elecciones nacionales y provinciales al mismo tiempo.
También comparten el debate presidencial obligatorio de los candidatos a presidente en las elecciones generales y en la segunda vuelta si la hubiere. Arg noticias menciona a Diego Mestre/
EMPIEZA EL DEBATE POR LA BOLETA ÚNICA ELECTRÓNICA
La oposición critica los cambios que se buscan para las PASO
Gabriel Sued
Con la presencia del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y de unos 30 especialistas, la Cámara de Diputados empieza hoy la discusión del proyecto de reforma política que promueve la Casa Rosada.
La iniciativa modifica el Código Electoral Nacional para autorizar el uso de la boleta única electrónica (BUE) y propone cambios en las PASO. El debate, que se extenderá en la Cámara baja al menos hasta el 23 de agosto, es el principio del fin de la boleta partidaria para elecciones nacionales.
El oficialismo no tendría inconvenientes para lograr la aprobación del proyecto en general. De los bloques numerosos, el kirchnerismo es el único que anticipó su rechazo al cambio del sistema de votación. El Frente Renovador y el Bloque Justicialista no tienen objeciones a priori, pero quieren escuchar las exposiciones antes de fijar postura.
Empieza el debate por la Reforma electoral. Foto: Archivo / Silvana Colombo
El punto que podría generar mayor discusión es el artículo 68, que determina que en las PASO sólo se podrá votar a una agrupación y no combinar candidatos de distintos partidos. Es decir, si el elector decide votar a un precandidato a presidente de una fuerza, no podrá votar la lista de precandidatos de otra agrupación para, por ejemplo, diputados. Esa regla no se aplicará en las elecciones generales.
El argumento del Gobierno es que es una forma de fortalecer los partidos políticos y evitar que los votantes de un partido interfieran en los candidatos de otra agrupación. En realidad, influye también una cuestión práctica: sin esa modificación, será difícil volcar la oferta electoral en las pantallas que se usan para la boleta electrónica.
El debate empezará a las 12.30, con un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y de Justicia. Además de Frigerio, estarán el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, y la secretaria de Relaciones Parlamentarias, Paula Bertol.
El tratamiento seguirá, a partir de las 15, con la exposición de unos 30 especialistas en temas electorales y de informática. Entre ellos, Jorge Landau, apoderado del PJ, quien llevará una lista de objeciones. La más importante es la falta de tiempo que se le dará a la Cámara Electoral para auditar el nuevo sistema de votación, menos de 120 días. La Nación/
GOBIERNO Y OPOSICIÓN DEBATEN HOY SOBRE EL FIN DE LA BOLETA EN PAPEL
Lo impulsa Cambiemos en su proyecto de reforma electoral. Qué otras modificaciones busca el oficialismo para las elecciones del año que viene
La Boleta Única Electrónica debutó en 2015 en la Ciudad (DyN) Los diputados del oficialismo y la oposición comenzarán a discutir hoy la reforma electoral que pretende lograr el Gobierno. Los cambios implican la implementación de la Boleta Única Electrónica (BUE) para ponerle fin al sistema de votación con papel. La iniciativa había sido una de las promesas de campaña de Mauricio Macri.
Además, el proyecto del Gobierno también impulsa reformas en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Este punto es el que generará más diferencias entre el oficialismo y la oposición.
La iniciativa gubernamental establece elecciones primarias por orden, lo que significa que en las PASO el elector estará obligado a votar por los candidatos de un partido o alianza en particular, es decir que no podrá optar por una lista de candidatos a diputado de un espacio y el postulante presidencial de otro, como sí ocurre actualmente.
En cuanto al objetivo del Gobierno de terminar con las boletas en papel, se prevé un mayor consenso con parte de la oposición. De todos modos, desde el bloque Frente para la Victoria-PJ hay rechazos al cambio hacia el sistema electrónico de votación.
La Boleta Única Electrónica es un sistema que es utilizado en las elecciones de Salta desde 2009 y fue aplicado en 2015 en la Ciudad de Buenos Aires. El sistema tiene como objetivo lograr una mayor “transparencia y agilidad” en el proceso de recuento de votos y difusión de los resultados.
Fin de las listas colectoras y debates presidenciales obligatorios
El proyecto gubernamental también establece “la eliminación de las múltiples combinaciones entre agrupaciones de diferente orden, lo que se ha dado en llamar listas colectoras, como así también las candidaturas múltiples”, es decir que un mismo candidato participe en elecciones presentándose por una categoría nacional y por una provincial.
Otra de las innovaciones que presentará el proyecto del Gobierno es el carácter obligatorio de los debates presidenciales públicos. Además, busca poner un límite en el uso de las cadenas nacionales.
El debate tendrá lugar desde las 12:30 en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda. Los representantes del Gobierno a cargo de la defensa del proyecto serán el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez. Diario Popular/
AVANZA EL ACUERDO DEL SENADO PARA ARRIBAS Y MAJDALANI EN INTELIGENCIA
Un sector del FPV dio su aval para las designaciones; ambos defendieron el uso de los fondos reservados
Arribas, Urtubey y Majdalani, en la reunión de la Comisión de Acuerdos. Foto: Soledad Aznarez
Los directores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, obtuvieron ayer el aval de la Comisión de Acuerdos del Senado y quedaron un paso más cerca de conseguir la ratificación parlamentaria que establece la ley de inteligencia sancionada el año pasado. Ambos pliegos se discutirían en el recinto de la Cámara alta la semana próxima.
En su exposición ante los senadores nacionales, los funcionarios rechazaron las imputaciones formuladas en una impugnación presentada por un grupo de ONG y defendieron la decisión presidencial de poner bajo el paraguas de la confidencialidad todos los gastos del organismo de inteligencia.
“Los gastos reservados hacen a la funcionalidad de la agencia. Pero reservados no significan sin control: hemos preparado un protocolo para rendir cuentas ante la Comisión Bicameral de la manera más clara posible”, afirmó Arribas.
“Nosotros somos transparentes y vamos a ser transparentes”, enfatizó el titular de la AFI.
Majdalani lo secundó y justificó los cambios introducidos por el Presidente en el decreto reglamentario de la ley de inteligencia, en la necesidad de resguardar esa información de servicios de inteligencia extranjeros. “Abrir el organigrama de la Casa [por la AFI] o de los gastos sería darles a otros países información sobre nuestro personal y sobre cuánta plata gastamos y en qué la gastamos”, aseguró la subdirectora.
Nombrados por decreto por Macri en diciembre pasado, ambos funcionarios se sometieron ayer a una audiencia pública con el fin de obtener el acuerdo del Senado que exige la ley de inteligencia.
En menos de dos horas, Arribas y Majdalani se fueron de la Comisión de Acuerdos del Senado con el dictamen firmado por 12 de sus 17 miembros. Apoyaron sus nominaciones los oficialistas Federico Pinedo y Ernesto Martínez, de Pro, y Julio Cobos, Luis Naidenoff, Alfredo Martínez y Oscar Castillo, por la UCR.
Por la oposición pusieron su rúbrica los representantes del FPV Miguel Pichetto, José Mayans, Juan Manuel Irrazábal, Walter Barrionuevo y el presidente de la Comisión de Acuerdos, Rodolfo Urtubey. De este sector se abstuvieron de firmar Juan Manuel Abal Medina y Mario Pais, a la espera de que los funcionarios aporten documentación que respalde su rechazo a las impugnaciones.
Consultados sobre esas imputaciones, presentadas por el colectivo de organizaciones no gubernamentales denominado Iniciativa por el Control de los Sistemas de Inteligencia y Seguridad, los postulantes rechazaron de plano las objeciones.
Durante la reunión de la Comisión de Acuerdos, el director de la AFI negó tener relación con una empresa mencionada en el escándalo de los Panamá Papers.
“No tengo, no he tenido ni he formado parte de ningún directorio de una empresa radicada en Panamá”, afirmó, ante una consulta del senador Adolfo Rodríguez Saá (PJ). Según la impugnación, su nombre aparece integrando el directorio de la firma La Veneziana Corp. “Parece que hay una persona en el directorio que tiene mi nombre, debe ser un homónimo”, afirmó el “Señor 5”, como se denomina en la jerga de los servicios de inteligencia a quien ocupa su cargo.
El jefe de los espías también negó haber participado en operaciones ilegales mientras se desempeñaba como intermediario en transferencias de fútbol y como representante de deportistas. “No he participado en ninguna actividad vinculada al lavado de dinero”, afirmó.
Por su parte, Majdalani se refirió a una serie de causas judiciales con las que se encontraría vinculada, según la impugnación que le trasladó el senador Ruperto Godoy (FPV).
“Me da mucha alegría poder explicar que en todas las causas, en las que existen, porque hay algunas que no existen, he sido sobreseída por falta de delito”, aseguró la ex legisladora porteña, quien entregó a la Comisión de Acuerdos del Senado copia de las sentencias que la exoneran.
Majdalani sólo reconoció tener “una denuncia vigente” presentada por el legislador porteño Gustavo Vera. “Se me imputan una gran cantidad de propiedades que no son mías”, dijo. Y se mostró confiada en que será sobreseída por la Justicia porque “todas las imputaciones son falsas”, concluyó.
Nadie en la audiencia le preguntó a la subdirectora de la AFI sobre su vinculación con personajes del viejo aparato de inteligencia, como Francisco Larcher y Antonio Stiuso. La Nación/
FUERTES CRÍTICAS DE CARRIÓ AL GOBIERNO
Reclamó un decreto para anular el aumento de tarifas; elogios a María Eugenia Vidal
La diputada nacional Elisa Carrió criticó con dureza anoche al presidente Mauricio Macri y reclamó dejar sin efecto el aumento de tarifas en los servicios de gas y electricidad. En una entrevista con el programa “A dos voces”, por la señal TN, le recomendó a Macri poner fin al aumento, sin esperar que lo haga la Justicia, y “convocar a audiencias públicas, como lo marca la ley”.
“Yo creo que lo hicieron de buena fe, pero cuando uno comete un error lo mejor que puede hacer es arreglarlo uno mismo”, dijo, al reclamar una autocrítica del Gobierno.
Al pedir la convocatoria a audiencias públicas, destacó especialmente a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien aplicó esa práctica en la provincia, antes de actualizar las tarifas de los servicios públicos.
“Hay que hacer bien las cosas. Hay que tener un buen secretario legal y técnico en un gobierno”, asestó, en una crítica directa a Pablo Clusellas, el funcionario a quien Macri le confió el área.
También reprochó al propio Macri por sus consejos para ahorrar gas, frente al aumento de tarifas. “Tampoco hay que decirle a la gente que no ande en camiseta, se lo digo con todo el corazón al Presidente. Es una falta de respeto a la gente que anda con frío y hambre”.
Enseguida, precisó que “el Presidente entiende las críticas. No es que no he dicho esto ya. Yo muchas veces me enfermé de impotencia”. Acotó, incluso, que ayer conversó con Macri.
Con visible enojo, la socia política del gobierno de Cambiemos negó que el representante de la UCR en la Alianza, el ex senador Ernesto Sanz, actúe de intermediario en su relación con el Presidente. “Ya no más”, señaló.
Dijo, entre otras cosas, que “Lázaro Báez es un delincuente primitivo” y arremetió contra el ex gobernador Daniel Scioli, a quien denunció hace un mes y medio. “Daba obra pública igual que Kirchner”, advirtió. La Nación/
LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Debate Eduardo Menem
La polémica suscitada con motivo del convenio de cesión del banco de datos de la ANSES a la Secretaría de Comunicaciones amerita referirse a la naturaleza y objetivos del derecho de habeas data y de las normas que lo regulan.
El derecho de habeas data fue incorporado a nuestro sistema legal por la reforma constitucional de 1994 en el artículo 43, juntamente con la acción de amparo, el habeas corpus y el secreto de las fuentes de información periodística, lo que revela la importancia que le dieron los constituyente. El habeas data es un derecho de tercera generación, surgido después de la Segunda Guerra Mundial y reconocido en las constituciones y leyes de numerosos países, como así también en tratados internacionales y resoluciones de organismos multinacionales.
La citada norma constitucional ha sido reglamentada por la ley 23.526 que en su artículo 1° define el bien jurídicamente protegido, que es el honor y la intimidad de las personas como así también el acceso a la información que de ellas se registre. Los datos personales que figuran en los registros públicos deben tener una relación directa con las razones que motivaron su obtención, como surge claramente del art. 4 inc 3° de la citada ley que prohíbe su utilización para finalidades distintas o incompatibles con aquellas. En el caso de la ANSES, que hoy es motivo de la discusión, no cabe ninguna duda que los datos están referidos a cuestiones previsionales, siendo ese el marco dentro del cual pueden emplearse.
Para el tratamiento o información de los datos de un registro debe contarse con el consentimiento libre, expreso e informado del titular de esos datos. Además está prohibida la creación de archivos o registros que directa o indirectamente revelen datos sensibles, tales como los que se refiere a la religión, sexualidad, política o raza.
En favor de la legalidad de la cesión en cuestión podría invocarse el art. 5 inciso 2°, en cuanto exime del consentimiento expreso y escrito del titular de los datos cuando se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o cuando se trate de listados cuyos datos se limiten al nombre, documento, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio. Pero al margen de las interpretaciones jurídicas, las dudas surgen ante el peligro de que la celebración de este tipo de convenios siente un precedente que puede luego extenderse a otros registros o banco de datos con finalidades políticas o comerciales.
No tengo motivos para suponer que el actual gobierno utilizará los datos con esas finalidades, pero parece prudente tomar los recaudos legales suficientes para evitar que lo haga un futuro gobierno, con el estilo arbitrario y autoritario como el que le precedió.
Eduardo Menem, ex Senador Nacional. Clarín/
REFORMA ELECTORAL: EXPONE FRIGERIO
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, expondrá hoy, ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, sobre los alcances de la reforma electoral que prevé la implementación del sistema de boleta electrónica en las elecciones nacionales, entre otros cambios.
El ministro, acompañado por el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, hablará ante el plenario conjunto de las Comisiones de Asuntos Constitucionales (cabecera), Justicia y Presupuesto, convocadas a partir de las 12.30.
Desde la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado Macrista Pablo Tonelli, se informó que posteriormente se recibirán a especialistas invitados a propuesta de los distintos bloques parlamentarios, para escuchar sus opiniones acerca del proyecto de ley.
La idea es eliminar la boleta de papel y la incorporación del voto electrónico, con el propósito de lograr mayor equidad, transparencia y agilidad en el proceso de recuento de votos y difusión de los resultados. Crónica/
EMPIEZA EL DEBATE POR LA REFORMA POLÍTICA
El debate por la reforma política que impulsa el Gobierno arrancará hoy en plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, con exposiciones del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y del secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, quienes defenderán el proyecto oficial.
El eje de la reforma es la implementación de la boleta única electrónica y se anticipa un fuerte debate con la oposición. Un cambio que propone el Gobierno y se anticipa polémico es que en las primarias se elija entre precandidatos de un solo partido.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y de Justicia, está citado a las 12.30. Entre los funcionarios del Ejecutivo estará Paula Bertol, secretaria de Relaciones Parlamentarias de la jefatura de Gabinete. A las 15 están citados más de 20 especialistas propuestos por los diferentes bloques políticos.
Expondrán, entre otros: el secretario de la Cámara Nacional Electoral, Hernán Goncalves Figueiredo; el fiscal federal electoral Jorge Di Lello; el ex diputado y apoderado del PJ, Jorge Landau; el ex director nacional electoral Alejandro Tullio; representantes de universidades, ONGs, y expertos en seguridad informática. El debate seguirá entre los diputados el 9 y 16 de agosto. Clarín/
PAULA LITVACHKY, DEL CELS EL REGRESO DEL SECRETO
“El Senado perdió la oportunidad de debatir en profundidad cómo debe funcionar el sistema de inteligencia y cuál debe ser el perfil de sus directores”, evaluó Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS. La audiencia en la Comisión de Acuerdos dejó en claro la “falta de voluntad de transparentar y democratizar la AFI” por parte de los candidatos y la “restauración de la lógica del secreto”, destacó la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia, que además del CELS integran la Asociación por los Derechos Civiles, el Núcleo de Gobierno y Seguridad de la UMET, la Fundación Vía Libre, Poder Ciudadano, la Asociación Pensamiento Penal y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia. Litvachky, en diálogo con Página/12, remarcó la confianza infundada en la capacidad de control de unaComisión Bicameral paralizada, el notorio desconocimiento de los senadores sobre los antecedentes de los candidatos y la nula voluntad en evaluar su idoneidad.
-¿Qué respondió el Senado al pedido de audiencias públicas para evaluar los antecedentes de los candidatos?
-Dijeron que habíamos presentado impugnaciones y observaciones fuera de plazo en base a una interpretación equivocada del reglamento. Más allá de lo reglamentario, lo central es que se aportó información relevante para que evalúen la idoneidad de los candidatos. La formación de opinión de los senadores no debe depender de lo que presentamos desde la sociedad civil: no somos el Estado, lleva tiempo buscar y chequear información. Si evalúan que la información es relevante pueden pedir más, formar opinión o demorar la discusión, y no hicieron nada de eso. Por otro lado pedimos audiencias públicas, un trámite parecido al de los jueces, aunque no esté previsto para estos cargos. La discusión es política y gira en torno a la idoneidad de los candidatos y la relevancia de los cargos. ¿Se pueden fundamentar estas designaciones sólo en la confianza del presidente? Varios senadores lo plantean así y sugieren que el Senado no puede hacer una evaluación profunda. No estamos de acuerdo: si la ley exige acuerdo del Senado, el control tiene que ser fuerte.
-¿La conclusión es que el Senado no va a analizar las impugnaciones?
-La mayoría de la Comisión les dio el acuerdo y sólo tres senadores pidieron más información y difirieron su voto. Ahora hay que esperar que el pleno del Senado fije audiencia de labor parlamentaria pero el mensaje de comisión es claro. Esperamos que en el pleno se dé una discusión sustantiva sobre las observaciones que hicimos porque son muy contundentes.
-Arribas justificó el secreto de la estructura de la AFI y de los fondos reservados y pidió tener “fe” en que no harán inteligencia ilegal. ¿Qué implica ese nivel de secreto y falta de controles?
-Cambiar la disciplina del secreto fue una de las claves cuando se discutió la reforma de la ley. Cambiar ese régimen era central para empezar a transparentar el funcionamiento de la AFI. No resuelve todos los problemas pero mejora el control. En la Comisión hubo una definición clara sobre la Bicameral como clave en el control y, si bien coincidimos, el problema es que no mostró nunca una actividad relevante, que implicara alguna denuncia o fiscalización de fondos reservados. Hubo escándalos como en AMIA o las coimas en el Senado en los cuales la cuestión del uso ilegal de fondos fue determinante y no se conoce que la bicameral tuviera alguna actividad destacable. Ni siquiera en la crisis de 2014/2015 tuvo un papel importante para reparar el sistema cuando había consenso sobre su funcionamiento ineficaz y en muchos casos ilegal. El Senado debería comprometerse a cambiar su funcionamiento y entender que la Bicameral no es el único control posible y válido: todas las cuestiones vinculadas al control judicial son importantes y para eso se necesita el registro de los fondos reservados. Página 12/
FUERTES CRITICAS DE JURISTAS, MAGISTRADOS Y FISCALES A LA LEY DEL ARREPENTIDO Y DE EXTINCION DE DOMINIO
DOS PROYECTOS CON APLAZO EN EL SENADO
La mayoría de los expositores en el plenario de comisiones rechazaron las dos iniciativas aprobadas en Diputados. Las calificaron como inconstitucionales y violatorias de los principios de inocencia y del debido proceso, entre otras cosas.
Por Sebastian Abrevaya
“Mamarracho”, “papelón”, “escandaloso”, “inconstitucional”, “inaceptable”, “falto de sistematicidad y racionalidad”, “violatorio de los principios de legalidad, de culpabilidad y de inocencia”, todos esos calificativos, entre otros, recibieron ayer los proyectos de ley del arrepentido y de extinción de dominio que se analizaron en un plenario de comisiones del Senado. Juristas, profesores de derecho, fiscales, magistrados y hasta funcionarios del propio oficialismo criticaron las iniciativas aprobadas en Diputados que fueron impulsadas por Cambiemos y el Frente Renovador. En una extensa jornada que continuará hoy expusieron referentes como León Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Edgardo Donna, Manuel Garrido, Félix Crous y Marcelo Sancinetti. Incluso algunos como el abogado Alejandro Carrió o los camaristas Guillermo Yacobucci y Julio Báez, que defendieron conceptualmente la creación de esos instrumentos, no dejaron de marcar algunas diferencias con la redacción proveniente de la Cámara baja, que seguramente los senadores modificarán en las próximas semanas. En varias intervenciones se cuestionó el rol de los medios de comunicación en eltratamiento de las noticias vinculadas a los casos de corrupción y el crímen organizado.
“Esta ley es algo similiar a un decreto de Videla, que les quitó los bienes a un montón de personas. Acá va a pasar lo mismo. La institución es inaceptable jurídicamente. ¿Cómo se les va a quitar los bienes sin condena?”, disparó ayer Donna, que durante dos décadas fue juez de la Cámara del Crimen de la Capital Federal. Se refería al proyecto de extinción de dominio, el más cuestionado de la jornada. Entre otras cosas, la crítica central al proyecto se debió a que el Estado podría confiscar los bienes de aquellas personas por el sólo hecho de ser llamados a declaración indagatoria, sin que exista una condena. Donna remarcó precisamente la contradicción de que se le quiten sus bienes al momento de realizar un acto procesal que es parte del derecho de defensa del imputado. El profesor advirtió que con estas iniciativas “se está actuando según lo que a la prensa se le ocurre decir”. Sobre esta iniciativa, el fiscal Crous advirtió además por la discresionalidad con la que los jueces federales disponen actualmente de los bienes que son embargados o decomisados en las causas que investigan y reclamó mayor transparencia. Gil Lavedra, coordinador general del Programa para la Reforma Judicial “Justicia 2020”, sostuvo que la iniciativa de extinción de dominio aprobada por el Senado en 2014 es “muy superior” a la aprobada en junio de este año por Diputados. Consideró que hay falencias de “sistematicidad y racionalidad” respecto de otras normas del ordenamiento jurídico actual. El ex diputado radical consideró que la figura debería aplicarse sólo en los casos en los que no sea posible lograr una condena.
El proyecto que mayor debate suscitó fue el del arrepentido. Varios expositores cuestionaron hasta el nombre de la figura, ya que en verdad no se trata de un cuestión moral del imputado sino de una cuestión práctica. La justicia obtiene información a cambio de otorgarle una reducción de la pena al colaborador. Tanto Gil Lavedra, como León Arslanián criticaron los plazos que, en la media sanción de Diputados, tiene la persona para acogerse a este beneficio. Ambos indicaron que debe fijarse como límite el momento en que el fiscal cierra la etapa de instrucción y requiere la elevación a juicio. Además, criticaron la lista de delitos en los cuales puede utilizarse. “Si yo fuera legislador dejaría el arrepentido para delitos muy graves”, dijo Gil Lavedra. En la misma línea, Arslanián consideró un error incluir por ejemplo la figura de enriquecimiento ilícito, ya que no implica necesariamente una organización delictivia. Fernando Díaz Cantón, titular de la Federación de Colegios Públicos de Abogados, advirtió a los senadores que ambas iniciativas van contra “el principio de inocencia y el principio de juez natural”.
Yacobucci fue una de las pocas voces que defendió las iniciativas aunque afirmó que “los enunciados de ambas leyes, carecen de técnica jurídica”. “No llegaré a decir que son horribles pero están mal elaborados. Tienen una gran carencia de sistematicidad”, completó. El camarista afirmó que la ley del arrepentido “no busca funciones de tipo moral sino que tiene un criterio utilitario para el servicio de justicia”. El objetivo, afirmó, es quebrar la “ley de la omertá”, que es el pacto de silencio” con el que se maneja el crimen organizado.
Uno de los más críticos fue Sancinetti, ex asesor legislativo y profesor universitario. “Estos son movimientos espasmódicos para tranquilizar a la sociedad. La figura del arrepentido en el narcotrafico apareció en los ?90. ¿Desapareció el narcotráfico?”, se preguntó. Además, Sancinetti señaló que si efectivamente se tuviera confianza en la efectividad de la figura del arrepentido, la misma debería utilizarse en todos los delitos, incluídos los casos de violaciones a los derechos humanos. Página 12/
“LA LEY DEL BLANQUEO CUMPLE CON LOS PARÁMETROS INTERNACIONALES DE GAFI”
En una entrevista con Clarín, el presidente del llamado Grupo Edmond y titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú, Sergio Espinosa Chiroque, dijo que la ley del blanqueo ”cumple con los parámetros internacionales” de la lucha contra el lavado de dinero. Espinosa contó, además, cómo Argentina puede seguir el ejemplo de Perú, que logró repatriar 77 millones de dólares de Suiza de Montesinos, con el caso Lázaro Báez a través de un proceso de cooperación judicial entre ambos países. El experto peruano participó de una reunión cumbre realizada en esta ciudad para mejorar la normativa del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFI-LAT) y es el coordinador del Grupo Edmond que permite intercambiar información bancaria en tiempo real a 151 organismos antilavado de todo el mundo y tiene su secretaria general en Toronto. El Grupo Edmond es el brazo operativo del GAFI y la Argentina, a través del titular de la UIF Mariano Federici, ocupa un cargo en su consejo directivo.
- ¿La Argentina estuvo en la lista gris del GAFI hasta el año pasado por su deficiencia normativa y falta resultados en la lucha contra el lavado, cómo se la evalua ahora?
- Por su nivel de participación en los pedidos de cooperación internacional en nuestra plataforma informática y otros parámetros se observa una mejora, un comportamiento positivo en la lucha contra el lavado y el financiamiento del terrorismo.
- El lunes entró en vigencia la ley de blanqueo del gobierno de Mauricio Macri ¿está cumple con los parámetros del GAFI para evitar que se infiltren, por ejemplo, narcotraficantes a través de esa medida?
- En esta cumbre, Chile anunció los resultados de su blanqueo y desde mi punto de vista ley argentina cumple con los requisitos y los parámetros internacionales del GAFI y no va a tener ningún problema en la revisión que habrá en esa instancia. Lo importante es que la ley no genere a los delincuentes la posibilidad de meter su dinero sucio en el país. La ley argentina tiene una serie de obligaciones que impiden esta posibilidad.
- ¿Los casos de la base de datos de cuentas bancarias del HSBC de Suiza y del Panama Paperes demuestran que ya no es seguro tener la plata oculta en paraísos fiscales?
- Sí es un proceso que viene de años. Yo hablo de Mossack Fonseca Papers para no estigmatizar a Panamá. Se logró determinar los beneficiarios finales de estas estructuras jurídicas internacionales opacas como las offshore. Estos casos han sido un claro llamado de atención al mundo. El presidente Obama anunció una ley para regular las offshore en Delarware y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) acordó, entre ellos Argentina, compartir información este año a través de una red tributaria internacional porque esto obliga a los estados a revelar quién es la persona física que está detrás de, por ejemplo, las offshore.
- ¿A la luz del caso de la ruta del dinero K y las cuentas de Lázaro Báez, cómo fue la experiencia de Perú con las cuentas del ex jefe de inteligencia de Fujimori, Vladimiro Montesinos, con Suiza?
- Suiza está en un proceso de cambio positivo desde hace unos años por pedidos del Grupo Edmond y de EE.UU. La Justicia del Perú ya logró, luego de varios años, el bloqueo y la repatriación de 77 millones de dólares de las cuentas de Montesinos en Suiza a través de un proceso de cooperación judicial. Fue una fiscal suiza que alertó que estaba ese dinero oculto. También se le incautó joyas y relojes lujosos que fueron rematados hace dos años gracias una ley de extinción de dominio. Ahora existe otro parecido con Luxemburgo para tratar de repatriar otros 15 millones de euros. Clarín/
VIALIDAD REVELÓ MÁS SOBREPRECIOS Y BENEFICIOS PARA BÁEZ Y RELATS
La obra pública durante el gobierno kirchnerista sigue apuntando a Lázaro Báez. En la ampliación de la denuncia penal realizada por Vialidad Nacional, se reafirma el pago de sobreprecios del 65% a favor del Grupo Austral. Se detallan además “vicios en el proceso licitatorio”, el direccionamiento arbitrario sin “planificación de los recursos financieros a la provincia de Santa Cruz”, apuntan contra los “hipotéticos competidores” en licitaciones donde participaban dos empresas de Báez y anticipos de obra superior al 37% a 52 días de haber ganado la obra, vuelven a salpicar al socio comercial de los Kirchner. También se remarca el rol de JCR, empresa del fallecido Juan Carlos Relats, vinculado a la ex Presidenta.
“Falsedad total de las constancias de las certificaciones de obras”, remarca la ampliación de la denuncia penal que analiza la Oficina Anticorrupción. En este documento se pone eje en un conjunto de obras que sintetizan las presuntas irregularidades por las que se denunció por asociación ilícita a José López, ex secretario de Obras Públicas, y Sandro Férgola, ex gerente de obras de Vialidad Nacional y en la que se involucra al Grupo Austral, propiedad del socio comercial de los Kirchner.
La información oficial indica, respecto al ”fraude en la obra pública” que el Grupo Austral recibió U$S 2.196 millones, algo ya divulgado por Vialidad Nacional. Y a continuación se remarca quees “el doble de quien aparece segundo en la lista”. Se trata de ”JCR” del fallecido Juan Carlos Relats, que percibió U$S 1.116 millones. La familia propietaria de la cadena de los hoteles Panamericano, responsables con Panatel -hoy con Silvina Relats al frente-, de gerenciar el hotel boutique Los Sauces, de Cristina Kirchner. “Cumplimos 50 años en el mercado y terminamos 350 obras”, se defiende la firma de Relats incluida en el podio de los “favoritos” de la obra pública.
Báez rechaza todas las acusaciones en contra de su empresa, pero la ampliación de la denuncia que destaca que Austral tuvo participación en la obra pública recién en 2005, destaca otros datos que lo complican aún más. En primer lugar, demuestra que los sobreprecios que percibieron Austral Construcciones SA (ACSA) y Kank & Costilla (dirigida por Martín Báez), en promedio es del 65%, superior al valor que se venía manejando. Esto lo confirmó la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso en el programa de Los Leuco (TN).
Uno de los principales ejemplos son las tres obras que componen la Autovía Comodoro Rivadavia - Caleta, “tomando el promedio ponderado de los saldos de obra actualizados de los tres contratos comparados con los presupuestos oficiales, resulta un sobreprecio del 64,72%”, detalla la ampliación de la denuncia.
Respecto a la Ruta provincial N° 9 y N° 2 se denuncian “vicios en el proceso licitatorio”. El presupuesto total fue de $ 317.248.064, y compitieron por el contrato Austral y Kank & Costilla (ambas de Báez) y Petersen (del Grupo Eskenazi). La ganadora fue ACSA, lo que es calificado en la denuncia como “hipotéticos competidores”, y la obra se adjudicó sólo en ocho días. El texto judicial expone que hubo una “manipulación discrecional” en los procesos licitatorios a favor del Grupo de Báez.
Una de las irregularidades denunciadas fue el anticipo financiero: Austral solicitó el máximo permitido que es del 30% ($ 71 millones) sólo a los 13 días de que se aprobó el contrato. Fue pagado en 48 horas. A la fecha, el valor actualizado del anticipo es de $ 510.400.000, ampliamente superior al costo global.
Esta obra comprende otras presuntas irregularidades: La empresa la octavo mes había certificado el 10% del trabajo, cuando a esa fecha sólo se contemplaba el 1%. Además, acopió en los dos primeros meses 216.300 m3 de ripio algo que se debía solicitar en el mes once.
¿Cuánto cobró Báez por esta obra? $ 90.167.156, cuando según el plan de trabajo sólo debía haber percibido de Vialidad Nacional $ 3.249.609. “Se observa una inconsistencia y falta de adecuación entre las certificaciones y el plan de trabajo y el cobro de desproporcionadas sumas de dinero”, detalla el documento. Clarín/
TASAN EN U$S 680.000 LA MANSIÓN QUE LÓPEZ HABRÍA OCULTADO
José López tenía guardada en su cajón la reserva de compra de la casa de Tigre donde vivía. En los papeles, sin embargo, el ex funcionario se presentaba como un mero inquilino. El documento bajo su custodia estaba a nombre de un tercero: el presunto “valijero” de la obra pública, Andrés Galera.
Esa pista y otros elementos de la investigación hacen pensar a la Justicia que el ex secretario de Obras Públicas utilizó testaferros para ocultar que era propietario del inmueble. Se trata del chalet que habitaba con su esposa antes de empezar el raid con bolsos de dinero que terminaría en su detención, el 14 de junio.
En las últimas horas, un equipo de tasadores informó que el valor de la casona de Tigre es de U$S 680.000, unos $ 10,2 millones al tipo de cambio actual. Con ese dato se espera que el lunes, cuando López preste declaración indagatoria, Rafecas le amplíe los cargos que se le imputan, al considerar que, además de ocultar los U$S 9 millones que quedaron al desnudo en el convento, también omitió declarar una casa de alto valor en el mercado inmobiliario.
Otro dato resultó revelador en el peritaje de los tasadores: según informaron fuentes judiciales a LA NACION, el alquiler por esa casa se estima en U$S 3500 por mes ($ 52.000 al tipo de cambio actual). Pero López pagaba $ 17.500, un monto tres veces menor.
Más complicados
Por haber ocultado la propiedad, también está complicada María Amalia Díaz, la esposa de López. El arquitecto que construyó el chalet declaró ante la Justicia que inició la obra por orden de Galera, quien le pagó U$S 2 millones por su trabajo. Pero en la etapa final -agregó- recibió órdenes de “José y de Mary [por Díaz]” con quienes solía almorzar. Ellos le indicaron cómo querían terminar de diseñar la casa, cuestiones de pintura, de pisos y otros detalles.
Según un documento al que accedió LA NACION, Galera compró el terreno de la casa de Tigre en enero de 2008 a la inmobiliaria Turri Zanoni. Pagó 500 euros como seña. En mayo de 2010, de acuerdo a los registros inmuebles de la provincia, vendió el chalet a Eduardo Gutiérrez, un constructor y proveedor de obra pública durante el kirchnerismo. Este empresario aparece como dueño actual del inmueble y como quien le alquila la casona a López. Tanto Galera como Gutiérrez están imputados como “partícipes necesarios” del enriquecimiento ilícito de López, dado que la Justicia cree que fueron testaferros para que el ex funcionario disimulara su patrimonio.
Galera debía prestar indagatoria ayer, pero su declaración fue postergada para el próximo martes. Su abogado, Maximiliano Rusconi, pedirá la nulidad de la imputación por “indefinición del hecho”. Gutiérrez, en cambio, está citado para declarar hoy ante Rafecas.
La Justicia espera terminar con las indagatorias para poder procesar a López y avanzar hacia la elevación del juicio oral. Los bolsos con millones de dólares al desnudo precipitaron la investigación, después de ocho años en los que la causa permaneció quieta.
Una monja inimputable
Estudios del Cuerpo Médico Forense concluyeron que la hermana Alba, de 95 años, que vive en el convento donde José López dejó sus 9 millones de dólares, no está en condiciones de afrontar un juicio, por lo que sería declarada inimputable. La doctora Mariana Martínez Álvarez dijo que tiene un deterioro cognitivo severo; el doctor Leonardo Ghioldi lo consideró de moderado a severo y la doctora Norma Miotto dijo que hay “propensión a la dispersión y fallas mnésicas (memoria) con tendencia al relleno fabulatorio”. La Nación/
LA JUSTICIA INVESTIGA MANIOBRAS DE LAVADO EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA
La Justicia investiga supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de Mauricio Macri, Daniel Scioli y Adolfo Rodríguez Saá con una hipótesis: que los partidos políticos fueron utilizados para lavar dinero de origen ilícito, proveniente de la corrupción -en su mayoría-, pero también de delitos más graves, como el narcotráfico.
Esa conclusión se desprende de la investigación que realizó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Los fiscales a cargo, Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta, presentarán hoy el informe ante su par con competencia electoral, Jorge Di Lello.
La utilización de empleados públicos como pantallas para blanquear aportes ficticios y donaciones indirectas de empresas a través de sus ejecutivos -muchas proveedoras del Estado- son las dos principales irregularidades que detectaron sobre las rendiciones de cuentas de Cambiemos, el Frente para la Victoria (FPV) y Compromiso Federal (San Luis).
“La mayoría de los fondos en investigación son provenientes del dinero negro de la política, ya sea a través de donaciones escondidas de empresas con estrechos vínculos con el Estado o mediante el blanqueo de recursos de los que ya disponían las fuerzas políticas, las tres con gestión de distintos estratos del Estado”, explicó una fuente judicial. Y apuntó que el informe incluye sospechas sobre operaciones de lavado de dinero vinculadas a “delitos más complejos, como el narcotráfico”.
La tarea de la Justicia estará enfocada en el rastreo de la ruta del dinero, para determinar si los donantes estaban en condiciones reales de desembolsar esa cantidad. “Es relativamente sencillo, porque se trata de grandes movimientos de dinero”, reveló una fuente con experiencia en estas investigaciones.
Una tendencia detectada, que se percibe especialmente en el informe de Cambiemos, es la utilización de jóvenes de 20 a 32 años como aportantes de campaña. La edad despierta desconfianza de la Justicia por la supuesta falta de capacidad económica generalizada para realizar esas donaciones electorales, que en algunos casos superan los $ 50.000.
El informe de la Procelac incluye a tres empresarios cercanos a Cristóbal López, que donaron $ 340.000 -en total- a la campaña del FPV. Ricardo Benedicto, socio en Casino Club, aportó $ 120.000; Héctor José Cruz, socio de López en Estados Unidos, desembolsó también $ 120.000, y Carlos Fabián de Souza, socio en el canal de televisión C5N, hizo una donación de $ 100.000.
El organismo detectó también que Compromiso Federal, cuyo candidato presidencial era Adolfo Rodríguez Saá, reunió a doce de los quince donantes privados más generosos de toda la elección. La suma de sus 12 aportantes -que quedaron bajo la lupa- supera los $ 4,3 millones.
La investigación de los fiscales se realizó sobre la base del convenio firmado con la Cámara Nacional Electoral en marzo de 2015, que permite el intercambio de información. Tal como publicó LA NACION, la auditoría del tribunal había detectado serias inconsistencias en los informes que presentaron las alianzas electorales, lo que fue tomado como base por la Procelac para avanzar sobre casos sospechosos de lavado de activos.
La Cámara Electoral detectó a principios de este año que Cambiemos, el FPV y el Frente Renovador tampoco declararon entre sus gastos de campaña a reconocidos asesores, como Jaime Durán Barba, que omitieron buena parte de sus viajes en aviones privados y que no incluyeron información sobre los ingresos de las cenas de recaudación de fondos.
El informe de la Procelac contó con la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF). Los partidos políticos no enviaron ningún reporte de operación sospechosa (ROS), a pesar de que buena parte de las donaciones eran superiores a $ 50.000, tal como lo indica la resolución 30/2011 de la UIF. “El problema es la falta de regulación que existe con respecto al sistema de prevención para maniobras de lavado de dinero en las campañas electorales”, sostuvo una alta fuente judicial.
Las autoridades partidarias y los responsables políticos y económicos de las fuerzas pueden ser sancionados -según la ley de financiamiento de las campañas- con la pena de inhabilitación de entre seis meses y diez años para ejercer cargos públicos. Será la jueza con competencia electoral María Romilda Servini quien determinará si aprueba los informes de la última campaña presidencial.
Según pudo saber LA NACION, el Gobierno ensaya por estos días un proyecto de ley para “sincerar” el financiamiento electoral, que incluye quitar la prohibición para que las empresas puedan aportar dinero a las campañas. Esta iniciativa correría en paralelo a la reforma política que impulsa el oficialismo y que será tratada hoy en el Congreso. La Nación/
ECONOMIA
LOS GOBERNADORES OPTIMISTAS POR EL PACTO
El acuerdo que el gobierno nacional firmó anteayer con los gobernadores por la devolución gradual de fondos coparticipables generó optimismo entre los gobernadores, que en general destacaron la medida que servirá para aliviar las arcas provinciales.
A pesar de que los mandatarios dicen por lo bajo que la primera instancia del pacto -la restitución del 3 por ciento de los recursos reclamados- es insuficiente, como informó ayer la nacion, gobernadores como el opositor Sergio Uñac (San Juan) calificaron de “justo al convenio negociado con la administración macrista. “Lo más fuerte, más allá de los números, es que hemos conseguido que el diálogo sea la vía de solución de los conflictos en el país. Logramos algo que nos parece que es justo, porque tampoco podés estrujar las arcas nacionales”, sostuvo el gobernador sanjuanino. Sin embargo, Uñac advirtió por el estado de la economía, “Si esto sigue así, se complica, porque la inflación no baja y el salario no alcanza”, advirtió.
El radical Ricardo Colombi (Corrientes) dijo ayer que el encuentro con el presidente Mauricio Macri tiene un significado más “profundo” que la devolución de fondos. “Hay un gobierno que respeta el federalismo y las autonomías provinciales”, destacó.
En esa línea, mientras el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay señaló que el acuerdo con las provincias marca el “comienzo del diálogo para iniciar una reforma tributaria que potencie el desarrollo”, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, calificó el pacto como “un gran logro federal”, que demuestra la “sintonía que existe entre las provincias y el gobierno nacional”.
Asimismo, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet (Frente para la Victoria), sostuvo que el acuerdo “significa lograr por primera vez, desde el retorno de la democracia, la restitución de fondos coparticipables”, lo que calificó como una recuperación de derechos.
En tanto, de visita en Tierra del Fuego con el objetivo de ampliar la seducción a los jefes provinciales, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, también destacó el acuerdo. Además, se reunió con la gobernadora, Rosana Bertone, y prometió inversiones por $ 2000 millones. La Nación/
SE CONSOLIDA LA MEJORA DEL NEGOCIO AGRÍCOLA
En el congreso de Aapresid, productores confirmaron que aumentarán las compras de insumos y la inversión en maquinaria
ROSARIO.- Con una participación récord de asistentes y cantidad de stands, ayer comenzó en esta ciudad el XXIV Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), una de las entidades técnicas del campo con mayor presencia de productores de avanzada.
El congreso refleja el fuerte cambio de expectativas para la agricultura tras la rebaja de las retenciones y la eliminación de las trabas para exportar, además del sinceramiento del valor del dólar. Contra los 3800 concurrentes del año pasado, ayer los organizadores contabilizaron 4400.
El congreso lleva como lema “Resiliar”, un concepto que viene de la psicología y fue elegido para demostrar, en el nuevo contexto del país, que los productores tienen capacidad para superar los malos momentos.
“Se respira un ambiente distinto, se siente en los pasillos. Por primera vez en mucho tiempo tenemos un gobierno que nos escucha”, señaló Pedro Vigneau, presidente de Aapresid, durante su discurso en el acto inaugural. Lo escuchaban el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz; la intendenta local, Mónica Fein, y el secretario de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías de la Nación, Néstor Roulet, en representación del ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile.
Roulet dijo que “es la primera vez que la Argentina tiene una política agroindustrial”. Y luego agregó que, en materia de política para el sector, el país “hoy tiene en claro adónde vamos”.
Como sucede todos los años, este congreso sirve para tomar el pulso de los planes de los productores y técnicos semanas antes del inicio de una nueva campaña. Ezequiel Gregorutti, de Villa Minetti, en el norte de Santa Fe, contaba ayer que en esa región, luego de varios años, están volviendo grandes grupos de siembra que se habían retirado de la zona.
Aunque el proceso tiene su efecto colateral para los productores locales, como un aumento del 20% en los alquileres.
Según Gregorutti, en su empresa la superficie de siembra total crecerá entre un 12 y un 15% frente al año pasado. “Aumentamos la compra de maquinaria y alquilamos más campos”, describió.
En las empresas de insumos tienen medido el repunte. De acuerdo con Antonio Aracre, director general de Syngenta para Latinoamérica Sur, en el segundo trimestre de este año la venta de agroquímicos creció 10% respecto de igual período del año pasado, en tanto que “explotó” un 60% hasta el momento la comercialización de semillas para los cultivos de maíz y girasol.
En otros sectores de la cadena comercial también destacaban ayer una consolidación de las ventas de fertilizantes. “Ya hay una clara recuperación, que ronda el 35%”, expresó Marco Prenna, presidente de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa). Luego de haber registrado un nivel de 3,2 millones de toneladas en 2014, el año pasado el mercado de fertilizantes bajó a unos 2,4 millones de toneladas. Ahora, según Prenna, se espera que “recupere un millón de toneladas” cuando finalice el año.
En Monsanto, Juan Farinati, presidente de la filial local, subrayaba que, por el volumen y el nivel de tecnología requerido por parte de los productores, “a mitad de la campaña la demanda está sostenida”.
Pero no todas son flores en la mejora de la actividad. Ayer, productores del sudeste bonaerense contaban que, por el atraso que hubo en la cosecha de soja debido a las continuas lluvias, allí hay lugares donde la siembra de trigo avanzó a un 60% de lo previsto, cuando ya debería haber concluido. La Nación/
MÁS FONDOS PARA CONTROLAR A LAS EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGA
El Gobierno dispuso la modificación de partidas presupuestarias por 2.700 millones de pesos destinados al control de la canasta básica de prestaciones médico asistenciales de las empresas de medicina prepaga.
Lo hizo a través de la Decisión Administrativa 787/2016, que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Salud, Jorge Lemus, por la cual se asignan 2.704.867.085 pesos a la Superintendencia de Servicios de Salud, utilizando un ‘‘remanente del Fondo Solidario de Redistribución''.
Esos recursos se emplearán en el ‘‘control de las prestaciones médicas asistenciales que brindan las empresas de medicina prepaga'', según indica la norma.
En tanto, a través de la Decisión Administrativa 783/2016 que también suscriben los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Hacienda, Alfonso Prat-Gay- se asignan 591 millones de pesos en cumplimiento del acuerdo para promover inversiones y desarrollo en Tierra del Fuego, firmado entre la Nación y esa provincia.
El acuerdo establece la transferencia mensual de fondos, equivalente al 50 por ciento de las regalías hidrocarburíferas correspondientes a Tierra del Fuego.
Por otra parte, el Gobierno nacional oficializó ayer el pago de casi 30 mil millones de pesos recaudados por el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que habían sido retenidos en el Banco Nación durante la última década, y la creación de la Cobertura Universal de Salud (CUS), anunciados por el presidente Mauricio Macri. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 908 fue publicado ayer en el Boletín Oficial. La Prensa/
LA DEUDA PÚBLICA CRECIÓ Y YA REPRESENTA EL 31,2% DEL PBI
La deuda pública como porcentaje del PBI creció 5 puntos porcentuales en el primer semestre cuando pasó de representar el 25,9% del producto en diciembre del año pasado al 31,2%, con datos a junio. Las obligaciones que más se expandieron fueron las nominadas en moneda extranjera y, dentro de estas, la deuda en poder del sector privado.
Para calcular el incremento de 5 puntos porcentuales en el total de deuda pública sobre PBI se contabilizó la que existía con los holdouts a diciembre del año pasado, por u$s 11.500 millones. El bajo nivel de endeudamiento como herencia de la gestión kirchnerista sirvió de base para que se produzca el cambio en las vías de financiamiento oficial, que ahora busca fondearse con colocaciones en el exterior. Así, la deuda en moneda extranjera creció en seis meses un 11%, cuando pasó de u$s 98.973 millones a u$s 109.841 millones.
Los ítems más significativos en la primera mitad del año pasaron por la deuda emitida para pagar a los holdouts, por u$s 16.500 millones a mediados de abril; los títulos para la recompra del cupón PBI, por u$s 2750 millones; y las Letes en dólares, que a junio llegaron a u$s 4428 millones, según datos del Estudio Broda en base a la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda a cargo de Alfonso Prat-Gay.
La emisión de Letes en dólares es la manera elegida por el Gobierno para conseguir financiamiento. Por las bajas tasas que se pueden conseguir, prefieren colocar estos títulos y luego pasarlos a pesos para cubrir el déficit fiscal. Como se escucha decir algunas dependencias oficiales: lo que sobran son dólares ahora, pero faltan pesos.
De hecho, el Gobierno dispuso ayer la ampliación de la Letra del Tesoro con vencimiento el 20 de febrero de 2017, por hasta u$s 300 millones, en el marco de la programación financiera de este año. Lo hizo a través de una resolución conjunta de las secretarías de Hacienda y Finanzas, publicada ayer en el Boletín Oficial.
“Dispónese la ampliación de la emisión de la Letra del Tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 20 de febrero de 2017, emitida el 14 de junio de 2016, por un monto de hasta u$s 300 millones, que serán colocados en uno o varios tramos”, según el primer artículo del texto oficial. El Poder Ejecutivo aclaró que “en el marco de la programación financiera del presente ejercicio, se considera conveniente proceder a una nueva ampliación de la emisión del instrumento de deuda pública denominado Letra del Tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 20 de febrero de 2017”.
Un punto no menor de la emisión de las Letes es la presión que implica sobre el Banco Central, a la hora de llevar a cabo su política monetaria. En el acumulado de los primeros siete meses, la emisión bruta derivada directa o indirectamente del financiamiento del déficit fiscal ascendió a $ 158.561 millones, según datos de la consultora Ledesma. Esta cifra equivale a más de 90% de la absorción monetaria bruta lograda por el BCRA durante los siete meses vía Lebac y Operaciones de Pases (que alcanzaron los $ 166.911 millones).
“Dicho de otra manera, 90% del esfuerzo de absorción monetaria realizado por la entidad monetaria durante los primeros siete meses para lograr una trayectoria de sus variables instrumentales lo más consistente posible con el sendero de desaceleración inflacionaria planteado, y el impacto negativo del mismo sobre su balance, se explica en realidad por la emisión bruta directa e indirectamente asociada al financiamiento del déficit fiscal nacional”, agrega esta consultora. El Cronista/
POR LAS LEBAC, SE FRENÓ EL CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DE NEGOCIOS EN BONOS
Durante todo el año, mes a mes, el volumen operado en renta fija mostró un incremento constante de la mano del interés de los inversores por las letras que subasta el Banco Central (BCRA). Pero en julio se quebró la tendencia. El freno coincide con la rebaja primero y el mantenimiento de la tasa después, que determinó el Central durante el mes pasado y con los cambios en la modalidad de suscripción que dejaron afuera al inversor extranjero.
Bajo la presidencia de Federico Sturzenegger, el BCRA mantuvo una política de tasas de interés altas cada vez que la inflación o el dólar se volvían una amenaza para la economía. En dos oportunidades el organismo elevó la tasa de referencia, la de 35 días, al máximo de 38%, pero fue la segunda vez que las mantuvo en este nivel por ocho semanas consecutivas. Fue entonces que las Lebac se convirtieron en la mayor atracción del mercado.
Por eso es que el volumen de renta fija que se negocia en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) -donde las letras representan al menos el 70% del monto- batió récord un mes tras otro.
En junio el monto promedio llegó a superar los u$s 1300 millones, es decir, que se operó un 156% más que en el mismo mes de 2015. Para comprender el significativo aumento que se vivió este año en este segmento cabe destacar que si bien en julio la cifra promedio cayó a u$s 1100 millones, el volumen representa un 124% más que el del mismo mes del año pasado.
El gerente de Invertir Online.com, Alejandro Bianchi, confirmó la tendencia bajista de la demanda de letras: “Durante las semanas en que la tasa estuvo en 30,25% nuestro volumen de suscripciones de Lebac se estabilizó, e incluso bajó un poco (-1.4%). Pero, claramente detuvo su incremento, un ritmo del 30% mensual, al que veníamos creciendo meses anteriores”.
Por su parte, fuentes de un banco de primera línea indicaron que los motivos de la baja en la operatoria tuvo que ver especialmente con que “Economía decidiera cambiar la modalidad de suscripción en la letras para que estas fueran sólo internas (no Eurocleables)”, con lo cual, los inversores extranjeros no pudieron participar más de las licitaciones.
“Solamente quedó el stock de externas, que la mayoría están en vencimientos desde noviembre a enero de 2017, pero el spread entre internas y externas (350/400bps) provoca que las tasas no sean tan atractivas para los extranjeros”, dijo un experto que pidió no ser citado.
A su vez, la misma fuente resaltó además “lo poco atractivo que resulta hoy el tipo de cambio‘, debido a la baja por el ingreso de dólares más el aumento de exportaciones y la poca expectativa de que sufra una devaluación importante de acá a fin de año”. “Por último, con el proceso de bajas de tasas, ya algunos bancos cotizan debajo de 30% por préstamos a largo plazo y así aumentaron algo los créditos, lo cual hizo que las entidades bajaran algo los índices de liquidez y tengan posiciones más chicas de letras”, agregó.
Por su parte, el economista de Inversor Global Nery Persichini señaló que la baja de tasas de interés de las Lebac no fue convalidada con una desaceleración de la inflación y que por el contrario, el nivel de precios tuvo un rebrote alimentado por el ajuste de tarifas.
El especialista indicó que este panorama, sumado a la prohibición del BCRA de transferir Lebac a Euroclear, obligó a los grandes inversores a buscar rendimientos en pesos a través de los bonos CER. “Es decir, cambiaron el eje de los retornos reales: pasaron de una ganancia ex ante (tasa Lebac menos inflación esperada) a una rentabilidad ex post (inflación efectiva más un spread). Esto explica la fenomenal compresión de spreads que vimos en la curva CER”, añadió Persichini.
Después de tres subastas sin que se modificara la tasa de interés, el martes pasado el BCRA hizo que retomara la senda bajista. De hecho, la llevó a un nivel mínimo en la era Sturzenegger, a 30%, un umbral que según los expertos será difícil de quebrar en lo inmediato.
“La baja era esperada para esta semana o la próxima. El escenario se mantiene inalterado esperando una inflación núcleo por debajo del 2% a partir de agosto. Veremos en los próximos meses hasta qué nivel llega la tendencia descendente”, comentó el director del Estudio ALPHA, Hernán del Villar. El Cronista/