Dirigentes pymes advierten por el aumento de litigiosidad laboral
Más de 300 empresarios pymes industriales se reunieron con diputados nacionales de la Comisión de Industria para “expresar su preocupación por el aumento de la litigiosidad judicial en el campo de los accidentes laborales”.
La comitiva empresarial, encabezada por la Mesa de Industriales Bonaerenses (MIB), cuya coordinación está a cargo de Daniel Rosato, fue recibida por el diputado del Frente Renovador y titular de la Comisión de Industria, José Ignacio De Mendiguren y por legisladores del Frente para la Victoria, el bloque oficialista Unidos-PRO, el Partido Justicialista, Compromiso Federal y Libres del Sur.
El empresario alertó a los legisladores sobre los efectos “devastadores” que tiene para las pymes industriales el crecimiento de la judicialización que se observa particularmente en materia de accidentes laborales, pese a que la siniestralidad se redujo de forma sustancial durante los últimos años.
“Los famosos caranchos (abogados que litigan para sacar provecho de demandas inventadas o sobredimensionadas) en complicidad con los jueces, que fallan siempre en contra del empleador, generan demandas exorbitantes que las pymes no pueden afrontar”, puntualizó, en un comunicado.
Además, Rosato y el resto de los empresarios explicaron a los legisladores que se han incrementado notoriamente las alícuotas que las Administradoras de Riesgo de Trabajo (ART) le cobran a las pymes, al pasar de representar entre el 3% y el 5% de la masa salarial hasta alcanzar en la actualidad entre el 10% y el 20%.
“Esto sumado a los juicios por las demandas de los caranchos y la industria del juicio generan costos desproporcionados para las pymes, que están muy lejos del 3% que se paga en otros países”, subrayó.
Por su parte, Mendiguren señaló que “en la industria hay menos siniestros pero más juicios. Las pymes son el motor de nuestra economía, generan el 51% del empleo formal en nuestro país y el 70% del empleo total. No podemos seguir sometiéndolas a una tormenta perfecta que incluye: subas de tarifas, altísimas tasas de interés, caída del nivel de actividad y un aumento progresivo de la litigiosidad laboral”.
Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre 1996 y 2015 la tasa de siniestralidad industrial sufrió una reducción del 42%.
La cantidad de demandas pasó de 3000 a 80.000 por año y hoy existe un costo anual de U$S2.400 millones más U$S700 millones que se gastan en peritos y abogados.
“La situación al día de hoy es preocupante: hay aproximadamente 5.000 millones de dólares en juicios y un stock de 300.000 juicios”, señaló Mendiguren.
“El problema se agrava porque aunque las demandas son a las ART, los sobrecostos se trasladan a las empresas a través del incremento de las alícuotas del seguro”, añadió.
Además de plantear su inquietud por el aumento de la litigiosidad judicial, los dirigentes pymes le reclamaron a los diputados un mayor protagonismo en el debate de los proyectos de ley para el sector que se discuten hoy en el Congreso.
Con este propósito, presentaron en la Comisión de Industria una serie de iniciativas que apuntan esencialmente a preservar el entramado productivo, poniendo el énfasis en la defensa de la industria y en el empleo, mediante un proyecto de ley que diferencie a las pymes industriales de aquellas que se dedican al comercio o a brindar servicios.