Vidal decretó penas de prisión para quienes revelen datos de declaraciones juradas de funcionarios
El gobierno bonaerense publicó hoy en el Boletín Oficial un decreto correctivo y ampliatorio de aquel que obliga a funcionarios, policías y penitenciarios a presentar sus Declaraciones Juradas, estableciendo penas de cárcel a funcionarios, empleados o periodistas que difundan datos de estas “presentaciones reservadas”.
Pero uno de los puntos más polémicos de las diversas correcciones técnicas y de contenido que aparecen ahora en el Boletín oficial es el que aclara que “la Declaración Jurada Patrimonial Integral tendrá carácter reservado”, y dispone que “los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal”, que establecen penas de cárcel de entre un mes y dos años.
La medida es similar a la contemplada en el artículo 85 del proyecto de ley ómnibus que fue girado por la Casa Rosada a la Cámara de Diputados y que establece la prisión para quienes difundan información sobre el blanqueo de capitales: el repudio generalizado por parte de la oposición y del periodismo motivó que el Gobierno confirmara que evaluará su modificación para que sólo sean pasibles de ser penalizados quienes blanqueen capitales y los representantes del Estado en caso de que informen sobre la operatoria.
En el primer decreto publicado en marzo se establecía que la Declaración Jurada debía contener “los mismos datos que los solicitados por la AFIP para la declaración de impuestos a las Ganancias y bienes personales”, mientras que a la vez habría un “anexo reservado” con la “totalidad de los datos personales y patrimoniales correspondientes a cada una de las personas obligadas”.
Ahora, la polémica se disparó con el agregado de un artículo que dispone penas de prisión para aquellos que divulguen ese apartado reservado de las declaraciones, similar al artículo 85 de la Ley de Blanqueo presentada ante el Congreso por el presidente Mauricio Macri.
También en la provincia se trasladará ahora el debate a la Legislatura, pues el jueves el Senado provincial tiene previsto dar el primer paso para la sanción de la ley que ordena y amplia a otras reparticiones del Estado, tales como los legisladores, la obligación de presentar Declaraciones Juradas.
La Legislatura así enfrenta a dos caminos posibles: puede convalidad o dejar sin efectos los decretos que en este sentido promulgó el Ejecutivo y, como se sabe, la ley imperará por sobre los decretos.