El gobierno advierte que un estado que “estafa a sus abuelos es símbolo de una sociedad que no honra a sus mayores”
El coordinador del Gabinete Económico del Gobierno, Mario Quintana, presentó hoy en la Cámara de Diputados el proyecto de ley ómnibus que establece el pago de la deuda a jubilados, y advirtió que un Estado que “estafa a sus abuelos es símbolo de sociedad que no honra a sus mayores”.
En el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social de la Cámara baja, Quintana realizó una detallada explicación de la ley, que además de pago a los jubilados establece un régimen de blanqueo de capitales y formaliza el acuerdo entre la Nación y las provincias para la devolución a estas del 15% de la coparticipación (Fondo de Garantía de Sustentabilidad, FGS), destinada a financiar la Anses.
El funcionario destacó que la ley crea la “Pensión Universal a la Vejez”, que cobrarán todas las personas “mayores de 65 años en la Argentina que carezcan de un ingreso” y los “extranjeros que lleven años de residencia” en el país.
Señaló que el pago de la deuda con los jubilados se realizará a través del FGS, que “hoy contempla 750 mil millones de pesos” y que al Gobierno no le parece “ni justo ni humanitario seguir acumulando ese dinero mientras se les debe mucho dinero a 2,5 millones de jubilados”.
“La propuesta es usar el FGS para hacer frente a las erogaciones que suponen este reconocimiento a los 2,5 millones. Esto no significa la desaparición del FGS, queremos cuidar el fondo y que sea administrado con criterios profesionales y cuyo principal destino sea atender los haberes jubilatorios”, aseveró.
Quintana señaló que el gobierno de Mauricio Macri asegura que “ese fondo no sea usado para subsidiar proyectos que no tengan que ver con los jubilados y sí para financiar pymes y proyectos hipotecarios, de infraestructura y de desarrollo de capitales productivas, pero no a tasas por debajo del mercado, subsidiadas, que afecten la sustentabilidad del sistema previsional”.
El funcionario también subrayó que el proyecto establece la derogación de la ley 27.181, sancionada durante la presidencia de Cristina Kirchner, que declara de interés público las participaciones sociales del Estado Nacional.
Quintana señaló que se buscará “liberar a la ANSeS para la venta de ciertos activos como acciones que ostenta en compañías privadas”, porque a su criterio “la imposibilidad de vender estos activos es contraria a defender el valor del FGS”.
El Estado nacional posee acciones en grandes empresas privadas, tales como el Banco Macro, Techint y Grupo Clarín.
También destacó que la iniciativa crea el Consejo de Sustentabilidad Profesional, para reformular el sistema jubilatorio mediante “un debate serio, profundo, sin demagogias”, y que “ratifica el acuerdo firmado entre el Ministerio del Interior y los gobernadores para devolución del 15 por ciento”.
Detalló que la devolución “será progresiva: “este año, un 3% y un 3% adicional cada año”.
Quintana también se explayó ampliamente sobre el blanqueo de capitales, al que aludió como “sinceramiento fiscal” y señaló que se trata de una acción que forma parte de la “reconstrucción de la confianza en base a la verdad”.
“Necesitamos que los más pudientes que por distintas razones han evadido impuestos, hoy sinceren sus pertenencias y paguen el impuesto extraordinario que estamos estableciendo, porque ese dinero tendrá como fin único y exclusivo el pago a los jubilados, sostener la caja de la Anses, que por cierto está siendo crecientemente deficitaria en los últimos años”, afirmó.
Vaticinó que el blanqueo tendrá éxito porque “los evasores del mundo están siendo acorralados por todos los continentes” y que ka Argentina ofrece hoy “condiciones de confianza en el rumbo de la economía”, tras la eliminación del cepo cambiario, la salida del default y el “respaldo único” que los mercados financieros le han dado al país al conseguir “67 millones de dólares por colocación de deuda”.
“Cualquier delito de asociación ilícita, robo, corrupción, narcotráfico, siguen plenamente vigentes y en nada son afectados por el proyecto de ley que hemos presentado”, aclaró Quintana y también destacó que se excluyó del blanqueo “a todos los funcionarios del Gobierno nacional”, algo sobre lo cual habían insistido los dos socios del PRO en la coalición de gobierno Cambiemos: la Coalición Cívica-ARI, que lidera la diputada Elisa Carrió, y el radicalismo.
En tanto, la exclusión de los funcionarios de otros poderes quedará en manos del Congreso, agregó.
“El otro elemento distintivo de este proyecto es que por primera vez estamos proponiendo un premio a los pagadores, con la exención del pago de bienes personales a los cumplidores por los próximos tres años”, aseveró.
Quintana también enfatizó que el proyecto establece una moratoria impositiva, la actualización del impuesto a los Bienes Personales, con “una reducción progresiva anual de las alícuotas del 0,75% al 0,50%, al 0,25% y al 0% a partir de 2019”, y que lo mismo ocurrirá con el impuesto a la Ganancias Mínima Presunta.
También destacó que la iniciativa establece la creación de “una Comisión Bicameral de Reforma Tributaria”.