Con la caja de fondos prácticamente vacía y mientras se redefine el Presupuesto 2016, que determinará con qué recursos contará Vidal, quedó explícita la voluntad del gobierno de demorar la aplicación plena de la ley 14.656 que establece el nuevo Estatuto Municipal.
Sin definir los términos formales, el ministro de Trabajo le adelantó al titular de la combativa FeSiMuBo que la definición de Vidal cuenta con apoyo del Poder Legislativo para que no rija aún la ley sancionada en 2014 y que debería entrar en plena vigencia en 2016.
“Los derechos adquiridos que reza la Ley 14.656 están siendo vapuleados y desconsiderados por algunos sectores políticos, con representación parlamentaria, al intentar votar una medida de suspensión”, aseguró García al término de la reunión.
El dirigente sindical ratificó la convocatoria a una movilización de los municipales de los 135 distritos de la provincia que se realizará a la legislatura el miércoles, mientras despliega intenta impedir el trámite parlamentario que prevé la suspensión total o parcial de la aplicación de la ley.
García tratará de reunirse con todos los presidentes de bloques de las distintas fuerzas para alertarlos sobre los inconvenientes que la suspensión de la norma traería aparejada para los trabajadores de las administraciones locales.
La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Buenos Aires (FSTMBA) interpuso ante la Justicia una medida cautelar por considerar inconstitucional la ley 14.656, que la Suprema Corte bonaerense rechazó, imposibilitando de esta forma un freno judicial a la controvertida norma.
“A los fines de evidenciar la verosimilitud de la afectación a los derechos laborales invocados por la asociación gremial, los planteos impugnativos expuestos en su demanda lucen insuficientes y, al menos a esta altura del proceso, no logran desvirtuar la presunción de validez constitucional que caracteriza a la legislación cuestionada”, resolvió la Justicia bonaerense.
“La apertura a una instancia amplia de negociación colectiva de las condiciones de trabajo en cada municipio que esta normativa posibilita”, según la Corte provincial, “dan por tierra con la alegada probabilidad de perjuicios de difícil o imposible reparación ulterior”.
Con este pronunciamiento de la Justicia provincial, Vidal decidió intentar el freno para la norma a través de la Legislatura, donde cuenta con el poder de fuego de la alianza formada entre Cambiemos y el Frente Renovador que a nivel nacional conduce Sergio Massa.
La gobernadora, dijo el ministro de Trabajo, quiere dar una respuesta satisfactoria a la preocupación que deslizaron algunos intendentes bonaerenses, sin distinción de banderas políticas, sobre los inconvenientes de la aplicación plena de la normativa para las arcas comunales.
