Codesido reclamó la pena máxima para el ex policía federal Daniel Vicente y sus presuntos cómplices, Miguel Sabatino, Mario David Castillo y los hermanos Reinaldo y Jorge Rafael Pérez.
Al exponer ante los jueces Alejandro De Korvez, María Lucía Cassain y Marcelo Díaz Cabral, el fiscal los acusó de "secuestro extorsivo con fines de rescate, en concurso real con robo de automotor y pertenencias de la víctima, agravado por la pluralidad de autores".
En el caso de Vicente, también se consideró un agravante haber pertenecido a una fuerza policial y en el de los hermanos Pérez y Sabatino que hayan sido reincidentes.
El fiscal enumeró las pruebas contra los cinco imputados, especialmente que las antenas de sus teléfonos celulares los ubicaron juntos en el lugar donde se reunieron antes del secuestro, en la casa de la víctima (donde lo capturaron) y luego donde lo mataron.
En el caso de Vicente, se le encontró el arma homicida y una hermana de Silva Romero y su esposo lo identificaron como quien estaba a bordo de un auto a pocas cuadras de la casa del secuestrado, minutos antes de que se cometiera el hecho.
Por su parte, los hermanos Pérez sólo reconocieron que robaron el auto con el que se cometió el secuestro, aunque luego quedaron comprometidos por testigos y ubicación de sus celulares.
Codesido no se refirió al móvil del crimen ni a posibles instigadores, pero se preguntó por qué los acusados actuaron a cara descubierta si su intención era sólo cometer un secuestro.
Aurora Silva Romero, hermana de la víctima, declaró en el juicio que está convencida de que el crimen estuvo vinculado a la actividad de su hermano, que tenía a su cargo a unos 170 obreros, y una vez le dijo que lo habían "apretado" en su oficina.
La mujer afirmó que su hermano y una empresa que lo contrataba debían pagarle dinero a un trabajador accidentado y le sugirieron que podían contratar a un "sicario" para matar a ese hombre y no tener que abonarle.
Además, sostuvo que el homicidio de su hermano está vinculado con el de su socio Domingo Irala Guzmán Fariña (32), también paraguayo y asesinado poco antes, el 17 de octubre de 2009 en Villa Centenario, Lomas de Zamora.
La mujer denunció hoy a Télam que la familia no pudo alegar como particular damnificada porque el abogado que habían contratado, Héctor Rolón, no solicitó la elevación a juicio de la causa.
Luego, se presentó en las primeras audiencias del debate, ya que le habían permitido realizar preguntas, pero luego no concurrió más y no pudo ser ubicado ni por la familia ni por el tribunal.
El hecho que llegó a juicio ocurrió el 20 de noviembre de 2009 alrededor de las 7 cuando Silva Romero salía de su vivienda de la localidad bonaerense de Bella Vista en su Peugeot 307 y fue interceptado por un grupo de hombres armados que se movilizaban en tres autos, lo maniataron con precintos y se lo llevaron cautivo.
Una vecina que vio lo ocurrido avisó a la familia, en tanto que la hermana de la víctima alcanzó a ver la cara de uno de los captores.
En la casa de la víctima, una prima recibió un llamado en el que le pusieron al hombre secuestrado al teléfono y éste le dijo:
"Sacá diez mil pesos de casa y cinco mil dólares del banco. Te van a esperar en Panamericana y ruta doscientos dos, en la Petrobras".
Entonces la esposa, que ya había avisado a la Policía, hizo caso y cuando los efectivos estaban fotocopiando el dinero para pagar el rescate, alrededor de las 10.40 del mismo día, una vecina de Zárate llamó al 911 para avisar que había encontrado el cadáver de un hombre con un tiro en la cabeza, que resultó ser del constructor.
El juicio continuará el miércoles próximo con los alegatos de los abogados defensores y se fijará la fecha del veredicto.
