Denuncian amenazas y agresiones de los que tomaron edificio del Ministerio de Educación Bonaerense
El jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, y la directora general de Escuelas, Nora de Lucía, denunciaron hoy agresiones físicas y amenazas "de un pequeño grupo de violentos que ha tomado el ministerio desde hace dos días" y dijeron que fue presentada la denuncia penal.
"Hoy cuando regresaron al ministerio para retomar el diálogo nuevamente funcionarios y sindicalistas fueron agredidos físicamente con piedras y vidrios, incluida la propia ministra, que recibió en su domicilio amenazas contra su persona y su familia", sostuvo en una rueda de prensa.
Pérez dijo que "a estas agresiones se le suma la violación del domicilio del subsecretario de Recursos Humanos el pasado sábado y la violación y robo en la casa del director de Contabilidad del ministerio que, por las cosas sustraídas, papeles y computadora, inferimos que son estas mismas personas que han tomado la Dirección General de Escuelas".
El jefe de Gabinete señaló que "se trata de un grupo que no tiene representación gremial, de violentos que están acudiendo a esta forma desusada en la Argentina en los últimos años, el apriete físico y las amenazas a la ministra y a su familia".
En ese sentido, los identificó como pertenecientes al grupo 11 de Septiembre, sin representación gremial, "encabezado por una persona que tiene desde hace un par de años denuncias penales por malversación de fondos y que defiende el privilegio de un número muy pequeño".
"Sobre los 350 empleados del ministerio, estos no representan ni el 0,1 por ciento de ese universo, pero han logrado tener privilegios", dijo, y agregó: "No existe en nuestro diccionarios la palabra ajuste".
De Lucía, en tanto, indicó que no están "dispuestos a convalidar excesos que tienen que ver con jornadas que exceden ampliamente las laborales, con compensaciones que se cobran a partir de horas extras de hasta 150 por mes y con reclamos para que continuemos pagando horas extras a quienes estén con licencia por enfermedad porque entienden que es un derecho adquirido".
"No obstante, estamos dispuestos a trabajar en conjunto, a seguir dialogando, pero el camino no es la violencia ni la amenaza y menos en el sistema educativo, la única solución posible es el diálogo", sostuvo.
Al responder si por la ocupación del edificio ministerial de calle 13 y 57 corre riesgo la normal liquidación de haberes para los trabajadores de esa cartera, De Lucía expresó que están "tomando todas las medidas para que se realice la liquidación de sueldos porque hay 350 mil trabajadores que dependen de esto, en su mayoría a cargo del aula poniendo todo su esfuerzo y compromiso".
Los funcionarios eludieron cuantificar el dinero que representan las irregularidades y privilegios, ya que, según dijo De Lucía, "ponerle un valor absoluto sería desviar el problema, lo importante es que cada recurso que manejamos llegue a la educación".