26.09.2012 - 21:39 | Actualidad

Empleados mantienen tomada la sede del Ministerio de Educación Bonaerense

Empleados estatales bonaerenses mantienen tomada la sede de la Dirección General de Cultura y Educación provincial en rechazo de un supuesto recorte en el pago de viáticos y horas extras.

La protesta, que se desarrolla en el edificio de calle 13 entre 57 y 58 de esta capital, fue cuestionada por la jefa de la cartera educativa, Nora de Lucía, quien aseguró que la medida es "encabezada por un grupo de empleados que arrastran privilegios".

El reclamo comenzó ayer al mediodía cuando un grupo de trabajadores y dirigentes gremiales se apostaron en la sede de la cartera provincial, cortaron la luz e impidieron el ingreso de personal y funcionarios.

El secretario de organización de ATE, Alberto González, dijo que "la administración central del ministerio está totalmente paralizada", denunció el recorte de horas extras y viáticos, y reclamó que ese pago "pase a conformar el sueldo como una bonificación".

En cambio, De Lucía indicó que "no hay ajuste, venimos a garantizar el pago de quien trabaja" y aseguró que "estamos realizando un reordenamiento de horas extras que en muchos casos son excesivos y que también superan el promedio de la jornada laboral".

La ministra advirtió que "se han detectado personas que por el monto de horas extras que cobran por mes estarían trabajando entre 14 o 15 horas por día" y afirmó que "hay personas que cobran 150 horas extras mensuales, lo que demuestra que deberían trabajar hasta pasada la medianoche".

"Asimismo -continuó- el entrecruzamiento de datos puso en evidencia que cobran horas extras agentes con carpeta médica y personas privadas de la libertad. No podemos permitir que continúen estas situaciones".

Por último, sostuvo que la protesta "no afecta el normal funcionamiento del sistema educativo" y consideró que "tenemos un claro compromiso con la administración de los recursos del Estado y estamos trabajando para cumplir con el pago de los salarios de docentes y auxiliares".

Fuentes del Ejecutivo provincial informaron que para revertir la protesta fue realizada una denuncia penal en el Juzgado de Garantías 4 de Juan Pablo Massi y que tomó intervención la UFI 7 a cargo de Virginia Bravo.