21.08.2012 - 15:25 | Actualidad

Denuncian maniobras de empresarios y funcionarios para perjudicar el erario bonaerense

El presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, Luis Caro, denunció hoy la "actuación" en connivencia de empresarios, abogados y funcionarios del gobierno bonaerense para "perjudicar el erario provincial y al movimiento de fábricas recuperadas" al dar detalles del caso de la fábrica de Guasserman S.A.

En diálogo con Radio Nacional, el abogado querellante dio detalles respecto del caso por el que el movimiento de Fábricas Recuperadas iniciará acciones legales contra el gobernador Daniel Scioli, su ex ministro de Industria, Martin Ferre y dos estudios de abogados, entre otros.

Caro explicó que desde hace 12 años "se produjeron distintas recuperaciones de fábricas y en algunos casos se tuvieron que emitir leyes de expropiación", pero que en ese lapso, el gobierno de la provincia "nunca ejecutó ninguna de las expropiaciones que fueron dictadas por ley, salvo la de Guasserman S. A".

"Concretamente en el 2003 se emitió la ley de expropiación y el año pasado se llegó a un acuerdo autorizado por el Gobernador con el decreto 717 a pagar 101 millones de pesos por la tasación de una fábrica que en realidad la fiscalía dijo que vale 26 y lo concreto es que vale muchos menos".

El asesor letrado destacó que "contrariando toda la voluntad del gobernador, que fue vetar todas las leyes diciendo que no tenía presupuesto, en este caso, se depositó el dinero".

Asimismo, explicó que "los 101 millones de pesos se repartieron entre dos estudios de abogados: el primero está relacionado con el constitucionalista Daniel Sabsay y el segundo con el Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Ricardo Casal".

"Los hemos denunciado también por asociación ilícita porque han actuado como banda, para perjudicar el erario provincial por un lado y por otro para perjudicar a todas las fábricas recuperadas: fíjense que con estos 101 millones se pagarían todas las fabricas recuperadas que nuclean a 8 mil obreros".

Asimismo, denunció que bajo el argumento de la falta de presupuesto, la política de la Provincia respecto de las fabricas recuperadas siempre fue "dilatoria".

"Yo creo que estamos ante un acto de corrupción con una actitud, digamos, contraria a la de un funcionario público, que es defender los intereses del trabajo, de los recursos de la provincia y de la generación de una economía sana", concluyó Caro.