El próximo lunes el jurado de enjuiciamiento de magistrados define la suerte del juez Sal Lari
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense definirá el próximo lunes el caso del suspendido juez de Garantías de San Isidro Rafael Sal Lari, acusado por el presunto mal desempeño de sus funciones, quien podría ser absuelto y restituido en el cargo si el tribunal rechaza un planteo presentado por familiares de víctimas de delitos.
Sin embargo, el Jurado de Enjuiciamiento solo lo llevó al juicio político por una de ellas; la de no haber efectivizado, luego de siete meses, la excarcelación concedida en 2005 a un imputado identificado como Jorge González, a quien la Sala III de la Cámara Penal de San Isidro le había revocado la prisión preventiva ordenada por Sal Lari.
En medio del dilatado proceso, el 5 de julio pasado la Comisión Bicameral desistió de la imputación contra este magistrado, por lo que el Jurado pidió a los denunciantes Posse -intendente de San Isidro- y Carla Regis -hija del ingeniero asesinado en Béccar- que definan si asumen el rol de acusador para que continúe el jury contra Sal Lari.
Además se le impuso a Posse y a Regis una fianza de 180 mil pesos para que respondan a las costas en caso de continuar el juicio, aunque los denunciantes no depositaron el dinero. Días después, la representación Posse y Regis presentó un escrito en el que afirmó que asumirán el rol acusador y pagarán la fianza siempre y cuando el Jurado de Enjuiciamiento considere válidas las denuncias de los nueve casos que en abril pasado desestimó.
Con el pedido, el Jurado convocó a una audiencia para el próximo lunes a las 9, en el Anexo de la Cámara de Senadores provincial -7 y 49 de La Plata-, cuando se resolverá si se acepta la solicitud de los denunciantes Posse y Regis.
Si la rechaza, la querella ya adelantó que no asumirá el rol acusador contra Sal Lari, por lo que sin querellante el Jurado de Enjuiciamiento deberá absolver al suspendido juez y restituirlo en el cargo de titular del Juzgado de Garantías III de San Isidro.
En caso de aceptarse el pedido de jury, se deberá convocar a una nueva audiencia en la que la parte de Posse y Regis tendrá que presentar las pruebas para demostrar el mal desempeño de Sal Lari en las nueve causas restantes, por lo que continuará el debate.
Con el fin de aclarar situaciones posiblemente confusas del proceso, fuentes judiciales recordaron algunos puntos que establece la ley, como por ejemplo que "cuando hubiere varios acusadores contra el mismo magistrado o funcionario y se tratare de hechos que guardan relación, deberán obrar bajo una sola representación".
Añadieron que la ley también dice que "si el Procurador de la Suprema Corte o la Comisión Bicameral hubieren deducido acusación, serán los representantes legales de todos los demás, (acusadores) si los hubiere".
Pero, aclararon, la norma establece que "no habiendo acusación por parte de la Procuración General de la Suprema Corte ni de la Comisión Bicameral, si el acusador particular no compareciere o desistiere, el juicio se tendrá por desistido con costas a cargo de dicho acusador".
"Teniendo en cuenta que con fecha 5 de julio se tuvo por desistida la acusación de la Comisión Bicameral, esa misma fecha se resolvió hacer saber de dicho desistimiento a los acusadores particulares para que se expidan", agregaron.
Los voceros, en una suerte de réplica a cuestionamientos al proceso, dijeron que "¿cómo podría decidir comparecer (o no hacerlo), acusar (o no hacerlo) el acusador particular si no es formalmente notificado de esta posibilidad de ocupar el lugar que dejó la Procuración o la Comisión Bicameral?".
"De la norma surge la necesidad de notificar al particular en esta circunstancia. Imaginando que no fuera notificado, finalizado el jury el particular podría objetar que no fue notificado para ver si aceptaba o no acusar. De esta forma el particular decide indubitablemente acusar o desistir", aseveraron las fuentes.
En tanto, a través de un comunicado, el intendente Posse dijo la semana pasada que "existe en ciertos sectores del Poder Judicial una actitud de defensa corporativa inadmisible en un sistema democrático puesto que cualquier ciudadano debiera ser pasible de ser evaluado en sus conductas cuando éstas afectan a terceros".
"Esto le hace daño a la Justicia, porque da la impresión de que es imposible que un ciudadano común pueda pedir que se investigue a un juez que fue acusado por distintas personas y en una decena de causas pese a que la ley lo autoriza", concluyó el jefe comunal.