El dirigente gremial de la Ceamse Rafael Cuyás justificó la protesta en la existencia de un supuesto proceso de "vaciamiento" y reclamó a los gobiernos que informen "cuál será el futuro de los 2.200 empleados".
En tanto, Oscar Marín, otro delegado, explicó que la medida de fuerza se lleva adelante porque "no se ha cumplido nada" de las "promesas" realizadas por los gobiernos de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires para construir plantas de transferencia.
"Creemos que no tienen voluntad de abrirlos, que hay intereses espurios y lo que quieren es deshacer de esta empresa", afirmó el sindicalista.
El paro de actividades, que hoy se declaró "por tiempo indeterminado", derivó además en un inesperado contrapunto entre el jefe de gobierno porteño y el jefe de la CGT, Hugo Moyano.
Macri calificó como una "locura" el paro y comparó la protesta con el acto del jefe camionero del viernes pasado: "Va en línea con (el acto), los argentinos pagamos a los 70.000 que no fueron a trabajar, los colectivos y las horas que se perdieron porque la gente no pudo circular; esto es lo mismo, un conflicto irracional que nos inunda de basura".
Tanto la administración de Scioli como la del PRO intentaron en las últimas horas avanzar con una negociación para levantar la protesta, pero se confirmó que la basura continuará apilándose en las calles o en las viviendas debido a que los miles de camiones que realizan la recolección no podrán cumplir con los recorridos.
El ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli, reconoció que recién en "24 a 36 horas" se podrá normalizar el circuito y el operativo de recolección, y denunció que los desechos en las calles implican "una situación sanitaria complicada para 14 millones de personas" que viven en el área metropolitana.
En medio de la pulseada entre los gobiernos y los sindicalistas, el secretario Ambiental de la ciudad de La Plata, Sergio Federovisky, denunció que la medida de fuerza "no se trata de un conflicto gremial", sino de un "lock out patronal".
El paro y el bloqueo a la planta de Punta Lara "no se trata de un conflicto gremial para defender puestos de trabajo, sino de un lock out patronal en el que intervienen los empleados y la empresa, que está destinada a desaparecer por su propia impericia", sostuvo el funcionario comunal.
