"En forma inmediata y bajo apercibimiento" de sufrir sanciones, la ACUMAR deberá instrumentar "un sistema de información digital de acceso público que contenga todos los datos, informes, listados, cronogramas, costos actualizados" de las tareas que se realizan, determinó la resolución.
La Corte también dispuso que la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo deberá adoptar "alguno de los sistemas internacionales de medición disponibles, incluyéndose la realización de auditorías técnicas de control".
En cuanto a las demoras en el saneamiento de basurales, agua potable, cloacas y contaminación industrial, la ACUMAR deberá "identificar con precisión las causas y los funcionarios involucrados" en el incumplimiento del fallo de la Corte.
En el fallo, el Tribunal preguntó al organismo por qué celebró un convenio con la Auditoría General de la Nación recién el 26 de abril de 2010 para el control de los fondos públicos, cuando el "Fallo Mendoza", que ordenó el saneamiento, tiene dos años de vigencia.
Asimismo, dispuso que toda la información deberá ser remitida al juez federal de Quilmes, Luis Armella, sobre quien la Corte delegó el seguimiento del cumplimiento de la sentencia.
El fallo, por otra parte, recordó que Armella fue "investido por la Corte de atribuciones suficientes para la aplicación de las sanciones pecuniarias que considere adecuadas en orden a la gravedad de los incumplimientos verificados".
En ese sentido, el texto de la resolución expresó que las sanciones "se harán efectivas en la persona del presidente de la Autoridad de Cuenca y de los demás funcionarios involucrados por mandatos específicos y determinados".
La Corte también pidió que la Auditoría General de la Nación "informe las dificultades que haya tenido para efectuar el control encomendado y las observaciones que haya realizado hasta el momento".
Asimismo, reclamó al Defensor del Pueblo de la Nación que "manifieste las observaciones que estime pertinente respecto del grado de cumplimiento del Plan de Saneamiento".
El fallo fue firmado por los siete jueces de la Corte Suprema de Justicia, que son Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay. El 27 de abril la ACUMAR, conformada por los gobiernos nacional, porteño y bonaerense, presentó ante la Corte un informe de situación sobre los "avances" realizados en el saneamiento de la cuenca, entre los que destacó la urbanización de villas, ampliación de las redes de agua potable y erradicación de basurales.
Esa presentación se hizo en cumplimiento del plazo de quince días establecido con anterioridad por los jueces de la Corte para entregar un informe unificado sobre la situación ambiental del curso de agua, que afecta a cerca de cinco millones de personas.
En esa oportunidad, la ACUMAR detalló los resultados del Plan Integral del Saneamiento Ambiental (PISA), entre los cuales figuraron las obras de urbanización de villas y asentamientos en ejecución que benefician "a 12.127 familias".
La entidad destacó, en ese sentido, que 4.439 viviendas fueron terminadas y otras 2.077 se encuentran en construcción.
