Soso expresó que la situación fue denunciada en marzo de 2009 y que la retención impositiva ronda los "4 mil millones de pesos en la provincia de Santa Fe".
"Hay más de 2.000 comerciantes y empresarios damnificados por esta situación que es ilegal y abarcan los rubros más diversos, porque afecta tanto a pymes como a supermercados y comercios de electrónica", detalló.
El sector empresarial anunció que pondrá esta cuestión "en conocimiento" del gobierno provincial. Por su parte, el Defensor del Pueblo de Santa Fe, Edgardo Bistoletti, consideró la denuncia porque alerta "una exacción ilegal", por lo que analizará si plantea la situación ante la Defensoría del Pueblo de la Nación.
