La pelea entre el kirchnerismo y la oposición por el manejo de la comisión bicameral que debe controlar los decretos de necesidad y urgencia tendrá, por ahora, un final previsible: un empate ocho a ocho es el único resultado que puede esperarse de la primera reunión hoy de ese cuerpo tras la renovación del Congreso. No habrá entonces posibilidad de que se elija al presidente o los vice de esa comisión, pero la bicameral quedará constituida, lo que significa un avance en la estrategia del Gobierno.
La orden de la Casa Rosada al Congreso fue constituir esa comisión cuanto antes y despachar los dictámenes sobre el DNU que habilitó el uso de reservas para cancelar deuda y el que vetó la reforma política. No es sólo un capricho presidencial.
Los Kirchner saben bien que con la bicameral constituida, tenga o no jefatura y aunque no puedan imponer despachos, será más difícil que la Justicia haga lugar a las presentaciones que ya hizo la oposición para suspender la vigencia del decreto.
El argumento principal de todos esos pedidos es que no puede aplicarse la norma al no existir el órgano de control que exige la Constitución y la ley que la reglamenta para controlar esas decisiones presidenciales.
Ese cuestionamiento quedaría sólo formalmente salvado con la constitución de la bicameral hoy, ya que en realidad el verdadero control de los DNU quedará postergado a marzo.
De ahí que en la reunión de hoy, además de la pelea por el presidente del cuerpo, que con doble voto decidirá el futuro de los dictámenes, también se aprobarán dos dictámenes, con ocho votos cada uno: no habrá entonces despacho de mayoría y minoría.
En uno de ellos se ratificará el decreto de necesidad y urgencia que dispuso la creación del Fondo del Bicentenario y la transferencia de u$s 6.569 millones de reservas del Banco Central para la cancelación de deuda en 2010 y en el otro se lo rechazará. Lo mismo sucederá con el decreto presidencial de promulgación de la Reforma Política con el que Cristina de Kirchner vetó dos artículos de esa ley.
La palabra final, por ahora, la tendrán los recintos de Diputados y el Senado que en marzo deberán tratar los dictámenes que hoy emitirá la bicameral sin presidente.
Ni el kirchnerismo, ni el resto de la oposición estaban anoche dispuestos a ceder la presidencia. Como la lista de integrantes que aprobaron Eduardo Fellner por Diputados y Julio Cobos por el Senado consagró ocho integrantes entre las dos cámaras para la oposición y ocho para el oficialismo, sólo el nuevo presidente podría torcer esa relación de fuerzas.
La reunión de la bicameral está prevista para hoy a las 10 en el Salón Illia del Senado. Para el kirchnerismo, la comisión puede funcionar igual aunque no se elija presidente. Ese dictamen ya lo explicó esta semana Jorge Landau, especialista en temas electorales del oficialismo. No podría haber dicho otra cosa ya que allí reside la estrategia central del kirchnerismo para las bicamerales.
Anoche el radicalismo se reunió en las oficinas del jujeño Gerardo Morales para definir la estrategia para el encuentro de hoy. La UCR propondrá como presidente de la bicameral al diputado Rubén Lanceta. “Yo creo que es una muy mala señal del oficialismo, que no entiende que tenemos mayor número en el Congreso”, dijo ayer Lanceta.
PRO Y CARRIÓ, A LA JUSTICIA CONTRA DNU
El macrismo y la Coalición Cívica finalmente presentaron ayer un amparo a la Justicia para intentar frenar la aplicación del decreto de necesidad y urgencia que firmó Cristina de Kirchner para crear el Fondo del Bicentenario transfiriendo u$s 6.569 millones de reservas del Banco Central para el pago de deuda en 2010.
En el amparo, los diputados pidieron que la Justicia dicte una medida de no innovar que impida poner en funcionamiento el procedimiento que estableció el decreto y las resoluciones posteriores para la transferencia de reservas desde el Central hacia el Tesoro.
Se recuerda allí que al no estar constituida aún la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo (algo que podría suceder hoy), no se encuentra en funciones el mecanismo que establece la Constitución nacional para controlar los DNU, los decretos de promulgación de leyes y los que dicta el presidente de la Nación es uso de facultades delegadas por el Congreso.
Pero, además, los diputados le pidieron a la Justicia que, una vez decidida la medida cautelar, se declare la inconstitucionalidad del decreto.El escrito fue elaborado por Federico Pinedo, con el patrocinio de Mónica Almada, abogada ahora asesora del bloque PRO.
La redacción estuvo lista desde el miércoles pasado antes de que comenzara el receso por Navidad en Diputados. Pero antes el macrismo decidió hacerlo circular por el resto de los bloques opositores para sumar adhesiones.
Durante el fin de semana largo lo analizaron el peronismo disidente liderado por Felipe Solá, el radical Oscar Aguad y la Coalición Cívica. Finalmente, sólo los seguidores de Elisa Carrió decidieron firmar el amparo junto al macrismo. El radicalismo argumentó que no se había llegado a coordinar una firma conjunta del amparo, por lo que la UCR quedó fuera del reclamo, al igual que el peronismo disidente.
“Esperamos que la Justicia haga respetar la Constitución, que indica que el Congreso debe revisar los DNU de forma inmediata”, dijo ayer Pinedo, con el acompañamiento de los diputados Patricia Bullrich, Juan Carlos Vega y Alfonso Prat Gay, de la Coalición Cívica.
CÁMARA DEFINIÓ EL CIERRE DEL CASO POR SUPUESTO ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE LOS KIRCHNER
La Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña desestimó ayer el pedido del abogado Enrique Piragini para actuar como querellante en la causa en la que se investigaba a Cristina y a Néstor Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito.
El pronunciamiento del tribunal de alzada cerró así la última posibilidad que había de apelar el fallo del juez federal Norberto Oyarbide, quien hace diez días dictó el sobreseimiento del matrimonio presidencial.
Piragini fue el denunciante del caso en julio pasado, cuando hizo una presentación solicitando que se investigara a los Kirchner por supuestas irregularidades en el incremento de su patrimonio, que en 2008 alcanzó el 158%, según las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.
El abogado también había pedido intervenir como querellante en la pesquisa, lo que le permitía tener acceso al expediente y apelar las resoluciones del juez. Esta solicitud fue rechazada por Oyarbide. Piragini apeló la disposición, y el caso fue elevado a la Cámara Federal, que ayer confirmó la posición del magistrado.
ENRIQUECIMIENTO: QUERELLARON AL FISCAL Y AL CONTADOR DE LA PRESIDENTA
Las repercusiones políticas y judiciales por el cierre definitivo de la investigación por el crecimiento del patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner parecen no tener freno: ayer el ex fiscal Manuel Garrido denunció ante la Justicia al fiscal nacional de investigaciones administrativas Guillermo Noailles y al contador del matrimonio Víctor Manzanares.
Todo a pocas a horas de que la causa por enriquecimiento ilícito durante el 2008 contra los Kirchner quedara ayer formalmente sobreseída y cerrada, es decir sin posibilidad de ser revisada en el futuro, por falta de apelaciones de los fiscales.
El juez federal Norberto Oyarbide, que sobreseyó el jueves pasado al diputado y a la Presidenta en base a un informe de peritos de la Corte Suprema y el otro responsable del freno a la investigación el fiscal Eduardo Taiano ya tenían sendos pedidos de juicio político. El primero ante el Consejo de la Magistratura y el segundo ante el jury de enjuiciamiento que funciona en la órbita de la Procuración General de la Nación.
Ayer, Garrido querelló a Noailles por encubrimiento y a Manzanares por falsedad ideológica de documento público, es decir por introducir datos falsos en un documento auténtico y encubrimiento, mientras crecían las críticas de legisladores de la oposición. Paradójicamente, las causas cayeron por sorteo en el juzgado federal 5 de Oyarbide y el 7 que el mismo juez subroga. Garrido fue fiscal administrativo (FIA) hasta marzo cuando renunció denunciando que había "impunidad casi absoluta para la corrupción".
CAMBIAN A PERITO QUE HIZO LA AUDITORÍA
La Corte Suprema analizó en el plenario de ayer un informe presentado por la jueza Elena Highton de Nolasco sobre el estado de la Auditoría que se realiza desde hace un año en el cuerpo de peritos contables.
Según fuentes del tribunal, todos sus miembros están de acuerdo en intervenir el cuerpo, pero el contador que asumirá ese cargo -que ya fue elegido por concurso- deberá esperar hasta febrero. Es que en la Corte siguen considerando que esta decisión -que ya estaba adoptada desde hace varias semanas- debe ser tomada lo más lejos posible de la polémica desatada tras el sobreseimiento de los Kirchner, en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito.
Alfredo Peralta, el último decano que tuvo el cuerpo de peritos contables, fue uno de los firmantes de la pericia en la que se basó el juez federal Norberto Oyarbide para sostener que el enriquecimiento que tuvieron los Kirchner en los últimos años fue lícito.
Voceros de la Corte aclararon ayer que Peralta "tiene vencida su designación como decano, pero -aunque no sea decano- sigue siendo miembro del cuerpo con habilitación plena para realizar pericias". Lo que la Corte no puede negar, más allá de su intento por bajarle el tono político a la medida, es que la decisión de intervenir ese cuerpo y designar nuevas autoridades obedece a las irregularidades que arrojó la auditoría realizada por el mismo tribunal. A mediados de mes, en un cóctel de fin de año, Highton y el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, habían anticipado la existencia de esta auditoría y de un plan para reformular todos los cuerpos periciales.
UN FISCAL PIDE INVESTIGAR A BOUDOU POR EL USO DE RESERVAS PARA PAGAR LA DEUDA
En las últimas 48 horas, el ministro de Economía, Amado Boudou, acumuló dos imputaciones de dos fiscales distintos y por dos causas diferentes. Ayer, el fiscal federal Luis Comparatore, lo imputó junto al titular del Banco Central, Martín Redrado, por los alcances del decreto de necesidad y urgencia 2010/09 que firmó la presidenta Cristina Kirchner y que habilita al Gobierno a usar 6.569 millones de dólares de las Reservas para pagar los vencimientos de la deuda el año próximo.
El lunes, el ministro había sido imputado por otro fiscal federal: Gerardo Pollicita en la causa que investiga supuestos manejos irregulares de los fondos de jubilados cuando Boudou comandaba el ANSeS. Al ser consultados por Clarín los voceros de Economía prefirieron no contestar. Tampoco lo hicieron en el BCRA.
Comparatore le pidió al juez del caso, Daniel Rafecas, que disponga una serie de medidas para profundizar cuál fue la responsabilidad de Boudou y del titular del Central, a cargo de custodiar las reservas de ese organismo. El juez decidirá ahora si los procesa o no.
Esta decisión judicial le sumó un nuevo capítulo a la discusión política y jurídica en torno a si es constitucional o no que el Gobierno use una porción de la reservas del BCRA, que superan los 48.000 millones de dólares para pagar compromisos externos.
El fiscal también solicitó que "se requiera de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia que remita la totalidad de los antecedentes relacionados con el DNU 2010/09" y a "la Sindicatura General de la Nación que informe si previo al dictado" de esa norma "se efectuaron consultas al organismo referido o existen allí antecedentes sobre esta materia", indicaron fuentes judiciales.
El fiscal le dio curso a una denuncia que habían presentado un día antes el abogado Ricardo Monner Sans y el ex diputado Mario Cafiero. "La celeridad que mostró el juzgado de Rafecas y la fiscalía abre esperanzas y disminuye las tristezas que provocó lo actuado por el juez Oyarbide", le dijo Monner Sans a este diario. También ayer hubo otros capítulos legales en torno a la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de pagar la deuda con reservas.
Diputados de la oposición presentaron nuevas demandas judiciales contra el DNU que hoy buscará discutir la comisión Bicameral en el Congreso. Esas demandas pidieron un amparo judicial para frenar la aplicación del decreto hasta que lo discutan los legisladores en el recinto, lo que recién podría ocurrir en marzo próximo. "Esperamos que la Justicia haga respetar la Constitución, que indica que el Parlamento debe revisar" los decretos "de necesidad y urgencia" de los mandatarios, consideró al hacer la presentación el diputado del PRO Federico Pinedo. También apoyaron las demandas varios diputados de la Coalición Cívica. La diputada Patricia Bullrich, envió una carta a Redrado para advertirle que carece de autoridad para usar reservas monetarias para el pago de deudas, según informaron sus voceros.
KIRCHNER: "MI DECLARACIÓN JURADA DE BIENES ES PERFECTA"
El diputado nacional Néstor Kirchner afirmó ayer que su declaración jurada de bienes del 2008 y el informe de los peritos de la Corte "son perfectos" y que "no tenía dudas" que el juez federal Norberto Oyarbide, a quien afirmó no conocer, iba a sobreseerlo en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito.
"Esta es la tercera investigación que se hace sobre el patrimonio de la presidenta y del mío" en seis años dijo. Y sostuvo que "esta vez fui denunciado por alguien que tiene 30 procesamientos, pero queremos que nos investiguen como a cualquier argentino", en alusión al abogado Enrique Piragini que abrió esa causa.
"Normalmente, el ilícito tiene que ver con la investigación de bienes ocultos, fondos ocultos, esquemas ocultos que no figuran y no sobre los bienes que uno declara y que tienen justificación en su origen, su acción y definición", agregó en su defensa.
Durante los casi seis meses que duró la causa abierta antes de ser sobreseída: "fuimos sometidos a un verdadero acto vejatorio, pero lo hemos soportado". Dijo que "(Héctor) Magnetto y el Grupo Clarín nos está persiguiendo a partir de sus intereses. La gente se va dando cuenta de todo esto. Es absurdo que nuestro patrimonio haya crecido exponencialmente". "Yo fui construyendo mi patrimonio desde 1978. Luego de casi 30 años vendimos muchos bienes", añadió el ex presidente para intentar justificar el incremento del 158 por ciento que su patrimonio registró en el 2008.
Además, dijo que "existe un montón de dirigentes que viajan, que van y vienen y, en sus declaraciones patrimoniales, afirman no tener ningún bien", en una alusión implícita a la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió.
"No tenía dudas acerca del fallo del juez Oyarbide. Como también conozco las presiones de Magnetto y el Grupo Clarín. Los intereses mediáticos proceden de esta forma, presionando y desinformando. Cuando un juez falla como quiere Clarín, entonces es bueno. De lo contrario, es corrupto", sostuvo Kirchner.
En esa línea, aseguró que "se ha tratado de ensuciar" al matrimonio presidencial a raíz del polémico sobreseimiento de la causa de supuesto enriquecimiento ilícito.
"La declaración jurada es perfecta, hay grupos interesados, como el Grupo Clarín a partir de ley de medios, que hace una verdadera tarea de presión".
Por otra parte, evaluó como una "irresponsabilidad" plantear en este momento las candidaturas presidenciales para las elecciones de 2011."Hablar de candidaturas hoy, a dos años de la terminación de mandato, a casi año y medio de la interna abierta, con la movilidad que tiene este mundo, sería una irresponsabilidad", afirmó Kirchner y así le envió un mensaje al ex presidente Eduardo Duhalde quien ya se lanzó para el 2011.
En otro orden, dijo que "tengo una excelente relación con el gobernador Scioli" y dijo que "jamás responsabilicé a Scioli por la elección del 28 de junio porque sería una bajeza". "Tampoco lo hice con los intendentes. Eso sería buscar fantasmas. La elección del 28 de junio fue un avance, luego de la resolución 125 y otras cosas. Lo peor ya pasó, porque hemos cuidado el empleo en el marco de la crisis internacional", dijo el legislador. "Una cosa es el discurso y, otra, la tarea cotidiana de consolidación del Estado", sostuvo el legislador, quien dijo que "no sintió como un golpe duro la elección del 28 de junio" porque a nivel nacional su sector fue "la primera minoría".
Dijo que "las encuestas sobre mi imagen, las que manejo yo, están entre el 48 y el 52 por ciento".
CRISTINA BUSCÓ CONTENER AL SINDICALISMO FRENTE A LA INTERNA DEL PJ
En su último día de actividad oficial antes partir hacia El Calafate para recibir el Año Nuevo, la presidenta Cristina Kirchner ofreció ayer un almuerzo en la residencia de Olivos a más de setenta popes sindicales, y los balances coincidieron en que se trató de un "agasajo" a los gremialistas en un año complicado por la crisis, en que aceptaron moderar sus demandas para mantener los niveles de empleo.
Un dato político fue que no solo concurrió el sector que responde al líder de la CGT, Hugo Moyano. Los gremialistas dejaron a un lado sus rencillas internas y también "gordos" e "independientes" estuvieron en el convite, que contó además con la presencia estelar del otro inquilino de Olivos, el ahora diputado Néstor Kirchner.
En el encuentro de más de cuatro horas, asado de por medio, no hubo anuncios ni reclamos sindicales, que quedaron para ocasión más oportuna. "No se tocaron temas políticos, de fondo. Fue una reunión familiar por el grado de compañerismo que existe", relató el diputado moyanista, Héctor Recalde.
Por caso, no hubo ninguna alusión a la convocatoria al Consejo Económico y Social, como se había especulado, y apenas hubo una mención al paso a los millonarios fondos retenidos de las obras sociales.
Más allá de la presencia de Moyano en la mesa principal junto a Cristina, fuentes sindicales interpretaron la reunión como un gesto amplio del Gobierno hacia el gremialismo, tendiente a contener la pata sindical con vistas a la interna del PJ. Sólo pegaron el faltazo el sector de Luis Barrionuevo y el de Gerónimo Momo Venegas, cercanos a Eduardo Duhalde.
Pero las sillas se repartieron en forma ecuménica en la mesa presidencial. En torno a Cristina se sentaron Moyano y sus lugartenientes Omar Viviani (taxistas) y José Luis Lingieri (Obras Sanitarias); Antonio Caló (UOM), Jorge Pérez Tamayo (pilotos); el influyente Recalde; el "independiente" Gerardo Martínez (Construcción); y los "gordos" Armando Cavalieri (comercio) y Oscar Lescano (Luz y Fuerza). Otro "independiente", Andres Rodríguez (UPCN), no fue pero envió a su segundo.
El Gobierno puso el peso de ocho ministros y del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Y el matrimonio gobernante recorrió las siete mesas dispuestas en el comedor de la residencia para chichonear con los caciques sindicales. Para satisfacción oficial, entre los gremialistas hubo coincidencia en que hay señales de reactivación en sectores como la construcción, el metalúrgico y automotriz, y esperan un 2010 más favorable que el año a punto de terminar.
Recién a las cinco de la tarde los primeros autos empezaron a trasponer el portón de salida de Olivos, adonde no se habilitó el ingreso de la prensa.
"¡Fue un asadito...!", definió Cristina un par de horas después antes los periodistas que la interceptaron a la salida de un acto en la Casa de Gobierno. Giró en redondo y señaló a Aníbal Fernández, que "le va a encantar hablar".
El jefe de Gabinete puso el almuerzo en línea con la cena que se ofreció días atrás a más de sesenta empresarios de primer nivel. Aunque diferenció en que "hay una relación más afectiva" con los sindicalistas, y elogió la "actitud inteligente de los gremios" para capear los efectos de la crisis de acuerdo a los objetivos de mantener los niveles de empleo.
En el almuerzo, Cristina habló durante veinte minutos. Hizo un racconto de su gestión, agradeció "al movimiento obrero" y centró su mensaje en la expectativa de que "vamos a crecer con equidad y se va a profundizar el modelo", según relató Recalde.
Antes de ingresar a Olivos, Caló, el jefe metalúrgico, reconoció que su sector tiene "reclamos pendientes" pero dijo que no los iban a planear en el almuerzo para ser "respetuosos con la invitación".
ACUERDO MULTISECTORIAL PARA IMPLEMENTAR POLITICAS NO AUTORITARIAS CONTRA EL DELITO
El discurso de la mano dura en materia de seguridad quedó en minoría. También, las respuestas autoritarias frente al delito. Ayer al mediodía, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional, se presentó el Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD), respaldado por un amplio e inédito abanico político, social, gremial y religioso.
El documento expone las bases doctrinales para un plan futuro de política criminal a nivel nacional, permite ampliar el debate social y enfoca la discusión de la denominada inseguridad sin el “facilismo represivo”. Por ejemplo: “Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población”, reza el texto.
Además de los ideólogos de la propuesta –los representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y varios especialistas en el tema–, del acto participaron numerosos de los adherentes a la iniciativa.
“Esta debe ser la foto más buscada de la Argentina”, dijo Horacio Verbitsky. Con una carcajada, todos los presentes comulgaron con el titular del CELS y orador principal. La escena no daba lugar a dudas. Tras la mesa de especialistas y dirigentes –que incluía a León Arslanian, Estela Carlotto, Laura Conte, Hugo Cañón, Marcelo Saín y Enrique Font– se apostó la nueva multisectorial. Hasta ayer, verlos juntos en una misma iniciativa era impensable, pero lo que las diferencias partidarias deshacen, la preocupación por la seguridad esta vez logró unir.
En la primera fila, de izquierda a derecha, estaban entre otros, Francisco “Tito” Nenna (Encuentro Popular para la Victoria), Victoria Donda (Libres del Sur), Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín (UCR), Felipe Solá (Peronismo Federal) y Martín Sabatella (Encuentro por la Democracia y la Equidad). Entre Solá y Gil Lavedra, unos metros por detrás, asomaba Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires) y a unos pasos sonreía Margarita Stolbizer (Acuerdo Cívico y Social).
Cerca de las 12.30, poco después de que Verbitsky comenzara la presentación del documento, un hombre del público lo interrumpió. Era el tucumano Alberto Lebbos, padre de una joven que fue estrangulada en 2006. El crimen se mantiene impune. –Sólo necesito que me escuchen dos minutos. No quiero que bajen la edad de imputabilidad, ni que endurezcan las penas, ni que haya más policías en las calles para que estén al servicio de la corrupción y repriman al pueblo. Sólo quiero que se haga cumplir la ley de protección a testigos y se respeten las normas que están vigentes.
Con lágrimas en los ojos y sin esperar respuesta, Lebbos dejó el recinto. Entonces, Verbitsky retomó su discurso: “Las palabras del señor son una prueba adicional de la gravedad y la complejidad que tiene el problema de la inseguridad en nuestro país”. Sentado en una silla contigua a la del titular del CELS, León Arslanian –coideólogo de la propuesta de seguridad democrática, propulsor de los cambios en la Bonaerense como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires– asentía con la cabeza los dichos del orador. En los últimos años, “el problema se ha agravado por la repetición de políticas fallidas e ineficientes como el manodurismo”, sentenció Verbitsky. Luego, una locutora leyó los puntos más importantes del texto.
El documento está dividido en diez apartados. Cada uno demarca una lectura de situación sobre el problema de la inseguridad y una propuesta distinta sobre la seguridad. De todas maneras, hay un común denominador: la posición democrática. Frente a las posturas reaccionarias, que hacen foco sobre la coerción social y la criminalidad juvenil, en el ASD las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y el Servicio Penitenciario son los puntos centrales de la discusión crítica sobre seguridad.
“La acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.” En tal sentido, una adecuada política criminal y de seguridad requiere “una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada, una Justicia penal que garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador”.
El texto también pone el acento en que las políticas de seguridad y el control policial deben estar en manos civiles. Otra medida que impulsa el documento es la descentralización de las fuerzas uniformadas a nivel distrital y comunal. Luego de la presentación, Arslanian destacó que “lo peor que le puede pasar a un país es tener una policía sospechada de relacionarse con la delincuencia y la corrupción política”. Por eso y en concordancia con el Acuerdo para la Seguridad Democrática, el ex ministro destacó la importancia de los gobiernos en el control policial: “Las fuerzas de seguridad no deben autogobernarse”, explicó enfático a este diario.
“Una buena política de seguridad protege por igual a todas las personas sin distinción alguna”, dijo Verbitsky no bien recuperó el micrófono. Según el titular del CELS, durante años “la histeria punitiva desvió la problemática y permitió una discrecionalidad represiva”. Por eso, la propuesta fundamental del documento “no es meter bala, sino organizar las fuerzas de seguridad para poner el peso del Estado en el crimen organizado y no en la cacería de perejiles y estereotipos”, dijo.
Verbitsky concluyó el acto destacando el encuentro en la diversidad. “Esta reunión es excepcional y las distintas posiciones políticas, sociales y académicas son fundamentales para encarar el problema de la seguridad”, finalizó.
INUNDACIONES EN ARECO: EL GOBIERNO DENUNCIÓ A RURALISTAS Y CRECEN LAS CRÍTICAS A SCIOLI
La mañana del martes comenzó en la ciudad de San Antonio de Areco, la zona más afectada por las lluvias, de una forma similar a los últimos tres días: funcionarios de la gobernación de Daniel Scioli deslindando responsabilidades con respecto al desastre y cargando contra los canales clandestinos en campos; una fuerte tarea de prevención de Nación, Provincia y el municipio y un diluvio que duró hasta el mediodía y complicó más la situación.
Por la tarde, paró la lluvia –las precipitaciones continuaron en otros centros rurales, como Córdoba y Rosario– y llegaron algunas novedades.
El Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, presentó ante el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral una denuncia penal por la construcción de canales no autorizados en Areco, que según el Gobierno complicaron la situación. La presentación corrió por cuenta de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, a cargo de Fabián López.
En tanto, los ministros de Justicia y de Infraestructura provinciales, Ricardo Casal y Cristina Álvarez Rodríguez, volvieron a sobrevolar las zonas inundadas junto con al fiscal general de Mercedes, Pablo Merolla, en una continuidad de la pesquisa iniciada el lunes en un intento por determinar “si existieron causas no naturales” que provocaron el desastre.
“El fiscal nos pidió que presentemos informes que sostengan una denuncia. Esto se va a hacer en los próximos días. Vamos a estar toda la semana que viene recolectando información”, explicaron desde la Gobernación.
Allegados a Scioli se esmeraron en remarcar a El Cronista que para la Gobernación la disputa con los ruralistas “está cerrada”. Y completaron: “El tema está en la Justicia. Estamos abocados al día después de que baje el agua”.
Más allá de eso, ayer volvieron a llover críticas a Scioli. Desde la UCR, el diputado Ricardo Alfonsín aseguró que “la inundación es un claro ejemplo de la falta de control e improvisación del gobierno bonaerense”, y apuntó que “los satélites pueden detectar una piscina en un country y no mostrar los canales ilegales de Areco. Nos preguntamos qué hizo el gobierno de la provincia en ejercicio del poder de policía para impedir que estas cosas ocurrieran”.
“Deberían responder por qué no se realizaron las obras que podrían haber hecho con el Fondo Hídrico”, disparó el diputado Juan Carlos Morán, de la Coalición Cívica. Ese fondo suma más de $ 2.900 millones en los últimos ocho años. Y desde Unión-PRO el diputado bonaerense Jorge Srodek sostuvo que “pasaron muchos años sin que se hicieran las obras de infraestructura que la gente reclamaba para el río”.
En el gobierno de Cristina Fernández se movieron con cuidado en torno a la responsabilidad del gobernador. Pero aclararon que “la jurisdicción sobre el río corresponde a la Provincia”. La denuncia que hizo Planificación, de hecho, es por los cortes del agua sobre las rutas 8 y 9 –quedaron transitables por la mañana–, de jurisdicción nacional, pero no hace referencia al río Areco. Y en esa cartera apuntaron que nadie presentó pedidos en los últimos años para limpiar su cauce.
Ante la consulta en despachos públicos nacionales y provinciales, ningún funcionario pudo determinar cuándo se concretaron las últimas inversiones públicas en el drenaje del río. Entre técnicos de trayectoria lograron estimar que no hubo desembolsos en los últimos 7 años.
Uno de los especialistas en temas hídricos de la provincia confirmó que el agua comenzó a bajar en Areco, y lanzó su pronóstico a cambio de confidencialidad: “Si se mantiene todo como hasta ahora, en tres días todos los habitantes podrán volver a sus casas”, vaticinó.
SOLÁ Y BUSTI FUERON A LA CORTE POR LA COPARTICIPACIÓN
Como pasó la semana pasada con la presentación de 35 senadores, la Corte Suprema volvió a convertirse ayer en el escenario de un planteo con ribetes políticos. El jefe del bloque de diputados nacionales del Peronismo Federal, Felipe Solá, y el ex gobernador de Entre Ríos y actual diputado, Jorge Busti, presentaron un escrito ante la Corte "en defensa de un régimen federal de coparticipación de impuestos".
En ese escrito, Busti pidió ser aceptado como "amicus curiae" (amigos del tribunal) en la causa que el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, inició contra el gobierno nacional por la retención de fondos coparticipables.
La figura de "amicus curiae" permite la participación de terceros, que no son parte en un juicio, pero que tienen intereses en la resolución final del planteo y aporten argumentos de trascendencia en el conflicto.
Luego de acompañar a Busti en la presentación del escrito, Solá aseguró que hay "una concentración de plata de la Nación" y recordó que él mismo padeció esta situación en los seis años que gobernó la provincia de Buenos Aires. "Tenemos un país unitario, en el que gobernadores e intendentes son rehenes del gobierno central y el único que puede planificar cómo puede ser el año que viene es Néstor Kirchner", afirmó.
El diputado señaló que "el principal problema es que la plata la tiene toda el gobierno central y las provincias están en su peor momento histórico en cuanto al reparto de dinero". Por eso, consideró "muy importante" la presentación ante la Corte para reclamar la devolución del 15% que la Nación retiene de la masa de impuestos coparticipables.
La semana pasada, tres jueces de la Corte recibieron por primera vez en la historia del Tribunal a 26 senadores de la oposición, quienes llevaron una presentación firmada por un total de 35 miembros de la Cámara Alta. En ella pidieron ser escuchados -también bajo la figura de "amicus curiae"- en aquellas causas donde se discute la coparticipación federal y la distribución de fondos.
PIDEN LA OPINIÓN DEL PROCURADOR POR RECLAMO DE SAN LUIS
La Corte Suprema decidió enviar ayer al Procurador General el planteo realizado el lunes por la provincia de San Luis. En la presentación, la provincia había reclamado la impugnación del decreto de la Presidenta Cristina Kirchner que dispuso la utilización de fondos del Banco Central para el pago de la deuda pública.
Como primer paso del tratamiento del tema, ahora el procurador Esteban Righi deberá pronunciarse sobre la competencia de la Corte en este caso. Luego el planteo volverá al tribunal, donde -debido a la feria judicial de enero- podrían analizarlo recién en febrero.
BINNER: "EL PERONISMO NO DEJA GOBERNAR"
El gobernador de Santa Fe, el socialista Hermes Binner, criticó ayer con dureza al justicialismo provincial al afirmar que "no deja gobernar" y que le quiere "complicar la existencia" a su administración. Binner se refirió así a la reforma tributaria y el presupuesto 2010 que mañana será tratado nuevamente en Diputados después de las reformas efectuadas por el Senado.
En esa última de las cámaras, el justicialismo impuso su mayoría y por eso la iniciativa debió volver a la cámara de origen, tal como lo establecen los reglamentos parlamentarios.
LA PRESIDENTA CRITICÓ A LA PRENSA POR "ALARMAR" CON LA GRIPE A
Cristina Kirchner aprovechó ayer la apertura de sobres con las propuestas técnicas para la fabricación nacional de la vacuna contra la Gripe A, para criticar la cobertura periodística durante el brote, porque decían que "nos íbamos a morir como moscas" por la pandemia.
En su discurso en el Salón de los Científicos de Casa de Gobierno, la Presidenta criticó a los medios que publicaron que "íbamos a morir por miles" por la Gripe. También cuestionó a la prensa por "esa cosa alarmista de aterrorizar a la gente" vaticinando rebrotes en septiembre y noviembre, que "finalmente no pasaron". También pidió "abandonar la esquizofrenia como política comunicacional" de todos los sectores, ya sean políticos, sociales o empresariales.
Cristina no se refirió a la decisión del Gobierno de cerrar la frontera con México ni tampoco a la prolongación de las vacaciones de invierno en las escuelas. Mucho menos, a las palabras del ministro de Salud, Juan Manzur, que llegó a señalar que los infectados por gripe A en el país podrían ascender a 100.000.
Ayer, la Presidenta remarcó "la importante política de prevención basada en información correcta y la interconsulta académica y científica de toda la comunidad argentina, que no pueden actuar de brujos ni asustadores sino de divulgadores de la verdad científica". Y agregó: "Ya hay demasiados aprendices y divulgadores de cataclismos como para que los científicos asuman también ese rol".
En otro acto, al anunciar que durante este año se exportaron 586.000 toneladas de carne, la Presidenta volvió a cuestionar a la prensa. "Es muy bueno remarcar esto por muchas cosas que uno escucha o lee publicadas o mira por la Argentina que se televisa. La Aduana no se televisa, pero la verdad es que pasan todas estas cargas y se registran y estamos muy contentos porque verificamos un crecimiento en destinos que realmente son muy importantes", concluyó.
AEROLÍNEAS: ECHAN A OTRO GERENTE POR UN CONFLICTO GREMIAL
El Gerente de Operaciones de Aerolíneas Argentinas, Daniel Riva, fue relevado de su cargo como consecuencia de un conflicto interno entre los pilotos de la empresa. Voceros de Aerolíneas aseguraron anoche que el titular de la empresa, Mariano Recalde, le pidió la renuncia a Riva "de cara a una situación que derivó en una amenaza de paro".
Sin embargo, esos mismos voceros aseguraron "desconocer" los motivos llevaron a ese conflicto, que describieron como "una interna entre pilotos". Presentaron la decisión de Recalde como una segunda "purga", luego del descabezamiento de tres gerencias, a comienzos de octubre.
Además de Riva, podría dejar también su cargo Alberto Carrega, el número dos en la gerencia. Se trata de cargos transitorios, ya que ambos funcionarios son pilotos, comandantes de Airbus 340, y habrían quedado enfrentados con la conducción de la Asociación de Pilotos (APLA).
LA JUSTICIA TOMÓ LA MEDIDA DE PRUEBA EN EL CASO NOBLE HERRERA
Marcela Noble Herrera y Felipe Noble Hererra, se sometieron ayer a un examen de ADN solicitado por ellos mismos en 2003 en el marco de una causa vinculada a los trámites de adopción de los hijos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble.
Peritos del Cuerpo Médico Forense procedieron a la toma de muestras sanguíneas. Las actas se firmaron en la sede de ese cuerpo de la Justicia Nacional y la extracción se llevó adelante en la Morgue Judicial, luego de que el juez Conrado Bergesio llevara a cabo la orden que había sido dispuesta por la Cámara Federal de San Martín.
Los resultados de los exámenes se conocerán en un período de entre 15 y 45 días, anticiparon los peritos que participaron de la prueba. Uno de los abogados de los hermanos Noble Herrera, Jorge Anzorreguy, consideró que el trámite "se realizó correctamente", y puntualizó que "esto es el comienzo del examen, y se sigue el examen ordenado por la Cámara de Casación Penal".
Marcela Noble Herrera y Felipe Noble Herrera solicitaron este examen hace más de seis años para ser confrontado con las dos familias que figuran como querellantes. El abogado Anzorreguy sostuvo que ambos "están de acuerdo en que se hiciera el examen de la forma que lo solicitaron y que estaba ordenado por los tribunales".
Sin embargo, el apoderado de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, Mariano Gaitán, cuestionó el procedimiento debido a que, a su entender, "no se ha realizado correctamente". "Se ha realizado en una institución que no es la perito oficial para realizar este tipo de análisis", sostuvo.
En la misma línea, las Abuelas de Plaza de Mayo consideraron que Bergesio "tomó una medida ilegal" en la causa y la calificaron de "política e ideológica".
LAS UNIVERSIDADES ACUSARON AL INDEC DE NEGARLES INFORMACIÓN
El Consejo Académico Universitario que se creó para asesorar al INDEC cuestionó ayer públicamente a la dirección del organismo porque le oculta información. Y admitió que a cinco meses de su constitución todavía no cuenta con los datos necesarios para dar a conocer una evaluación sobre el funcionamiento del ente encargado de las estadísticas.
Los académicos presentaron un informe en una conferencia de prensa. Y en ese documento calificaron como "insatisfactoria" la información que les entregó hasta ahora el INDEC. Por eso, volvieron a reclamar "con carácter urgente" que le envíen un "informe ampliatorio".
El Consejo Académico está integrado por representantes de las universidades de Buenos Aires, Tres de Febrero, Tucumán, Mar del Plata y Rosario. Jorge Fernández Bussy, de la UTREF, abrió la rueda de prensa admitiendo que "nos cuesta mucho avanzar". Y destacó que habían solicitado varias veces información al instituto con resultados magros. Y reconoció que "la creación del Consejo Académico abrió expectativas en la sociedad que hoy no se pueden responder".
También remarcó que existe preocupación porque en la estructura del INDEC hay un alto porcentaje de Direcciones que está sin cubrir, aunque eso no tendría que ver con las demoras en dar la información que le solicitaron.
Por eso, Fernández Bussy arriesgó una fecha: dijo que hacia abril próximo podrán cumplir el objetivo de elaborar un informe; y lo harán sobre la base de la información que tengan, sin esperar otra.
SE ACELERÓ LA INFLACIÓN EN DICIEMBRE: LA CANASTA FAMILIAR AUMENTÓ 5,6%
En diciembre, junto con las mayores ventas de los comercios por las Fiestas, los precios registraron importantes aumentos, según detectaron distintos relevamientos privados. Esto sería reflejo de una aceleración de la inflación de este mes. El índice oficial de costo de vida se conocerá recién en la segunda semana de enero. Pero los privados ya sostienen que estaría cerca del 2%.
Una primera muestra de cómo se comportaron los precios de los productos en las góndolas, se reflejó en la canasta de 28 artículos que mide la entidad de usuarios Adelco. En los últimos 30 días, este conjunto de alimentos y artículos de higiene y tocador subió 5,6%. Mucho más de lo que venía subiendo mediciones anteriores.
Otros "termómetros" de la inflación también detectaron la misma tendencia, que no pasa inadvertida por quienes hacen las compras. La entidad de usuarios Consumidores Libres, registró un alza promedio del 2,63% sólo en la primera quincena de diciembre.
Del mismo modo, el sistema Monitor de Precios de la Asociación de Empresarios (ADE), que releva una cantidad más extensa de artículos, contabilizó una suba del 3,42% en el mismo lapso. Este porcentaje contrastó con las variaciones anteriores que no superaron el 0,6%.
Las evidencias muestran que las empresas y los comercios -seguramente motivadas por la mayor demanda- hicieron un ajuste de precios que va más allá de los autorizados por la Secretaría de Comercio, del orden del 6% anual.
CRÍTICAS DE LA DEFENSORÍA Y LA OPOSICIÓN AL CONTROL DEL CONSUMO CON TARJETAS
Los expertos en impuestos consideraron que la nueva decisión de la AFIP -de profundizar los controles sobre los titulares de tarjetas de crédito que gastan más de $ 3.000 mensuales- establecían un piso "demasiado bajo" y muy fácil de alcanzar. Los expertos en consumo también pusieron luz roja. Y, ayer, las asociaciones de consumidores, la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires y legisladores de la oposición también se sumaron al coro de críticas sobre la flamante medida.
La AFIP, que venía requiriendo información a las emisoras de tarjetas de crédito sobre los consumos superiores a los $ 3.000 mensuales y la presentación de cupones por parte de los comerciantes, avisó que ya no hará más ese pedido. Las tarjetas de crédito deberán presentar, en forma obligatoria y cada 30 días, esa información. Antes, la auditoría era trimestral.
El cambio de reglas levantó enojos. "Es una medida improvisada y antidemocrática", consideró Graciela Muñiz, la defensora adjunta del Pueblo y defensora del cliente bancario de la ciudad de Buenos Aires.
Con casi un millón de clientes que gastan más de $ 3.000 mensuales, es fácil llegar a esa suma con la compra de supermercado, los regalos navideños, la cuota de la prepaga, el colegio privado y algún electrodoméstico (que en diciembre suelen tener sus picos de ventas).
"Es otra medida más destinada a castigar al trabajador que se financia con tarjetas, ya que los grandes evasores seguirán impunes, resultando una medida improvisada y antidemocrática, que se podría traducir en la intención de generar una recaudación fiscal rápida", señaló.
El diputado nacional Carlos Comí (Coalición Cívica- Santa Fe) añadió que " esta medida de control debiera estar acompañada con una verdadera política de protección, información y educación para los usuarios de tarjetas de crédito que son las verdaderas víctimas del sistema". El legislador ocupará la comisión de Defensa del consumidor, donde promete dedicarse a esta cuestión.
CRISTINA ANUNCIÓ QUE SE EXPORTÓ MÁS CARNE, PERO ES POR LIQUIDACIÓN DE RODEOS
Cristina Kirchner informó ayer que las exportaciones de carne, a días de que expire 2009, llegaban a 589.000 toneladas y se ubicaban muy cerca del récord logrado en 2005. Mostró ese dato como síntoma claro de que no faltará carne, a contramano de lo que aseguran los expertos.
El dato, que le fue facilitado por la Aduana, es real: las exportaciones de carne han crecido fuerte este año respecto de 2008. El Senasa divulgó cifras finales hasta noviembre, que muestran un incremento de 51% en volumen y de 9% en divisas, que superaban los U$S 1.700 millones.
Pero hay un detalle que, según los expertos, los Kirchner no debieran desconocer: semejante nivel de embarques es otro indicativo certero del fuerte retroceso del stock vacuno, que ya provocó que la carne subiera 20% en diciembre y que se haría sentir con más fuerza todavía en 2010.
Anunciar "un nivel récord de exportaciones de carne sin mencionar que se ha logrado a raíz de una fuerte y constante liquidación del rodeo argentino es hacer un análisis sesgado", apuntaron los economistas de la Rural, que le aconsejaron a Cristina no "vanagloriarse" sino "preocuparse" por los indicadores ganaderos.
El ex titular de la ONCCA y principal referente de la UCR en política de carnes, Marcelo Rossi, confirmó que el sector ha ingresado en una espiral peligrosa, de la que sólo podrá salir en 2010 con un fuerte ajuste del consumo interno y las exportaciones. "No tienen nada que celebrar. Con la carne va a pasar como con las tarifas de servicios públicos, que ahora suben todas de golpe. Han venido escondiendo la situación ganadera, que ahora explotó", sostuvo Rossi, que pronosticó que el año próximo la producción de carne caerá entre 800.000 y 1 millón de toneladas, y que "no va a haber otra salida que ajustar el consumo interno".
PROMETEN INVERSIONES POR $ 5100 MILLONES DESDE 2010
Casi medio centenar de empresas planean realizar inversiones por 5100 millones a partir de 2010. Forman parte del grupo de compañías que se postularon para participar de la primera etapa de la ley de promoción de inversiones (LPI), cuyos resultados fueron presentados ayer por la presidenta Cristina Kirchner en la Casa de Gobierno.
En total, informaron fuentes oficiales, en los tres meses que estuvo abierta la convocatoria se presentaron 94 empresas, que postularon proyectos de inversión por $ 10.100 millones. Sin embargo, casi la mitad de este monto corresponde a inversiones que ya se están ejecutando desde que la ley entró en vigor, en octubre de 2007.
En esta etapa, las empresas grandes (cuya facturación anual es de más de $ 60 millones) podían aspirar a un cupo total de 500 millones de pesos en devolución anticipada del IVA generada por la inversión o en la amortización acelerada del impuesto a las ganancias. Los beneficios solicitados por estas compañías suman 816 millones de pesos, con lo cual la Unidad de Evaluación (UDE) deberá determinar en un plazo de 60 días cuáles son los proyectos que accederán al incentivo.
Para las pymes el cupo era de 300 millones, pero la mayor parte quedó vacante: las 30 empresas que se presentaron en esta categoría pidieron ventajas fiscales por casi 100 millones de pesos.
UNA NUEVA LEY PROHÍBE CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO
Las condiciones de trabajo pactadas individualmente entre una empresa y un empleado no podrán de ahora en más ser modificadas, ni aun con acuerdo de las partes, si el cambio reduce o elimina derechos de la persona que trabaja.
La disposición, contenida en la ley 26.574 -publicada ayer en el Boletín Oficial-, provoca una fuerte controversia: los asesores de empresas sostienen que la norma da rigidez a las relaciones laborales y limita las posibilidades de que los empleadores ofrezcan beneficios adicionales a los obligatorios, ya que después no podrían quitarlos; para los abogados de sindicatos y de trabajadores, en cambio, la ley otorga mayores garantías en beneficio de los empleados y no tendría por qué derivar en alguna consecuencia negativa.
La norma tiene su origen en un proyecto presentado por el asesor de la CGT Héctor Recalde, también diputado del Frente para la Victoria. El texto fue sancionado por el Congreso el 2 de este mes. Se trata de una reforma del artículo 12° de la ley de contrato de trabajo, que se refiere a la "irrenunciabilidad" de los derechos laborales. Hasta ahora, la norma disponía la nulidad y falta de valor de "toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas". La nueva ley, que estará en vigor desde el 6 de enero próximo, agrega a ese listado "los contratos individuales de trabajo", con lo cual impide que una empresa deje de dar algún beneficio, aun cuando se lo haya otorgado a una sola persona y por encima de las obligaciones dispuestas por la ley o por el convenio.
CRÍTICAS AL CONTROL DE LAS TARJETAS
Las asociaciones de consumidores y la Defensoría del Pueblo porteña criticaron ayer la medida de la AFIP, por la cual se controlará a los consumidores que gasten $ 3000 o más por mes con tarjetas de crédito, y pidieron que el organismo que dirige Ricardo Echegaray ponga la lupa sobre los grandes contribuyentes.
Las entidades señalaron que el piso fijado por el organismo es muy bajo, si se tiene en cuenta que muchas personas tienen, además de varias tarjetas, un par de adicionales para familiares y que muchos usan los plásticos para diferir gastos a los que no pueden hacer frente con efectivo.
De acuerdo con lo dispuesto por el organismo en la resolución 2743, publicada anteayer, las empresas emisoras de tarjetas de crédito y de compra deberán dar información al organismo sobre los clientes cuyos consumos superen los 3000 pesos mensuales.
Se computarán a tal efecto los montos pagados por un mismo titular con diferentes plásticos y adicionales. Los datos serán cruzados con las declaraciones de los impuestos a las ganancias y a los bienes personales de los contribuyentes para detectar si hay inconsistencias.
Susana Andrada, directora del Centro de Educación al Consumidor (CEC), sostuvo que "desde el punto de vista lógico y práctico, un control de la AFIP no está mal. El problema -continuó- es que el piso es absurdamente bajo y va a afectar al 80 por ciento de la clase media".
Andrada dijo que muchas personas pagan directamente sus cuentas (seguros, gas, luz, cuota del colegio o del club, celulares o el supermercado, entre otros consumos) a través de la tarjeta de crédito, y esto se multiplica cuando varios familiares tienen adicionales de un mismo titular.
"Que haya control está bien. Pero hay que ver si esto en realidad está persiguiendo a la clase media, que tiene habitualmente las cosas en regla, o hay que buscar dentro de otros parámetros", indicó la directora de CEC.
"Además, es normal hoy que muchas tarjetas de crédito o bancos alienten el consumo con la tarjeta, y después pasa que caen con todo el peso de la ley sobre el consumo", alertó.
La defensora adjunta del Pueblo y defensora del Cliente Bancario de la ciudad de Buenos Aires, Graciela Muñiz, dijo que es una medida "más destinada a castigar al trabajador que se financia con tarjetas, ya que los grandes evasores seguirán impunes". La funcionaria tildó de "absurdo" el monto mínimo establecido, teniendo en cuenta "lo que gasta una familia tipo en cubrir sus necesidades básicas, como alimentos, salud, educación, servicios públicos;
