La inciativa recibió el voto favorable de los 45 senadores presentes en general y en particular, con la excepción de los dos radicales de Catamarca, Oscar Colombo y María Colombo.
Durante el debate dieron su apoyo expreso a la iniciativa los oficialistas Daniel Filmus, los sanjuaninos César Gioja y María Riofrío, las mendocinas Marita Perceval y Mónica Troadello, así como el radical santacruceño Alfredo Martínez y ex bussista tucumana Delia Pinchetti, el juecista cordobés Carlos Rossi, el sanjuanino Robrto Basualdo.
Los oradores elogiaron el nuevo texto que permitirá tener instrumentos protectivos de los glaciares y su zona de influencia y recordaron con lamento el anterior que fue vetado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, después de haber sido aprobado por unanimidad en ambas cámaras.
La radical catamarqueña María Colombo también dio respaldo en general a la norma, pero objetó la autoridad de aplicación que estará a cargo de la Nación.
El texto sostiene que las actividades "proyectadas en los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros que no se encuentran prohibidas estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental".
La propuesta acepta los lineamientos del proyecto original, pero introduce agregados que, según el oficialismo, contempla especificaciones para proteger los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros.
La iniciativa dispone la creación de un inventario para individualizar y registrar los glaciares que se encuentran en el territorio nacional.
En ese sentido, prevé la realización de un registro sobre las dimensiones, avances y retrocesos de los glaciares y el aporte que hacen al caudal de las cuencas en las que se encuentran.
El inventario busca conocer los glaciares para monitorear y planificar la gestión y uso del agua potable que tendrá a cargo el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
En los fundamentos, el proyecto considera la "necesidad de contar con una ley de protección de glaciares y ambientes periglaciales" y afirma que "responde al mandato constitucional establecido en el artículo 41".
En ese sentido, menciona el "derecho a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y las actividades productivas, que satisfagan necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, así como al deber de todos los habitantes de preservarlo".
La autoría del proyecto corresponde al senador Daniel Filmus.
