La Cámara de Diputados dio media sanción anteanoche a un proyecto de ley que establece la creación del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, mediante el cual se establece un fondo para paliar las emergencias que se alimentará con un mínimo de 500 millones de pesos.
La iniciativa, girada al Senado, fue aprobada por unanimidad, aunque durante el debate en particular de cada uno de los artículos la UCR votó en disidencia en el que se refería al monto y reclamó, en soledad, elevarlo a 1000 millones de pesos. Su propuesta no prosperó y sólo cosechó 21 votos.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner (FPV-Jujuy), celebró el consenso celebrado ayer entre el oficialismo y la oposición. "Es una clara señal de madurez política", enfatizó.
El proyecto establece que el fondo destinado a paliar las consecuencias de la emergencia figure de manera permanente en el presupuesto nacional, con lo cual, sólo comenzará a regir a partir del año próximo. Al final de cada ejercicio, los remanentes del fondo que no se hayan usado pasarán al ejercicio presupuestario siguiente para integrar un fondo afectado al financiamiento de las tareas de prevención.
Asimismo, el proyecto establece la creación de una comisión integrada por representantes del Poder Ejecutivo, del INTA, de las provincias y de las universidades, entre otros organismos, que deberán evaluar si es pertinente o no la declaración de emergencia en las zonas que se vean afectadas por factores climáticos.
"Estamos planteando un cambio muy drástico en la ejecutividad de todos los tiempos -enfatizó el diputado Alberto Cantero Gutiérrez (FPV-Córdoba), presidente de la Comisión de Agricultura-. Esto significa que luego de declarada la emergencia inmediatamente intervenga la Comisión Nacional de Prevención de Emergencias y Desastres Agropecuarios y ponga en funcionamiento todas las acciones necesarias."
El radicalismo, en la voz de Pedro Morini (Santa Fe), explicó la postura disidente de su partido. "Acompañamos en general porque estamos convencidos de que hemos trabajado para esto, pero no vamos a acompañar el proyecto en lo que se refiere a los montos y vamos a votar en disidencia", manifestó, y agregó: "Sostuvimos y vamos a seguir sosteniendo que no alcanza este fondo, cuyo piso debe ser de 1000 millones de pesos".
OPOSICON IMPULSA ANULACION DEL IMPUESTAZO DEL GAS
Un grupo de diputados opositores unió fuerzas para preparar una embestida en la Cámara baja, con el objetivo de derogar el decreto que instauró un cargo especial en las tarifas de gas y que los pagos ya concretados queden como crédito a favor para los usuarios. Radicales, socialistas, de la Coalición Cívica y peronistas disidentes de la Comisión de Energía, no convocada hace casi tres meses, se juntaron para consensuar una postura y repetir la próxima semana en Diputados la arremetida --frenada por el kirchnerismo-- de anteayer en el Senado, con una novedad: moderaron algunos reclamos para intentar convencer a oficialistas.
"Vamos a derogar el tarifazo. Los ciudadanos no tienen por qué pagar la falta de previsibilidad del gobierno en materia energética", aseguró Virginia Linares, de la Coalición Cívica. Los distintos sectores de la oposición limitaron la iniciativa (tenían proyectos de mayor alcance) a dos puntos: la derogación del decreto 2067/08, que creó un Fondo Fiduciario para importar gas natural y generó los aumentos; y que los pagos ya efectuados se consideren como bonificación para futuros consumos.
En un principio, la intención era que se devolviera en forma inmediata. Esa modificación y otro artículo que quitarían del proyecto (eliminar el Programa de Uso Racional de la Energía -PURE-, de castigos a los que aumentan el consumo en invierno) tiene como objetivo sumar diputados K. El oficialismo tiene una ajustada mayoría en la Comisión de Energía, convocada para el miércoles: 20 sobre 35, aunque tres no son kirchneristas puros, sino aliados, sobre los que la oposición piensa operar fuerte.
FUERTE CRUCE EN EL SENADO POR LOS SUPERPODERES
En medio de un clima enrarecido y de un fuerte cruce entre el bloque K y el de la UCR, la oposición embistió ayer en el Senado contra el proyecto que autoriza la reasignación de partidas hasta un 5 por ciento del Presupuesto, iniciativa oficial que busca limitar los llamados superpoderes.
En realidad, la oposición se unificó en rechazar el proyecto oficial porque otorga al Gobierno la facultad permanente de reasignar partidas, aunque consentiría que en el presupuesto año a año se establezca una claúsula que autorice a mover partidas.
El debate se produjo en la reunión conjunta de ayer de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto en la Cámara alta que entregó, de paso, un nuevo ejemplo de cómo cambió la relación de fuerzas en el Congreso tras la derrota electoral del 28 de junio.
Promediaba el encuentro y el jefe del bloque de senadores kirchneristas, Miguel Pichetto, visiblemente molesto, se revolvió en su sillón y sostuvo, enérgico,: "Me gustaría saber, ¿nos van a dejar gobernar o no?".
Enseguida amonestó a varios de sus pares presentes al asegurar que "hay mucha hipocresía en la política argentina" y recordó que en varias provincias la reasignación de partidas es más alta que el 5 por ciento propuesto por el Gobierno. Insistió que la facultad del jefe de Gabinete para mover partidas fue utilizada en "forma razonable".
El titular del bloque radical, Ernesto Sanz, lo cruzó con dureza: "Los tiempos han cambiado. Antes (de la elección) hubiesen dicho vayan a la elección y después vemos. En la Argentina de hoy hay parlamentarios -concedió a Pichetto- de buena fe que tienen que lidiar con funcionarios de mala fe, que no han entendido qué pasó el 28 de junio", agregó Sanz.
El senador mendocino se preguntó "si gobernar es llevarse todo por adelante, de creer que el diálogo es una foto y luego del diálogo si te he visto no me acuerdo", en una advertencia al Ejecutivo.
Sanz devolvió la acusación a Pichetto al finalizar asegurando que "este proyecto es una fenomenal hipocresía porque acá no hay ninguna limitación a los superpoderes". La vehemencia de Sanz puede explicarse en la necesidad que tuvo el radicalismo de tomar distancia de un acuerdo informal de la semana pasada con el bloque del PJ en el que, habían aceptado la limitación del 5 por ciento en la reasignación de partidas.
PROPONEN LIMITAR LOS DNU
En forma sorpresiva, el bloque de senadores de la UCR presentó ayer un proyecto que restringe el margen de acción de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), condicionando su validez a que el Congreso los apruebe en un plazo breve.
El radicalismo lo dio a conocer en momentos en que un plenario de comisiones iniciaba el debate ayer para poner un tope a los superpoderes. El jefe del bloque, Ernesto Sanz, justificó la iniciativa en que "han sido los DNU el mejor instrumento para poner en evidencia que el kirchnerismo viene gobernado en forma discrecional". Recordó que en los últimos años vía DNU se incorporaron "miles de millones de pesos a los presupuestos, cuando esos dineros ya habían sido ejecutados".
El proyecto cambia la composición de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, donde se debaten los DNU. Y establece que si no es remitido al Congreso dentro de 10 días hábiles pasa a ser nulo y que las ambas Cámaras deben expedirse (no como ahora) para que tengan vigencia.
SIGUE LA PELEA POR PROYECTO DE IMPUESTOS PARA ELECTRONICA IMPORTADA
Algunos fabricantes nacionales e importadores de electrónica pusieron el grito en el cielo porque el proyecto que busca subir impuestos a artículos electrónicos avanzó anoche en Diputados. De convertirse en ley, ese proyecto –impulsado por el Ejecutivo en mayo pasado– disparará hasta en un 34% los precios de celulares, monitores, GPS y televisores LCD, entre otros productos, que lleguen del exterior o se produzcan en cualquier zona industrial del país. Sólo estarán exentos los que se hagan en Tierra del Fuego.
El tratamiento del “impuestazo tecnológico” enfrentó a empresarios que ensamblan artículos en sus plantas de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y San Luis con los propietarios de fábricas de Ushuaia y Río Grande. Los de las ciudades fueguinas obtendrán beneficios impositivos, mientras que el resto deberá pagar el doble de IVA y un 34% más de impuestos internos. El presidente de la Cámara de Informática (Cicomra), Norberto Capellán, rechazó la sanción que el proyecto recibió de la Cámara baja, y agregó que “el aumento impactará directamente en los bolsillos de los consumidores”. En la misma línea, la Cámara de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (Camoca), que agrupa a compañías de informática en el país, informó mediante un comunicado que “seguirá adelante con el debate en el Senado” para que la normativa no prospere.
Gustavo Vilches, presidente de Olivetti, se mostró conforme con el resultado parlamentario. “El escrito salió con algunas pequeñas modificaciones. Una importante: quitaron de la lista a las netbooks y notebooks, lo que nosotros fabricamos”, dijo.
La Asociación de Fabricantes Fueguinos (Afarte) se paró en la vereda de enfrente. Su presidente dijo que el proyecto “alienta a la producción nacional, lo que permitirá sustituir trabajo importado y generar inversiones y empleo real”.
MAS PLATA PARA LA JUSTICIA
El Consejo de la Magistratura aprobó ayer el presupuesto de gastos de 2010 para el Poder Judicial. Lo fijó en 3.600 millones de pesos, 1.000 millones más del monto máximo que el Gobierno le había estipulado.
Por unanimidad, el Consejo aprobó el anteproyecto de gastos para todos los tribunales y dependencias de la Justicia nacional y federal previstas para el año próximo, establecido exactamente en 3.597.872.402 pesos.
La cifra es casi 1.000 millones superior a la de 2.634.604.000 pesos que el Ministerio de Economía le notificó el 7 de julio pasado al Consejo que podía fijar como "techo" máximo a solicitar.
El presupuesto aprobado será enviado a la Corte Suprema de Justicia, que con su propio cálculo de recursos y gastos -que seguramente engrosará el anterior- enviará las necesidades económicas de todo el Poder Judicial de la Nación al Gobierno nacional. A su vez, el Ejecutivo remitirá el proyecto de gastos de toda la administración pública al Congreso para su aprobación final. Los montos podrían ser reducidos por el Gobierno.
En “El Cronista” se menciona al diputado nacional Oscar Aguad.
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
En su primer plenario post-elecciones, el Consejo de la Magistratura parecía una sesión de terapia de grupo. Los consejeros kirchneristas pasaron un largo rato haciendo catarsis por las críticas que la oposición y la corporación judicial reavivaron en las últimas semanas contra el organismo que elige y remueve a los jueces. Hablaron de una campaña de “mentiras” e “infamias”. Reconocieron, aun así, falencias como las demoras excesivas en los concursos. Diana Conti presentó un proyecto para acortar los tiempos de la selección y hacer pública la toma de exámenes. Tiene apoyo de todo el sector político, radicales incluidos, aunque aún deben limar diferencias. Los K quieren eliminar el anonimato de las pruebas, pero para jueces y radicales eso favorece la discrecionalidad.
El senador Nicolás Fernández y los diputados Conti y Carlos Kunkel –todos kirchneristas– fueron los más abocados a desahogarse ante la mirada muda de los jueces, abogados y radicales. “Este consejo es muy superior al anterior (a la reforma de 2006)”, defendió Fernández. “Se han respetado las reglas y las decisiones son casi unívocas”, resaltó. “El oficialismo nunca paró un expediente, ni apretó a un juez”, fue otra de las cosas que dijo en respuesta a los reproches que suele hacer al organismo el titular de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo. Fernández les pasó factura al resto de los consejeros: sería bueno, les dijo, “que los distintos estamentos salgan a decir algo frente a la infamias y las mentiras que se dicen” del Consejo. Pidió incluso que el presidente del Consejo y la administradora general den una conferencia de prensa para mostrar lo que hace el organismo en cuestiones edilicias, informáticas y administrativas que la Corte Suprema le critica.
–Bueno, ya está –lo codeó el consejero y juez Luis Cabral.
Conti se quejó por lo que considera una “campaña” de “desprestigio” motivada por sus “posturas respecto del Consejo”. “Toda mi vida trabajé, soy ética y honesta”, dijo en alusión a la difusión de una causa que le inició un ex empleado que la acusó de quedarse con parte de su sueldo. “Yo discuto otras cosas: que la composición no respeta el equilibro al haber mayoría de políticos. Y quiero que lo vuelva a presidir la Corte”, le dijo más tarde Cabral a Página/12. “Algunos comentarios me parecen excesivos, como que Conti diga que hay que eliminar el Consejo y volver al sistema anterior. Es una amenaza de concentración de poder”, señaló.
Por ahora en el kirchnerismo se muestran reticentes a reformar la ley que tres años atrás redujo el Consejo y les dio poder de bloqueo en la selección y acusación de jueces. Pero hablan de optimizar el funcionamiento del organismo. En esa línea, Conti reflotó un viejo proyecto para agilizar los concursos y modificar la toma de exámenes.
La ley dice que un concurso no puede durar más de 90 días prorrogables por 30 más, pero en los hechos el Consejo tarda en promedio dos años. La propuesta de Conti, que los consejeros aceptaron analizar, propone topes precisos para que se respete el plazo legal. Al jurado, que hoy se puede tomar el tiempo que quiera para corregir las pruebas, le da diez días. La comisión de selección tiene cinco días para evaluar los antecedentes. Tras las entrevistas personales a candidatos, la comisión debe reunirse y votar la terna.
En otro aspecto se propone dar la mayor publicidad posible del proceso de selección: no habría anonimato en el examen escrito; se agregaría un examen oral que sería público y filmado; se difundirán en la web los antecedentes de los aspirantes a juez y el jurado. El radical Ernesto Sanz dijo que está “de acuerdo con los lineamientos generales, pero no con algunas cuestiones metodológicas”. Con anterioridad, los radicales se opusieron, de hecho, a la eliminación del anonimato al igual que algunos jueces, porque cree que el procedimiento se puede tornar más discrecional. Esta cuestión se perfila como uno de los puntos de discordia.
CARRIO VOLVIO A CRUZARSE CON SUS ALIADOS
Elisa Carrió regresó ayer al país y en Ezeiza mismo, al ser abordada por un grupo de periodistas, reafirmó su postura respecto al diálogo político convocado por el Gobierno: "Hay que dejar de jugar a las visitas", chicaneó. Con esta frase, dejó en claro sus diferencias con Margarita Stolbizer, su aliada en la Coalición Cívica, y también con los radicales y los socialistas, quienes también aceptaron sentarse a la mesa con el ministro Florencio Randazzo.
La jefa de la Coalición Cívica habló en tono firme, pero sin prescindir de sus habituales ironías. "Yo respeto profundamente la actitud de Margarita, pero yo hubiera mandado a un 'motomandado', porque ustedes saben que el ministro Randazzo es como un 'motomandado' que anota y le entrega (los mensajes) a la Presidenta", declaró Carrió. Al diálogo político lo calificó de "farsa".
"¿Qué es un 'motomandado'?", le preguntó a Carrió un colaborador suyo, ya cuando salían de Ezeiza, creyendo que Lilita se había traído un modismo cubano de Miami. "Es la persona que en una moto, en el Chaco te hace los mandados", explicó Victoria, la hija adolescente de Carrió.
Ya en su casa, cerca del mediodía, la fundadora del ARI recibió al diputado nacional Adrián Pérez y a Gerardo Conte Grand, de quien siempre dice que le gustaría que fuese su jefe de gabinete. Hablaron del conflicto que vive la Coalición Cívica, por la determinación del Stolbizer y su partido, el GEN, por ir al diálogo. "No creemos que esta discrepancia lleve a una ruptura; si esto ocurre no será por nosotros", dijo Conte Grand.
En Ezeiza, Carrió había anunciado: "Voy a militar en la provincia de Buenos Aires". Este punto también fue aclarado en la reunión: "El núcleo emblemático de la pobreza está en el conurbano. Allí tenemos que construir una fuerza potente; pero esto no significa que Lilita va a cambiar de domicilio, ni que será candidata en ese distrito", aseguró uno de los presentes.
En la Coalición Cívica ratifican la candidatura presidencial de Elisa Carrió. Al respecto, admiten que en el GEN no ven el mismo convencimiento. Stolbizer ha dicho que "Carrió, Hermes Binner y Julio Cobos, son presidenciables, y deben continuar juntos en el Acuerdo Cívico y Social". En la Coalición desean que el apoyo a la candidatura de Carrió por parte del GEN sea explícita y sin rodeos.
En el GEN critican "el sistema de decisiones de la CC". Enrique Olivera coincide sobre este tema con Margarita Stolbizer, que en definitiva, revela una resistencia "al personalismo de Carrió".
Otro punto se repite con insistencia en el GEN: la intención de gozar de más autonomía. Esta definición, para muchos, implica tomar distancia de la CC, para convertir al GEN en una pata más del Acuerdo Cívico, junto a la UCR, el cobismo, y el Partido Socialista, además, claro, de la CC.
"La confrontación es con el Gobierno", dijo Stolbizer, cuando se aludió a sus diferencias con Carrió. A lo que agregó: "Hay que fortalecer el Acuerdo Cívico". En la CC hubieran querido escuchar: "hay que fortalecer la Coalición".
En Ezeiza, a Carrió se le preguntó por la candidatura presidencial de Cobos. "Yo no soy radical y esos son problemas del radicalismo. Los conozco, son mis hermanos, pero, porque los conozco, sé como se manejan", respondió guiñando un ojo. Quienes ayer hablaron con ella, dicen que volvió obsesionada con "frenar los tarifazos". Y que está convencida de que este punto, junto a un nuevo esquema de retenciones, deben ser la agenda parlamentaria de la CC. "La verdad está todo bárbaro, Mickey está divino, así que yo no sé porque están todos tan perturbados", dijo Carrió.
CRITICAS DE LA UCR AL DIALOGO POLITICO
El titular de la UCR, Gerardo Morales, y los jefes de bloque del radicalismo en Diputados, Oscar Aguad, y en el Senado, Ernesto Sanz, se reunieron ayer en un hotel de Recoleta para analizar el rumbo del diálogo del Gobierno con la oposición. Al término de ese encuentro, desde la UCR anticiparon que Morales solicitará una audiencia con el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, para el próximo jueves "atento a la preocupación que genera en el radicalismo la marcha del diálogo".
"A un mes de la convocatoria de la Presidente, queremos concretar la agenda", aseguró Morales en el comunicado. En privado, los radicales coincidieron en que el diálogo impulsado por el Gobierno tras la derrota electoral se encuentra "estancado" y se mostraron poco optimistas sobre el futuro.
MOREAU FUE A VER A COBOS
Julio Cobos sigue cultivando su relación con los dirigentes del radicalismo con el propósito de encolumnarlos detrás de su candidatura a presidente en 2011, y ayer recibió a una delegación de radicales bonaerenses encabezada por Leopoldo Moreau. El temario formal del encuentro incluyó el repaso del actual escenario y el intercambio de opiniones sobre las propuestas en materia de política agropecuaria, la universalización de un beneficio para la niñez y cuestiones vinculadas al Consejo de la Magistratura que le llevaron los bonaerenses. El objetivo inmediato de Cobos es quedarse con el control de la UCR a partir del recambio de autoridades previsto para fin de año, y su candidato para conducir el Comité Nacional es el mendocino Raúl Baglini. Es un tema que hoy por hoy no se pasa por alto en ninguna reunión protagonizada por radicales.
ACEDEMICOS Y EX FUNCIONARIOS PIDEN AUTARQUIA DEL INDEC
Desconfiados de los pasos que dio el Gobierno hasta ahora, un grupo de ex directores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y de profesores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) elaboró un proyecto de ley que dispone la autarquía del organismo y el desplazamiento de los principales funcionarios que participaron de la manipulación aplicada desde 2007. La iniciativa cuenta con el respaldo de la mayoría de los diputados que seguirán en sus bancas tras el recambio del 10 de diciembre y será promovida más allá de las conclusiones a las que arriben los consejos asesores convocados por el ministro de Economía, Amado Boudou.
El coordinador del proyecto y ex director del Indec, Víctor Beker, dijo que "la idea es darle a la entidad un organismo tomando como modelo el PAMI y el Banco Central, con todos los cargos más importantes presentados por concurso y jurados inobjetables". Beker afirmó que el Indec "debe empezar de cero" y que su dependencia de Economía "es un paso en falso" si se quiere resolver el problema de la falta de credibilidad.
"El Gobierno está buscando desactivar el problema del Indec antes del 10 de diciembre para que la cuestión no pase a la órbita del Parlamento y que una misión del FMI (Fondo Monetario Internacional) venga al país para hacer un informe del artículo IV con este maquillaje que no resuelve el problema de los datos basura", expresó el profesor de la UBA y de la Universidad de Belgrano.
Junto con Beker están la ex directora del área de inflación Graciela Bevaqua, los economistas Javier Lindemboim (director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo de la UBA), Guillermo Rozenwurcel (Universidad de San Martín y UBA), además de funcionarios y docentes de diversos organismos que prefieren mantener su identidad reservada. Lindemboim concedió que la autarquía no será fácil de lograr, pero indicó que sin un cambio profundo "se eliminaría la posibilidad de disponer de las estadísticas como herramientas para las políticas públicas".
Rozenwurcel consideró que las posibilidades de éxito de una propuesta que corrija las falencias del Indec "tendrán vigencia a partir del cambio en el Congreso en diciembre" y admitió su "pesimismo" sobre una revisión de la manipulación del Indec a través del camino que propuso el Gobierno. Más escéptica aún, Bevaqua opinó que la idea de la autarquía "es positiva, pero a la vez significa retomar todo lo que ya se discutió hace dos años en la Jefatura de Gabinete".
La mayoría de los bloques del Congreso ya presentó proyectos que van en esta dirección. La intención es tratar de armonizarlos. La semana próxima, se intentará colar esta discusión en la Cámara de Diputados.
El diputado Claudio Lozano, de Proyecto Sur, sostuvo que "antes de discutir la jurisdicción o la metodología hay que desplazar a la intervención y reponer a los equipos de las diferentes área; si la conducción sigue en manos de (Norberto) Itzcovich, el resto no sirve". Su par Federico Pinedo, de Pro, destacó las posibilidades de avanzar en la autonomía del Indec con el nuevo Congreso: "Me parece inevitable que avancen los proyectos de autarquía. Está acordado con el peronismo disidente, la Coalición Cívica (CC) y el radicalismo".
La diputada Fernanda Reyes, de la CC, opinó: "El Gobierno no está dispuesto a cambiar nada. Tenemos que lograr que los funcionarios del Indec tengan estabilidad más allá de la administración política de turno".
POBREZA
Luego de las críticas del Papa Benedicto XVI por la situación de la pobreza en la Argentina, el titular del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR, Oscar Aguad, remarcó que “la pobreza es escandalosa en un país como el nuestro, al que le sobran riquezas, pero no es capaz de repartirlas entre todos sus hijos”. Por su parte el titular del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, aseguró que “el Gobierno debe explicar cómo después de cinco años de crecimiento aumentó la pobreza y la indigencia. Es imprescindible terminar con las políticas sociales focalizadas e ir hacia políticas universales”.
