El oficialismo se prepara para una semana complicada en la Cámara de Diputados: con un número muy ajustado de legisladores, entre propios y aliados, procurará resistir la embestida de los bloques duros de la oposición, UCR, Coalición Cívica, Pro y el PJ disidente, quienes impulsarán no sólo una rebaja en las retenciones al agro, sino que, además, procurarán limitar al Poder Ejecutivo en su facultad para fijar a futuro los derechos de exportación.
Los números oficialistas están muy justos: tras la partida de cuatro diputados (tres por el PJ de la provincia de Entre Ríos y otro por Córdoba), el bloque que conduce Agustín Rossi (Santa Fe) quedó reducido a 110 diputados propios, es decir que necesita 19 legisladores más para alcanzar el quórum. El jefe del bloque kirchnerista cree que, con el apoyo de sus aliados tradicionales, arañará las 129 voluntades, pero buscará pisar sobre seguro con aquellos bloques de la oposición que muestran equidistancia de la Comisión de Enlace.
Los kirchneristas, capitaneados por Rossi, no tienen demasiado margen de negociación: el viernes último, el Gobierno fue explícito en su rechazo a rebajar las retenciones, como reclama la Comisión de Enlace del agro. Pero si bien es cierto que el oficialismo no asegura todavía una mayoría para imponer su criterio, la oposición más dura tampoco la tiene.
En efecto, no todos los legisladores de la oposición comulgan con la idea de imponer, ya mismo, una rebaja drástica en las retenciones a los granos por el impacto que generaría en los precios como en las arcas fiscales. Tampoco están convencidos de que hay que negarle in tótum al Poder Ejecutivo la potestad de fijar los derechos de exportación; en este sentido, impulsan una delegación más acotada de las facultades, tanto en sus plazos como en sus términos.
En esta línea, se encuadran los bloques de Solidaridad e Igualdad (SI), de Proyecto Sur, y Vilma Ibarra (Encuentro Popular y Social-Capital), ex aliada oficialista. En el bloque que comanda Rossi se cuentan las voluntades de a una. "Es cierto que tenemos los votos muy justos, pero mientras la oposición no se una, tenemos ventaja", resumió un encumbrado diputado oficialista, quien sabe que la primera tarea será encuadrar a los propios. "Cada voto vale doble, y algunos de los nuestros ya empiezan a hacerlo valer", masculla.
Un primer anticipo de cómo se resolverá el problema se conocerá pasado mañana, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ponga a consideración el dictamen sobre facultades delegadas. Este debate tiene fecha de vencimiento el 24 de este mes: ese día caduca el plazo de todas las facultades que delegó el Congreso en el Poder Ejecutivo desde 1853 hasta 1994, entre ellas la de fijar retenciones, prevista en el artículo 755 del Código Aduanero.
El oficialismo pretende una prórroga de esas facultades por un año, aunque está dispuesto a apartar del paquete de leyes al Código Aduanero para limitar las actuales atribuciones del Poder Ejecutivo para fijar retenciones. En este sentido, propuso que el Congreso ratificara las actuales alícuotas y que si el Gobierno quisiera subirlas deberá pedir autorización por ley al parlamento cada vez que lo decidiera hacer.
En la oposición más dura asoman dos vertientes. La UCR, la Coalición Cívica y el socialismo insistirán en que el Congreso recupere las facultades que en su oportunidad delegó en el Poder Ejecutivo (es decir, rechazarán la prórroga) y, en virtud de ello, impulsarán ya mismo una rebaja en las retenciones.
En tanto, en el PJ disidente y Pro buscan conciliar una postura común. El bloque que conduce Federico Pinedo (Pro-Capital) es también proclive a no prorrogar las facultades al Poder Ejecutivo y a echar por tierra todas las restricciones al comercio impuestas por el polémico secretario del área, Guillermo Moreno.
El jefe de Unión Peronista, Jorge Sarghini (Buenos Aires), propone delegar al Poder Ejecutivo la facultad de fijar alícuotas ("El Congreso no puede abocarse a ese menester", afirma), pero con techos arancelarios y por un plazo muy acotado (lo que dure una campaña). "Eso sí, hay que impulsar ya mismo una rebaja en algunas retenciones", asevera.
Desde el oficialismo no parecen estar dispuestos a una rebaja en las retenciones a la soja. El titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, Alberto Cantero Gutiérrez (FPV-Córdoba), se pronunció ayer "en favor" de una rebaja a las retenciones al trigo y al maíz, pero no para la soja "que tiene otra rentabilidad" por la suba de los precios internacionales, según explicó el legislador kirchnerista.
ABREN EL DEBATE SOBRE POBREZA Y LE DAN FORMA A LA AGENDA POSELECTORAL
Sin la excusa de la campaña, la gripe A o las vacaciones de invierno, el Congreso vuelve esta semana a sesionar y los legisladores se preparan para moldear la agenda negociada tras el cambio del mapa político que provocó el resultado electoral.
Cuatro de los seis temas que acordaron incluir los jefes de bloque ya fueron "punteados": el Gobierno mandó la limitación de los superpoderes al Senado --lo trata pasado mañana Asuntos Constitucionales--, negocia en Diputados sobre las facultades para revisar las retenciones y rechazó un debate parlamentario sobre el INDEC y el Consejo de la Magistratura.
La novedad será la apertura del debate sobre el combate a la pobreza. La oposición lo impuso en la agenda bajo el título de "ingreso universal a la niñez". El oficialismo aceptó el reto y pasado mañana librará el primer round en la Comisión de Trabajo. Su presidente, el moyanista Héctor Recalde, aspira a restringir ese ambicioso proyecto a una extensión de las asignaciones familiares que otorga la ANSES a los trabajadores en negro.
De ese modo, de la agenda pactada sólo quedará por habilitar la coparticipación del impuesto al cheque. Asunto de interés de los gobernadores de todo pelaje y que se discutiría junto al Presupuesto 2010, que ingresa en setiembre.
"Es mejor empezar por algo y después vemos como se amplía", dijo Recalde al defender su alternativa al subsidio generalizado. Asegura contar con guiños del Ejecutivo, aunque se sabe que la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, prefiere planes sociales focalizados. La idea es ampliar los 135 pesos por hijo que recibe el trabajador en blanco a los más de 4 millones no registrados.
Se topará con las variantes que proponen Elisa Carca, de la Coalición Cívica, y Claudio Lozano, de Proyecto Sur, quienes se disputan el derecho de autor de la asignación universal, ahora tan de moda. La histórica ladera de Elisa Carrió (presentó el primero proyecto con ella, en 1996) insiste en que se otorgue a toda familia 200 pesos por hijo. Costaría más de 24 mil millones de pesos anuales que financiaría con impuestos a la renta financiera, reasignación de fondos fiduciarios y de planes sociales.
EL SENADO DISCUTE EL AUMENTO DEL GAS
El Gobierno afrontará una semana clave en el Senado con el inicio del debate en la Comisión de Energía de la vigencia del decreto 2067/08, herramienta por la que el Poder Ejecutivo incrementó la tarifa del gas y que la oposición quiere derogar por considerarlo "un tarifazo encubierto" contra los consumidores residenciales.
La discusión promete convertirse en una pulseada fundamental por el Gobierno, que bajó la orden a sus legisladores de defender a capa y espada el incremento en el cargo fijo de las boletas de gas para financiar los costos que genera la importación frente a la mayor demanda del fluido en la época invernal.
Esa postura es la que irán a defender mañana ante el bloque oficialista el interventor del Enargas, Antonio Pronsatto, y el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Barata. La reunión será clave, ya que allí se conocerá qué grado de apoyo a la medida oficial hay en la bancada kirchnerista, sobre todo porque al día siguiente, a las 9.30, tendrán que sentarse a defender el aumento del embate de la oposición en la Comisión de Energía.
Sin embargo, en esta oportunidad los funcionarios no encontrarán el habitual clima de mansedumbre de los senadores oficialistas desde la llegada del matrimonio Kirchner al poder. Sucede que no son pocas las voces críticas a la decisión emanada de la Casa Rosada, sobre todo porque el impacto del cargo fijo en la tarifa del gas viene generando una fuerte ola de descontento social que, en varios casos, se ha traducido en la presentación ante la Justicia de medidas cautelares contra el aumento.
Una de esas voces es la del chubutense Marcelo Guinle, quien ya le anticipó a Pronsatto y Barata su rechazo a la medida. "Un cargo fijo no puede ser 2 o 3 veces el valor del consumo, eso indica que hay claras distorsiones en el uso de esa herramienta", aseguró el legislador. Guinle es y ha sido un hombre encolumnado con el oficialismo, pero sostiene que, en este tema, está dispuesto a dar el debate, primero en el bloque y después en el recinto, si el Gobierno no se aviene a modificar una medida que considera equivocada. "No se puede disciplinar a la gente (para que no desperdicie un recurso como el gas) a los tarifazos", agregó.
Guinle propone aplicar "correcciones" al cargo fijo aplicado por el Gobierno, como la exención de las cuatro categorías de consumidores residenciales del fluido. Sin embargo, dejó una clara advertencia ante la posible intransigencia de la Casa Rosada: "Soy oficialista y no voy a desertar del bloque, pero si tengo que tirar abajo el cargo, se lo voy a tirar".
Otro oficialista crítico es el jujeño Guillermo Jenefes, quien ya intentó hace tres semanas que en el recinto del Senado se discutiera el aumento de la tarifa del gas y su impacto en las provincias del Norte.
Producto de ese debate, la UCR le arrancó al kirchnerismo una preferencia para discutir el tema en el recinto, aunque con dictamen de comisión. En busca de ese objetivo va el radicalismo, que pasado mañana pretende que la Comisión de Energía emita un dictamen para derogar el decreto 2067/08 y el aumento del cargo fijo dictado en virtud de esa norma. "La figura del cargo específico se está usando para decretar aumentos encubiertos", se quejó Ernesto Sanz, jefe de la principal bancada opositora de la Cámara alta. Si bien el objetivo de la UCR es derogar el decreto, nada impide que pueda coincidir con un dictamen que exima a los usuarios residenciales. Una jugada demasiado atractiva para varios legisladores oficialistas y que podría complicar al Gobierno.
“ÁMBITO FINANCIERO” se dice: Son cada vez más los factores que presagian la nulidad del Decreto 2.067 que fijó el cargo en las facturas de gas de hogares de consumos medios y altos para afrontar el pago de las importaciones del producto. En el Parlamento, donde el tema sería tratado mañana en comisión con la presencia del presidente del Enargas, Antonio Pronsato, trascendió que el decreto viola la Ley 26.095 que habilitó al Ejecutivo para fijar cargos específicos en tarifas de gas y electricidad destinados a obras de infraestructura. Esa norma no contempla la posibilidad de un cargo para pagar importaciones.
El cargo que representa más de la mitad de la factura de invierno en los hogares alcanzados, ya está frenado en numerosos distritos por medidas cautelares de la Justicia que obligan a las distribuidoras a refacturar sin el adicional fijado por el Decreto 2.067. En esa situación están Mar del Plata, Avellaneda, Pilar, Escobar, Salta, Jujuy, Tucumán, Santa Cruz, Chubut y distritos importantes de Neuquén y Río Negro.
En el Congreso, la nulidad del decreto está siendo impulsada por legisladores de la oposición y del justicialismo no kirchnerista. Por ahora, no se ven condiciones inmediatas para que una iniciativa sobre el tema logre tratarse sobre tablas (sin dictamen previo de comisión), para lo que se necesita la aprobación de dos tercios de los legisladores presentes (en cada Cámara) y después la mayoría simple para derogar la norma del Gobierno.
No obstante, la presión es cada vez mayor y el oficialismo se ve amenazado por los cuestionamientos legales que plantea el decreto. Además de violar la ley de cargos específicos, la norma implica la creación de un impuesto, atribución que no puede ejercer el Ejecutivo, porque es propia del Congreso.
Entre los proyectos para derogar la medida y el cargo, hay uno de la diputada Silvana Giudici, de la UCR, junto con otros legisladores de esa fuerza, en el que se afirma que el aumento “es abusivo, ilegal y arbitrario, porque fue dispuesto mediante decreto, cuando quien tiene la facultad de crear e imponer tributos es el Congreso”.
El proyecto también indica que de acuerdo con la ley de marco regulatorio del gas, todo aumento debe ser aprobado por el Enargas, previa realización de audiencias públicas, y éstas no se hicieron.
Por su parte, la senadora justicialista Sonia Escudero, que abandonó el bloque del oficialismo en el último año, también presentó un proyecto de ley para derogar el Decreto 2.067. La iniciativa encomienda al Ejecutivo que en 90 días presente al Congreso “un proyecto integral de inversiones, régimen de abastecimiento y nuevo esquema tarifario para el servicio público de gas natural, respetando los principios de eficiencia del servicio, y equidad y proporcionalidad de las tarifas”.
Según Escudero, “el incremento no se origina en la renegociación de los contratos, sino en la falta de producción nacional, que obliga a importar a precios más altos”. Tras señalar que “durante varios años, el Estado decidió subsidiar las tarifas en forma directa e indirecta”, Escudero concluyó que “deberían adoptarse medidas que reconozcan los intereses de todos los sujetos involucrados (petroleras, transportistas y distribuidoras)”.
EL GOBIERNO PRESENTA NUEVA LEY DE PASANTÍAS
El Gobierno prevé mandar al Congreso una nueva ley de pasantías. Se trata de un proyecto orientado a facilitar el acceso al mercado laboral de jóvenes de 18 a 24 años que no terminaron la educación obligatoria. La iniciativa formó parte de la convocatoria oficial al Consejo del Salario, pero no llegó a debatirse en las comisiones.
Fuentes oficiales dijeron que esta semana se intentará lograr consenso entre empresarios y sindicalistas para apurar el envío al Parlamento. La idea del proyecto es complementar una ley de pasantías vigente desde fines de 2008, pero todavía no reglamentada, y que sólo contempla a jóvenes con sus estudios en curso.
HABRÍA OTRA REUNIÓN DEL GOBIERON CON EL CAMPO EN UNOS DÍAS
En fuentes gubernamentales consultadas se insistió en que la reunión con la Mesa de Enlace de la semana pasada fue "muy buena". Y si bien dijeron que no hay una fecha establecida todavía, aseguraron que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, volverá a recibir a los dirigentes ruralistas en los próximos días.
"Todos se fueron muy conformes de la reunión del viernes, y si alguien dijo lo contrario, es por razones políticas. Pero quedaron en verse nuevamente", dijeron las fuentes oficiales. En otros despachos tomaron nota sin embargo de que la negativa a tocar el nivel de las retenciones a la soja -principal objetivo del campo- llevó a los dirigentes ruralistas a poner la mirada en el Congreso.
En el Gobierno insistieron también ayer que los ruralistas se llevaron la semana pasada varios puntos resueltos que reclamaban hace tiempo, como la apertura de las exportaciones. Pero sostuvieron que "el campo es insaciable" y reprocharon que "cuando consiguen algo pasa a ser rápidamente un tema menor y siempre buscar ir por más".
ACELERAN LIBERACIÓN DE EXPORTACIONES
El Gobierno acelerará esta semana la puesta en marcha de las medidas acordadas el viernes pasado con la Mesa de Enlace en materia de agilización de exportaciones del sector agropecuario. Los ruralistas ya dejaron saber que ven a estos puntos como señales positivas, pero las califican de escasas y advierten que, especialmente en lo que respecta a liberar ventas de trigo y maíz, están muy sometidas al arbitrio del Poder Ejecutivo.
La orden de la Casa Rosada que cumplirá Emilio Eyras, titular de la Oficina Nacional de Control del Comercio Agropecuario (ONCCA), es tener listas en los próximos días las resoluciones que reducen a cinco los días del trámite de aprobación de Registros de Exportación (ROE) para granos, carne y leche y, en materia de carnes, achican el encaje productivo para exportadores (un stock obligatorio para el mercado interno, que habilita a vender al exterior), del 65% al 30%, y lo eliminan totalmente para los siete cortes cárnicos de más alta calidad, la carne termoprocesada y las menudencias.
EL DESAGRAVIO A ALAFONSÍN QUE NO LLEGÓ
En agosto de 1988, el presidente Raúl Alfonsín habló en la apertura de la exposición Rural. Durante todo el discurso fue silbado por la dirigencia agropecuaria. "Parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia porque es una actitud fascista no escuchar al orador. No creo que sean productores agropecuarios los que tengan este comportamiento. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura", dijo Alfonsín.
Ahora trascendió que para el acto del sábado pasado le acercaron a la Rural un petitorio con mil firmas, pidiendo que en la ceremonia oficial se recordara a Alfonsín con un minuto de silencio. La diputada nacional electa por la UCR, María Luisa Storani, lamentó que no se hubiera realizado el homenaje al ex presidente, fallecido en marzo pasado. "No me sorprende la falta de autocrítica", dijo.
EL AGRO BUSCA SUMAR A SU CAUSA A DIPUTADOS QUE SE VAN DEL PJ
Después de que el viernes pasado el gobierno nacional le ratificara a la Mesa de Enlace que no tocará los niveles de las retenciones a la soja, postura que la dirigencia del agro se encargó de criticar en la apertura oficial de la Rural, la pulseada se traslada ahora al Parlamento.
Alfredo de Angeli, titular de la Federación Agraria entrerriana, y personaje emblemático de la disputa en cuestión, no quiere perder el tiempo: hoy recibirá a diputados peronistas que la semana pasada renunciaron al bloque kirchnerista del Frente para la Victoria. Los entrerrianos María Cristina Cremer (esposa del gobernador Jorge Busti), María de los Angeles Petit y Gustavo Zavallo, más el cordobés Arturo Miguel Heredia, formaron el bloque Peronismo Federal. "Vamos a discutir el documento de la Mesa de Enlace y nosotros llevaremos nuestra propuesta", comentó la diputada Petit.
"NO VAMOS A VOLVER A LA RUTA; EL CAMINO A SEGUIR ES EL CONGRESO", DIJO BIOLCATI
"Después de lo que vimos, el camino es seguir por la vía del Congreso." Lo afirmó ayer Hugo Luis Biolcati, presidente de la Sociedad Rural Argentina
Biolcati se mostró bastante escéptico respecto de las posibilidades de conseguir que el Poder Ejecutivo tome la decisión de reducir las retenciones a los granos. Con esa afirmación también descartó que se estuviera proyectando una vuelta a los cortes de rutas.
CRÍTICAS DE ALBERTO FERNÁNDEZ
Tan lejos del Gobierno como de la Comisión de Enlace del campo. Así se mostró ayer el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, para quien al kirchnerismo "le cuesta mucho entender lo que ha pasado" en las elecciones del 28 de junio último.
"Uno de cada tres votos de la oposición no es de convicción, sino de malestar", afirmó el ex funcionario en declaraciones radiales. Tampoco tuvo contemplaciones con el titular de la Sociedad Rural, Luis Biolcati. "El campo es parte importante de la economía, pero no es el motor único o primordial, como a veces de modo altisonante se le escucha decir a Biolcati", criticó.
LA HORA DE LOS IMPUESTOS: PRUEBA DE RIESGO PARA EL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN
Agosto marcará en el Congreso el arranque de los debates que pondrán a prueba la capacidad del Gobierno para asimilar realmente el golpe de la derrota sufrida hace poco más de un mes. Será también un desafío práctico para la oposición.
El temario que se abre en estos días y se extenderá en las próximas semanas es amplio, y denso: en esa lista se destacan las retenciones, la prórroga del impuesto a las Ganancias y también la extensión y la coparticipación del impuesto al cheque, además de cuestiones como los superpoderes.
COBOS: EL CONGRESO DEBE TRATAR LAS RETENCIONES ANTES DE DICIEMBRE
A poco más de un año del voto que sepultó la resolución 125 y que cambió el escenario político, el vicepresidente Julio Cobos volvió a diferenciarse a partir de esa misma cuestión del Gobierno que todavía integra. Ayer se manifestó a favor de una rebaja de retenciones a las exportaciones de granos, criticó al Poder Ejecutivo por la dilatación del conflicto y pidió que antes de diciembre el Congreso "decida a ver si encuentra una solución", a tono con la exigencia de la oposición y los dirigentes de la Mesa de Enlace. Lo dijo después de haber participado en una maratón por los bosques de Palermo.
"No es contradictorio una disminución de las retenciones con un aumento fiscal", aseguró Cobos como contrapartida al argumento oficialista para rebatir los reclamos y aplazar el debate en el Congreso hasta la discusión por el Presupuesto 2010, en septiembre.
ENTRE LA ERA DIGITAL Y LA EDAD DE PIEDRA
El debate sobre las facultades delegadas rozó el absurdo cuando la diputada Graciela Camaño, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, contó que existe un trabajo de la Universidad de Buenos Aires sobre las 1.901 normas que caducan el 24 de agosto, pero que no puede ver porque el Congreso carece del software adecuado.
"Mandaron un DVD hace un año, pero no abre", argumentó. El radical Rubén Lanceta ironizó: "Si el problema es un software, no podemos gobernar un país".
SANTA FE ELIGIÓ CANDIDATOS EN INTERNAS ABIERTAS Y OBLIGATORIAS
Se llevaron a cabo ayer las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia de Santa Fe para elegir los candidatos de cada partido para los comicios generales que se concretarán el 27 de setiembre próximo.
Ese día se elegirán concejales, presidentes de comuna y algunos intendentes. Las primarias se realizaron en 99 localidades del territorio santafesino. Anoche, en forma muy lenta llegaban los primeros cómputos que ya podían dar un perfil de algunas tendencias en los partidos políticos principales, para la ciudad de Santa Fe.
En la ciudad de Rosario el ex socialista Héctor Cavallero, quien había conformado una alianza con el kirchnerista Agustín Rossi, vencía en la interna del Partido Justicialista. Por el Frente Progresista Cívico y Social, Clara García habría ganado por amplio margen.
En la capital de la provincia la lista apoyada por el senado Carlos Reutemann y encabezada por Roberto Campanella-María Lastra se imponía sobre la del Frente Para la Victoria, de Jorge Fernández. En el Frente Progresista Cívico y Social, la lista Unidad por Santa Fe, liderada por el oficialista José Corral aventajaba por escaso margen a la dupla Henn-Chiementín.
El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, pasadas las 20 aseguró que "según los datos que maneja el Centro de Cómputos de la provincia, el 62% de los electores concurrió a las urnas". De todas maneras agregó que "la lentitud para dar datos precisos se debió a la cantidad de listas que se presentaron en cada una de las localidades, como es el caso de Santa Fe, donde se presentaron 52 listas distintas".
En la provincia fueron habilitadas 4.479 mesas y 1.885.209 electores, de los cuales 281.985 son de la ciudad de Santa Fe y 710.221 de Rosario. En la capital provincial se presentaron 52 listas de precandidatos para las primarias y en Rosario 72.
Desde el Tribunal Electoral señalaron que el proceso se desarrolló con total normalidad. La primera vez que se utilizó el sistema de primarias fue en agosto de 2005, en forma parcial al igual que hoy, y se aplicó en su totalidad el 30 de junio del 2007, cuando se consagró como candidato a gobernador de la provincia, el ex intendente socialista de Rosario, Hermes Binner. Tras el lanzamiento del diálogo político el pasado 9 de julio, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner mencionó el sistema santafesino como el ejemplo de ley que desea impulsar a nivel nacional.
BINNER RECIBE A LOLE Y OTROS LEGISLADORES
El gobernador Hermes Binner y el senador nacional Carlos Reutemann estarán frente a frente por primera vez desde que asumiera el socialista la gobernación de Santa Fe. Así iniciarán el diálogo político provincial, al que están convocados todos los legisladores nacionales.
El encuentro se realizará hoy a partir de las 18 en la Casa de Gobierno y apunta a consensuar acciones frente a temas vinculados con la acción social, la situación laboral y sanitaria de la provincia. Después de la derrota del 28 de junio a manos de Reutemann, el gobernador Binner estuvo reunido con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y en paralelo a lo dispuesto por la mandataria de abrir el diálogo político a nivel nacional, dispuso el llamado a todas las fuerzas políticas santafesinas para buscar acuerdos.
Mientras que el senador peronista cumplirá así con lo dicho en la campaña electoral: que él iba a ser un soldado del gobernador Binner para los temas institucionales de la provincia en el Congreso de la Nación. La agenda de la reunión se desarrollará con la presencia de los 3 senadores y de los 19 diputados nacionales (entre los que sobresalen Jorge Obeid y Agustín Rossi). También incluye el abordaje de la realidad agroindustrial y el financiamiento de recursos provinciales, municipales y comunales.
REUTEMANN RECIÉN SE LANZARÍA PARA PRESIDENTE A FIN DE AÑO
Carlos Reutemann hará explicita su aspiración de ser candidato a presidente a fin de año. Lo más probable es que lo haga casi al mismo tiempo de su jura como senador reelecto, el próximo 10 de diciembre. Por lo menos es lo que les dijo a dirigentes de confianza que se desvelan por saber cuáles serán los próximos pasos del santafesino.
Reutemann casi no abrió la boca en el último mes sobre el debate abierto en el PJ, luego de la elección del 28 de junio. Sólo se le escuchó decir que el peronismo "es un terremoto", declaración que hizo al concluir la reunión que mantuvo la semana pasada con el gobernador Hermes Binner, por el diálogo político en Santa Fe.
ANALIZAN SI SCIOLI Y MASSA SON MULTADOS
El juez electoral bonaerense Manuel Blanco deberá determinar esta semana si avanza sobre la investigación contra Daniel Scioli y Sergio Massa por el presunto delito de 'engaño al electorado'. Por disposición de la Cámara Nacional Electoral, que envió al juzgado de La Plata los antecedentes del caso para abrir un nuevo proceso, el magistrado deberá determinar si hubo una infracción del artículo 140 del Código Electoral, donde se indica que “se impondrá prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo”.
La máxima autoridad electoral determinó la semana pasada que se investigara a ambos funcionarios kirchneristas, de acuerdo con una nueva presentación del diputado electo por la Coalición Cívica, Ricardo Gil Lavedra, quien aportó nuevas pruebas respecto de las llamadas candidaturas testimoniales y la afirmación, en el caso de Scioli, de que no asumiría su banca como diputado, y solicitó que se los investigara por supuesto engaño del electorado.
El tribunal de alzada hizo lugar a ese pedido y remitió el expediente a Blanco. El juez debe ahora dar vista al fiscal electoral, quien definirá si impulsa el proceso e imputa a los funcionarios kirchneristas o no.
Si el magistrado bonaerense se guía por el Código Penal Procesal (ya que la infracción tramita como un delito), tiene 24 horas para dar vista. La infracción del artículo 140 implica una causa nueva que debe tramitar de manera separada en primera instancia y puede ser impulsada tanto por el fiscal electoral (bonaerense, en este caso) o por los demandantes. Es más, de ser apelada, correspondería a la Cámara Federal de La Plata resolverlo, ya que es un delito.
El caso que tiene bastantes posibilidades de avanzar en la Justicia, ya que, según había señalado Gil Lavedra, Scioli “no hizo más que confesar lo que todos sospechábamos. Y que lo haya hecho horas después de las elecciones es gravísimo, una burla. Estamos ante la consumación del engaño”. Según destacó el legislador electo ayer, él no actuó como denunciante en este nuevo proceso, sino que se limitó a presentar “hechos nuevos”, es decir que el avance del caso depende ahora de la determinación del fiscal bonaerense.
CASO ANTONINI: LA JUSTICIA PIDE A VENEZUELA QUE APURE RESPUESTAS
El juez en lo Penal Económico Daniel Petrone le pidió informes a la Cancillería por cinco exhortos enviados a Venezuela y no respondidos por ese país en el marco de la investigación por la valija repleta de dólares que el empresario Guido Alejandro Antonini Wilson quiso ingresar al país en 2007.
El escándalo cumplirá mañana dos años y lejos está de ser esclarecido y sancionado. En Tribunales le echan gran parte de la culpa a la falta de colaboración venezolana y en Cancillería dicen que hicieron todo lo que la Justicia pidió.
Los exhortos están vinculados con el registro de entradas y salidas de Venezuela de Antonini, si declaró equipaje cuando llegó a Caracas procedente de los Estados Unidos antes de venir a Buenos Aires, si hay filmaciones del aeropuerto caraqueño y si hay registradas operaciones comerciales del empresario en su país natal. Nada de eso fue respondido por Venezuela. Aquí comenzó a investigarse qué vínculos tiene Antonini con dos empresas locales con las que se habría contactado telefónicamente.
Pero, lo más importante, el juez aguarda de Venezuela un peritaje contable de la empresa estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), las detenciones y extradiciones del ex vicepresidente de esa firma Diego Uzcátegui y su hijo, Daniel Uzcátegui, y las declaraciones testimoniales de los otros pasajeros venezolanos del taxi aéreo que trajo a los acusados junto a dos funcionarios argentinos.
DEUDA PÚBLICA: EL GOBIERNO PAGA HOY 2.250 MILLONES DE DÓLARES
El Gobierno pagará hoy 2.250 millones de dólares que corresponden al vencimiento parcial de un bono de la deuda pública que vence en 2012. Se trata del Boden en dólares que fue emitido en 2002 para ser entregado a los ahorristas que habían quedado atrapados en el corralón financiero sin poder disponer libremente de sus depósitos en esa moneda.
Esta operación es considerada como una especie de test para el Gobierno, ya que es el mayor vencimiento del año. Y para los inversores, su cumplimiento se transforma en una señal de que no existe riesgo latente de que el país deje de pagar los vencimientos de la deuda pública.
LA TASA DE DESEMPLEO CRECIÓ MÁS EN LOS SECTORES MÁS POBRES
El segmento de la población con más bajo nivel socioeconómico es el que más está sufriendo los efectos de la crisis. El impacto se traduce en un incremento significativo de la tasa de desempleo y en un deterioro de la calidad de las ocupaciones. En concreto: se eleva el porcentaje de personas que están subocupadas en tareas inestables, lo cual se traduciría en un avance del cuentapropismo informal, de tareas muchas veces intermitentes, y disminuye el índice de ocupados plenos en puestos laborales precarios, lo que podría explicarse por destrucción de puestos asalariados en la economía no registrada. Esa caída es más pronunciada que la observada en el universo de empleos en blanco.
Las conclusiones surgen del análisis de una encuesta del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que muestra que poco más de un tercio de las personas económicamente activas ubicadas en el estrato socioeconómico más bajo mantiene un puesto de empleo precario; un año atrás, ese índice llegaba al 47%. Es decir, gran parte de los trabajadores cayó de la precariedad a una situación todavía peor.
Los puestos en negro son más vulnerables por su naturaleza, y también porque los propios empleadores son muchas veces microempresarios vulnerables. Se trata, además, de un segmento que queda al margen de las políticas de protección, como los subsidios otorgados por el Gobierno en los últimos meses a empresas formales que los reciben a cambio de no despedir. La muestra da cuenta de que un 28% de las personas del estrato social más bajo tienen un subempleo inestable (tienen alguna ocupación que les genera un ingreso, pero menos de 35 horas semanales), mientras que en 2008 eran un 21 por ciento.
Según el relevamiento, entre 2008 y 2009 la tasa de desempleo subió del 15 al 22% entre las personas de menor nivel educativo. El índice es del 12% (igual que un año atrás) en el estrato siguiente, calificado de nivel bajo, en tanto que en el medio bajo trepa al 16%, frente al 9% de 2008, y se reduce al 6% (estable) en el grupo poblacional mejor posicionado. La encuesta se hizo entre 466 personas en grandes centros urbanos.
El sondeo mide también el porcentaje de la población que accede a un empleo con plenos derechos y, en este caso, el índice de ocupados entre los más vulnerables es del 16%, frente al 59% del estrato medio alto.
En este grupo se observó una caída de la proporción de personas con ocupación formal (que en 2008 fueron el 66%), pero no hubo correlato en un alza de la desocupación. Eso podría explicarse por el hecho de que hubo quienes quedaron fuera de las empresas y buscaron desarrollar alguna actividad propia. El índice que sí varió, en rigor, fue el de subocupados inestables, que, de todas formas, es bajo en este grupo social: del 2 al 6% entre el año pasado y el actual.
LA ECONOMÍA YA ENTRÓ EN ESTANFLACIÓN
Estanflación amenaza con convertirse en la palabra de moda en los círculos económicos de los próximos meses. El término que indica el momento en que dentro de una situación inflacionaria se produce un estancamiento de la economía parece dar cuenta de la actualidad argentina, en la opinión de analistas y economistas privados.
A pesar de que la economía argentina acumula por lo menos dos trimestres de caída en la actividad, las mediciones más confiables de la inflación dan cuenta de un costo de vida anual que no logra perforar el piso del 14% anual. Este escenario de estancamiento económico e inflación de dos dígitos no es completamente desconocido para los argentinos, ya que con algunos breves intervalos se repitió a lo largo de gran parte de la década del 80.
Los economistas igualmente destacan las diferencias entre la situación actual y la que se vivía hace dos décadas. El primer economista en alertar públicamente sobre el peligro de que la Argentina ingrese en un proceso de estanflación fue el ex ministro de Economía Domingo Cavallo. El cuestionado creador de la convertibilidad incluso publicó, en noviembre de 2008, un libro llamado Estanflación: inflación con recesión. Cómo evitar un nuevo "rodrigazo" y otros peligros de la economía kirchnerista, cuando el país todavía no daba señales claras de estar sufriendo un parate en la actividad.
Ahora, otros colegas comparten esta lectura. "La definición de estanflación se aplica a la economía argentina, que ya cumplió dos trimestres de baja en el producto bruto con una inflación que no cede por debajo del 14% anual, por más que en los últimos meses la suba en el costo de vida haya dado ciertas señales de desaceleración", señaló Fausto Spotorno, economista jefe del estudio Orlando J. Ferreres.
Su colega Ricardo Delgado también coincide con el diagnóstico. "Lo que estamos viviendo es una estanflación moderada, con una caída leve del PBI, que nosotros estimamos de entre 1,5 y 2% para todo el año, y una inflación en torno al 15 por ciento. El dato positivo es que no se trata de la estanflación de la década del 80, que era mucho más profunda tanto en materia de baja del PBI como en los niveles de inflación", destaca el economista de la consultora Analytica.
El análisis es compartido por la firma Ecolatina, la consultora fundada por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna. "En un año en que estamos viviendo un estancamiento de la actividad, los precios están cerrando con subas por encima del 15% anual. Lo nuevo es que esta combinación de recesión con una inflación elevada se registra en un momento en que tanto en los países desarrollados como en las naciones vecinas la inflación no es un problema", explica Rodrigo Alvarez, economista de Ecolatina.
Una visión un poco más optimista es la que tiene Jorge Todesca, economista de la consultora Finsoport y viceministro de Economía en 2002. "La estanflación en la Argentina siempre se dio de la mano de un proceso de expansión monetaria, que hoy no se está viendo. No veo un escenario de estanflación tradicional, como las que vivimos en los 80. Más bien lo que se registra ahora es un estancamiento con una inflación que es impulsada básicamente por los aumentos en las tarifas de los servicios públicos", señaló el economista.
ANUNCIOS DE ECONOMÍA Y LA AFIP
El Ministerio de Economía y la AFIP harán hoy, a las 10, una serie de anuncios que despertaron expectativa en el sector empresario. Sin embargo, fuentes de ambos organismos optaban ayer por bajar los decibeles relacionados con las medidas: “Son más que nada mejoras tecnológicas que permitirán agilizar trámites”, explicaron.
Los anuncios -explicaron fuentes oficiales- se refieren a desarrollos tecnológicos de punta con el fin de simplificar y agilizar los trámites relacionados con diversos sectores del comercio. Las medidas están dirigidas a los exportadores, agroindustria, comercio minorista y a las aseguradoras, entre otros.
Pero, obviamente, la expectativa del sector empresario está puesta en la posibilidad de cobrar con mayor rapidez los reintegros de IVA por las exportaciones. El Gobierno demora esta devolución para mejorar las cifras de recaudación, con la excusa de que estas operaciones fueron hechas a través de paraísos fiscales.
MEDIDAS PARA FRENAR LA FUGA DE DIVISAS
Las autoridades reguladoras del sistema financiero pretenden construir un nuevo muro de contención a la fuga de divisas. Esta vez, el canal de escape que buscarán encauzar es el sobreprecio de importaciones que es utilizado por las grandes empresas para sacar dinero del país, a través de paraísos fiscales, sin pasar por los controles oficiales, ni cumplir con los topes dispuestos.
Por pedido del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, el Directorio del Banco Central se puso a trabajar en un proyecto normativo que regulará el financiamiento del comercio exterior. A partir de la aplicación de un número de orden por cada operación, se conseguirá un mayor seguimiento del destino de los fondos. La norma se publicará en los próximos días a través de una resolución de la autoridad monetaria y se prevé que entre en funcionamiento a mediados de este mes.
FRENKEL: "EL PROBLEMA QUE TIENE LA ARGENTINA NO ES LA ECONOMÍA, SINO EL GOBIERNO"
Para Roberto Frenkel, todos los caminos llevan a un mismo razonamiento: "El problema no es la economía, sino el Gobierno", dijo. Este economista no muestra incomodidad al confesar cómo vio al ministro Amado Boudou.
Así, cuenta que el ministro de Economía, "es consciente que el Indec no tiene ninguna credibilidad y que muchas de las iniciativas anunciadas son puro maquillaje. Boudou no dispone de mucho tiempo. Recuperar credibilidad es una cuestión imprescindible para hacer política económica. Si de partida, un ministro de Economía no tiene autoridad ni credibilidad, no puede hacer nada".
