El debate sobre las retenciones a las exportaciones en el Parlamento no podrá ser eludido por el oficialismo ya que el 24 de agosto vence el plazo de las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, contenidas en una maraña de más de 1.900 leyes.
El compromiso que asumió el oficialismo con los bloques opositores fue separar y debatir lo antes posible el tema de las retenciones que está legislado en el artículo 755 del Código Aduanero. Para el resto de las facultades delegadas se convino una prórroga (está por verse si de 6 meses o de 1 año) y que mientras tanto una comisión bicameral elabore un digesto que ponga orden y establezca cuantas leyes conviene que sigan vigentes, cuáles deben ser reformadas y cuantas derogadas.
Sucede que la derrota electoral del kirchnerismo le dio más aire a la doble presión que ejerce una buena parte de la oposición parlamentaria y la Mesa de Enlace de las cuatro entidades agropecuarias, que plantearon derogación de las retenciones al trigo, maíz y girasol y reducción del 35 al 25 por ciento de las retenciones a la soja.
Por lo pronto el kirchnerismo y los principales jefes de las otras bancadas acordaron que mañana, después de nueve meses, vuelva a sesionar la Comisión de Agricultura. El oficialismo pudo ganar un poco de tiempo debido a que primero los legisladores tratarán el proyecto de ley de Emergencia Agropecuaria, que implica un marco para subsidiar en forma directa a los productores afectados por fenómenos naturales. Y por la necesidad de aprobar cuánto antes un plan de fomento para la lechería, en especial para pequeños productores.
Un dato que preocupa al kirchnerismo es que la oposición podría forzar la discusión de los derechos a las exportaciones agropecuarias cuando la comisión de Asuntos Constitucionales que preside Graciela Camaño tenga que emitir dictamen para dar nueva prórroga a las facultades delegadas.
Esta comisión aún no tiene fecha de reunión -aunque se especula que podría ser el jueves- pese a que el 24 de agosto es la fecha límite. Y si bien es cierto que el Congreso atravesó en julio un virtual receso, el oficialismo está haciendo cuentas para saber si todos los soldados siguen siendo leales.
El kirchnerismo ya dijo que acepta discutir este espinoso tema. Tanto el jefe de bloque, Agustín Rossi, como el presidente de la Cámara baja, Eduardo Fellner, entienden que es preferible dar el debate con la actual composición del bloque ya que cuando se produzca el recambio -el 10 de diciembre- la representación kirchnerista sufrirá 19 bajas y la oposición, si se une, podría imponer sus proyectos. En qué medida está dispuesto a ceder el Gobierno es la incógnita que persigue a los diputados.
NEGOCIACIÓN PARA CAMBIAR EL CÓDIGO ADUANERO
El debate que se viene entre el oficialismo y la oposición por las retenciones pasará por la discusión del artículo 755 del Código Aduanero, una reforma introducida por el gobierno militar de Juan Carlos Onganía que permite al Gobierno saltear al Congreso para fijar alícuotas a las exportaciones. De allí surgió la polémica con el campo.
Ese artículo supone una discusión técnica y otra política. La oposición advierte que las relaciones de fuerzas cambiaron y que está en condiciones de limitar la facultad delegada al Ejecutivo. Radicales, Unión-Pro, socialistas y la Coalición Cívica empujan para que el Congreso recupere el derecho de establecer piso y techo a lo que consideran un impuesto. Entienden que los derechos de exportación deben ser establecidos con la intervención del Congreso.
El radical Miguel Giubergia pretende, por ejemplo, fijar un límite a la alícuota de los gravámenes a las exportaciones de los productos agropecuarios del 33 por ciento. Ningún bloque fijó posición definitiva, pero se anticipan tironeos con el oficialismo. La negociación pasa por quitar el Código Aduanero del listado de facultades delegadas que el Gobierno necesita que se vote el 24 de agosto, para darle un tratamiento por separado.
CRUCES POR LA POSICIÓN DE LA CORTE SOBRE LA MAGISTRATURA
Dos líderes de la Unión Cívica Radical (UCR), el senador Gerardo Morales y el diputado Oscar Aguad, coincidieron ayer en afirmar que sería "muy bueno" que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga en la polémica por el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Por el contrario, la diputada kirchnerista Diana Conti, dijo que sería "desmedido".
"Sería muy bueno que la Corte emita una opinión sobre lo que está ocurriendo en el Consejo. Eso va a ayudar a que se produzca una reforma", dijo Morales, titular del Comité Nacional partidario, en declaraciones radiales. "La Corte tiene razón", respondió, presidente del bloque de diputados radical e integrante del Consejo.
En cambio, Conti, también miembro del Consejo, opinó que "la embestida de un tribunal prestigioso como la Corte sería desmedida en función de la imparcialidad que debería demostrar".
El máximo tribunal tiene previsto emitir algún tipo de pronunciamiento sobre la situación del Consejo de la Magistratura, cuestionado por la oposición desde la reforma kirchnerista de hace tres años en el organismo.
La Corte tiene a estudio viejos planteos judiciales contra la reforma kirchnerista, pero el tribunal cuestionaría la actuación del Consejo no en un expediente judicial sino en un informe sobre la situación de los tribunales inferiores que están bajo su jurisdicción, según advirtieron ayer a este diario fuentes judiciales.
"La Corte viene, por lo que sé, preocupada por el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, porque todos los jueces viven sometidos a una situación de mayor presión ejercida por el Gobierno, desde hace tiempo, en el sistema de selección y remoción de los jueces", sostuvo Morales.
"Con esta ley los jueces no tienen autonomía ni tranquilidad para trabajar. Además, hay una enorme demora en la designación de magistrados, lo que da lugar al nombramiento de jueces subrogantes, que son absolutamente dependientes del Gobierno", expresó Aguad.
Uno de los expedientes judiciales fue planteado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y el abogado Ricardo Monner Sans. "Hay que reformar la ley porque viola las proporciones entre los sectores representados en el Consejo", dijo a Clarín el presidente del CPACF, Jorge Rizzo.
El CPACF trabaja en una comisión un proyecto que propone el mismo número de representantes para abogados, jueces y legisladores, y toma como ejemplo el Consejo de la Magistratura porteño. Además, propondrá que los representantes del Congreso no sean legisladores sino delegados de ellos.
Conti defendió el Consejo y dijo que el oficialismo está dispuesto a debatir en el Congreso los proyectos que se presenten.
LA CORTE PUEDE MODIFICAR CON UN FALLO EL CONSEJO DE JUECES
La actual ley que rige el Consejo de la Magistratura tiene dos vías de resolución: o se reforma una vez más en el Congreso o se espera a que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre algunas de las presentaciones que piden la inconstitucionalidad de los cambios introducidos en 2006.
Según el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, éstos son los únicos dos caminos posibles para resolver la discusión que explotó durante las últimas semanas respecto del funcionamiento del organismo. “Todos los sectores piden la reforma, menos el oficialismo. Las modificaciones van a suceder inexorablemente después del 10 de diciembre, ¿para qué esperar hasta entonces?”, señaló el camarista tratando de apurar los términos del debate.
Recondo agregó también que lo único que se tiene que definir es por cuál vía se va a optar y en qué momento se van a producir estas modificaciones, pero, para él, la reforma del Consejo de la Magistratura es prácticamente un hecho.
El titular de la Asociación de Magistrados es uno de los principales críticos de la reforma impulsada por la entonces senadora Cristina de Kirchner en 2006, que redujo el número de miembros de 20 a 13, y eliminó la participación de la Corte Suprema en el cuerpo. Estas modificaciones, planteadas con el objetivo de convertir el Consejo en un cuerpo más ágil y transparente, también le dieron la capacidad de veto al oficialismo, con cinco consejeros sobre el total.
La Ley 26.080, que introdujo estos cambios, fue criticada de manera sistemática, tanto por los jueces, como por los abogados y la oposición. Recondo fue uno de los promotores principales de esta postura y, según destaca, durante estos años se reunió con todos los sectores para discutir el tema. “El único que no nos recibió fue el oficialismo”, resaltó y agregó: “Siempre hemos querido dialogar, teniendo en cuenta las intenciones, porque si es para la foto, no sirve. Esto es gatopardismo puro”.
En este marco, también discutió sobre una posible nueva reforma del Consejo con todos los ministros de la Corte Suprema, en especial con su presidente, Ricardo Lorenzetti, con quien tiene entrevistas casi semanales. La última fue la semana pasada, en la que -por supuesto- se habló sobre el Consejo, aunque el camarista no precisó más.
Si bien es conocida la postura crítica del máximo tribunal respecto de la actual conformación y funcionamiento del organismo que juzga a los jueces, los ministros habían evitado pronunciarse sobre la cuestión hasta ahora. Casos no faltan: hoy tramitan en la Corte varias presentaciones que piden se declare la inconstitucionalidad de la reforma de 2006, mientras que en el país existen por lo menos 10 amparos que solicitan exactamente lo mismo. Los últimos dos llegaron al máximo tribunal a mediados de junio pasado y fueron presentados por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y, el segundo, por cuatro abogados, encabezados por los presidentes de la FACA, Carlos Andreucci, y del Colegio de Abogados de La Plata, Pedro Auge.
EL GOBIERNO CONVOCARÁ HOY AL CAMPO
La presidenta Cristina Kirchner instruyó a su jefe de Gabiente, Aníbal Fernández, para que convoque a la Comisión de Enlace del campo hoy mismo a una reunión para el viernes próximo. Alrededor del mediodía, los presidentes de la Sociedad Rural, Hugo Luis Biolcati; de Federación Agraria, Eduardo Buzzi; de Coninagro, Carlos Garetto, y de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, recibirán el llamado del funcionario, con el que ya hablaron informalmente en los últimos días.
Esta convocatoria era una de las más esperadas desde que la Presidenta llamó al diálogo a todos los sectores económicos, políticos y sociales el 9 de julio pasado en Tucumán. Según se pudo saber, el encuentro se producirá este viernes, a las 16, en el despacho de Fernández en la Casa Rosada. "Se hablará de todos los temas, con la agenda de los dos sectores", reconoció una fuente oficial.
Aunque no está confirmado, no se descarta que la Presidenta se sume a la reunión, dado que el despacho de Fernández está puerta de por medio con el de la mandataria. En ese caso, no sería la primera vez que se encuentre con los ruralistas, con quienes negoció mano a mano en dos oportunidades durante el extenso conflicto por las retenciones móviles. Más recientemente, en marzo se sumó sorpresivamente a un encuentro que los dirigentes del agro mantenían con los ministros del Interior, Florencio Randazzo, y de Producción, Débora Giorgi, en la oficina de esta última.
El campo llevará a la reunión los temas que considera prioritarios: la baja de las retenciones y la normalización del comercio de productos agropecuarios -reapertura de las exportaciones y eliminación de los controles de precios-; el pedido de ayuda financiera inmediata para los tamberos y asistencia para los productores afectados por la sequía.
En ese sentido, el agro y la oposición avanzan en el Congreso con dos proyectos de ley que eliminan las retenciones para maíz, trigo, girasol, sorgo y todas las economías regionales y una baja sustancial para la soja, que pasaría del 35% actual, al 25 por ciento.
Por otro lado, la Comisión de Enlace busca que el Parlamento le recorte atribuciones a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), organismo controlado por el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray. Para los ruralistas, la Oncca es responsable del cierre y cuotificación de las exportaciones de carne, granos y sus subproductos.
SEMANA CLAVE PARA EL AGRO, QUE ESPERA ANUNCIOS
Arranca una semana clave para el campo y para la relación del sector con el Gobierno. Desde el oficialismo evalúan posibles cambios en su política agropecuaria que girarían en torno a una baja de retenciones al trigo y el maíz y subsidios para la lechería, la carne y los cereales. De hecho, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, podría impulsar un avance de estas medidas hoy, cuando se reúna con la Presidente, Cristina de Kirchner.
En paralelo, los bloques opositores de la Cámara baja apuran definiciones para llevar propuestas unificadas a la Comisión de Agricultura -tras no ser convocado por ocho meses- que se reunirá mañana y marcará el inicio formal del diálogo parlamentario entre el sector agropecuario, el oficialismo y la oposición.
En la reunión de la Comisión de Agricultura, convocada por el oficialista Alberto Cantero, los diputados buscarán emitir dictamen consensuado de la ley de emergencia agropecuaria y de una norma que mitigue las dificultades del sector lechero. La mirada estará puesta también en el futuro debate sobre retenciones, aunque la soja sigue fuera de agenda para el oficialismo, según informaron fuentes parlamentarias.
Por su parte, la oposición buscará avanzar en un acuerdo en torno a si deberían reducirse o no los gravámenes, según el tonelaje de producción y comercialización. “La soja es otro tema, porque tiene muy alta rentabilidad. Las retenciones deben ser analizadas en forma conjunta con la constitución de un programa y un fondo anticrisis para el desarrollo agropecuario y agroalimentario, con especial apoyo a los pequeños y medianos productores”, dijo Cantero.
Fuentes del bloque oficialista anticiparon que a la reunión de mañana llevarán la idea de que las retenciones deben ser reducidas “en forma importante para el trigo y para el sorgo granífero”, en tanto que para el maíz “deberían disminuirse, pero no tanto”.
Desde el radicalismo, el diputado santafesino Pedro Morini admitió que “para el trigo, el girasol y el sorgo las retenciones deben ser reducidas a cero, y para el maíz establecerlas entre el 20% y el 23%”. Por el contrario, el socialista Lisandro Viale dijo que hay que “fijar políticas claras de comercialización de la cadena agroindustrial” y destacó la necesidad de “bajar a cero hasta determinado caudal de producción las retenciones para todos los cultivos (trigo, maíz, soja, girasol y sorgo)”.
En tanto, el referente de la Coalición Cívica, Francisco Ferro, advirtió que “si se reducen retenciones se genera una pérdida de un ingreso fiscal y, para compensar eso, se podría establecer algún otro tributo”. El campo impulsa desde diversos sectores que se privilegie el cobro de Ganancias.
PULSEADA ENTRE GOBIERNO Y EL CAMPO POR COSTO FISCAL
El Gobierno y el campo están en medio de una pulseada por las retenciones a las exportaciones, que involucra unos 3.000 millones de dólares para el año próximo. Esta es la diferencia que existe entre los que pretenden los ruralistas y lo que la Casa Rosada parece dispuesta a ceder, al menos por ahora.
Mientras espera la demorada convocatoria al diálogo, la Mesa de Enlace impulsa un proyecto para bajar retenciones que, si se aprobara sin cambios en el Congreso, tendría en 2010 un costo fiscal cercano a U$S 3.180 millones.
El Gobierno, en tanto, estudia correcciones que van en el sentido que pide el agro, pero serían de alcance más limitado. En el mejor de los escenarios consistiría en una reducción a 0% del tributo para los cereales y una sensible baja en el girasol, pero sin tocar a la soja. Así, la medida tendría un costo no mayor a los US$ 400 millones, muy lejos de la cifra pretendida por el agro.
Entre una y otra posición, en su ofensiva en el Congreso, cabalga la oposición. La UCR considera que el reclamo rural es por lo menos "exagerado" y prepara una posición propia. El PRO y el peronismo disidente parecen más cerca de la posición del campo, lo mismo que -con matices- la Coalición Cívica.
A un mes de la derrota del kirchnerismo, y debido al alto costo fiscal que supondría poner fin al conflicto agrario, lo que antes aparecía como un frente opositor homogéneo para bajar retenciones, hoy se desgaja en varias posiciones.
La semana pasada, la Mesa de Enlace elevó un proyecto de ley que propicia bajar a cero del tributo al trigo, el maíz y el girasol, así como una reducción de 10 puntos porcentuales en las retenciones a la soja, del actual 35 al 25%. La iniciativa contempla además un programa para "segmentar" a los productores según su escala, de manera que los más chicos tampoco tributen nada por la soja.
CAMPO: IMPULSAN UNA SEGMENTACIÓN
La Mesa de Enlace elaboró además un esquema de "segmentación". Según esta propuesta, hasta las primeras 700 toneladas de soja, los chacareros recibirán un bono equivalente al peso de las retenciones (de manera de llevarlas a 0%), que podrán aplicar al pago de cualquier obligación impositiva. De allí a las 1.500 toneladas habrá otro bono, con el cuál se podrá cancelar sólo el Impuesto a las Ganancias.
El costo de la segmentación es difícil de estimar. De los 75.000 productores que producen soja, 67.000 obtiene una cosecha menor a 700 toneladas y otros 5.000 producen hasta 1.500 toneladas. Fuera del programa quedarían sólo 2.000 firmas grandes, pero que manejan la mitad de la cosecha. Así, se estima que cerca de 25 millones de toneladas de soja -en una cosecha de 50 millones- deberían pagar menos retenciones.
PRESENTACIÓN DE LOS AGRODIPUTADOS
Unos mil productores se reunirán hoy en el Pabellón Rojo del predio ferial de Palermo para asistir a la presentación oficial de los legisladores electos de extracción ruralista, que el 10 de diciembre asumirán sus bancas en el Congreso. Allí, junto a la Comisión de Enlace, analizarán la realidad del campo y revisarán la estrategia del sector para lograr la baja de las retenciones y la reapertura de exportaciones.
El encuentro será encabezado por los presidentes de las cuatro entidades: Hugo Luis Biolcati (Sociedad Rural), Eduardo Buzzi (Federación Agraria), Mario Llambías (Confederaciones Rurales Argentinas) y Carlos Garetto (Coninagro).
Pero también se espera una importante concurrencia de productores autoconvocados que no responden a ninguna de las entidades pero fueron actores centrales durante el conflicto por las retenciones móviles.
De hecho, se espera que en el intercambio de ideas algunos de esos productores reclamen la convocatoria a un nuevo paro agropecuario si el Gobierno no atiende los pedidos del sector. Luego de la presentación de los agrodiputados, los autoconvocados tendrán un encuentro aparte con los líderes de las entidades.
Según una fuente de la Sociedad Rural, "los presidentes harán énfasis en los resultados positivos del llamado a la participación política que realizó la Comisión de Enlace de cara a las últimas elecciones legislativas, así como en el consenso que generó el documento El aporte del campo a la política , presentado en marzo pasado en Córdoba".
En este encuentro de productores, que para la Rural es una "reunión" y para la Federación Agraria es una "asamblea", también se presentarán los proyectos de ley que la Comisión de Enlace impulsa en el Congreso para eliminar o bajar las retenciones y recortar los poderes de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca).
También se presentará el Fondo Federal Agropecuario, un fideicomiso que pretenden crear las cuatro entidades para financiar las actividades de la Comisión de Enlace. A ese fondo los productores que así lo deseen aportarán el 2 por mil de cada venta primaria que hagan.
Hasta anoche habían confirmado su presencia en esta reunión la senadora nacional electa Josefina Meabe de Matho (Partido Liberal-Corrientes) y los diputados nacionales electos Gumersindo Alonso (Frente Cívico-Córdoba), Estela Garnero (independiente-Córdoba), Jorge Chemes (UCR-Entre Ríos), Juan Casañas (independiente-Tucumán) y Alfredo Olmedo (independiente-Salta). También asistirán los diputados provinciales bonaerenses Jorge Solmi y Jorge Srodek.
LOS TAMBEROS DECIDEN HOY SI VAN AL PARO
Los tamberos de todo el país se encaminan a un cese de comercialización de leche fluida por la falta de respuestas oficiales a los reclamos del sector, medida que será analizada hoy durante un encuentro que mantendrá desde las 10 la Mesa Nacional de Lechería en la Exposición Rural de Palermo.
En ese encuentro, productores de Córdoba presentarán una propuesta para ir a un paro de entre cinco y diez días. A todo esto, el director de la Federación Agraria Argentina (FAA) Guillermo Giannasi señaló que la protesta tiene que ser prudente, "ya que no queremos afectar el consumo de la población".
MORALES PIDE QUE EL DIÁLOGO NO SEA FARSA
El presidente del radicalismo, Gerardo Morales, advirtió ayer que si el diálogo político convocado por el Gobierno resulta una “farsa” y no se obtienen resultados, entonces el oficialismo tendrá “muchos problemas”. “Si no pasa nada en el Congreso, entonces habrá sido una farsa más, el Gobierno se va a quedar con menos crédito, menos espacio, y va a tener muchos problemas”, advirtió Morales, y agregó que “el Gobierno se está jugando sus últimas cartas, es la bala de plata, y espero que la gaste bien”.
Morales sostuvo que “agosto es un mes clave” para el diálogo, ya que se verá “hasta dónde el Gobierno convocó en serio a los diferentes sectores o es sólo ciencia ficción”.
“Hay varios temas en la agenda para tratar y vamos a ver cuál es la predisposición el oficialismo para generar cambios”, sostuvo el titular de la UCR, quien fue uno de los participantes de la primera reunión de diálogo político –junto al socialismo y el cobismo–, que el Gobierno dejó en manos del ministro del Interior, Florencio Randazzo.
ALFONSÍN PROPONE QUE QUIENES CAMBIAN DE PARTIDO NO PUEDAN VOTAR EN EL RECINTO
Ricardo Alfonsín comenzará una cruzada contra los tránsfugas. Una de las primeras iniciativas parlamentarias que piensa presentar cuando asuma como diputado nacional será impedirles que ocupen una banca o, de mínima, quitarles la posibilidad de votar en el recinto.
“Mi idea es evitar que haya legisladores que entran al Congreso por un partido y luego forman otro bloque o se incorporan a otra fuerza. En este caso, tendrían que renunciar a su banca”, adelantó.
El lenguaje cotidiano prohijó un término nuevo: borocotización. Los políticos recurren al caso de Eduardo Lorenzo “Borocotó” –electo por el macrismo en 2005 y que después de la elección negoció su ingreso al bloque del Frente para la Victoria– para nombrar a quienes se pasan de bancada. Sin embargo, el diccionario de la Real Academia Española tiene la palabra justa: tránsfuga. En sus tres acepciones remite al caso. En la segunda de ellas, concretamente se refiere a la “persona con un cargo público que no abandona al separarse del partido que lo presentó como candidato”.
Precisamente ése es el punto que destaca Alfonsín. El flamante diputado electo dijo que su proyecto “es parte de las iniciativas que tiene que tener en cuenta la reforma política”. Alfonsín aclaró que con esta medida apunta a fortalecer los partidos políticos pero de ninguna manera establecer una disciplina absolutista dentro de ellos.
“Intento que los diputados debatan sus diferencias dentro de los bloques. En los casos en los que su conciencia o sus opiniones íntimas se vean comprometidas, podrán abstenerse o votar en contra de su propio partido, pero nunca formar una bancada aparte”, dijo.
Alfonsín no desconoce que se introduce en una discusión tan antigua como la fragmentación de la política, esto es, si las bancas pertenecen a los hombres o a los partidos. “No tengo duda, las bancas pertenecen a los partidos”, subrayó.
SCIOLI LLEVA HOY A CRISTINA LOS RECLAMOS DEL CAMPO
Baja o eliminación de las retenciones y más facilidades para exportar carne y leche. Estos reclamos, hasta el 28 de junio en boca de los ruralistas y de la oposición, entrarán hoy a la Casa Rosada de la mano de Daniel Scioli, en la reunión que tendrá a las 18 con la presidenta Cristina Kirchner en el marco de las rondas de diálogo con los gobernadores.
Scioli visitó el viernes la Exposición Rural, se reunió con la Mesa de Enlace y se comprometió a trasladar a Cristina esos reclamos y otros contenidos de su charla con los dirigentes agropecuarios. Todo en el marco de los nuevos vientos que soplan desde la derrota del oficialismo en las legislativas, el fin de la política del rebenque de Néstor Kirchner y la estrategia "dialoguista" de la Casa Rosada.
Lastimado por el revés electoral de la "fórmula" en que secundó al ex presidente, Scioli busca rearmar su futuro político pareciéndose más al Daniel Scioli original que al gobernador encorsetado por la alianza con Kirchner.
En la reunión con Cristina se repasará además la marcha de la obra pública comprometida en la Provincia y la situación planteada por un inquietante déficit financiero que podría llegar este año a los $ 5 mil millones. Pero sin duda, sobresale la ayuda que Scioli pedirá para el campo.
Sin embargo, no habrá sorpresas para Cristina. Scioli mantuvo el martes una reunión reservada con Kirchner en Olivos, donde le anticipó sus acciones, opinó que era momento de "cambiar algunas cosas" y comprometió su apoyo a la gestión de Cristina.
DÉFICIT, EJE DE CUMBRES DE SCIOLI CON LA OPOSICIÓN
Con una forzada agenda signada por las urgencias que atraviesan las finanzas bonaerenses y el reclamo de mayor coparticipación a la Nación, el gobernador justicialista Daniel Scioli disparará mañana en La Plata una ronda de diálogo de corte local con diputados nacionales electos de la oposición.
El lote incluye a Francisco de Narváez (Unión-PRO), responsable de la dura estocada que sufrió el kirchnerismo el pasado 28 de junio en la provincia y quien tiene cita mañana a las 10 en la Casa de Gobierno, junto al también legislador electo y ex mandatario Felipe Solá.
La agenda se completará el miércoles con Margarita Stolbizer (Acuerdo Cívico y Social) y el jueves con Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro). Las reuniones se producirán pocas horas después de la cumbre que Scioli mantendrá hoy con Cristina de Kirchner en la Casa Rosada, en el marco de la ronda del diálogo con los mandatarios convocada por la Presidente tras los comicios.
El resultado de ese cónclave será, precisamente, otro de los ejes centrales de las conversaciones que arrancarán mañana con la oposición, en medio de las señales de diferenciación con las que el ex vicepresidente intentó mostrar mayor autonomía respecto de Néstor Kirchner.
En las últimas horas trascendió en la provincia una supuesta idea de Scioli de ofrecer algunos cargos a la oposición para profundizar las señales de diálogo. Se mencionaron, por caso, puestos en órganos de control, un sillón en el Banco Provincia y la Defensoría del Pueblo provincial.
Sin embargo, allegados al mandatario aseguraron anoche a este diario que “no va a haber ningún tipo de ofrecimiento” de ese calibre a los referentes opositores esta semana. “Serán reuniones institucionales y de trabajo”, remarcaron.
En este marco, De Narváez planea arrancarle mañana a Scioli algún tipo de definición respecto de su verdadera relación con la Casa Rosada y del rol que asumirá en el reclamo de mayor coparticipación para el distrito. También presionará para obtener los “números reales” sobre las finanzas locales, aquejadas por un déficit -según fuentes oficiales- de más de $ 5.500 millones.
Por su parte, Solá adelantó que llevará una propuesta para mejorar el funcionamiento de la Justicia y reclamará informes sobre la situación financiera y la política social de la provincia que implementará el futuro ministro de Desarrollo Social, Baldomero Álvarez de Olivera.
En esa línea, advirtió que “el déficit de este año va a superar los 10 mil millones de pesos”. “El ministro de Economía (por Alejandro Arlía) acaba de admitir las dificultades que tendrá la provincia en el segundo semestre, así que queremos conocer los números”, remarcó.
En sintonía, Stolbizer pedirá precisiones sobre el endeudamiento real de la provincia y planteará la necesidad de potenciar las políticas contra la pobreza y la inseguridad. “Hay que buscar que se haga un planteo para recuperar los porcentajes de coparticipación que corresponden”, anticipó el presidente del comité provincia de la UCR, Daniel Salvador.
LOS GOBERNADORES MANEJAN SU PROPIA VERSIÓN DEL DIÁLOGO CON LA OPOSICIÓN
El dialogo político impulsado por la Presidenta tuvo una repercusión dispar en las provincias, donde los gobernadores manejan su propia versión de cómo encarar la relación con los opositores. A grandes rasgos, los ganadores de las elecciones muestran poca predisposición y los perdedores ceden ante la necesidad de concertar para que no se les caiga la gestión.
En la vereda triunfalista, por ejemplo, está el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien descartó la posibilidad de consensuar con sus rivales, a los que derrotó en las urnas el 28 de junio. Del lado de enfrente está el caso de Daniel Scioli, que prevé juntarse "con todos" y empezó a retocar su gabinete.
Buenos Aires. El gobernador Daniel Scioli tomó distancia de la política oficial y se reunió con la dirigencia del campo que asistió a la exposición de la Sociedad Rural. También está citado su rival y triunfador de las últimas elecciones, Francisco De Narváez, para mañana. Y algunas versiones aseguran que los cambios los equipos de gestión, donde ya se incorporó un ex intendente, podrían incluir a la oposición (más información en la página 5).
Capital. Hasta ahora, Mauricio Macri sólo recibió a Daniel Filmus, quien fue jefe de campaña K en las últimas elecciones. Filmus propuso armar una comisión parlamentaria para lograr mayor autonomía en la Ciudad. El resto de las fuerzas están esperando ser convocados. Y hubo quejas de algunos partidos, porque la convocatoria comenzó con una fuerza, el Frente para la Victoria, que salió cuarta en la elección.
Santa Fe. El socialista Hermes Binner sostuvo a su equipo a pesar de la derrota a manos de Carlos Reutemann, pero imitó la decisión presidencial de convocar al diálogo a la oposición con representación parlamentaria. El gobernador pretende que se trate, entre otros temas, una amplia reforma tributaria que en 2008 no pasó el filtro de las cámaras.
Córdoba. Juan Schiaretti, un peronista alejado del Gobierno, no tardó en reunirse con sus opositores después de perder las últimas elecciones con Luis Juez. Al primero en recibir fue, justamente, a su principal rival. Luego fue el turno de los radicales. Además, el gobernador consensuó una agenda legislativa común para llevar al Congreso nacional.
Mendoza. La dura derrota electoral que sufrió el oficialismo en Mendoza, con 20 puntos por debajo de la lista del vicepresidente Julio Cobos, obligó al gobernador Celso Jaque a convocar al intendente radical de la Capital, Víctor Fayad, a una reunión para analizar la situación financiera y política. Si bien Fayad se distanció de Cobos en la última elección, sigue perteneciendo a la oposición.
Salta. El gobernador Juan Manuel Urtubey, kirchnerista, esperaba ganar dos de las tres bancas en juego en la provincia. Pero sólo consiguió una. Pese al traspié, "por el momento el gobernador no abrió el diálogo político para nada, aunque tuvimos conversaciones informales", aseguró a Clarín el principal referente del Frente para la Victoria en Salta, Antonio Marocco, quien hasta hace poco fue ministro de Gobierno. Mayores expectativas genera pero más lejano aún aparece un eventual encuentro entre Urtubey y el ex gobernador Juan Carlos Romero, hoy un furioso anti K.
Corrientes. Los comicios del 13 de setiembre para elegir gobernador hace impensada, en principio, cualquier convocatoria.
Chaco. Tras las elecciones en el Chaco, el gobernador Jorge Capitanich imitó a sus jefes kirchneristas y convocó a partidos, entidades empresarias, gremios y movimientos sociales a una ronda de diálogo político que ya arrancó y pretende desembocar en un "acta de coincidencias" sobre aspectos fiscales, salariales y políticas de inversión.El gobernador busca un pacto para contener el impacto del déficit en una provincia con grandes deudas sociales.
La Rioja. El gobernador Luis Beder Herrera recibió a los electos diputados radicales por la capital, Guillermo Galván y la infectóloga Judith Díaz Bazán, pero para recibir ideas e inquietudes sobre la Gripe A. Y el ministro de Gobierno, Carlos Luna, planteó la necesidad de una reforma electoral en la provincia.
San Juan. El gobernador José Luis Gioja se pronunció a favor del diálogo y la invitación comenzará a tomar forma en los próximos días. Seguramente comenzará con los partidos políticos, aunque Gioja dijo que quiere incluir a gremios y empresarios.
Misiones. Otro oficialista que imitó los pasos de Cristina, aunque en su caso desde un triunfo, fue el gobernador peronista Maurice Closs, que convocó a la oposición para debatir temas vinculados esencialmente a la política. "El diálogo al que convocamos en Misiones no tiene que ver con la gobernabilidad. La realidad política en la provincia es distinta a la de la Nación porque acá se obtuvo un contundente triunfo en las últimas elecciones", dijo el ministro de Gobierno, Jorge Franco.
Río Negro. El gobierno del radical K Miguel Saiz convocó a un diálogo "con agenda amplia" a los intendentes justicialistas enrolados en la "Liga de Intendentes". Se juntarán con los ministros de su gabinete. El temario incluye desde la Gripe A, pasando por el dengue y la coparticipación. El primer encuentro está previsto para el mes próximo.
Santiago del Estero. El Frente Cívico del radical K Gerardo Zamora obtuvo una victoria importante el 28 de junio. No obstante, los oficialistas aseguran que mantienen contactos con referentes de todos los sectores a través de las mesas de diálogo docente, campesina, industriales y sindicales, entre otros.
Entre Ríos. Aquí se sintió con fuerza la derrota K y el gobernador, Sergio Urribarri, anunció medidas de inmediato: cambios en el gabinete y convocatoria al diálogo. Pero los cambios fueron en la segunda línea. Días después, Urribarri anunció una reforma tributaria y adelantó nuevas incorporaciones, aunque no destinadas a "cambiar el rumbo de la gestión".
La Pampa. El gobernador Oscar Jorge (PJ), que obutvo una victoria electoral ajustada, sólo se reunió hasta ahora con dirigentes agropecuarios.
MORALES NO DESCARTA A CARRIÓ COMO CANDIDATA EN EL 2011
Gerardo Morales, presidente de la UCR, no descartó a Elisa Carrió como candidata presidencial en el 2011. "Cobos es uno, pero no el único", dijo el senador, y en la lista de eventuales postulantes por el Acuerdo Cívico y Social incluyó a Carrió y a Rubén Giustiniani, titular del socialismo.
Morales y Giustiniani se volverán a encontrar esta semana, mientras Carrió sigue de vacaciones y por el momento fuera de la escena política.
LA CENTROIZQUIERDA LLEVA RECLAMOS SOCIALES AL GOBIERNO
Sin Fernando "Pino" Solanas, de viaje por España y ausente con aviso en la convocatoria al diálogo, los referentes de la centroizquierda le plantearán este miércoles al ministro del Interior, Florencio Randazzo, la necesidad de implementar de manera "inmediata" un conjunto de medidas en el plano social.
Estarán Martín Sabbatella, Claudio Lozano y Eduardo Macaluse, entre otros, con la marcada ausencia del líder de Proyecto Sur, fortalecido por su segundo puesto en los comicios de la Capital. Después de las idas y venidas en cuanto a la fecha de la reunión --Randazzo iba a recibir a este espacio en la primera semana y los radicales forzaron un cambio-- y de la propia postura de Solanas --amagó con no participar si se trataba sólo la reforma política--, Pino se ocupó de avisar que en noviembre se había comprometido a dictar un seminario sobre realización cinematográfica, esta semana, en la Universidad Menéndez Pelayo, de Santander.
"Es todo bastante improvisado y, por el momento, la reunión se mantiene", contó uno de los referentes del espacio que reúne a diferentes sectores con un trabajo en común en el Congreso y una alianza en las últimas elecciones. Esta tarde habrá una reunión para terminar de definir la estrategia, perfilada en tres pedidos prioritarios: la prohibición de despidos sin causa mientras dure la emergencia laboral, la asignación universal por hijo y la recomposición de los haberes jubilatorios.
A su vez, como reclamos de fondo, pedirán liberar 5.000 millones de dólares de reservas para generar un "shock de inversiones" con eje en el transporte, energía y desarrollo industrial. Y acercarán propuestas sobre superpoderes, libertad sindical, "democratización" de la ANSeS y autonomía del INDEC.
EN DIPUTADOS LA OPOSICIÓN, CONTRA LA SUBA DE TARIFAS
Los partidos de centroizquierda en la Cámara de Diputados continuarán hoy en busca de frenar los aumentos en las tarifas de gas y electricidad.
Legisladores del socialismo, de la Coalición Cívica y del SI visitarán a la titular de la Comisión de Energía, la kirchnerista Rosana Bertone, para pedirle tratar proyectos para derogar los aumentos decretados por el PEN.
D'ELÍA TAMBIÉN CARGÓ CONTRA LA SOCIEDAD RURAL
En un acto impulsado por Luis D'Elía, en Plaza Miserere, también esperaron en vano la presencia de Néstor Kirchner. "Esto es una convocatoria a la militancia de todos los sectores que han acompañado fuertemente al Gobierno en el cambio, que hoy necesitan hablar, reorganizarse, ser escuchados, replantear caminos y encontrar ámbitos de organización", aseguró el líder de la Federación Tierra y Vivienda, en el acto denominado "Cabildo abierto de la militancia nacional, popular y revolucionaria".
Después de expresar su apoyo al ex presidente y a Cristina Fernández, D'Elía arremetió contra la Sociedad Rural y el vencedor de Kirchner en las elecciones, Francisco De Narváez. Sobre el primer punto, sostuvo: "Es el lugar de encuentro de los sectores de la oligarquía, en otro momento se floreaban con Martínez de Hoz y Videla".
Aunque justificó la visita del gobernador Daniel Scioli: "Es correcto, para buscar caminos de entendimiento con las patronales del campo". Y en cuanto a la oposición, diferenció: "Hay un sector democrático, encarnado por los radicales y los socialistas, y una oposición con ribetes autoritarios y antidemocráticos como De Narváez, que justifica el golpe en Honduras, o Barrionuevo, que dice que Cristina no debe terminar su mandato".
LA PESCA ABRE OTRO FRENTE DE CONFLICTO PARA EL GOBIERNO
El Gobierno tiene por delante un nuevo frente de conflicto, esta vez con el sector pesquero. En los últimos meses, muchas empresas paralizaron sus operaciones y la mitad de la flota permaneció amarrada en los puertos debido a la caída de la demanda externa y una fuerte suba de los costos. En las provincias patagónicas, cerca de 5.300 personas ya perdieron su trabajo o sufrieron recortes. "Es la tormenta perfecta", definió un empresario de esa región.
El panorama en las provincias sureñas es desolador. En Chubut cerraron las plantas de SM&S, Poseidón, Neptuno, Arbumasa, Barilari y Siracusa, mientras que redujeron su actividad Conarpesa, Harengus, Kaleu Kaleu, Alpesca e Iberpesca, entre otras. En Río Negro cerraron cuatro plantas de San Antonio Oeste y están al borde de hacerlo Marítima Santa Fe, Camaronera Patagónic, Pesquera Austral, Poseidón y Tramar. Y algo parecido sucede en Santa Cruz, la provincia del matrimonio presidencial. En el sector se estima en 40% la caída de la actividad.
Según el relato de los empresarios patagónicos, la "tormenta perfecta" se formó por la combinación de una fuerte caída de los precios internacionales (las principales especies bajaron de 25 a 45%) y los altos costos en dólares que enfrenta el sector, básicamente en salarios. Señalan que en el conjunto de la actividad industrial la incidencia del costo laboral es de 12% y en la pesca trepa a 60%.
A la par, el sector denuncia el abandono de todo tipo de medidas estatales de apoyo, como la caída de los reembolsos por puertos patagónicos o la falta de pago de los reintegros a la exportación, que no se cobran desde julio de 2008.
Esta situación, por otro lado, se registra en el marco de un rebrote de la histórica "guerra" que enfrenta a la Patagonia con Mar del Plata. El motivo de esta pulseada es que el subsecretario de Pesca, Felipe Yahuar, muy cercano a Néstor Kirchner, decidió poner en marcha la "cuotificación" de la merluza Hubssi, principal especie del Mar Argentino. Este sistema, previsto en la ley federal de 1998, no se aplicó nunca. Pero el Consejo Federal Pesquero acaba de poner en marcha el proceso para asignar cuotas anuales por empresa, según sus capturas históricas.
En Mar del Plata, denuncian los patagónicos, existen cerca de medio centenar de plantas clandestinas y algunos grupos empresarios que operan al margen de todas las regulaciones, y que ya manejarían 20% del negocio. Son los que resisten la cuotificación, por temor a quedar fuera del negocio.
SE REACTIVAN CAUSAS CONTRA KIRCHNERISTAS Y OPOSITORES
Cuando hoy se reanude la actividad judicial, tras la feria de invierno anticipada por la gripe A, funcionarios y ex funcionarios kirchneristas y encumbrados dirigentes de la oposición comenzarán a recorrer los tribunales federales en calidad de imputados.
El primero en ser citado a declarar sería Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, según confiaron altas fuentes judiciales. También se reactivará la causa contra el ex funcionario y piquetero oficialista Luis D' Elía por la toma de la comisaría 24a. de la Policía Federal, en el barrio porteño de La Boca, hace cinco años.
Otro que seguramente deberá ir a los tribunales en los próximos días es el gran ganador de las elecciones legislativas del 28 de junio, Francisco de Narváez (diputado de Unión Pro), imputado en la causa por el tráfico de efedrina. Mientras tanto, integrantes del Consejo de la Magistratura reclaman la destitución del juez federal Federico Faggionato Márquez, que lleva adelante ese expediente.
Las causas se reactivarán cuando finalice el receso invernal en la Justicia y también, especialmente, por el nuevo clima que reina en los tribunales después de los comicios. Como parte del escenario poselectoral, se incorporarán nuevas pruebas en la causa en la que se investiga la misteriosa valija cargada con 800.000 dólares que trajo al país Alejandro Antonini, en plena campaña electoral para que Cristina Kirchner llegara a la presidencia, en 2007. Allí es investigado Claudio Uberti, ex titular del Occovi, el órgano encargado de controlar a los concesionarios de las autopistas.
Los vientos cambiaron de dirección en forma repentina en el edificio de la justicia federal, como ocurrió hace una década con las denuncias contra el ex presidente Carlos Menem, que se activaron con su alejamiento del poder. Pero para evitar tener que dictar faltas de mérito algunos magistrados evalúan que bien podrían dilatar las citaciones de funcionarios o ex funcionarios kirchneristas hasta los últimos meses de la gestión.
Excepto los casos en que se investiga al ex secretario de Transporte, que estuvieron activos durante la feria, el resto no se movió. En estas dos semanas se incorporaron documentos y testimonios en el expediente en que se analiza el patrimonio del ex funcionario: se trata de determinar si es de su propiedad un Lear Jet valuado en 4 millones de dólares que Jaime usaba frecuentemente para viajar entre Córdoba y Buenos Aires, y si es dueño de un yate valuado en US$ 1.400.000, que estaría fondeado en Angra dos Reis, cerca de Río de Janeiro.
Pero también será el turno de otras investigaciones y otros funcionarios. La más resonante es una denuncia ómnibus que presentó en 2008 Elisa Carrió y que ubicó al ex presidente Néstor Kirchner como el jefe de una asociación ilícita supuestamente integrada por funcionarios y empresarios amigos del poder, relacionada con la construcción de obras públicas. Está en manos del juez federal Julián Ercolini, que ya ordenó medidas de prueba.
Además de Kirchner, están allí mencionados el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; Jaime; Uberti, y los empresarios santacruceños Rudy Ulloa Igor, Cristóbal López y Lázaro Báez. A esta investigación se incorporó la declaración jurada de bienes del matrimonio presidencial que reveló un incremento patrimonial de 158% entre 2007 y 2008.
En la causa sobre la valija de Antonini, el juez Daniel Petrone espera los resultados de los cruces de llamadas que efectuó el empresario venezolano-norteamericano y los funcionarios que lo acompañaban cuando aterrizó en Ezeiza con los dólares. En tribunales prometen sorpresas y que esa información obligará a mucha gente a dar explicaciones ante los estrados judiciales.
También esperan reactivarse el caso Skanska y la toma de la comisaría 24a. Allí está investigado además el coordinador de Asuntos Técnicos de la Unidad Presidencial, Rafael Follonier. La causa está en manos del juez Sergio Torres y del fiscal Luis Comparatore.
De Vido ya no tiene que preocuparse por una denuncia por enriquecimiento ilícito, pues fue sobreseído en la causa por el juez federal subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid. El fiscal Guillermo Marijuán apeló, pero los jueces de la Cámara Federal, Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, rechazaron la apelación al entender que el recurso estaba mal concedido.
Aráoz de Lamadrid también sobreseyó a Guillermo Moreno por enriquecimiento ilícito, pero el secretario de Comercio además es investigado por el juez Rodolfo Canicoba Corral por su manejo del Indec.
Entre las causas en que se investiga a la gestión de Menem el juez federal Ariel Lijo tiene en sus manos nueva información que trajo de Alemania sobre el cancelado contrato con Siemens para la confección de los DNI y el expediente por encubrimiento contra el ex presidente y el jefe de la SIDE, entre otros, por las irregularidades cometidas durante la investigación del ataque terrorista contra la AMIA.
EX INTENDENTE PRESO TENDRÍA UN SEMIPISO EN PUNTA DE US$ 887 MIL
El escándalo por la millonaria defraudación a la municipalidad de Santiago sigue deparando sorpresas. Ahora, al ex intendente Julio Alegre se le detectó un semipiso en Punta del Este, a nombre de la secretaria de su hermano, valuado en 887.000 dólares y que fue comprado en marzo de 2007 por Coraltion, una sociedad anónima con sede en Montevideo.
El juez que lleva adelante la causa, Gustavo Herrera, también investiga a Gustavo Alegre, hermano del ex intendente, quien podría tener a su nombre bienes adquiridos a través de sociedades registradas en Uruguay y también podría haber sacado al vecino país dinero en efectivo.
Por otra parte, la justicia de Córdoba dictó la inhibición general de bienes de Alegre y de otros ex funcionarios y empleados de la municipalidad de Santiago.
CONSEJO DEL SALARIO MÍNIMO
El Gobierno encarará mañana la apertura del Consejo del Salario y el Empleo -el ámbito donde se debe definir el sueldo mínimo del sistema laboral argentino- más conflictiva de los últimos años. Según las propuestas que llevarán las partes al Ministerio de Trabajo, la CGT planteará subir a cerca de 1.500 pesos el salario mínimo, mientras que la CTA buscará un nivel de 2.000 pesos y la Unión Industrial Argentina (UIA), que no se mueva de los 1.240 pesos mensuales y que cada sector negocie por su cuenta.
El Gobierno rechazará esta idea, y volverá a aumentar los sueldos a un nuevo mínimo, tal como lo viene haciendo desde 2004.
El encuentro que presidirá el titular de esa cartera, Carlos Tomada, mostrará además la convocatoria más amplia desde que el Gobierno de Cristina de Kirchner llamó al diálogo. A la cita fueron invitados todos los dirigentes sindicales de la CGT, incluyendo los aliados de Hugo Moyano (Julio Piumatto, Omar Viviani y Mario Manrique, entre otros) y los «gordos» (como Oscar Lescano, Juan José Zanola, Armando Cavalieri, Gerardo Martínez y Héctor Daer, entre otros). Además, recibió su invitación Gerónimo «Momo» Venegas, del gremio de trabajadores del agro, enemigo abierto de Néstor Kirchner. También llegarán al ministerio la CTA, representada por Hugo Yasky, Pedro Waisejko y Pedro Micheli.
Para demostrar, además, la amplitud del llamado, también fueron invitados los representantes de la Mesa de Enlace, con lo que, si éstos efectivamente concurren, será la primera vez luego de las elecciones que las cuatro entidades y el Gobierno se encuentran en una reunión de diálogo. Obviamente, y por los empresarios, también estarán mañana en Trabajo la UIA, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Unión Argentina de Entidades de Servicios, los representantes de los bancos, la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y CAME.
EN SANTA FE Y SAN LUIS LA INFLACIÓN ES 2,5 VECES MÁS ALTA QUE LA DEL INDEC
Las direcciones oficiales de Estadísticas de las provincias de Santa Fe y San Luís siguen midiendo la inflación con los mismos criterios que regían en el INDEC antes de la intervención al área de precios por parte del secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Y desde que el Instituto Nacional implementó el "nuevo IPC" -en abril de 2008- las cifras de inflación entre esas dos provincias son parecidas entre sí, pero difieren hasta 2,5 veces con las que el INDEC arroja para la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
La diferencia también se hace notar en el índice de precios que elabora Buenos Aires City, tarea a cargo de la desplazada directora del INDEC, Graciela Bevacqua. Para esa organización, en ese período la inflación en Capital y GBA fue del 15,4%, muy cercana a la que informaron ambas provincias: 15,3% según San Luis y 16,6% según Santa Fe.
Estas coincidencias, y la brecha que mantienen con el IPC del Instituto Nacional, son las que abren las mayores sospechas sobre el índice que elabora el INDEC. Porque si bien, las estructuras de consumo y los niveles de precios pueden diferir entre las regiones, en el mediano plazo las variaciones deberían converger, opinan los expertos.
Así pasó cuando estaba vigente el IPC Nacional. Desde que se puso en marcha ese índice hasta diciembre de 2006 cuando estalló la crisis en el INDEC, los datos provinciales se aproximaban a los del IPC de Capital y GBA.
Pero con la intervención, en abril de 2008, el ente nacional decidió discontinuar la difusión del IPC Nacional. Si bien no se dieron explicaciones, lo que estaba pasando era que los datos provinciales posteriores a diciembre de 2006 divergían de los del INDEC para Capital y GBA y esa diferencia, al provenir de organismos oficiales, alimentaba las sospechas sobre el índice metropolitano.
Mientras Mendoza decidió que el INDEC siguiera a cargo de su IPC, el resto dejó de difundir sus cifras, con excepción de las Direcciones oficiales de Estadísticas de Santa Fe y San Luis. Así estos dos índices se convirtieron en un indicador de inflación que "le marca el paso" a las cifras del INDEC.
Las diferencias provinciales con el Instituto Nacional abarcan todos los rubros. Y se explican, en gran medida, porque en el "nuevo índice" que rige desde abril de 2008, el INDEC alteró la ponderación de los distintos capítulos. Por ejemplo, aumentó el peso de Alimentos y Bebidas y eso se debería fundamentalmente a que la nueva canasta representa el gasto del 70% de los hogares, sin explicar por qué se adoptó ese criterio más restringido.
También pasó a registrar precios acordados o de listas oficiales de precios y no los que realmente pagan los consumidores. Esto abarca alimentos, turismo, salud y educación. Y sin explicitar cómo lo hizo, aplica criterios de sustitución de productos por cambios estacionales que no se basan en encuestas de los consumidores, como sí hacen los países que aplican ese método.
LOS MUNICIPIOS REDUCEN HORAS EXTRAS Y CONGELAN VACANTES
La caída en la recaudación, por debajo de lo previsto en el presupuesto 2009, y el porcentaje acotado de coparticipación que Nación envía a la Provincia, determina un ajuste en los municipios, que ya insinúan el pago desdoblado de sueldos, recorte de horas extras y congelamiento en la planta de personal de las comunas.
El intendente de Tandil, Marcos Nicolini, fue el primero en admitir el recorte: "Nos encontramos ante una situación delicada. Hay otras municipalidades que también pidieron a la Gobernación el adelanto de la coparticipación secundaria porque no llegan a pagar sueldos". En esta municipalidad, hasta se especula con reducir el horario laboral de 35 a 30 horas semanales.
En la reciente ronda de reuniones con jefes comunales, en el marco del diálogo político, el gobernador Daniel Scioli, se comprometió a acelerar los tiempos de giro de fondos coparticipables a los municipios. Algunos de ellos, como los del sudoeste, ya fueron considerados en emergencia por la sequía.
Desde 2007, cuando se transfirieron 3.811.721 millones de pesos, hasta diciembre 2009, el porcentaje de traslado de partidas creció un promedio del 28 % anual. No obstante, la inflación y los aumentos de salarios licuaron esos fondos. La recesión económica, que limitó los ingresos propios en las comunas, terminó de cerrar el torniquete.
Los más apremiados son los distritos del Interior. Para algunos de ellos, como Carlos Casares, la coparticipación secundaria solventa el 65% de sus gastos corrientes. El intendente de Pergamino, Hector Gutiérrez, explicó hace unos días que la coparticipacion se encuentra "demorada". En San Pedro evalúan reducciones del 20% en los presupuesto destinados a servicios.
Las municipalidades gestionan con estos condicionamientos por el período de contracción económica, evidente por lo menos desde el último trimestre 2008. La crisis ya afecta a 15 de las 24 provincias. Un informe de Clarín advirtió ayer que el déficit de las cuentas públicas en esos distritos podría alcanzar los 10 mil millones de pesos.
EL GOBIERNO BUSCARÁ HOY EVITAR EL EMBARGO DE AEROLÍNEAS
¿Aerolíneas es hoy del Estado? Es una pregunta a una respuesta difusa que se coló en la saga de los juicios contra la Argentina por el default. Una discusión semántica se está librando en los tribunales de Nueva York, donde la Argentina intentará demostrar hoy que la firma aérea no es estatal, pese a la Ley de expropiación votada por el Congreso en diciembre último.
El Gobierno tiene previsto enviar hoy su descargo al juez Thomas Griesa, que nuclea todas las causas en Estados Unidos contra el país, desestimando una nueva demanda aparecida hace unos diez días, cuando los bonistas volvieron a la carga para pedir el embargo de Aerolíneas.
En abril último, Griesa ya se había expedido a favor de la Argentina en un caso similar a pedido de dos fondos buitre. Allí determinó que Aerolíneas "es una entidad argentina con estatus jurídico independiente" y no un "alter ego" del país, por lo que este reconocimiento implicó que sus activos no podían ser tomados por los acreedores.
Ahora fueron pequeños bonistas, de la mano el estudio Sirota, quienes a través de una vuelta de tuerca a la causa lograron el sí de Griesa para considerar nuevas pruebas. La semana pasada los abogados representantes de la Argentina, del estudio Cleary Gottlieb, solicitaron en vano que Sirota dé marcha atrás con la demanda, en virtud de que, para ellos, se trata del mismo caso ya desestimado por Griesa.
Los querellantes aportaron como novedad "cambios legales sustanciales" tras la nueva ley de expropiación."Usted manifiesta que no es lo mismo re-nacionalización que toma de activos", replicó Sirota, según reconstruyó este diario, en una comunicación informal que tuvo Amy Chong, del equipo de abogados que defienden al país. El letrado agregó que hubo "una nacionalización de hecho" con la compra de aviones reciente efectuada por el Gobierno. Más allá de la discusión puertas afuera, abogados locales ajenos al juicio reconocieron que "el estatus jurídico hoy de Aerolíneas se encuentra en un limbo".
Hoy existe, por un lado, un juicio vigente de expropiación contra Marsans, que sigue su curso. Por el otro, hay una ley que le dio luz verde al Gobierno para que la intervenga y la mantenga operativa. "Pero hasta que salga el juicio de expropiación, técnicamente las acciones (94,41%) son de Marsans, si bien eso jurídicamente es discutible", reconoció un abogado que sigue de cerca el caso.
Tras aprobarse la Ley, el Ejecutivo frenó el proceso de traspaso debido a la reapertura de una instancia de negociaciones todavía no resuelta, que permitiría efectuar el pase en términos menos abruptos. Aquí está en juego la valuación de la deuda que dejó Marsans, compañía que mantiene en suspenso una demanda contra el país ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial. Esto último tendría vinculación con la aceptación o no del Gobierno de un contrato de adquisición de aviones que Marsans había firmado con Airbus. En el medio, se encuentra involucrado el gobierno español, que busca una solución amistosa y aportará fondos para apoyar a la Argentina en la compra de esos aviones. Si el freno del traspaso fue una mera casualidad o resultó un acto deliberado para esquivar más juicios en el exterior es una incógnita. Pero no hay duda de que esta laguna legal le traerá al juez Griesa otro dolor de cabeza para plasmar su veredicto.
“ESTAMOS MEJOR QUE HACE 15 DÍAS, PERO TODAVÍA NO ESTAMOS BIEN”, DIJO EL MINISTRO MANZUR
“Bajaron las consultas por gripe A en un promedio de un 30 a 35 por ciento”, reveló el ministro de Salud, Juan Manzur. Pero el funcionario no se entusiasmó demasiado con el dato. “Estamos mejor que hace 15 días, pero no quiere decir que estemos bien”, aclaró.
Prefirió ser cauto con el tema. Acaba de regresar de la Cumbre del Mercosur, adonde viajó junto a la Presidenta. Puntualizó cuáles serán los ejes de su gestión, más allá de la urgencia de dar respuesta a la pandemia del virus A H1N1: “Tenemos que poner mucho énfasis en la estrategia de la atención primaria de la salud. Mi gran desafío es que toda mamá embarazada tenga cinco controles antes de que nazca su bebé, que las maternidades sean seguras, con sistema de parto humanizado y equipos médicos capacitados”.
“El otro gran desafío es que todo niño en nuestro país tenga un esquema completo de vacunación”, afirmó. Dijo que está “a favor de la prevención” en materia de aborto”.
POR LA GRIPE A, AL FINAL HOY VUELVEN A LAS AULAS SÓLO EN DOS PROVINCIAS
A fines de junio y ante la rápida expansión de la epidemia de Gripe A, uno a uno los 24 distritos escolares del país suspendieron sus ciclos lectivos. En ese momento cada jurisdicción anunció su nuevo calendario escolar, de los que surgía que hoy más de en la mitad de las jurisdicciones debían empezar las clases. Pero lo cierto es que, finalmente, en apenas dos provincias se reanudarán: La Rioja y Tucumán. El resto, por temor a que la nueva gripe se siga expandiendo, postergó el reinicio de las actividades escolares.
En la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires el fin del receso estuvo siempre previsto para el próximo lunes 3. En ambas jurisdicciones aseguraron que no hay posibilidades de modificar esa fecha.
En la Provincia, sin embargo, existe una posibilidad de que si esta semana se produce el anunciado nuevo pico de la Gripe A, los gremios docentes soliciten que se postergue por algunos días el reinicio de las actividades, dijeron las fuentes consultadas.
En Tucumán las escuelas vuelven a abrir hoy. "La provincia tiene que volver a la normalidad; aparentemente el virus está controlado", dijo el gobernador tucumano José Alperovich. Los docentes volverán a trabajar "bajo protesta" y haciendo "responsable" a las autoridades de cualquier pico de contagios.
En La Rioja también los alumnos regresan hoy a las aulas, pero las autoridades de esa provincia subrayaron que se hará un monitoreo diario de la situación sanitaria y que si se registran picos de la enfermedad se podrían volver a suspender las clases.
En Córdoba las clases empezarán este miércoles, aunque originalmente debían comenzar hoy. "Se tuvo en cuenta la ola de frío polar que afecta a gran parte del país para postergar el inicio de las clases", explicó el ministro de Salud cordobés, Oscar González.
En Entre Ríos las escuelas reabren hoy, pero los chicos recién irán a clases el viernes. Es que el gobierno provincial decidió seguir el modelo mexicano llamado "retorno seguro a clases". Consiste en un plan de etapas: hoy vuelven a los colegios solo sus directivos, mañana el personal de maestranza y no docentes, el miércoles los docentes, el jueves los padres y el 31 finalmente los alumnos.
En Tierra del Fuego la situación es similar. Sus autoridades anunciaron que los directivos de escuelas y docentes recibirán desde hoy talleres en los que médicos y agentes sanitarios les explicarán cómo actuar "en un contexto de vigilancia epidemiológica". Y está previsto que los chicos regresen a las aulas recién el jueves 30.
En Formosa, los tres niveles educativos retornarán a clases el 3 de agosto. También se postergó el inicio para esa fecha en Misiones, Corrientes, La Pampa, Jujuy, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Catamarca, Mendoza, San Luis y Santa Fe. En Chaco está previsto el comienzo para el próximo viernes, aunque se anunció un paro docente.
El flamante ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, ya adelantó que se estudia "extender el ciclo lectivo por los días que se perdieron debido a la Gripe A. Se está analizando cómo tener el menor daño posible, pero se perdieron días y son irrecuperables".
Hace varios días que el Ministerio de Salud no actualiza el parte de muertos por el virus H1N1. La última cifra oficial fue 185, pero se cree que serían muchos más.
