Con el voto de oficialistas y aliados, y tras casi nueve horas de debate sobre la crisis económica y el rumbo del Gobierno, el Senado sancionó anoche la ley que permitirá el adelanto de las elecciones legislativas nacionales para el 28 de junio --cinco meses antes de que asuman los que resulten electos--, tal como había pedido la presidenta Cristina Kirchner.
Así, en poco más de un mes deberán estar oficializadas las candidaturas (el 9 de mayo) y la alianzas un poco antes, el 28 de abril. Y los electores que no aparezcan en los padrones tendrán tiempo para reclamar su inclusión hasta el 29 de abril.
El adelanto electoral recibió 42 votos a favor y 26 en contra. Para aprobarlo hacían falta 37, que es la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara que ordena la Constitución para cualquier cambio del sistema electoral.
No hubo sorpresas con este resultado: anteayer, el oficialismo se había asegurado el voto de los dos senadores del ARI fueguino --que lo anunciaron y se fueron del partido de Lilita Carrió--, y también estaba firme junto al Gobierno el representante del Movimiento Popular Neuquino.
Todos los oficialistas que habían expresado alguna duda se inclinaron por el sí. Entre ellos el catamarqueño Ramón Saadi, y el misionero Luis Viana, que votaron pero no hablaron en el recinto. Pero la rionegrina María José Bongiorno, que muestra diferencias con el Gobierno, prefirió estar ausente. Tampoco estuvieron para votar Carlos Menem y dos disidentes del PJ que estaban de viaje, Sonia Escudero y Liliana Negre.
De un lado y del otro, oficialistas y opositores se refirieron a la crisis y al "estado de crispación" de la sociedad, casi el mismo fundamento para aprobar u oponerse al adelanto.
El jefe del bloque peronista, Miguel Angel Pichetto, se quejó de quienes "buscan obstaculizar de cualquier forma al Gobierno" y aseguró que "después del veredicto de las urnas vamos a intentar construir una nueva sintonía política en el país". Dijo que la mayoría avalará el rumbo del Gobierno en la crisis.
"Quieren plebiscitar la gestión --contestó el radical Ernesto Sanz--, pero ni sueñen con sacar el 51 por ciento, el país ya es otro". Fue larga la lista de discursos. "El remedio (de adelantar las elecciones) es peor que la enfermedad", dijo el socialista Rubén Giustiniani; "terminemos con este rally interminable de elecciones", se defendió el santacruceño Nicolás Fernández; "lamentablemente, en esta Argentina la única regla es que no hay reglas", se quejó el salteño Juan Carlos Romero; "no se bañen en el Jordán del puritanismo, acá no hay nadie ingenuo", contraatacó Pichetto, quien en otra parte tuvo que ser llamado a silencio por el vicepresidente Julio Cobos porque le gritaba al radical Gerardo Morales (quien quería hablar del dengue y la seguridad) que se le había acabado el tiempo.
MAS IDEAS Y VUELTAS SOBRE LA CANDIDATURA DE CARRIO
La candidatura del economista Alfonso Prat Gay a primer diputado nacional por el distrito porteño, fue confirmada por la alianza que integran la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical. Así lo resolvió un encuentro del que tomaron parte, entre otros, los legisladores Enrique Olivera y Sergio Abrevaya y el peronista Milcíades Peña, por la CC; y el titular Carlos Más Vélez y la diputada Silvana Giúdici, por la UCR.
Prat Gay fue nominado por Elisa Carrió el año pasado, pero al no impactar (hasta ahora) en las encuestas, se empezó a barajar con insistencia la posibilidad de que Carrió encabece la lista.
"Algunos creemos que Lilita tiene que ser candidata porque, en esta elección, la gente interpreta que hay que enfrentar al gobierno", sostuvo uno de los participantes de la reunión. Pero el mismo dirigente admitió también que Carrió no quiere ser candidata: "Lilita ya dijo que ella quiere ser Presidente, por lo que no puede estar atada a los resultados de una elección distrital". Obviamente, niegan que la decisión se deba a evitar una posible derrota a manos de Gabriela Michetti.
Además, trascendió por boca de otro dirigente que Carrió "está más preocupada por los episodios de violencia que se están desencadenando y que cree que van a aumentar de aquí a junio, que por el armado de las listas".
En el distrito porteño ya se largó la carrera electoral, de ahí que haya ansiedad en las filas de la alianza que componen la UCR y la CC.
"Prat Gay va a reflejar la voluntad mayoritaria de los porteños de tener en el Congreso figuras de trascendencia nacional con capacidad para aportar ideas para que la Argentina salga de la crisis en la que ha caído como producto de las políticas dictadas por Kirchner", reafirmó ayer la Coalición Cívica en un comunicado, en el que se agrega que Carrió "acompañará esta candidatura y las del resto de los distritos".
JUEZ DIPO POR TERMINADA NEGOCIACIONES CON LA UCR
“El tiempo se terminó”, dijo ayer el ex intendente de Córdoba Luis Juez y dio por cerradas las frustradas negociaciones con la UCR para formalizar un acuerdo electoral en esa provincia. “La historia no espera a quienes les queda grande”, le dijo al presidente del Comité Provincial, Mario Negri. El líder del Frente Cívico de Córdoba –que apostaba a que los radicales se encolumnaran detrás de su candidatura– culpó del desacuerdo a “intendentes del radicalismo que viven colgados de la bragueta” del gobernador peronista Juan Schiaretti, que mantiene una relación cimbreante con la Casa Rosada.
CONVENCION DE LA UCR AVALARA ACUERDO CON EL COBISMO
Julio Cobos será aceptado sólo como un socio electoral externo a la UCR en la Convención Nacional del radicalismo que sesionará la semana próxima en Mar del Plata. La voluntad del jefe del partido, Gerardo Morales, de nacionalizar la alianza con la Coalición Cívica de Elisa Carrió todavía choca con la resistencia de algunos distritos que no avalan el liderazgo ni de la fundadora del ARI ni del vicepresidente.
Fue Morales el encargado de asegurar que, más allá del acuerdo UCR-Consenso Federal -el nuevo sello del mendocino-, el regreso del vicepresidente a las filas partidarias no será tratado en la próxima convención nacional.
«No está en discusión el reingreso de Cobos», afirmó Morales al ser consultado sobre si la reunión del máximo órgano partidario a realizarse el 3 y el 4 de abril próximos, se expediría sobre el reingreso del vicepresidente al partido. El senador y titular del comité nacional confirmó que lo único que estará en consideración durante el cónclave partidario será la revalidación del acuerdo en Mendoza con el ConFe, al que definió como «clave» en la reunificación de la UCR, por ser el distrito de Cobos.
Sin embargo, Morales aclaró que la vuelta del vicepresidente «no será propuesta por la conducción del comité nacional». La ratificación de la conformación del frente junto al Partido Socialista (PS) y la Coalición Cívica (CC) y la revalidación del acuerdo, hasta el momento partido a partido, con el cobismo mendocino serán los dos temas relevantes de la agenda a discutir en la reunión partidaria de la semana próxima.
Otro tema que preocupa a Morales es la situación de la UCR en la provincia de Córdoba, que según dijo «está al borde de la fractura», por la fuerte oposición del poderoso Foro de Intendentes Radicales, a replicar la estrategia de alianzas fijada por la última convención nacional de Mina Clavero, respecto a la conformación de un frente junto al ex intendente de «la docta», Luis Juez, la CC y el PS. Ayer Juez casi da por cerrada la posibilidad de un acuerdo con el radicalismo y dijo que ya «no hay más tiempo».
«Estamos muy molestos» con la situación en Córdoba, afirmó el senador jujeño, quien refirió que ciertos dirigentes del radicalismo cordobés «terminan haciéndole el juego» al gobernador Juan Schiaretti, al oponerse a la alianza con Juez.
En ese sentido, acusó a esos mismos dirigentes de impedir la realización del congreso partidario donde afirmó «se iba a discutir la estrategia de alianzas en la provincia», situación que juzgó «muy grave», al tal punto, que aseguró «que el tema podría ser tratado en la próxima Convención Nacional y hasta se podría resolver la «intervención del distrito» partidario.
El presidente de la Convención Nacional de la UCR, Hipólito Solari Yrigoyen, se quejó de que «la oposición casi no va a poder hacer campaña», ante el probable adelantamiento de los comicios para junio próximo. El histórico referente radical destacó la «relevancia» de la convención en un momento político de «alteración del proceso electoral que estaba en marcha, en el que han adelantado las fechas» y advirtió que «la oposición casi no va a poder hacer campaña, no así el Gobierno que está en permanente campaña».
LA MESA DE ENLACE QUIERE AFLOJAR Y APUNTA AL CONGRESO
La Mesa de Enlace piensa dar por terminado el paro y desalentar la presencia de los productores en las rutas. Eduardo Buzzi explicó ayer cuáles son los temores de los presidentes de las entidades: “No corramos el riesgo de que las rutas se transformen en un búmeran”, dijo.
Los dirigentes de la cúpula no piensan, por estas horas, en avalar la insistencia de Alfredo De Angeli en mantenerse en los piquetes. E intentarán desalentar la convocatoria a una marcha al Congreso la semana que viene tal cual impulsan los autoconvocados bonaerenses. “La movilización no fue ni siquiera discutida por la Comisión de Enlace”, explicó ayer un directivo de Federación Agraria Argentina.
“Acá hay un tema de trabajo. La gente tiene que cosechar lo poco que tiene”, explicó ayer Jorge Solmi.
La estrategia es intensificar la presión para conseguir quórum en la Cámara de Diputados de la Nación. Los ruralistas apuntan a una veintena de diputados que forman parte del bloque oficialista, que no van a renovar sus bancas y que podrían ser más susceptibles de no obedecer las instrucciones del jefe de la bancada, Agustín Rossi.
El problema que tienen por delante los del campo es el mismísimo proyecto que pretenden que se discuta en el recinto de la Cámara baja. El proyecto actual es fruto de la falta de acuerdos entre las entidades y también de la falta de acuerdos en la oposición. En Federación Agraria están dispuestos a cambiarlo todo lo necesario. De hecho, el proyecto de la entidad fue presentado en soledad en febrero de este año y era más ventajoso para los pequeños productores, menos para los medianos y los grandes productores obtenían pocos beneficios.
Los argumentos para no dar quórum del bloque de Solidaridad e Igualdad y del Frente para la Victoria son que no se debe proteger a los grandes productores. Al menos en Federación Agraria, ése no sería un obstáculo.
COMISION APROBARA DNU
El kirchnerismo parlamentario convocó para hoy a las 10 a una reunión de la Comisión Bicameral que debe aprobar el Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual se dispuso la creación del Fondo Federal Solidario con parte de lo percibido por derechos a la exportación de soja.
OTRA VEZ INTERFIRIERON LAS SEÑALES DE CANAL 13, TN Y MITRE
Por tercer día consecutivo fueron interferidas las señales televisivas de Canal 13 y Todo Noticias, conjuntamente con las de Radio Mitre y FM 100.
El episodio, reiterado y extendido, no ha sido aún aclarado por los entes que tienen responsabilidad en el espectro audiovisual: el COMFER, y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).
Según todas las evaluaciones técnicas, no se trata de un suceso casual sino intencional. Para perpetrarlo es necesario un equipamiento sofisticado y oneroso. Los equipos que hacen falta para lograr la interferencia no cuestan menos de 150 mil dólares.
Todo transcurre en el contexto de una nueva ofensiva del Gobierno contra los medios, y en el marco de la polémica por el proyecto de ley kirchnerista de Servicios de Comunicación Audivisual. Sin embargo, Gabriel Mariotto, el titular del COMFER dijo que nada tienen que ver las interferencias con el debate por la ley.
Fuentes de la CNC confirmaron que "alrededor de las 18 de ayer, ingresó a la comisión una denuncia de Artear por interferencias". Se emitió un comunicado lacónico: "La CNC está disponiendo lo necesario para detectar el origen de las mismas". La interferencia de ayer se dio desde las 16:13 horas hasta las 18:55. Nunca se había producido un bloqueo de esta magnitud desde que Artear canaliza sus señales a través de Intelsat, en 1992. El hecho de que la intromisión haya durado casi tres horas facilita la tarea de los expertos para detectar el origen del ilícito.
El hecho tiene ya tangible repercusión internacional. Las principales agencias de noticias del mundo emitieron despachos relativos a las interferencias. Entre otras, AFP, ANSA y EFE.
En regiones geográficas diversas y distantes entre sí dejaron de salir normalmente al aire las señales de Canal 13, Radio Mitre y FM 100, conjuntamente con el canal Volver, Magazine, Metro y TyC Sports.
Alrededor de las 4 de la tarde, cada día durante las ultimas tres jornadas, se enturbió la transmisión en Mendoza, Salta, Entre Ríos, Córdoba y también en las ciudades de Rosario y de La Plata.
La evaluación técnica indica que se trata de una interferencia premeditada e intencionada. Los satélites geoestacionarios están ubicados a 36 mil kilómetros de la Tierra, y giran a la par del planeta.
Están sintonizados con el movimiento orbital y, por esa razón, parecen estar inmóviles y a la misma altura.
El haz que desde la Tierra ingrese al satélite, bloqueando las transmisiones de una señal, debe ser particularmente preciso y certero. Otras innumerables señales gestionan sus flujos en cada satélite y en éste caso, como viene sucediendo desde el martes, sólo se han bloqueado las señales de Artear.
La señal de interferencia pudo haber sido enviada desde la Argentina o desde cualquier otro país de Latinoamérica. Para Rafael Mariani, responsable del área de coordinación de frecuencias espaciales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), "puede suceder que la interferencia no haya sido disparada desde la tierra al espacio, sino, eventualmente, desde algún lugar cercano al telepuerto de Canal 13". Existen en la ciudad potenciales agentes que pudieron haber realizado la interferencia.
EL CONGRESO PIDE QUE SE INVESTIGUE
Anoche, el Senado aprobó un "proyecto de comunicación", impulsado por el radical Juan Carlos Marino, pidiendo al Poder Ejecutivo que investigue las reiteradas interferencias satelitales que se vienen sucediendo desde hace tres días y afectan las emisiones de la empresa Artear. Durante el día, legisladores de distintos partidos políticos manifestaron su repudio y su preocupación por las interferencias intencionales.
La iniciativa motorizada por la oposición fue votada por el bloque oficialista. Sin embargo, el jefe del bloque K, Miguel Angel Pichetto, aclaró que no compartía las manifestaciones de Marino, quien habló de la pelea "entre el matrimonio Kirchner y Clarín".
En el Senado, ayer comentaban que precisamente una de las interferencias a TN, se dio cuando Marino explicaba su proyecto en una entrevista.
"Desde la oposición legislativa se pretende resguardar un derecho constitucional básico en cualquier democracia que es la libertad de expresión, el que en nuestro país ha recibido numerosas violaciones en el último tiempo, llegando a concitar el interés de organizaciones internacionales como la SIP", argumentó Marino.
El senador nacional y titular del radicalismo, Gerardo Morales, sugirió: "Los medios deberían ir pensando en hacer una Mesa de Enlace, porque los van a manosear, salvo que la línea editorial sea a favor del Gobierno", dijo.
La cámara de Diputados de la Nación no estuvo ajena al episodio. "Deben aclararse las interferencias que afectaron las transmisiones satelitales de Artear", afirmó la diputada nacional de la Coalición Cívica, Patricia Bullrich, quien presentó un pedido de informes al COMFER y a la Secretaría de Medios de la Nación. "Es muy grave lo ocurrido. El problema afecta a la libertad de prensa", opinó.
El bloque de diputados nacionales del PRO solicitó "a las autoridades competentes que se apresten a investigar los motivos de la interferencia". "Resulta sospechoso que esto ocurra en el medio de la disputa que el Gobierno mantiene con el Grupo Clarín y de la anunciada intención oficialista de sancionar una nueva Ley de Radiodifusión", agregó el diputado del PRO, Esteban Bullrich.
La diputada Silvana Giudici (UCR) expresó su "preocupación", y los peronistas disidentes Luis Lusquiños, María Torrontegui, Claudio Poggi, Mario Merlo, Ivanna Bianchi y César Albrisi presentaron otro proyecto de informe.
EL DELITO CRECIO 15,5 % EN BUENOS AIRES
Los delitos cometidos en la provincia de Buenos Aires crecieron, en lo que va del año, 15,5 por ciento en relación con los registrados en el mismo período de 2008, según lo informado por voceros de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
El guarismo, ratificado ayer durante una conferencia de prensa realizada en la Gobernación, había sido expuesto hace dos días ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el ministro provincial de Justicia, Ricardo Casal. Ayer temprano, el funcionario fue más allá al precisar que, de ese aumento, el 35% de los casos correspondía a delitos graves, no excarcelables.
Casal había viajado a los Estados Unidos para responder a nuevos cuestionamientos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que denunció el agravamiento de la situación carcelaria en la provincia desde la asunción de Daniel Scioli, en diciembre de 2007.
No obstante, y pese a que Casal repitió la misma información en sus intervenciones públicas, tanto en Washington como en esta ciudad varios funcionarios del gobierno de Daniel Scioli, incluido el propio Casal, intentaron explicar ayer que esos datos eran erróneos. Dijeron que, en realidad, los registros daban cuenta de estadísticas correspondientes a 2008 en comparación con lo ocurrido en 2007 y no de este año respecto del pasado. Aun así, se está hablando del período de la actual gobernación.
Casal dijo haberse "confundido con los años" y, además, aclaró: "Quise decir que lo que aumentó fueron las prisiones preventivas y no la cantidad de causas".
-Pero, ministro, ¿usted está reconociendo que llevó esa confusión a una audiencia internacional?
-Probablemente, por eso quiero aclararlo.
Lo curioso de la situación es que voceros de la Procuración de la Corte ratificaron que las estadísticas de las que hablaba Casal eran tal cual las dijo en un principio, que no había errores. Sólo aclararon que la del 35% de delitos graves fue una conclusión a la que llegó el ministro de la lectura del informe oficial.
Pero la desprolijidad en el manejo de los datos no fue solamente patrimonio de Casal.
Ayer, el ministro se presentó en la sala de conferencias de la casa de gobierno junto con Scioli y con el jefe de Gabinete, Alberto Pérez. Los tres brindaron una rueda de prensa para expresar su satisfacción por la decisión de la Cámara de Apelaciones de San Martín de revocar un fallo del juez Nicolás Schiavo.
Cuando la rueda de prensa languidecía y sin que nadie hiciera pregunta alguna, Casal intervino: "Quiero agregar algo: de acuerdo con la estadística de la Procuración General de la Corte, la tasa de crecimiento de delito ha aumentado en un 15% comparativo con el año pasado. Pero de ese 15%, y éste es un dato fundamental para tener en cuenta, el 35% del crecimiento son delitos graves. Por lo tanto, indica que ha crecido no sólo la violencia sino el tipo penal infringido de mayor gravedad que en el año 2008".
Curiosa desgrabación
Curiosamente, la desgrabación del área de prensa del gobierno provincial corrigió los dichos de Casal, al decir que se trataba de datos "de 2008 respecto de 2007".
A su vez, y pese a que un link de la CIDH (http:// www.cidh.org/Audiencias/seleccionar.aspx ) ofrece el desarrollo completo de la audiencia en Washington, los voceros del ministro Casal distribuyeron ayer un paper que, dijeron, correspondía a lo dicho por el funcionario en EE.UU. LA NACION comparó los audios de esa exposición y de la conferencia de ayer. Ambos difieren con la versión posterior del comunicado oficial.
• 15,5 % Es el porcentaje de la suba del índice de delitos ocurridos en la provincia de Buenos Aires, en lo que va del 2009, en comparación con el mismo período de 2008, según cifras de la Procuración de la Suprema Corte bonaerense.
• 35 % Es la porción del crecimiento de los delitos graves no excarcelables respecto del total de los hechos ilícitos de 2008, según las estadísticas oficiales de la justicia bonaerense, difundidas en Washington por el ministro Ricardo Casal.
• 24.201 Es la cantidad de presos que hay en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. De esa cifra, 3500 personas están detenidas en comisarías de la policía de ese distrito.
REFORMA UNIVERSITARIA
Después de un año de consultas, el oficialismo presentó un proyecto de Ley Nacional de Educación Superior (LeNES) en la Cámara de Diputados, para reemplazar la única ley educativa que continúa vigente desde el menemismo. La propuesta ratifica la gratuidad y la autonomía universitaria y plantea la movilidad estudiantil a través del reconocimiento por créditos de los estudios a nivel nacional. Propone, además, la creación de un Consejo Nacional de Educación Superior, amplía la representación académica en la entidad de acreditación y evaluación de las carreras. Otra novedad es que prohíbe el acceso a cargos del sistema universitario a las personas que hayan sido condenadas o “existan pruebas suficientes” de haber participado en violaciones a los derechos humanos.
“Es un proyecto que apunta a ordenar la planificación de un sistema nacional de educación superior en su conjunto, que incluye además de las universidades a los institutos de educación superior, institutos universitarios y los centros de formación tecnológica”, explicó a Página/12 la diputada Adriana Puiggrós, integrante del bloque del FpV y titular de la Comisión de Educación de la Cámara baja. El texto recoge la opinión de los rectores de universidades públicas y privadas, intelectuales, profesores, la Federación Universitaria Argentina y organizaciones sociales, entre otros, que fueron consultados por la comisión en el transcurso del año pasado, en diferentes puntos del país.
Uno de los aspectos de la ley vigente más cuestionados por la comunidad académica fue su sesgo reglamentarista. Con el nuevo proyecto, la autonomía universitaria, ya resguardada por la Constitución, es precisada con 'el concepto de `autonomía responsable' –dijo Puiggrós–, tomado del documento de Vaquerías elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional” (el órgano que reúne a los rectores de universidades nacionales). En el mismo sentido, el proyecto toca el tema del cogobierno desde una visión general: aunque plantea que los profesores deben tener la “mayor representación relativa” en los órganos de gobierno, no toca los grados de representación, pero garantiza la presencia de docentes, graduados, estudiantes y no docentes.
Con la creación de un Consejo Nacional de Educación Superior (CNES), la propuesta busca generar un espacio similar al Consejo Federal de Educación, donde Nación y provincias discuten la política educativa. Participarían los representantes de todas las entidades abarcadas por la ley, incluyendo a los gremios de docentes y no docentes, y sus resoluciones serían vinculantes. Su objetivo sería “establecer prioridades nacionales de desarrollo científico-tecnológico, extensión y desarrollo socio-comunitario”. También promovería “procesos de reformas curriculares en el sistema” para establecer “títulos intermedios y certificados de reconocimiento de los saberes adquiridos”.
En general, el proyecto contempla mantener el régimen de la evaluación y la acreditación, también controvertido. Un cambio sería que la actual Coneau pasaría a denominarse Consejo Educativo Nacional para la Acreditación y la Evaluación de la Educación Superior (Cenaees). “Se descarta la evaluación privada y se sostiene la pública, además de ampliarse la representación con la presencia de los institutos. La idea es legitimarla aún más de los que ya está la Coneau”, dijo la diputada del FpV. Puiggrós aclaró que “igualmente el debate está abierto y se sigue trabajando en el proyecto. La FUA y algunos rectores ya nos hicieron sugerencias que estamos atendiendo. Vamos a escuchar a quien se acerque”.
BLANQUEO QUEDARIA FUERA DEL ALCANCE DE LA LEY CAMBIARIA
La Procuración del Tesoro de la Nación se expedirá sobre los alcances de la Ley Penal Cambiaria con el objetivo de especificar la forma de repatriar capitales en el marco del blanqueo, sin sufrir sanciones, anticipó ayer el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
Es que, si bien no brindó mayores detalles del grado de adhesión obtenido hasta el momento, Echegaray reconoció que “el mayor nivel de exteriorización se está presentando en función del dinero que se tiene en la Argentina”, en lugar de lograrse la repatriación de capitales.
“Se va expedir la Procuración (del Tesoro de la Nación) para que quede claro si el perdón fiscal es tan amplio como pensamos y así poner blanco sobre negro”, señaló Echegaray durante un seminario que abordó la problemática del Lavado de Dinero.
En su momento, el Banco Central había dejado trascender que no emitiría ninguna resolución para acotar los alcances de la Ley Penal Cambiaria a los fondos que se hubieran ido del país sin someterse a las normas al respecto, e incluso, sus funcionarios indicaron que “ni la Presidenta con un decreto puede modificar una ley penal, porque está reservado al Congreso”.
Ahora Echegaray remarcó que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) “ha pedido una consulta sobre el régimen penal cambiario a la Procuración y seguramente en los próximos días se estará expidiendo al respecto”.
Por otro lado, Echegaray admitió que “muchos asesores fiscales están planteando la necesidad de buscar algún argumento frente al expreso pedido de algunos contribuyentes que quieren decir el origen de los fondos”.
“Si lo quieren hacer, estamos estudiando un camino para permitirles que lo hagan, aunque seguramente nos expediremos en cuanto a la razonabilidad económica y en el caso de detectar que ese dinero proviene de un ilícito la tomaremos como una operación sospechosa”, señaló el titular de la AFIP.
Por otro lado, Echegaray apeló a la ironía para resaltar que “muchos argentinos creyeron en la economía electrónica y han venido a la AFIP a exteriorizar, pagando un 8%, la omisión de no habernos informado sus inversiones en los fondos de Bernard Madoff”.
“Bajo ningún concepto estamos buscando un amparo para el dinero proveniente del narcoterrorismo, nadie pretende que acá venga un sicario a exteriorizar el dinero de un ilícito”, enfatizó el funcionario.
De todas maneras, recordó que el “perdón fiscal es amplio e incluso contempla que pueda blanquearse dinero depositado en entidades extranjeras que no pertenezcan a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”.
“El enfoque es que el origen del dinero debe cumplimentar tanto las normas como las recomendaciones internacionales”, indicó.
En cuanto a eventuales blanqueos de fondos depositados en bancos uruguayos, señaló que “mientras esas instituciones bancarias estén supervisadas por el Banco Central no hay ningún inconveniente”.
Antes de la reglamentación, parecía que la Ley de Blanqueo había dejado afuera a los fondos provenientes de paraísos fiscales. Pero el reglamento definió que se pueden traer capitales de todos los países cuyos bancos tienen control de una autoridad central y que aplican políticas contra el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y del terrorismo. Esto deja afuera a Irán y algún país más.
“Estamos viviendo una crisis internacional excepcional pero este Gobierno, más que preocupado, está ocupado en llevar adelante políticas activas”, concluyó el titular de la AFIP.
SUSPENDE LA JUSTICIA LA INTERVENCION EN TGN
La Justicia suspendió ayer la intervención en Transportadora de Gas del Norte (TGN), dispuesta el 29 de diciembre pasado por el Gobierno, después de que la firma controlada por el grupo Techint entró en cesación de pagos.
En su momento, el argumento de la Casa Rosada fue que el default ponía en riesgo el servicio. Pero la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal emitió el lunes pasado una medida cautelar que cuestiona duramente la intervención, plasmada a través del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
En el texto, la Justicia pone en tela de juicio la razonabilidad de la incursión estatal. Dice que el Enargas debe devolverle los libros contables a la empresa y que la continuidad de la situación podría significarle a TGN un "irreparable grave perjuicio". Afirma, además, que Roberto Pons, el ex economista de la Unión Industrial Argentina (UIA) designado como interventor, debe abandonar sus atribuciones de "coadministrador" y dedicarse sólo a "tareas de fiscalización y control de todos los actos que puedan afectar la normal prestación del servicio público".
El Enargas tiene ahora 10 días para apelar. Según la Cámara, la intervención fue una "grave medida que altera totalmente el funcionamiento del directorio" de TGN, empresa a la que la iniciativa gubernamental podría ocasionarle "un daño jurídico cierto e irreparable".
Los términos de la Justicia son duros. Dice que el Enargas no parece estar "jurídicamente facultado a intervenir una empresa privada prestataria de servicio público de transporte de gas por redes" y que, incluso si así fuere, la decisión "no parece respetar el principio de razonabilidad bajo el cual se encuentran obligadas a actuar las autoridades públicas".
