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La provincia busca 2 mil millones de pesos con un plan que combate el incumplimiento

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Santiago Montoya, presentó el Plan Anticrisis a través del cual buscará la obtención de unos dos mil millones de pesos por combate al incremento de la informalidad y el incumplimiento fiscal.
De esta manera, según el propio Montoya, la Provincia conseguiría neutralizar los efectos negativos que la crisis financiera internacional pudiera tener sobre los ingresos fiscales bonaerenses.

El titular de la ARBA advirtió ayer en conferencia de prensa que se ha detectado "un corrimiento" de las operaciones comerciales hacia "la informalidad", lo cual obligó al organismo recaudador provincial a buscar la manera de combatirla.

Sin embargo, aclaró que este plan "no contempla ningún ajuste de alícuota impositiva", sino que remarcó que "tiene por objetivo salir a cazar afuera del zoológico".

Durante la presentación, realizada en la Casa de la Provincia de esta Capital, estuvo presente el gobernador Daniel Scioli, quien aseguró que Buenos Aires "tiene el sistema fiscal más justo y más progresivo".

Destacó que "la seguridad necesita más recursos", y puntualizó que "la lucha contra la evasión hace precisamente a la seguridad, la educación y la salud de los bonaerenses".

Por su parte, Montoya remarcó que desde ARBA se ha detectado que "cuando se realizan operaciones entre empresas, en lugar de hacer una transferencia electrónica o entregar un cheque, se está manejando el dinero en efectivo para que no quede nada registrado ante el fisco".

"Se están utilizando cada vez más medios de pago que no dejan rastro. Se están acomodando los negocios para no afrontar los pagos impositivos correspondientes", subrayó el titular de la ARBA.

Así concluyó que "está ocurriendo un corrimiento de las operaciones hacia la informalidad", y estimó que "el paso siguiente es la informalidad laboral".

Puntualizó que "la variable de ajuste también son los trabajadores que pasan a estar en negro", y añadió que "la evasión nos deja a todos sin servicios educativos, ni en los hospitales, ni policías".

"Las maniobras truchas son las que más están creciendo en este momento", afirmó Montoya.

En ese sentido, destacó que "el uso de transporte de caudales aumentó 173 por ciento, en medio de la crisis", y explicó que "es un mecanismo de ajuste que tienen algunos contribuyentes para evitar las cargas fiscales y así mantener sus niveles absolutos de ganancias, pese a que la actividad económica ha caído un poco".

Además, indicó que "se reactivó fuertemente el uso de las cuevas financieras, que son las bisagras que permiten traspasar las actividades registradas a negocios financieros que no lo están".

"Cuando vayan llegando a las cuevas los que se traspasan a la economía informal, nos van a encontrar a nosotros esperándolos", aseguró Montoya, quien remarcó que habrá "un terrible operativo de control contra todo este tipo de movimiento".

Puso de relieve que la Provincia ya detectó "un consulado de un país africano -se trata de Guinea Bissau- utilizado para llevar a cabo actividades de este tipo aprovechando la exención impositiva que les toca".

Precisó que "hay 10 empresas que tienen domicilio en ese consulado, que es propiamente dicho una cueva financiera, donde se negocian cheques".

También denunció que hay "cooperativas y mutuales que están siendo alevosamente mal utilizadas en algunos casos para amparar cuevas y negocios financieros al margen de las leyes impositivas".

Sostuvo que "el cooperativismo es sinónimo de solidaridad", por lo cual dijo que convocará "a organismos colegas a establecer fuertes mecanismos de control, para evitar que una figura que debe generar la simpatía de toda la sociedad, como son las cooperativas, se traduzca en una carcasa donde se amparan cuevas".

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