Un acuerdo de buenas intenciones entre los principales bloques de Diputados y la Jefatura de Gabinete prenuncia que, el próximo miércoles, el primer informe de Sergio Massa al Congreso será diferente a los 73 que lo precedieron desde la creación del cargo por la reforma constitucional de 1994.
Si sale bien, se habrán cumplido las reglas de un reportaje colectivo y los diarios hallarán el título que buscaron en vano tantos años. Quizá tengan que ver con las valijas de Antonini, la crisis con el campo o el reciente superdecretazo de Cristina que succionó el poder de las bancas. Tres lustros son más que suficientes para probar otro mecanismo para que los encuentros no se limiten a una mera formalidad que en un tercio de ocasiones ni siquiera se cumplió.
Massa es el primer jefe de Gabinete que propicia el cambio a favor de la utilidad de la misión y en beneficio del fin de los discursos interminables. Al frente de la sesión, el jefe del cuerpo, Eduardo Fellner, deberá lograr que la meta no sea el olvido.
Las pautas de esta experiencia piloto fueron elaboradas, entre otros, por representantes de la bancada oficialista (Patricia Vaca Narvaja y Patricia Fadel), del bloque radical (Silvia Lemos), del macrismo (Federico Pinedo) y de la Coalición Cívica (Fernando Sánchez). Mañana se ocuparán de hablarlo en los bloques. No todos saltan de alegría ante este acuerdo, que se resume así:
1) Los temas se concentrarán en tres grandes asuntos, los dos primeros a propuesta de la oposición y el restante por el propio Massa. Son la inflación, los delitos internacionales y la política financiera, fiscal y comercial. El primero engloba tácitamente otros como la crisis con el campo y el INDEC; y el segundo, el escándalo que se dilucida en el juicio de Miami y el narcotráfico.
2) Los tiempos en el uso de la palabra también aparecen acotados. Los bloques compuestos por más de 20 diputados tendrán 10 minutos para formular 5 preguntas (es el caso de los 130 kirchneristas y los 40 radicales). Los integrados entre 4 y 19 contarán con 7 minutos para fundamentar 2 preguntas (incluyen a los 18 cívicos, los 16 macristas, los 10 socialistas, los 9 del SI, los 6 del Frejuli puntano y los 4 del bloque prooficialista Encuentro), en tanto que los de 3 (por ejemplo, los neuquinos) tendrán cinco minutos y podrán plantear una sola pregunta.
Massa responderá por partes o en conjunto, pero luego todos esos bloques -desde los mayoritarios a los minoritarios- podrán realizar una única repregunta en un minuto.
Según los papeles, los unipersonales tendrán que agruparse a modo de singulares tríos, lo cual torna impensado, por ejemplo, que vayan unirse para ese fin Claudio Lozano (Proyecto Sur) y Miguel Bonasso (K crítico) con Nora Ginzburg (Recrear). Un problema pendiente todavía de solución.
No obstante, como para medir el espíritu de un método todavía no contemplado, el presidente del bloque SI, Eduardo Macaluse -autor de un proyecto anterior para cambiarlo-, declaró: "Esto es más serio que lo que veníamos haciendo."
En síntesis, no será un cometido fácil, pero nadie imagina que vaya a suceder lo que pasó hace unos diez años. Fue cuando Jorge Rodríguez, jefe de Gabinete entonces del gobierno menemista, no dio su informe sobre la privatización por decreto de los aeropuertos y optó por dar explicaciones en la Sala de Periodistas. De tan indignado, un diputado radical, el jujeño Alejandro Nieva, imposibilitado de entrar por la puerta para acusarlo de mentiroso, lo hizo por la ventana. Un escándalo que algunos cronistas que quedaron a centímetros del tumulto sólo pudieron ver por un televisor que había en un rincón como si estuvieran en La Quiaca. "La tarde elemental ronda la casa, la de ayer, la de hoy, la que no pasa", diría Borges.
PRESUPUESTO 2009: DIPUTADOS VOTARÍA EN 15 DÍAS
El oficialismo en la Cámara de Diputados buscará aprobar el primer presupuesto de la Presidenta Cristina Fernández dentro de unos 15 días, en un trámite parlamentario que se anticipa expeditivo ante la falta, hasta el momento, de propuestas alternativas o cuestionamientos opositores que pudieran empantanar el avance del proyecto.
Y es que los tironeos que el kirchnerismo anticipa en la votación en particular del texto saldrían todos del propio bloque mayoritario y sin mayores consecuencias para la aprobación, a juicio de la conducción de la bancada.
CONFLICTOS SALARIALES COMPLICAN PRESUPUESTO 2009
Los gobiernos provinciales no logran concretar las resoluciones del Presupuesto 2009 por los constantes reclamos salariales por parte de los gremios y las resistencias a modificaciones impositivas que algunos distritos impulsan. Las interminables pujas ponen en aprietos a los gobernadores, que en la mayoría de los casos no consiguen enviar los proyectos de ley a las Legislaturas locales, e impulsan rondas consultivas para poder determinar las proyecciones para el año próximo en materia de recursos financieros.
La provincia de Buenos Aires es, quizás, el ejemplo más concreto. El gobierno de Daniel Scioli enfrenta por estos días una dura disputa con el sector docente, que puso en peligro las negociaciones con los trabajadores estatales.
Por este motivo, los legisladores bonaerenses de la Coalición Cívica expresaron su preocupación porque el mandatario “no cumplió con la manda constitucional que lo obligaba a presentar antes del 31 de agosto el proyecto de ley de presupuesto”.
Abel Miguel (radical en la CC) expresó al respecto que “al margen del incumplimiento legal, se pone a la provincia en estado de incertidumbre en cuanto a sus gastos y recursos para el año entrante”, a la vez que no descartó que sea la propia Legislatura “la que inicie el estudio y tratamiento del tema, tal como lo marca la Constitución y para evitar la prórroga del actual presupuesto”.
El caso de la provincia de Santa Fe también es significativo. Más allá de que los reclamos salariales mermaron en los últimos días, el gobernador socialista Hermes Binner enfrenta el desafío de impulsar una reforma tributaria que permitirá incrementar los ingresos de la provincia, con una importante oposición por parte de los sectores afectados.
No obstante, el gobierno enviará hoy a la Legislatura provincial el Presupuesto de Gastos y Recursos de 2009, aunque los montos no están confirmados debido a que la oposición rechazó la ley de reforma impositiva que ya se contaba en el proyecto. Según se explicó, el aumento de impuestos que la oposición justicialista frenó en la Legislatura les iba a reportar 670 millones de pesos a las arcas provinciales.
El ministro de Economía, Angel Sciara, declaró que si la provincia gasta lo que pensaba presupuestar, los 120 millones de pesos que el proyecto tenía de superávit «se van a transformar en 300 o 400 millones de déficit».
Antes del rechazo al aumento de impuestos, Sciara les informó a los diputados de la bancada oficialista que el Presupuesto incluía 17 mil millones de pesos de gastos corrientes y 1.650 millones de capital, con un superávit de 120 millones. Esa cifra supera en 40% al presupuesto para el año en curso, dijeron voceros de la cartera económica.
El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, propulsó un incremento en el impuesto inmobiliario rural -similar intención tuvo Santa Fe-, aunque la resistencia de los productores obligó a la suspensión de la suba por 45 días. En este escenario, después de 18 días de paro desde el fin de las vacaciones de invierno, los docentes resolvieron ayer no volver a la huelga y presentarán una propuesta al gobierno. De todas maneras, el gremio anunció una movilización en todas las ciudades de la provincia para mañana, cuando el Poder Ejecutivo enviará a la Legislatura el proyecto de Presupuesto para 2009, lo que marca la intención de intervenir en la resolución.
El caso de Córdoba también presenta el mismo horizonte. Se estima que en los próximos días se conozca el proyecto del Ejecutivo. En tanto, el gobernador Juan Schiaretti tiene asegurado un incremento de recaudación importante con las modificaciones impositivas del año próximo. Dicha reforma incluiría una presión tributaria al campo, aunque la experiencia de Santa Fe y Entre Ríos es una alerta.
El proyecto de ley de Presupuesto 2009 incluirá la reforma tributaria que garantice, sin incrementar la presión fiscal, la solvencia del Estado, lo que implica avanzar sobre el impuesto a la última venta e ir eliminando el Impuesto a los Ingresos Brutos. «De igual manera, el Impuesto Inmobiliario Rural dependerá de la producción de cada predio, tal como lo solicitan desde el sector y tal como lo estamos consensuando, por lo que se eliminará el valor especulativo de los bienes», suavizó el mandatario.
En tanto, Tierra del Fuego es el distrito que más problemas financieros padece. El miércoles comenzará el debate del Presupuesto 2009. El ministro de Economía, Roberto Crocianelli, realizará una evaluación general del proyecto que ya remitió la gobernadora arista Fabiana Ríos y que tomó estado parlamentario en la sesión del pasado 18 de setiembre.
En medio de la profunda crisis y con una constante demanda gremial, los funcionarios deberán exponer ante las autoridades de los organismos descentralizados y autárquicos para consensuar la aprobación.
ÁMBITO NACIONAL, PÁGINA 23
EL PJ BUSCA QUE SE VOTE LA MOVILIDAD EN LAS JUBILACIONES
Tras el fracaso en la sesión del miércoles pasado, el oficialismo en el Senado asegura que esta semana quedará aprobado el cuestionado proyecto de movilidad jubilatoria. Los opositores, en tanto, siguen alertando que será "una trampa" porque los haberes de los jubilados subirán siempre menos que los sueldos y que la inflación.
En el centro de los cuestionamientos está la fórmula de aumentos imaginada por los técnicos del INDEC, llena de letras griegas y números decimales que nadie supo poner hasta ahora en cifras reales.
Lo que está claro es que se aplicará el promedio entre aumentos salariales de los activos y la recaudación tributaria, pero con el "techo" de que no supere a la variación de los recursos totales por beneficio de la ANSeS: siempre se usará el número que dé menor. Pero esto no sólo corre para los actuales jubilados. El radical Gerardo Morales denunció que, según el proyecto, la misma fórmula se aplicará a los trabajadores en actividad que deseen jubilarse. Y saldrán perjudicados.
"Será una fuente de litigiosidad del sistema, porque ¿qué tiene que ver la recaudación con el salario del trabajador que quiere jubilarse? Es para juicio seguro", apuntó Morales.
El oficialismo anunció en cambio que es un "muy buen proyecto" y que su intención es que no se le toque ni una sola coma al texto que llegó de Diputados. Esta semana no harán falta los dos tercios de los votos, ya que con más de siete días de emitido el dictamen se votará por simple mayoría.
ESTUDIAN AUMENTO DE HABERES PARA JUBILADOS
El titular de la ANSES, Amado Boudou, reconoció que el Gobierno estudia aumentar los haberes de los jubilados antes de fin de año. También vaticinó que en 2009 los incrementos en los haberes de la clase pasiva podrían estar entre el 8 y el 11 por ciento. El funcionario llegó a esa cifra después de emplear la fórmula de ajuste prevista en la ley de movilidad jubilatoria que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.
El cálculo parece conservador frente a las cuentas que realizaron los senadores del oficialismo. Tanto el titular de la comisión de Presupuesto, el correntino Fabían Ríos, como el presidente de la bancada kirchnerista, el rionegrino Miguel Ángel Pichetto, aventuraron que los aumentos para el año que viene podrían acercarse al 18 por ciento.
Boudou no se animó a entregar una cifra en ninguna de las audiencias que se realizaron en el Congreso para discutir el texto de la norma. Se negó enfáticamente a realizar un ejercicio práctico con la fórmula contemplada en el proyecto de ley. En todo momento se limitó a decir: “No vamos a hacer promesas que no vamos a cumplir”. Repitió una y otra vez que no había que jugar con la expectativa de los jubilados y que el sistema tiene que ser autosustentable.
El cambio de estrategia tiene una explicación. A pesar de los vaticinios previos, el miércoles pasado se frustró el tratamiento del tema. Por esto Boudou afirmó ayer que “la ley se va a votar porque aspiramos a que los jubilados tengan un aumento todos los marzo y diciembre”. Boudou incluso aventuró que la causa del enojo de los jubilados se explica por “los 20 años de postergaciones” y no por el monto de los haberes.
Aplicando una fórmula, que la oposición califica como “confiscatoria”, el oficialismo propone aumentar los haberes de los jubilados dos veces al año. La fórmula está compuesta por dos componentes: por un lado el aumento salarial promedio de los trabajadores en actividad y por otro la recaudación de la ANSES. En la misma línea que Boudou, el senador Ríos elogió ayer el texto aprobado en Diputados. El mismo proyecto que el oficialismo se propone aprobar en la Cámara alta sin ninguna modificación. Además de hablar bien de la iniciativa enviada por la Casa Rosada, Ríos consideró que la fórmula propuesta en la ley “garantizará mayores ingresos” para los jubilados.
El kirchnerista aseguró que “no es cierto que la fórmula le ponga un techo al crecimiento de las jubilaciones, sino que pone un límite a los gastos de la ANSES cuando la economía en el país afronte un período de recesión”. Al avalar la iniciativa, el senador correntino insistió en decir que “la cláusula da garantías de sustentabilidad del sistema en el tiempo”.
CONGRESO QUIERE CITAR A ECONOMÍA
La oposición siguió con atención en el Congreso todos los anuncios y explicaciones que Cristina de Kirchner dio en Nueva York sobre la operación de canje de bonos con los acreedores en default y la reprogramación de vencimientos en 2009 y 2010. Pero hasta ahora no han encontrado una explicación concreta sobre cómo se llevará adelante el proceso. Ayer el radical Gerardo Morales adelantó que junto a la Coalición Cívica no esperarán a que el gobierno envíe al Senado el proyecto para modificar la ley del canje de bonos -necesaria para habilitar el ofrecimiento de los ahora cinco bancos que presentan a los holdouts- sino que antes quieren recibir informes sobre el volumen de bonos que se emitirán y la tasa final que pagará el país.
Esta semana no sólo presentarán pedidos de informes sobre el tramo de esa operación que debe aprobar el Congreso, sino también por la postergación de vencimientos en los dos próximos años, tema que no pasará por el debate en los recintos. Pero, a pesar de eso, la UCR, la Coalición Cívica y el peronismo disidente encontraron una grieta para intentar complicar al gobierno: plantearán esta semana en el recinto del Senado la necesidad de que Carlos Fernández informe al Congreso la situación fiscal que derivó en la necesidad de reprogramar pagos.
MIÉRCOLES ARRANCA LA NUEVA ETAPA DEL CANJE DE DEUDA
El nuevo canje de la deuda arrancará este miércoles, 1° de octubre, según los plazos que manejan los bancos y el Gobierno. En ese esquema, la operación debería estar cerrada para el 15 de noviembre, cuando el Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de ley de consolidación de deuda, que autorizará la entrega de nuevos bonos a los acreedores que quedaron afuera de la reestructuración que se hizo en 2005.
Con esta operación, los Kirchner apuntan a ganar mayor grado de libertad para manejar los recursos fiscales y encarar el desafío electoral de 2009, donde juegan gran parte de su destino político.
Hoy a las 19, Cristina Kirchner recibirá en su despacho a los representantes de los bancos Barclays, Citi y Deutsche, que desarrollaron la propuesta de reapertura del canje para quienes quedaron afuera en el 2005 (conocidos como holdouts) y de refinanciación de los llamados Préstamos Garantizados (PG), papeles en poder de los bancos que concentran la mayor parte de la deuda que vence el año próximo y en 2010.
Los detalles técnicos de la propuesta se conocerán recién el jueves. Es por las restricciones que impone la Bolsa de Nueva York, donde operan los bonos en discusión. El miércoles, los abogados de la Argentina publicarán en la página web de la SEC (Comisión de Valores de Estados Unidos) la oferta y entonces será difundida.
Con el Acta Acuerdo que firmará hoy Cristina (que los financistas llaman Proposal Letters), los bancos podrán avanzar a partir del 1° de octubre con la suscripción del canje: conseguir los compromisos de los bonistas de entrar en la operación. Los bancos reconocen tener ya ese compromiso de los tenedores de US$ 7.500 millones en bonos en default. Algunas fuentes, sin embargo, señalan que tienen firmados compromisos por US$ 10.500 millones, pero que apuestan a mostrar un rápido éxito en la adhesión, y que por eso estarían minimizando hoy el monto.
El período de suscripción terminaría el 15 de noviembre, según los plazos que están manejando los bancos y el Gobierno. En ese momento, la operación sería refrendada con una ley, a la que han bautizado ley de consolidación de deuda, y en cuyo proyecto están trabajando el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, y el presidente de la Cámara de AFJP, Sebastián Palla, junto al estudio de abogados que representa al país en los EE.UU., Cleary, Gottlieb y Steen (llevan los juicios por la deuda), todos bajo la supervisión del jefe de Gabinete, Sergio Massa, quien articula todo el proyecto.
En forma paralela avanzaría el canje de los PGs, la otra pata de la propuesta financiera. En el Gobierno aseguran que para esto no hace falta una ley, porque es deuda que no está en default. El objetivo, en este caso, es estirar los plazos de los vencimientos de esos títulos, que son los que más pagos requerirán durante los próximos dos años. "La refinanciación de los PGs debería estar terminada, como máximo, para el 31 de diciembre", estiman los bancos.
"De tener un éxito medio -aseguran fuentes oficiales-, esto implicará una mejora financiera para el año próximo de 8.000 millones de dólares, entre la reducción de vencimientos y el ingreso de dinero fresco". Cabe recordar que el canje de los holdouts va acompañado por la compra de nuevos bonos en una proporción de 25 dólares por cada 100 canjeados. La refinanciación de los PGs también incluye esa cláusula, con una proporción del 30%.
El impacto de esos US$ 8.000 millones es muy alto: el año próximo el Gobierno contabiliza vencimientos por US$ 17.600 millones. "Esto nos da grados de libertad muy altos -dicen en la Casa Rosada-. No porque se vaya a incrementar el gasto ni nada por el estilo, sino porque no habría que demorar la construcción de viviendas o caminos, como se hizo este año, por problemas de caja". Claro, el 2009 es año de elecciones. Y en esa vuelta electoral se juega el destino del proyecto K. Las finanzas son parte del camino que Néstor y Cristina Kirchner trazan en dirección a esa fecha.
BLINDAJE EN LOS TRIBUNALES
El secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, aseguró ayer que desde el Gobierno "no manejamos tiempos sino trabajo, y lo que hay que hacer es avanzar lo más rápido que se pueda" en la reapertura del canje que anunció el lunes pasado la presidenta Cristina Kirchner en Nueva York. "De avanzar en esta propuesta, el destino será el Congreso de la Nación", remarcó el funcionario.
Por otro lado, sostuvo que la posición de la Argentina frente a los tribunales internacionales "se verá robustecida" por esta nueva oferta a los bonistas. También reconoció que "es posible que algunos acreedores no se sumen al canje, algo que desde mi punto de vista es equivocado, ya que no veo que exista la chance de obtener algo distinto a esta propuesta".
CASO DE LA VALIJA: UBERTI APUESTA A LOS CRUCES DE TELÉFONOS PARA DEFENDERSE
Ya es una moda necesaria. El seguimiento de los teléfonos celulares se convirtió en una prueba central de las investigaciones judiciales. El escándalo de la valija de Guido Alejandro Antonini Wilson no es la excepción. Y ahora recurrió a ello la defensa del ex funcionario kirchnerista Claudio Uberti para intentar probar su desvinculación del lavado de dinero y/o contrabando investigado.
En rigor, el abogado Diego Pirota, defensor de Uberti, echó mano a un trabajo que ya habían hecho en la causa los fiscales María Luz Rivas Diez y Mariano Borinsky para demostrar que Uberti fue a la quinta de Olivos pocas horas después del incidente.
Ahora, el abogado de Uberti apeló a ese informe para intentar demostrar que su cliente "jamás" participó de una cena con Antonini dos meses antes del escándalo, como sospechan los representantes del Ministerio Público. Ellos basan su acusación en esa cita.
La cena, según los fiscales, se habría llevado a cabo a fines de mayo de 2007 en el Hotel Sofitel. Sin embargo, Pirota afirma que ella no existió y para probarlo usa el seguimiento de los dos celulares de Uberti identificados en la causa. Según ese recorrido, la noche del 29 de mayo, cuando habría ocurrido la supuesta cena, los celulares de Uberti lo muestran en la zona de su ex oficina, el Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) y media hora después en la zona de su casa, en Palermo.
Los teléfonos no registran más llamados hasta la mañana del día siguiente. "Es imposible que Uberti haya cenado con Antonini si salió de su trabajo y media hora después estaba en su casa", dijo Pirota a Clarín.
Los fiscales alegan que la cena existió ya que figuraba citada en una agenda digital secuestrada en la causa y atribuida a Uberti. "21.00 hs. Cena Diego. Le Sud. Sofitel", dice la cita. Le Sud es el nombre del restorán del hotel. Y Diego es Uzcátegui, el ex vicepresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Uberti, a través de sus abogados, se mantiene en sus trece. Dice que conoció a Antonini el día que regresaban de Caracas. Ese 3 de agosto, según su relato, se lo presentó Uzcátegui durante un almuerzo en el restorán vasco Casa Urrutia. Y allí le habría pedido subirlo al avión junto a su hijo, Daniel Uzcátegui.
Antonini tiene otra versión. Ante la Justicia de Miami dijo que estuvo reunido para esa época con Uberti, pero no en el restorán del hotel sino en las oficinas del ex titular del Occovi. En un registro de ingresos al Occovi figura que para esa fecha concurrió al edificio un tal "Guillermo Antonini". No es ésa la única discrepancia entre los relatos de Antonini y Uberti. Claro que lo que dice el venezolano, por ahora, no tiene validez ante los tribunales argentinos. La otra diferencia gira en torno a la valija. En Miami, Antonini dijo que era de Uberti y que hubo otros US$ 4,2 millones. Pero en el acta de secuestro, el propio Antonini admitió que era suya.
REVÉS PARA EL VALIJERO: DECLARA EN MIANI AGENTE QUE CONFISCÓ LA VALIJA
María del Luján Telpuk, la ex agente de la Policía de Seguridad Aeronáutica que revisó la valija de Guido Antonini Wilson en Aeroparque la noche que se le confiscaron los u$s 800.000 llegó ayer a Miami para declarar como testigo en el juicio que se le sigue al venezolano Franklin Durán, acusado de conspirar para ocultar el escándalo del maletín.
Telpuk no formará parte de la estrategia de acusación del fiscal Thomas Mulvihill, sino todo lo contrario: el viernes declarará por pedido de Edward Shohá, el defensor de Durán. El abogado del acusado quiere demostrar que Antonini Wilson miente cuando dice que existieron otras valijas que viajaron en el avión alquilado por ENARSA con más dólares que llegaban a Buenos Aires. Durante su testimonio, que hoy continuará, Antonini dijo primero que el monto total era de u$s 4,2 millones y luego lo elevó a u$s 6 millones.
Telpuk, por el contrario, dijo hasta ahora que a ella no le consta que existieran otras valijas con dinero esa noche. De hecho, en declaraciones a la prensa en la Argentina dijo primero que había pasado todo el equipaje por el detector de rayos y que sólo en un maletín apareció la imagen de los dólares. Luego morigeró esa declaración explicando que «no le constaba» que existieran otros envíos.
Telpuk ya declaró también en la causa argentina que investiga la tentativa de ingresar el dinero al país que lleva el juez federal Daniel Petrone. Pero ahora su participación en Miami, más allá de las expectativas artísticas que la ex agente ya le dio a este viaje ni bien aterrizó ayer en Miami, puede ayudar a desbaratar el testimonio de Antonini Wilson.
De ratificarse esa declaración, sería el segundo golpe para el fiscal Mulvihill después de que otro testigo, el arrepentido Moisés Maiónica, que se declaró culpable a cambio de una pena menor acordada con el fiscal y el FBI, tuviera que reconocer hace una semana que algunas de las conversaciones que aparecen en las famosas grabaciones tomadas por Antonini Wilson en realidad no se ajustan a la verdad.
PAPELERAS: LOS ASAMBLEÍSTAS NO CREEN QUE CRISTINA BUSQUE LEVANTAR EL CORTE
El corte de la ruta 136, a 28 km. de Gualeguaychú, estuvo nutrido ayer de asambleístas y visitantes. A las 11 de la mañana, transitaron en grupo hasta el puente internacional General San Martín: seis integrantes del Land Rover Club venían a saludar a los asambleístas y conocer de cerca la planta de Botnia.
Entre los presentes primaba la incredulidad hacia la noticia de que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner hubiera comprometido ante el gobierno uruguayo su palabra de hacer levantar el bloqueo en esta ruta, como trascendió durante la asamblea general de la ONU, la semana pasada.
"Creo que son operaciones de prensa de Uruguay -manifestó Osvaldo Colombatto, veterinario y asambleísta-. Nuestro gobierno jamás nos ha pedido algo así, siempre nos dejaron libertad de acción y de opinión. Me remito al comunicado de la Cancillería argentina de dos días atrás".
NO DESPEJARÁN EL PUENTE A FRAY BENTOS
El Gobierno reaccionó nuevamente ayer en rechazo de un presunto plan para despejar el puente binacional que une Gualeguaychú con Fray Bentos, cortado por una protesta de asambleístas que reclaman contra la pastera finlandesa Botnia, instalada en la margen oriental del río Uruguay.
Tres fuentes de primer nivel de la administración de Cristina Kirchner dijeron que no existía un compromiso en ese sentido con el canciller uruguayo, Gonzalo Fernández, tal como fue publicado ayer en otro matutino nacional con declaraciones del propio funcionario.
"El Poder Ejecutivo no tomará ninguna decisión que signifique despejar el puente, incluso aunque no aprueba ni comparte ese método de protesta", dijo un diplomático que conoce como pocos el diferendo con Uruguay.
"No hay nada de nada. Toda decisión allí deberá tomarla, como hasta ahora, la Justicia", abundó ayer uno de los principales ministros del Gobierno.
La controversia en torno a este presunto compromiso adoptado por Fernández de Kirchner con el canciller uruguayo renació incluso luego de que la cancillería argentina negó oficialmente, el jueves último, su existencia.
MOVIDA EN MONTEVIDEO
Un grupo de asambleístas de Gualeguaychú estará pasado mañana en Montevideo para participar de una marcha contra la instalación en Uruguay de un megabasurero. El centro de acopio recibiría residuos sólidos enviados por la finlandesa Botnia, otras plantas de celulosa e industrias que generan desechos peligrosos.
La planta de Botnia procesa unas 3.000 toneladas diarias de eucalipto para la producción de celulosa. La marcha comenzará a las 13:30. Unirá la Plaza Independencia con el edificio de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, en la capital uruguaya.
Los asambleístas darán su apoyo de esa forma a ciudadanos de Cañada Grande, en departamento de Canelones, lugar donde se instalaría el megabasurero, un depósito de 450 hectáreas. Participarán unos 20 asambleístas de la ciudad entrerriana.
POR LA CRISIS FINANCIERA, SE FRENAN LAS OBRAS PARA EL TREN SARMIENTO
Si bien no arrastra los fuertes cuestionamientos del Tren Bala y tiene a su favor el consenso mayoritario de que es un proyecto necesario y prioritario, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento también ha pasado a integrar la lista de las megaobras que quedaron paralizadas por el impacto de la crisis financiera global.
Con una "ingeniería financiera" calcada de la que se aprobó para el tren de alta velocidad, la construcción del túnel en la línea ferroviaria del Oeste quedó frenada hasta nuevo aviso por el significativo aumento que se sufrió el costo crediticio de la obra. El financiamiento en juego para la primera etapa del soterramiento consiste en un préstamo a largo plazo de US$ 1.000 millones que tiene como garantía la entrega de una nueva emisión de títulos públicos por el total del crédito. Ahora bien, el principal obstáculo que afronta el Gobierno para cerrar el "acuerdo financiero definitivo" se encuentra en la tasa de interés. Al ser un crédito externo, el elemento central que se toma en cuenta para fijar la tasa de interés es el "índice del riesgo país" que no ha parado de crecer desde los primeros meses de 2008. CLARÍN, PÁGINA 4
CAMPO: EL GOBIERNO BUSCA FRENAR OTRO PARO
El jefe de Gabinete, Sergio Massa, y el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, se reunieron ayer para preparar una serie de anuncios para el sector agropecuario, vinculados a enfrentar la emergencia por sequía y dar respuesta a los reclamos de las entidades rurales en materia de lechería, ganadería y granos. La movida oficial se conoció a pocas horas de que la Comisión de Enlace se reúna mañana en Buenos Aires para definir si retoman acciones de protesta.
Cheppi no quiso adelantar detalles de las medidas, pero señaló que se trata de "un paquete para generar un plan de mediano y largo plazo que permita una mayor producción". Aseguró además que convocará a las entidades de productores esta misma semana, aunque después de la anunciada reunión en que la Mesa de Enlace podría anunciar una nueva medida de fuerza.
La Federación Agraria, una de las cuatro entidades del bloque agropecuario, ya definió que su propuesta es realizar un paro de tres días la semana que viene. Alfredo De Angeli, el mediático dirigente entrerriano, se quejó ayer de la falta de respuesta del Ejecutivo tras la crisis del campo. Indicó que "los Kirchner no piensan más que en una revancha". Y disparó: "Seguramente estén contentos con la sequía que sufre el país".
"Nosotros estamos apostando al diálogo", replicó Cheppi.
SANTIAGO DEL ESTERO ELEGIRÁ GOBERNADOR EN NOVIEMBRE
La excusa fue el nuevo aniversario de la cuidad de Beltrán, ubicada a 20 kilómetros de la capital. Allí, el gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, anunció ayer que el próximo 30 de noviembre se realizarán las elecciones provinciales en las que irá por su reelección y en las que se renovará totalmente la Legislatura provincial, que se reducirá de 50 a 40 diputados.
"Realicé una ronda de consultas y sondeos con el jefe de Gabinete y otros funcionarios que se quedaron en la provincia y analizamos las fechas que nos permitía la Constitución. Así que vamos a trabajar todo el fin de semana, y el lunes estaré firmando el decreto que convocará a las elecciones para el próximo 30 de noviembre", sostuvo Zamora.
Más adelante, el gobernador santiagueño afirmó que "la Constitución provincial habilita a realizar las elecciones desde el 23 de noviembre, pero esa fecha está descartada porque coincide con la festividad de la Virgen de Sumampa". El anuncio en Beltrán significó en cierta forma el lanzamiento de su campaña para la reelección. Esto no fue casual, ya que Zamora vivió muchos años en esta ciudad y aprovechó este nuevo aniversario para realizar el anuncio. Se tratará de las primeras elecciones importantes luego del extenso conflicto del campo, y en ámbitos provinciales se da por seguro que el gobierno nacional apoyará firmemente la reelección de Zamora en Santiago del Estero.
SE REDUCIRÁ MÁS EL ENVÍO DE FONDOS DE COPARTICIPACIÓN A LA PROVINCIAS
El conflicto entre el Gobierno y el campo desnudó, como ningún otro, la profunda inequidad fiscal en el país, con una nación rebosante de recursos frente a provincias asfixiadas y sus cuentas en rojo. El conflicto rural se apaciguó, pero aquel contraste entre Nación y provincias no sólo continúa hoy, sino que persistirá el año próximo: según el presupuesto de 2009, sólo el 24,8% del total de la recaudación se destinará a la coparticipación.
En efecto, según el presupuesto de 2009, el Tesoro girará alrededor de 80.000 millones de pesos a las provincias el año próximo, el 24,8% del total de los ingresos anuales. Este porcentaje se sitúa muy por debajo (10 puntos menos) del piso mínimo que establece el último pacto fiscal entre la Nación y las provincias, que fijó ese umbral en el 34%. Asimismo, es el porcentaje más bajo de los últimos 50 años.
Esta situación de fragilidad fiscal, sumada a la creciente inflación y las demandas salariales de los sindicatos estatales, coloca a las provincias en una situación de dependencia creciente con la Nación. Esto explica por qué en las últimas semanas no sólo los gobernadores peronistas díscolos como Juan Schiaretti (Córdoba) reclaman un reparto más equitativo de los ingresos, sino que incluso el kirchnerista Daniel Scioli (Buenos Aires) hizo trascender que reclamará a la Nación una nueva ley de coparticipación y un reparto más justo del impuesto al cheque.
En la Cámara de Diputados, los oficialistas "rebeldes", encabezados por Felipe Solá (Buenos Aires) y Enrique Thomas (Mendoza), presentaron un proyecto para aumentar la coparticipación del impuesto al cheque (como se informa por separado). Esta iniciativa se suma a una jugada conjunta de la oposición, que también puso en la mira ese tributo que fue aprobado como provisional y cuya eliminación nadie se plantea hoy. Es lógico: significa para el Tesoro una recaudación global de entre 15 y 20 mil millones de pesos anuales. Sin embargo, de ese total, la administración nacional cede menos del 30% a las provincias.
Es cierto que, además de la coparticipación (que se gira de manera automática), la Nación realiza transferencias adicionales de fondos a las provincias, destinadas mayormente a vivienda, educación y obra pública.
El problema es que se trata de giros discrecionales, es decir, que no están sujetos a normas objetivas sino que los deciden los funcionarios de turno sobre la base de intereses políticos también coyunturales.
Según precisó la semana pasada el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, a los diputados de la Comisión de Presupuesto, en 2009 se girarán 15.600 millones en concepto de transferencias discrecionales.
Si se los suma a los 80.000 millones de coparticipación automática, las provincias recibirán, en total, 95.600 millones de pesos. Pero ni aun con estos fondos adicionales se alcanza al piso mínimo que fija la ley, apenas con esos giros la cifra araña el 29%.
¿Qué grado de discrecionalidad, según el presupuesto, habrá el año próximo en el reparto de los recursos a las provincias?
De acuerdo con un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), "las provincias donde más se aumentará el gasto son Chaco, Misiones, Tucumán y Chubut. Por el contrario, Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y Tierra del Fuego son las que menos incrementos verán".
El reparto de recursos para la construcción de caminos y rutas también llama la atención. "La Pampa, Tucumán, Salta y Chaco verán un aumento en este rubro muy superior a la media; por el contrario, Buenos Aires, La Rioja y Córdoba se encuentran entre las que menos incrementos tendrán o incluso disminuirán los fondos que la Nación invertirá en Vialidad", se afirma en el informe.
Allí se precisa que La Pampa, por ejemplo, tendrá una mejora del 74% respecto de 2008, Tucumán del 71% y Salta del 66%. En cambio, Buenos Aires recibirá un 40% menos de recursos y Córdoba, un 7% menos.
La demora, de más de 10 años, en sancionar una nueva ley de coparticipación -como se fijó en la Constitución nacional tras su reforma de 1994- genera estas distorsiones en el reparto de recursos, según afirman los expertos. Si bien sancionar una ley de coparticipación es complicado, pues se requiere el acuerdo de todas las provincias, desde que el kirchnerismo llegó al poder, nunca esbozó intención de avanzar en la materia.
El ex ministro de Economía Roberto Lavagna propuso recientemente una serie de criterios para discutir una nueva coparticipación, entre las cuales figura la coparticipación de todos los impuestos nacionales, incluido el impuesto al cheque y retenciones, de acuerdo con la distribución secundaria entre las provincias.
Asimismo, sugiere que los excedentes de la recaudación tributaria, que hoy concentra la Nación, también se vuelquen a las provincias.
Sobre este punto, el diputado Esteban Bullrich (Pro-Capital), advirtió que de los 36.000 millones de excedente presupuestario de este año que la presidenta Cristina de Kirchner reasignó por decreto de necesidad y urgencia, ni un solo peso llegará en forma de fondos frescos para las administraciones del interior.
STORNELLI DISCREPA CON ANÍBAL FERNÁNDEZ
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó que hay bandas de narcotraficantes trabajando en la Argentina. Y volvió a poner en discusión la teoría del titular de Justicia nacional, Aníbal Fernández, quien minimiza la fuerza y la organización de estos grupos.
Carlos Stornelli admitió que están operando en el país. “Antes no lo hacían y ahora han descubierto beneficios para instalarse”, apuntó el ex fiscal. Fernández, por el contrario, después de los asesinatos en Unicenter, la aparición de los cadáveres de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina y el descubrimiento de un laboratorio vinculado con el cartel de Sinaloa en Maschwitz, destacó las acciones que se llevan adelante con la agencia antidroga norteamericana (DEA) y negó la acción de grupos mafiosos relacionados con el tráfico de drogas.
Las declaraciones de Stornelli, que gestiona en la zona donde ocurrieron todos los hechos, tuvieron un perfil diferente. “Obviamente, es un tema que atrae a la opinión pública por los ribetes cinematográficos que exhibe, pero también muestra una realidad que nosotros creíamos más lejana”, dijo, como si le estuviera rebatiendo el argumento a su par nacional.
El ex ministro de Justicia, en tanto, había subrayado días atrás que bajo ningún punto de vista la Argentina estaba frente a un proceso de “colombianización”. Y había señalado que la Argentina es un país “de tránsito; no existe ningún tipo de cartel. Han sido tres o cuatro mexicanos que están en la Argentina para hacer una diferencia”. Stornelli, otra vez, mostró su desacuerdo. “Observamos, por ejemplo, que en otros países de Sudamérica y Centroamérica el narcotráfico ha llegado a controlar ciertos territorios en toda su extensión. Esto nos parecía muy lejano, pero hoy debe comenzar a preocuparnos”, admitió.
En relación con el peso de los carteles mexicanos en la región, el último domingo, este diario informó un procedimiento en Uruguay, en la frontera con la Argentina. La policía charrúa desbarató a una banda que intentaba exportar 142 kilos de cocaína. Los analistas ya no dudan: los narcos mexicanos bajaron al cono sur. “Estamos preocupados por lo que pasa en todo el Litoral. Operan a un lado y otro de Uruguay y de la Argentina indistintamente”, explicó el funcionario uruguayo a cargo de la lucha contra el narcotráfico, Julio Guarteche.
EL SOCIALISMO INTERVINO EL DISTRITO BONAERENSE
En una hora se hizo la acreditación. Y en 45 minutos se votó. Así de rápido fue el Congreso del Partido Socialista en Santa Rosa que decidió la intervención del socialismo bonaerense, aliado al Gobierno nacional. Ahora la pelea irá a la Justicia: los intervenidos presentarán un amparo, con una medida de no innovar.
Esta vez no hubo escándalo como en el congreso de Costa Salguero -con palos, bombas de humo y trompadas- a principios de septiembre. Pero hubo incidentes menores. Todo rodeado de un fuerte operativo policial, con doble vallado, fuerzas especiales y perros. Y más denuncias cruzadas.
El PS llegó convulsionado a Santa Rosa, porque están enfrentados los socialistas anti-K (que conducen el partido) y los socialistas bonaerenses, aliados K. Lo que suceda en este distrito es clave, de cara a las elecciones de 2009: el PS oficial no quiere una alianza con el kirchnerismo bonaerense.
El presidente del PS, el senador nacional Rubén Giustiniani dijo ayer que "este es un paso más, para construir un socialismo independiente". Aseguró que no dejaron afuera a los congresales bonaerenses: "Vinieron de todo el país. Y ellos que estaban más cerca no llegaron". Desde afuera del congreso, el diputado nacional Ariel Basteiro (a cargo del partido en la provincia por la licencia de Jorge Rivas, ex vicejefe de Gabinete) respondió que "se están derechizando. No quieren el debate. Fue una parodia de congreso". Tenía detrás unos 150 congresales y otros tantos seguidores.
Denunció que fueron retenidos una hora en una caminera, al entrar a La Pampa. Su otro aliado fuerte dentro del PS, el actual vicejefe de Gabinete, Oscar González esta vez no estuvo en el congreso. El rosarino Miguel Zamarini leyó la moción de intervenir el distrito bonaerense. Fue por la alianza con el kirchnerismo en las elecciones de 2007. "La consigna era no a K, no a Lavagna", dijo Zamarini. La votación fue por mayoría y por aclamación. Allí un congresal bonaerense pidió la palabra. Pero no lo dejaron hablar: fue arrastrado por una especie de 'scrum' de rugby de socialistas anti-k y policías. Había unas 1.500 personas repartidas en las sillas y las tribunas. El incidente quedó ahí.
La intervención estará a cargo del mendocino Carlos Maniero. Basteiro dijo que hoy presentaría un amparo contra la intervención. La primera decisión que enfrentará el interventor es resolver si sigue en marcha el llamado a elecciones del 30 de noviembre para definir autoridades del distrito y las candidaturas para 2009.
MOYANO YA DICE QUE SE SIENTE TRAICIONADO POR LOS KIRCHNER
Hugo Moyano dice, a quien quiera escucharlo, que se siente traicionado por los Kirchner. Entre lamentos, explica que el matrimonio presidencial no le paga por su lealtad porque el respaldo que da al gobierno no tiene del otro lado como contraprestación las medidas que solicita desde la CGT.
Confesional, Moyano se liberó días atrás en una charla reservada con sus laderos más íntimos y, como en una sesión de psicoanálisis, reveló su furia y su malestar. Hasta deslizó una posibilidad extrema pero efímera, mero amague: pegar un portazo a la jefatura de la CGT.
“¿Quién le pararía los quilombos si yo no estoy acá?”, se preguntó, retórico, el camionero, que se asume a sí mismo como el custodio de los Kirchner, su gendarme callejero. Por eso, explica, el ex presidente lo puso a su lado en la cúpula del PJ nacional. Pero, se queja ahora, la Casa Rosada no responde como “antes” a sus demandas, con lo que su poder de fuego hacia dentro del sindicalismo se fue licuando en el último tiempo.
De hecho, gracias a -y por culpa de Kirchner-, sigue en la CGT, pero ya no es su único dueño. Es más: la sede de Azopardo, antes búnker exclusivo del moyanismo, perdió el ritmo que tenía meses atrás. Ahora, Moyano opera desde su oficina en la Federación de Camioneros, adonde convoca a los caciques más leales, entre ellos, el taxista Omar Viviani.
Las palabras de Cristina de Kirchner en la UIA, la semana pasada, donde diligenció al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, a apurar una nueva ley de ART para terminar con “la industria del juicio”, fue un golpe que el camionero interpretó como un ataque directo. La “doble vía”, ART y justicia, que pregona la CGT es uno de los 13 puntos que a principios de año Moyano les elevó a los Kirchner para discutir durante el año. Allí figuraba, además, la eliminación de la tablita de Machinea. También fracasó en eso.
Hay más: reclama, hace tiempo, que eximan a las obras sociales de pagar impuesto al cheque. No consiguió ni que se discuta ese punto y, en paralelo, tuvo que soportar una suba de 25% en la prestación de las prepagas que repercute, dice, sobre las obras sociales sindicales.
En sus lamentos, las obras sociales son tema recurrente. Fue el motivo de un estallido de furia contra Héctor Capaccioli que llevó a Moyano a hablar con Alberto Fernández. “Arreglalo con él”, se despegó el porteño de su protegido, que perdura en la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS).
De esa oficina surge otra alertapara el moyanismo. La denuncia de Graciela Ocaña sobre los aportes a la campaña presidencial, que quedaron bajo la lupa luego del triple crimen de Campana, podría derivar en pesquisas judiciales sobre un puñado de gremios.
LANZARÁN PLAN DE VIVIENDAS
Cristina de Kirchner lanzará hoy un plan de viviendas para la clase media. El programa consiste en financiar la construcción de unidades nuevas, por un monto de hasta $ 210.000. Según cálculos del gobierno, estarán en condiciones de acceder a estos créditos subsidiados 1.800.000 familias que deben reunir como condiciones ser trabajadores formales con ingresos familiares que van de $ 3.500 a $ 7.800 mensuales.
El gobierno intenta con esto paliar una realidad: para la mayoría de los argentinos, los créditos hipotecarios son inaccesibles por el desajuste de la relación entre las cuotas y los ingresos. Pero si se analiza el plan en detalle, se ve que lejos está ello de solucionarse.
Por la tarde, se hará el anuncio oficial en el Banco Nación, con la presencia de la primera mandataria. El programa se llamará Casa Propia. La iniciativa fue elaborada en el Ministerio de Planificación de Julio De Vido; la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de José López; y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuyo titular es Luis Bontempo; junto con Mercedes Marcó del Pont, presidente del Banco Nación. Sugestivamente, también colaboraron la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Así, luego del poco exitoso Plan Inquilinos del año pasado, ahora el Banco Nación dará créditos de hasta 20 años con una tasa subsidiada por el Estado. Los beneficiarios deberán demostrar un ingreso familiar que va de $ 3.500 a $ 7.800 mensuales. El subsidio de tasas apunta a que la cuota del préstamo no comprometa más de 30% de los ingresos de los deudores. Los subsidios serán variables en función de los niveles de ingresos del grupo familiar y serán mayores para los sectores de menores ingresos.
Como la tasa de los créditos será variable, las familias se harán cargo de una parte de los intereses, y cuando la porción de la cuota supere 30% del ingreso familiar, será subsidiada por un fondo estatal. Este fondo se constituirá con 50% del recupero de las viviendas construidas por el Estado a partir de 2003. Si el monto resultante no fuera suficiente, está previsto completarlo con recursos provenientes del Presupuesto nacional.
EL OPERATIVO NÉSTOR 2009
Un fantasma recorrió los despachos de los caciques del conurbano.
–Hay que salir a pintar Néstor 2009.
Corridas, nervios, telefonazos, reuniones de urgencia. ¿Lo mandó Néstor?
La idea de las pintadas y los afiches a favor de una candidatura de Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires para un todavía lejano 2009 fue del Movimiento Evita, una de las más importantes organizaciones territoriales kirchneristas. Su interlocutor en el Gobierno es el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.
El funcionario pidió paciencia. Pero lo cierto es que en el oficialismo, por estos días, se tejen y destejen estrategias electorales para el 2009 con la velocidad de los jets. El gran desafío después de la crisis con el sector agropecuario es, al menos, contener los votos, los diputados, los senadores, los concejales. En suma, conservar el poder.
Después de 2009, a la vuelta de la esquina está el 2011. Y ahí sí que se juega el todo por el todo: desde las intendencias, pasando por las gobernaciones hasta la presidencia de la Nación. Y el oficialismo no quiere un tropezón.
Las cosas no parecen tan fáciles como un semestre atrás. En el kirchnerismo provincial no sólo preocupa la caída de la imagen propia, que –dicen– se está recuperando paso a paso, sino los desgajamientos políticos como los radicales K que se fueron con Julio Cobos, o los “pejotistas” que reaparecieron de la mano de Eduardo Duhalde o se imaginan agazapados detrás de Felipe Solá.
Según los cálculos del búnker oficialista, hoy estratégicamente ubicado en la Quinta Presidencial de Olivos, la llegada de Cobos al pelotón opositor no hizo sino complicar las chances electorales de los anti-K. “El escenario es parecido al de 2005. En ese momento la estrella opositora del Gobierno era Chiche Duhalde, que finalmente salió segunda, pero a más de veinte puntos de distancia”, dijo a Crítica de la Argentina un habitué de Olivos.
La elección del ejemplo bonaerense no fue desinteresada. Allí, en la provincia de Buenos Aires, el oficialismo centra sus esperanzas. El 38% de los electores son el bocado más preciado. La decisión de Néstor Kirchner de erigirse en jefe del PJ y recostarse sobre ese partido político, aun en desmedro de concertaciones o transversalidades, obedece a una lógica de hierro: garantizar la elección de abajo para arriba. Esto es, mientras que la elección de 2005 se ganó por el arrastre de la imagen de Cristina, ahora la columna política será la estructura de intendentes. Y necesitan una cabeza visible con buena imagen.
Para el primer caso, hay una catarata de obras para mejorar su imagen de hacedores. La semana que pasó se anunciaron dos hospitales en La Matanza, uno en Morón. Asfalto, agua potable, cloacas y centros de salud se multiplican a un ritmo vertiginoso. Para el segundo ítem, Daniel Scioli era el candidato favorito, pero debería haberse producido una compleja modificación electoral para llevarlo como candidato a constituyente para una reforma de la Carta Magna que nadie pide, y postularlo sin que deje la gobernación. El sciolismo se resistió. Y ganó. En Olivos confían en que cualquier otro candidato, con una mediana imagen y una buena campaña, sorteará el resbaloso 2009. Pica en punta el jefe de Gabinete, Sergio Massa. Lo siguen de cerca el ministro del Interior, Florencio Randazzo y, apenas asoma, el jefe de los recaudadores bonaerense, Santiago Montoya.
Pero no se descarta el primer lugar de la lista para el anfitrión de Olivos, Néstor K. Si efectivamente la oposición sigue dividida y el triunfo está a la vuelta de la esquina, ¿quién de nosotros puede decirle que no al jefe? “Y si gana, ¿adiviná quién es el próximo candidato presidencial nuestro?”, inquiere, casi respondiendo, la fuente.
LLEGÓ LA LLUVIA, PERO LA SEQUÍA AÚN CASTIGA A SANTA FE Y CHACO
Las lluvias que malograron el domingo de muchos porteños serán de suma importancia para la salud de la economía nacional de los próximos meses. Y es que interrumpieron una extensa sequía que, además de provocar millonarios daños a la producción agropecuaria, amenazaba el principal negocio que tiene la Argentina: la siembra de granos gruesos, con la soja a la cabeza. Las precipitaciones cayeron generosamente ayer sobre la región pampeana, aunque todavía había zonas, como el Chaco o el norte santafesino, que esperaban por el agua.
Con registros de hasta 50 milímetros caídos desde el sábado a la noche, estas lluvias sirvieron para cambiar el humor de muchos productores. Hasta ahora, la extensa sequía --considerada por algunos expertos como la más severa en 100 años-- se había ensañado especialmente con la ganadería. Sin pastos suficientes en los campos, esa actividad padeció una mortandad de animales pocas veces vista. En especial en las provincias norteñas y del Litoral, son centenares de miles las cabezas perdidas por falta de alimento.
El trigo, sembrado en el invierno, es la segunda víctima de este fenómeno climático, a tal punto que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires pronosticó que se espera un retroceso del 25% en la producción nacional. "Un número considerable de hectáreas del centro norte triguero enfrenta una situación irreversible", apuntó la entidad el viernes.
Hermes Binner, el gobernador de Santa Fe, una de las provincias más afectadas por la seca, calculó la semana pasada que solamente en su distrito las pérdidas acumuladas por el fenómeno llegaban a los 2.000 millones de pesos. La ayuda del Gobierno nacional a los sectores afectados, en contraste, fue de apenas 25 millones de pesos distribuidos en seis provincias. Esto fue considerado como "una burla" por los dirigentes rurales.
Pero si hasta ahora las pérdidas fueron cuantiosas, mucho peor podía haber sido la situación si no se producían las esperadas lluvias de este fin de semana. Sucede que ya comenzó la siembra de maíz, el segundo cultivo en importancia del país, y en muchas regiones no podía realizarse por la falta de humedad adecuada en el suelo. Con el aporte de las últimas horas, la labor se acelerará mucho en los próximos días.
Aunque se precisarán más lluvias (en algunas zonas el déficit hídrico llega a los 200 milímetros), estas precipitaciones serán claves, además, para el inicio de la siembra de soja, previsto para dentro de unas pocas semanas. El poroto da origen al principal negocio de exportación que tiene la Argentina. Los casi 21.000 millones de dólares que se obtienen por las exportaciones del complejo sojero resultan claves para la política de superávit fiscal y comercial que lleva adelante el Gobierno.
EL SUBSIDIO POR PASAJERO DE TREN MÁS QUE DUPLICA EL BOLETO
El peso de los subsidios en el sector del transporte ha ganado tal importancia que, en algunos casos, ha tornado casi simbólico el precio del boleto. Además, esta tendencia ha profundizado la desigualdad existente en la subvención estatal por servicio. ¿Cuánto paga el Estado por cada uno de los boletos que se venden? La cuenta varía según el tipo de transporte. Por caso, los ferrocarriles y el subterráneo porteño tienen un subsidio promedio de 2,14 pesos por cada pasaje que se vende en las boleterías de los ramales suburbanos, cuyo valor mínimo es de $ 0,65. Por cada uno de los usuarios de colectivos que suben los tres escalones de los ómnibus de las líneas que se numeran del 1 a al 200, el Estado aporta $ 1,45 a los dueños de las empresas. El boleto mínimo en este caso es de $ 0,90.
Más allá del número promedio, la envergadura de los subsidios es tal que en el ramal Belgrano Sur, que está en manos del Estado, los subsidios llegaron a 13,21 pesos por cada boleto vendido. Dicho de otra forma, por cada cincuenta centavos que paga el usuario, el Estado aporta 26 veces más para que el viaje se pueda hacer.
El caso de los trenes es el más elocuente, si se trata de medir la desigualdad en los subsidios. Si bien el promedio pagado es de 2,14 pesos por boleto vendido, los ramales que explota el Estado son, de lejos, los que más dinero reciben. Según datos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) de agosto, que son los últimos disponibles, durante ese mes viajaron 65,6 millones pasajeros en tren y se distribuyeron 140,4 millones de pesos entre las 7 líneas de trenes suburbanos y el subte.
De ese monto, casi la mitad (69,1 millones) se lo llevaron los ramales Roca, Belgrano Sur y San Martín, todos ellos en poder del Estado desde que le fue rescindida la concesión al grupo Metropolitano. Por las tres líneas viajaron 15,9 millones de personas en agosto.
CONFLICTOS DOCENTES: AL PARO DE 2 DÍAS EN CAPITAL SE PODRÍA SUMAR OTRO IGUAL EN PROVINCIA
El conflicto salarial entre los docentes y los gobiernos parece no tener fin, ni en Capital ni en la provincia de Buenos Aires. Los maestros porteños confirmaron ayer que habrá una medida de fuerza de 48 horas esta semana. Será los días miércoles y jueves, tras no haber acuerdo con el Gobierno de la Ciudad por mejoras en los sueldos. En tanto, en la Provincia, los gremios avisaron que hoy podrían decidir una nueva huelga, también de dos días.
En Capital, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), que responde a CTERA, junto con otros gremios -incluido Sadop, de los privados-, resolvieron un paro de 48 horas para los dos primeros días de octubre. Sin embargo, un grupo de sindicatos más pequeños (Sedeba, Adef, ADia y otros) sólo parará el miércoles y lo volverá a hacer el 14 de ese mes.
El reclamo de UTE plantea una mejora salarial del 20 por ciento, la restitución de becas y de la cantidad y calidad de viandas en los comedores escolares, además de mayor presupuesto educativo. Sedeba, por otra parte, también reclama un aumento, mejores condiciones laborales y educativas y rechaza los descuentos de los días de paro.
Mientras, tanto, sin acercamiento entre las partes durante el fin de semana, se agrava el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires. Esta tarde los gremios podrían convocar a un nuevo paro con movilización incluida. Y mientras las autoridades aseguran que los dirigentes intentan "extorsionar" con paros, en el Frente Gremial dicen que un sector del Gobierno está "empecinado en desgastarlos".
Los dirigentes tienen mandato para disponer una protesta por 48 horas, que podría concretarse a partir del jueves. Fuentes gremiales dijeron ayer que "esperan una señal positiva de los funcionarios para encontrar una solución durante el lunes".
El dictado de clases en los próximos días también podría afectar a los 1,3 millón de estudiantes que asisten a colegios privados. Es que los dirigentes del SADOP de Provincia tendrían en carpeta una protesta por 72 horas. Están disconformes porque suspendieron los paros luego de aceptar la mejora salarial propuesta en la sede del Ministerio de Trabajo, pero aún no cobraron los aumentos.
"Es necesario resolver el conflicto porque los chicos tienen que tener clases y porque los docentes tienen que cobrar este aumento", aseguró el director de Educación, Mario Oporto. En la paritaria, la oferta oficial fue elevar el mínimo a 1.450 pesos con un incremento promedio del 12,4 por ciento para todo el escalafón. El retoque incluía llevar el básico a 812 pesos -con los 110 pesos que cobraban como suma fija- y agregar una nueva bonificación de 146 pesos.
"Para llegar a un acuerdo y a lo que pedían, trabajamos en cinco propuestas", dijo Oporto. Para los gremios el diagrama salarial no respetaba el esquema diseñado en esas comisiones. Los sindicatos piden "responsabilidad del Gobierno para retomar el diálogo. Las autoridades tienen las llaves para encontrar una salida", aseguraron. Esta tarde, el Frente Gremial se reunirá para evaluar los próximos pasos.
