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Resumen de Noticias Nacionales

Resumen con las principales noticias Nacionales publicadas en los matutinos de hoy, Jueves 7 de Agosto de 2008.
POR EL PRECIO DE AEROLÍNEAS, LA OPOSICIÓN SALÍO A CRUZAR A JAIME
El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, aseguró ayer que el Estado argentino "no debe pagar nada" por hacerse cargo del 94,41% de las acciones de Aerolíneas Argentinas y el 97% de Austral. A pesar de esa afirmación, fueron muchos los diputados de la oposición que reclamaron que el Gobierno informe en detalle sobre la deuda de Aerolíneas y sus pérdidas actuales, antes de aprobar el proyecto de ley de reestatización enviado por el Ejecutivo.
Jaime admitió que el Gobierno deberá hacerse cargo del pasivo de Aerolíneas y Austral, si bien lo hizo dando un rodeo. "El precio de la compra del paquete accionario será determinado por el Tribunal de Tasaciones y en esa evaluación se tendrán en cuenta activos y pasivos", dijo. El funcionario señaló que el reporte más reciente arroja, a fines de julio, un pasivo conjunto de 891 millones de dólares. "No me voy a hacer cargo sobre la forma en que Aerolíneas fue privatizada y vaciada. Si hubiera un vaciamiento, será la Justicia la que lo determine. Pero sí somos respetuosos de las normas legales", dijo el funcionario.
El Gobierno y el grupo español Marsans acordaron el 17 de julio un plazo de 60 días para determinar el precio de Aerolíneas y Austral. La tasación del Estado está a cargo del Tribunal de Tasaciones, y Marsans tiene su propia valuación, que aún no dio a conocer. A la vez, la totalidad de la operación, así como el precio, deberán ser aprobados por el Congreso, según el proyecto de ley que elaboraron el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el propio Jaime.
"A Aerolíneas ya se le ha sacado mucho. En lo personal, considero que no se debe pagar nada, pero son los organismos públicos y el Congreso quienes deberán determinarlo", dijo el funcionario, en un informe de casi cinco horas de duración en la Cámara de Diputados. Fue la primera vez, en cinco años y medio de gestión, que Jaime acudió al Congreso. Se encontró con un grupo de diputados opositores sumamente abocados a echarle en cara que el proyecto de compra de acciones, en esos términos, es un "disparate" (Adrián Pérez), o que repudiaban su gestión en Transporte (Carlos Raimundi).
Jaime adelantó que ya hay elaborado un plan de gastos de Aerolíneas y Austral para los próximos seis meses, pero evitó dar detalles. "Se lo presentaremos en los próximos días a la Presidenta", dijo (ver página 4). Igual, proporcionó algunos detalles sobre el día a día de la compañía: dijo que Austral duplicó en diez días los aviones en condiciones de volar y que en los próximos días una misión del Gobierno visitará la fábrica brasileña de aviones Embraer, con el propósito de adquirir aeronaves de 70 y 90 plazas que reemplacen a los 15 Boeing 737-200 que deben dejar de volar, por disposiciones ambientales, a fines de 2009.

Jaime había arrancado con una larga exposición de 90 minutos, en la cual prácticamente leyó palabra por palabra el proyecto de reestatización. Lo acompañaban los directores de Aerolíneas Julio Alak (también gerente general) y Vilma Castillo, además de la asesora Alba Thomas Hatti. La titular de la Comisión de Transportes, Zulema Daher (FPV Salta), tuvo que hacer malabares para acortar las exposiciones de Alejandro Nieva (UCR) o el socialista Ariel Basteiro. Pero lo más jugoso fue ante una intervención del mendocino Oscar De Marchi (PD). "Su gestión en cinco años ha sido verdaderamente desastrosa. En un país más o menos serio, el secretario de Transporte habría renunciado. ¿Usted piensa renunciar?", le preguntó De Marchi a Jaime, que lo miraba con cara de póquer. La diputada Daher se hizo cargo: "No considero procedente habilitar una respuesta a esa pregunta."
En “LA NACIÓN”, “ÁMBITO FINANCIERO”, “CRÍTICA”, “EL CRONISTA” y “PÁGINA 12”);CLARÍN, PÁGINA 3 / LA NACIÓN, TAPA y PÁGINA 9 / ÁMBITO FINANCIERO, PÁGINA 2 / PÁGINA 12, PÁGINAS 8 y 9 / CRÍTICA, PÁGINA 8 / EL CRONISTA, PÁGINA 3 / BAE, PÁGINA 6 /

PREPARAN UN PLAN PARA LA GANADERÍA
Apremiadas por la presión de los ganaderos, que amenazan con volver a las rutas, las entidades rurales decidieron ir al Congreso para impulsar una serie de soluciones para el mercado de la carne, que van desde un plan ganadero hasta la limitación vía Parlamento de las atribuciones de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca).
Por eso, ayer, en la sede de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), se reunieron el presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens; el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías; el vicepresidente de Federación Agraria, Ulises Forte, y el vicepresidente de Coninagro, Carlos Garetto, con los diputados Federico Pinedo (Pro-Capital), Pedro Morini (UCR-Santa Fe), Pedro Azcoiti (UCR-Buenos Aires), Juan Carlos Morán (Coalición Cívica-Buenos Aires) y Fernanda Reyes (CC-Capital).
"Nos encontramos para buscar soluciones para la ganadería desde el Congreso, que ya demostró ser un ámbito muy adecuado para encontrar soluciones para el sector", dijo Mario Llambías. "Hay muchas medidas que se pueden impulsar para dar aire a este sector, como la liberación de las exportaciones, para que la industria pueda operar", agregó Miguens.
Según explicó Pinedo, la idea es generar un consenso entre la Comisión de Enlace de las entidades rurales y los partidos de la oposición, que junto al peronismo disidente pueden lograr quórum para sancionar proyectos que devuelvan previsibilidad y fomenten el negocio ganadero, uno de los más afectados por las intervenciones del Gobierno en los últimos dos años.
"Los dirigentes manifestaron preocupación por la falta total de incentivos a la ganadería, los controles excesivos de la Oncca y el cierre esporádico de la exportaciones para favorecer la baja de precios de ciertas categorías vacunas a favor de cinco frigoríficos grandes, que se proveen así de materia prima muy barata", explicó Morán.
El borrador del plan de salvataje para la ganadería que circulaba ayer entre los dirigentes habla de acordar cupos de exportación conforme a la estacionalidad de oferta de animales (concentrando, por ejemplo, más exportaciones en el segundo semestre, cuando aumenta la oferta bovina); eliminar la resolución 42/08 de la Oncca, que impide cumplir con los volúmenes de exportación (550.000 toneladas); acotar las facultades de la Oncca al control de los mercados, y "no fijar las políticas agropecuarias" y liberar las exportaciones de ciertas categorías de vacas.
Otra idea es eliminar la batería de las últimas medidas que instalaron el Registro de Operaciones de Exportación (ROE) rojo o el "encaje" (que obliga a mandar a los frigoríficos el 75% de su producción al mercado interno). Estas medidas "favorecen a las grandes empresas y perjudican a los frigoríficos consumeros, fomentan la concentración y sacan de la cancha a los grupos de productores exportadores", según consigna un borrador de la propuesta que circuló ayer en Coninagro.
En la reunión también se habría barajado una alternativa que los ruralistas ven como la mejor salida ante la inercia oficial: aprobar, con el apoyo de la oposición y el peronismo disidente, un esquema de retenciones que contemple los reclamos del campo.

DECEPCIÓN RURALISTA POR LA CITA CON CHEPPI
Ni la cordialidad ni la solidez técnica que dijeron percibir en el nuevo secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, alcanzaron para derribar las reservas de los dirigentes de la Comisión de Enlace a la salida de su encuentro de anteayer con el funcionario.
"Oportuno", fue el único calificativo que mereció el encuentro, del que sólo salieron con dos promesas concretas: la de Cheppi de que no había ningún plan de suba de retenciones dando vueltas, y la del presidente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), Ricardo Echegaray, que les aseguró que los dirigentes podían visitarlo en cualquier momento para discutir los nuevos mecanismos de control de la Oncca.
"¿Por qué nadie habló de una reunión positiva?", se consultó al presidente de la Rural, Luciano Miguens. "Para calificar algo de positivo tiene que haber resultados concretos. Lo de ayer fue un comienzo, bueno, pero nadie esperaba más que eso", dijo Miguens, demostrando el poco entusiasmo con que él y sus colegas salieron del encuentro. Miguens fue el primero en mostrar los síntomas de lo poco fructífero de la reunión, de la que se retiró anticipadamente para ir al cierre de la exposición rural. "Si hubiera habido algo importante, Miguens no se movía de la silla ni loco", dijo un dirigente cercano al presidente de la SRA.
"El secretario nos pidió que le diéramos tiempo", dijo, casi con un bufido, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías. Como representante de la entidad que agremia a la mayor parte de los productores, Llambías le recordó a Cheppi y a Echegaray, viejos reclamos, como la liberación de las exportaciones de carne. "Es un tema que requiere atención urgente", relató.
Las regulaciones de la Oncca y la situación de las economías regionales ocuparon gran parte del encuentro, en el que, de parte de Cheppi, casi todo giró alrededor de promesas de devolver la normalidad a los mercados.
LA NACIÓN, PÁGINA 10 /

EL MARTES TRATAN LA SUBA DE JUBILACIONES
Las Comisiones de Presupuesto y de Previsión Social de Diputados comenzarán a debatir el martes próximo el proyecto que envió el Gobierno sobre la movilidad de las jubilaciones y pensiones.
Con esa agenda marcada, ayer hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo para trazar la estrategia oficialista. Al encuentro, de casi una hora, asistieron el ministro Carlos Tomada y su vice, Noemí Rial, el secretario de Seguridad Social, Walter Arrighi, el titular de la ANSeS, Amado Boudou, el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, el presidente provisional del Senado, José Pampuro, y los jefes de las bancadas kirchneristas de ambas Cámaras, Agustín Rossi y Miguel Angel Pichetto.
"Fue una reunión muy buena en la que definimos cuál será la estrategia de abordaje en el Parlamento", dijo Rossi al salir de la reunión. Y adelantó que Tomada y el resto de los funcionarios asistirán a las dos Cámaras parlamentarias "las veces que sea necesario" para responder las inquietudes de los legisladores. El proyecto de ley prevé que a partir de marzo de 2009 las jubilaciones y pensiones se ajustarán en forma automática dos veces por año por un índice que combinará, por mitades, la suba de los sueldos --según el nivel general de salarios-- y el 90% de la recaudación impositiva por beneficiario destinada a la Seguridad Social. Pero ese índice estará condicionado a la evolución de los ingresos de la ANSeS por beneficiario.

CEREALERAS: UNA COMISIÓN BICAMERAL INVESTIGA A LAS PRINCIPALES EXPORTADORAS
Ayer el Senado tomó por unanimidad una decisión impensada antes del inesperado final que tuvo el 17 del mes pasado el proyecto de las retenciones móviles rechazado con el voto de desempate del titular de la Cámara, Julio Cobos.
Fue la de crear una comisión bicameral para investigar la actuación de las empresas exportadoras de cereales entre octubre de 2007 y marzo de 2008. Uno de los votantes es el senador Roberto Urquía, dueño de la aceitera General Deheza, una de las empresas sobre las que recaerá la investigación. Urquía, oficialista y que votó contra las retenciones móviles, ayer permaneció en silencio. La decisión del Senado se hace eco de la presunción según la cual se consumó una operación estimada en US$ 1.700 millones en desmedro de los productores y del propio Estado. Un procedimiento que, según el portavoz oficial del sector en el plenario de comisiones de Diputados, fue estrictamente legal. Así lo dijo Mario Acoroni, que habló el 26 de junio en nombre de las Bolsas de Cereales de Rosario, Bahía Blanca, Córdoba y Entre Ríos, para darle la razón al diputado Claudio Lozano (ATE-Proyecto Sur), que había llevado la denuncia a la Cámara. "Actuamos respetando la ley", dijo Acoroni.
Si en ese momento había una denuncia en la Cámara, de la que se hacía cargo Acoroni, antes, el ex diputado Mario Cafiero y el abogado Ricardo Monner Sans la habían radicado en la Justicia (Juzgado Correccional y Penal 8 de la Capital Federal), con ampliaciones posteriores. Las imputaciones penales son contra el entonces secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, y quien era el titular de la Aduana --hoy en la ONCAA--, Ricardo Echegaray.
Podría resumirse en que las cerealeras les descontaron a los productores retenciones estimadas en 35%, mientras que ellas derivaron al Estado una alícuota equivalente a diez puntos menos. El Estado, según las denuncias, no aparecía ajeno a la cuestión: permaneció abierto el registro de las declaraciones juradas en favor de los exportadores. Una ley sobre la rigurosidad de las declaraciones juradas que lleva el nombre de su autor, el ex diputado Rafael Martínez Raymonda, modificada por el Senado que atenuó sus alcances y tardíamente reglamentada por el PEN, habría colaborado a esa situación. La comisión estará integrada por seis senadores y seis diputados, con todo el abanico de facultades para actuar, siempre bajo la órbita de la Justicia de turno en el caso de determinados procedimientos, como los allanamientos, si correspondieran. El Senado retoma así una potestad empleada en distintos períodos históricos. Por ejemplo, en la investigación del contrabando de carne que impulsó el demoprogresista Lisandro de la Torre. Y que incluyó como final de una escandalosa interpelación a los ministros del área, en 1935, la derivación inesperada de un crimen en pleno recinto. La víctima fue el senador electo santafesino Enzo Bordabehere. Hubo otras comisiones investigadoras, pero aquella sigue siendo la más resonante.

PIDEN INVESTIGAR AL GOBIERNO POR SIEMENS
Tras la revelación de un testimonio en la justicia alemana que indica que la empresa Siemens pagó coimas durante el gobierno de Néstor Kirchner, la oposición trabaja para que la investigación judicial en la Argentina no se limite a las administraciones anteriores y que apunte a los funcionarios kirchneristas.
Una de las más avanzadas en el tema, la diputada de la Coalición Cívica Patricia Bullrich, daba anoche las últimas puntadas a un proyecto de resolución para la creación de una comisión investigadora en la Cámara baja y terminaba un escrito que presentará hoy en el juzgado de Ariel Lijo.
El magistrado investiga a la empresa alemana por el presunto pago de sobreprecios en el contrato para la renovación de DNI, firmado durante el gobierno de Carlos Menem. En 2001, Fernando de la Rúa rescindió el acuerdo por decreto, por lo que la Argentina enfrenta hasta hoy una demanda de la empresa ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi). En la misma línea que Bullrich, el senador radical Gerardo Morales reiteró un pedido para que el Poder Ejecutivo informara al Congreso sobre el estado actual de la adjudicación de la construcción de dos centrales generadoras de energía eléctrica, que Siemens ganó en 2006. Las sospechas de la oposición sobre la relación entre Siemens y los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner son antiguas, pero se reavivaron ayer. Fue luego de que se conoció que en una causa abierta en Alemania habían acusado a Uriel Sharef, ex director general para América latina y responsable del área energética de la empresa en todo el mundo, de haber pagado en la Argentina, a fines de 2003, sobornos por 4.700.000 euros, para "un negocio importante".
La imputación, revelada por diarios alemanes, la hizo uno de los testigos del proceso que se tramita contra ex directivos de Siemens en la fiscalía de Munich por el pago de millonarios sobornos en el exterior, por unos US$ 1700 millones. En esa causa también declararon ex directivos de la empresa que denunciaron el pago de coimas, por unos US$ 80 millones a los gobiernos de Menem y de Eduardo Duhalde.
Tanto Bullrich como Morales apuntaron a la recuperación de la empresa en la Argentina a partir de los negocios que mantiene con el Estado desde que los Kirchner llegaron al poder. Eso incluye la electrificación de subterráneos, el mantenimiento para centrales eléctricas, entre otras obras.
"Tal como lo advertimos el 5 de mayo -recordó Morales-, este año se produjo la adjudicación a Siemens de un multimillonario contrato para la construcción de dos turbinas eléctricas a pesar de que su oferta no resultaba ser la más conveniente para el Estado desde el punto de vista económico."
El senador afirmó que quienes habían seguido de cerca el trámite de sostenían que habían sido los representantes del Estado quienes habían presionado para que la adjudicación recayera sobre la empresa alemana.
Para Bullrich, es importante recordar que en 2005 Néstor Kirchner viajó a Alemania y la empresa expresó su "buena voluntad" para buscar una "solución alternativa" al conflicto en el Ciadi.

EL GOBIERNO CRUZA DURO A SCHIARETTI: “QUE LA FIESTA LA PAGUE CÓRDOBA
El Gobierno ratificó que "no va a financiar" el déficit de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, que suma $ 1.621 millones. "Que la fiesta la paguen ellos", dijo ayer el ministro del Interior, Florencio Randazzo.
Desde Córdoba, el secretario General de la Gobernación de esa provincia, Ricardo Sosa, le respondió: "No sé si tiene mala fe" o "está desinformado". Así, se agravó la pelea entre el Gobierno nacional y el de Córdoba sobre quién debe hacerse cargo del déficit acumulado por el sistema previsional provincial. Y como adelantó Clarín el lunes pasado, el Gobierno nacional ratificó que no se hará cargo del rojo provincial.

COBOS ARMA UN SECTOR PROPIO CON SUS ALIADOS
Los radicales K que responden al vicepresidente Julio Cobos se reunieron anoche por primera vez desde el tenso encuentro entre Cristina Kirchner y su líder, y decidieron avanzar en el armado de una concertación paralela, que les permita independizarse de la Casa Rosada.
Los intendentes Mario Meoni (Junín), Héctor "Cachi" Gutiérrez (Pergamino) y Alfredo Cornejo (Godoy Cruz, Mendoza), junto a Horacio Quiroga (el último cobista que dejó el Gobierno) y el senador Pablo Verani se encontraron con Cobos para analizar qué hacer después de que la Presidenta les avisara que no aceptaría disidentes en su Concertación.
Ausente con aviso, el diputado Daniel Katz no había llegado todavía de Jujuy, adonde viajó por su nueva misión de sumar voluntades radicales y peronistas para armar la concertación alternativa a la oficial. Esa será, de ahora en más, la prioridad del grupo, según acordaron en la reunión. Katz está recorriendo el país en nombre de Cobos, visitando a los dirigentes que reclaman la presencia del vicepresidente y lo siguen elogiando por su voto "no positivo" en el Senado. El próximo paso será que Cobos en persona se reúna el martes próximo con los bonaerenses que le responden.
La intención de los radicales cobistas (ellos mismos se niegan a que los sigan llamando "radicales K") es lograr un armado propio, que no esté directamente enfrentado con el Gobierno, pero que tenga espacio para marcar diferencias con la Casa Rosada. La reunión también sirvió para que Cobos explicara sus motivos para visitar la Rural (algo que su grupo le había recomendado no hacer) y Quiroga las razones de su renuncia.
La presencia de Verani, en cambio, obedeció a la intención de los cobistas de reconciliar al vicepresidente con el gobernador rionegrino Miguel Saiz, y el operativo para eso ya está en marcha.

CONCERTACIÓN: UN GUIÑO A OTROS RADICALES K Y UN PALO PARA EL VICE
Si hay que guiarse por las afirmaciones de los gobernadores radicales K Miguel Saiz y Gerardo Zamora y las del ministro del Interior, Florencio Randazzo, (quienes se reunieron ayer en la Casa Rosada) la Concertación Plural goza de buena salud y lo que hay que hacer es "fortalecerla". Luego del cónclave de ayer a la mañana, el ministro del Interior y los gobernadores de Rio Negro y de Santiago del Estero se preocuparon por hacer declaraciones a favor de la alianza del PJ, los radicales K, el Frente Grande chachista y un sector del socialismo. Se trata, en realidad, del intento oficial por reflotar a un instrumento -la Concertación- que hasta ahora sólo tuvo expresión electoral mediante complejos mecanismos de ingeniería como las listas colectoras. Pero el conflicto con el campo produjo un fuerte cimbronazo adentro del PJ y en la Concertación. Y el vicepresidente Julio Cobos que lo produjo con su voto en contra en el debate sobre las retenciones móviles. Junto al mendocino se alinearon diputados, intendentes y dos gobernadores (el de Corrientes, Arturo Colombi, y el de Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral) que están con un pie afuera de la Concertación. Ayer, Randazzó advirtió justamente a Cobos por haber ido a la Rural: "Fue una decisión individual y él sabrá sus consecuencias", respondió el ministro, quien prefirió no evaluar "la conducta del vice", pero aclaró que "es consecuente con lo que viene haciendo". Por eso, afirmó Randazzo que hay otros radicales K "importantes" que se han manifestado por la continuidad de la alianza y han criticado por "individualista e inconsulto" a Cobos y los que como él, pegaron el salto, aunque todavía no se sabe hacia donde. Los radicales K que están con la Presidenta son los mandatarios de Rio Negro y Santiago del Estero, intendentes radicales como Enrique García, de Vicente López y Gustavo Posse, de San Isidro. De darle oxígeno a esta criatura se está encargando Randazzo, quien ayer aseguró que la "Concertación está ratificada porque es la ratificación de un modelo de transformación que no se alcanza sólo con el peronismo". Aunque pocos le creyeron, el ministro aclaró que no se habló sobre Cobos durante el encuentro con Saiz y Zamora. Para Randazzo "la Concertación está por encima de individualidades". Por su parte, Zamora y Saiz coincidieron en la continuidad de la alianza y negaron que la renuncia de los funcionarios alineados con Cobos la debilite: "No fuimos a la Concertación por una bolsa de trabajo", dijo el santiagueño. Ambos remarcaron la disposición de asistir a una reunión convocada por Cobos para definir el futuro, aunque aclararon que hasta el momento no fueron invitados. Saiz evaluó como positiva la convocatoria: "Era fundamental más allá de los discursos de la Presidenta", resumió al final.

FINAL DE UNA ÉPOCA: EL SENADO DEROGÓ EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR
El Senado votó anoche la derogación del Código de Justicia Militar lo cual a partir de ahora pone en un mismo plano a militares y civiles. Cae así un fuero específico que cruzó parte del siglo XIX y todo el siguiente hasta nuestros días. Final para algo "anacrónico y hostil", como lo definió la senadora mendocina Marita Perceval, una de las oradoras. La sesión tuvo una invitada especial: la ministra de Defensa, Nilda Garré, sentada, en silencio, en primera fila. Su edecán, uniformada, la aguardaba en el umbral del salón Eva Perón, contiguo al recinto de sesiones. No sólo culminaba un fuero especial, que estaba al margen de la Constitución con la incorporación en ella, en la reforma de 1994, de los pactos sobre derechos humanos. También quedaba encerrada una historia específicamente militar que arrancaba con el gobierno de Julio Argentino Roca, seguía con la reforma de 1951 de Juan Domingo Perón y culminaba con los cambios hechos durante la gestión de Raúl Alfonsín, ni bien recuperada la democracia. Se hicieron en 1984 para posibilitar el juicio y castigo a los ex comandantes del "proceso" y en 1987 para ampliar el concepto de obediencia debido al extremo de trasformar el concepto en una virtual amnistía.

CORRIENTES: CONDENA A VARIOS REPRESORES Y AMENAZAS A VARIOS FUNCIONARIOS
El primer juicio en Corrientes a ex militares por delitos cometidos durante la última dictadura militar, finalizó ayer con sentencias que van desde la prisión perpetua a los 18 años de cárcel y con incidentes en la sala donde se desarrolló el debate.
Familiares de los ex militares condenados, y Cecilia Pando, esposa del mayor Rafael Mercado y defensora de la represión ilegal en la última dictadura, protestaron por el fallo. Pando insultó a los jueces a los que advirtió: "Ya van a pagar por lo que están haciendo".
La sentencia mas dura recayó sobre el ex teniente coronel Julio Rafael Barreiro, quien fue condenado a prisión perpetua; mientras que el ex capitán y ex titular de la Sociedad Rural de Corrientes, Juan Carlos de Marchi, al igual que el coronel Horacio Losito fueron sentenciados a 25 años de prisión. Por su parte el ex comandante de Gendarmería Nacional Raúl Alfredo Reynoso, recibió una pena de 18 años de prisión. Cumplirán las sentencias en la Unidad Penal 7 de Resistencia, Chaco, donde ya estaban alojados. El quinto de los acusados por delitos de lesa humanidad en el Centro Clandestino de detención que funcionó en el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, el ex suboficial del Ejército Carlos Piriz fue absuelto por el Tribunal Oral en los Criminal Federal presidido por Víctor Antonio Alonso e integrado además por Lucrecia Rojas de Badaró y Guillermo Navarro, quienes ordenaron su inmediata libertad. Los fundamentos de las sentencias serán leídos en una sesión especial el próximo miércoles 17 de septiembre.
Todos fueron acusados en distinto grado de asociación ilícita, privación ilegitima de la libertad seguida de tormentos y, en el caso de Barreiro, seguida de muerte en uno de los casos analizados. En esta causa aparece también el ex general Cristino Nicolaides, quien debido a su estado de salud cuando se inició el juicio no pudo ser traído a Corrientes. Su caso será juzgado en un debate especial cuya fecha aún no se ha fijado.
La sentencia fue festejada por unos trescientos militantes de derechos humanos que seguían la audiencia desde la calle. Los familiares de los ex militares reaccionaron airadamente, pero se destacó la actitud de Cecilia Pando quien increpó a los jueces gritándoles "¡Cobardes! ¡Cagones!" y asegurándoles que iban a "pagar lo que están haciendo" mientras pasaba su mano por el cuello en el clásico gesto de deguello dirigido al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde a quien amenazó luego directamente. El funcionario denunció más tarde a la señora Pando.

KIRCHNER BUSCA RECUPERAR A LOS DÍSCOLOS
Algunos lo llaman "plan de recomposición", otros hablan de volver al peronismo de base y hay quienes mencionan la simple idea de hacer borrón y cuenta nueva. Pero más allá de cualquier eufemismo, en la cumbre del poder del PJ y en la Casa Rosada hay una directiva clara para poner en marcha un plan destinado a recuperar a los legisladores, dirigentes y gobernadores peronistas que quedaron del lado del campo y se alejaron de las filas del Gobierno tras la votación del proyecto de ley de retenciones.
Algo de esto se vio anteanoche en el bloque de senadores del PJ, donde se pasó de la amenaza de expulsar a los díscolos a un fuerte debate de ideas con el jefe de Gabinete, Sergio Massa, que incluyó reproches y promesas a futuro (de lo que se informa por separado). También la idea de recuperar dirigentes fue sugerida ayer por el ministro del Interior, Florencio Randazzo, que afirmó que el Gobierno intentará "recomponer" la relación con los legisladores del PJ que votaron en contra del proyecto de retenciones y señaló que "algunos" tuvieron "razones atendibles" para no apoyar la iniciativa.
En este plan de recuperación del PJ, que cuenta con el firme respaldo de la Presidenta y de Néstor Kirchner, están embarcados desde senadores de la talla de Miguel Pichetto y José Pampuro hasta encumbrados diputados como Agustín Rossi y Eduardo Fellner, más los gobernadores kirchneristas Celso Jaque (Mendoza), José Luis Gioja (San Juan), Daniel Scioli (Buenos Aires) y Manuel Urtubey (Salta), entre otros.
"Llegó la hora en que los dirigentes se cuentan de a uno y no de a miles como antes y es cuando hay que cuidar que no se vaya nadie", se sinceró hombre del PJ que ya tendió puentes con los senadores Rubén Marín, Carlos Reutemann y Juan Carlos Romero, que se opusieron a las retenciones. En la Cámara alta hay optimismo por los resultados que pueda arrojar este plan.

DENUNCIAN AL JUEZ DEL CASO CORRES
El Consejo de la Magistratura confirmó ayer que recibió un pedido de juicio político contra el juez federal Alcindo Alvarez Canale por su supuesta responsabilidad en la fuga del ex represor Julián Corres de una comisaría de Bahía Blanca.
Fuentes del Consejo indicaron que la denuncia había sido presentada por el abogado Ernesto Moreau anteayer. Será remitida la semana próxima a la Comisión de Acusación y Disciplina, para que allí se evalúe si hay condiciones para avanzar o si se la rechaza in limine . "No se pretende exigir que el magistrado realice medidas extraordinarias para evitar lo imprevisible, sino simplemente que prevea las consecuencias previsibles o posibles de sus propios actos, y que otorgue especial interés a aquéllos trascendentes", sostiene la denuncia.
Julián Corres, alias "Laucha", se fugó, y permanece prófugo, cuando estaba a la espera de un traslado a la cárcel de Marcos Paz.
Un antecedente reciente del Consejo de la Magistratura indica que organismos defensores de los derechos humanos promovieron el juicio político contra el juez federal Sergio Torres por la muerte del prefecto Héctor Febres.
La fuga de Corres, el 26 de julio, desde la Delegación Bahía Blanca de la Policía Federal, se vio facilitada por las condiciones de "privilegio" en su detención, "en un lugar en el que ni siquiera se llevaba registro de las personas que se entrevistaban" con él, dijo Moreau. Corres recibió visitas como la del secretario general del V Cuerpo, coronel Jorge Cocco.

ECONOMÍA

EL VICEPRESIDENTE DE LA UIA TAMBIÉN CRITICÓ LA MEDICIÓN DE LA INFLACIÓN DEL GOBIERNO
Las voces que reclaman cambios en el INDEC ya se hacen oír desde la Unión Industrial Argentina (UIA), una entidad que hasta hora se había mantenido cauta al hablar de la inflación real. Ayer, el vicepresidente de la UIA, Ignacio de Mendiguren, pidió una "normalización urgente" del organismo. Con esto se sumó a las declaraciones de Cristiano Rattazzi, titular de Fiat Argentina y de Julio Werhtein, del grupo La Caja, que habían salido a criticar en público las estadísticas oficiales.
"Nosotros aspiramos a la normalización urgente del INDEC. Cuanto antes esto se pueda lograr, irá en beneficio de todos. Seguimos teniendo la esperanza de que esto se haga", lanzó De Mendiguren en declaraciones hechas a Radio del Plata. "Cuando hay que hablar de salario, de costos de la economía en general, poner en duda estos índices inconscientemente implica poner en duda los demás índices de la economía. No le hace bien a nadie esto", completó el empresario, que fue ministro de la Producción durante la gestión de Eduardo Duhalde.
Según dijo, la inflación real en la Argentina supera el 25%, un nivel que hoy defienden los consultores privados. "Nos manejamos con las cifras de inflación provinciales y con la evolución del costo de los insumos que nosotros pagamos", explicó. Y precisó: "Cuando uno ve los reclamos salariales respecto a los aumentos se observa que todo está en el orden de esta cifra".

SCIOLI AUMENTA UN 23 % PROMEDIO LA TARIFA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA
Al igual que la Nación, la provincia de Buenos Aires se encamina a aprobar una suba tarifaria en el servicio eléctrico que afectará a los usuarios residenciales y a la clase media. La administración bonaerense que pilotea Daniel Scioli resolvió aplicar un ajuste en las tarifas domiciliarias de electricidad que oscilará entre el 6% y 30% y que recaerá sobre un universo de casi 3,5 millones de usuarios que viven fuera del ámbito del Conurbano y del Gran La Plata. En promedio, el incremento será del 23%. Los aumentos comenzarán a facturarse desde el 1 de agosto y para los comercios e industrias, la actualización tarifaria se ubicará entre el 10% y 15%. La decisión de recomponer las tarifas eléctricas de las casas de familia fue adoptada por el Gobierno provincial tras las subas del 10% al 30% que dispusieron las autoridades nacionales para los usuarios residenciales de Edenor, Edesur y Edelap luego de siete años de congelamiento. Los aumentos en juego beneficiarán a las distribuidoras privadas EDEN, EDES y EDEA y a las 210 cooperativas que prestan el servicio eléctrico en la Provincia.
!tam!CLARÍN, PÁGINA 22

LA DEUDA DE CAMMESA YA ROZA LOS 14 MIL MILLONES DE PESOS
Si fuera una empresa privada ya tendría que estar en convocatoria de acreedores o directamente quebrada. Pero, como es una "sociedad anónima" atípica manejada por el Estado, que tiene a su cargo la "administración" del sistema eléctrico, sigue operando diariamente pese a que sus cuentas arrastran un déficit alarmante.
La deuda que acumula la Cammesa --la compañía pública-privada que gerencia el mercado eléctrico nacional-- trepó al cierre del primer semestre al récord histórico de $ 13.972 millones. Y si no hay un cambio brusco, para fines de 2008 el rojo podría superar los $ 20.000 millones. Las facturas impagas de la Cammesa obedecen a que compra la energía a un precio superior al que recauda por su venta a las distribuidoras y los usuarios. Dicho de otra manera, el déficit es el resultado de la decisión política de mantener las tarifas semicongeladas y no trasladar a los usuarios los mayores costos operativos que enfrentan los generadores.

INFORMACIÓN GENERAL

CONFIRMAN EL NUEVO CUERPO DE POLICÍA DE MACRI Y HAY POLÉMICA
Mi experiencia indica que la prioridad no debe ser el ocupamiento territorial, porque los policías se van a ir incorporando gradualmente. El objetivo inicial tiene que ser formar cuerpos de elite especializados para evitar la dispersión". Ese fue el mensaje que transmitió ayer el creador de la Policía de Cataluña, Xavier Martorell en su charla privada con el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro. La sugerencia, para Mauricio Macri, llega en el momento oportuno: el jefe de Gobierno tiene resuelto acelerar los tiempos de formación de un cuerpo de efectivos para que se aboque, exclusivamente, al control de los espacios públicos.
Macri dio órdenes para que se comenzaran a reclutar policías profesionales. Piensa en un escuadrón (también llamado "grupo de choque") que pueda comenzar a dar respuestas a la inseguridad, el tema que, según las encuestas que manejan en PRO, aparece al tope de los reclamos de quienes habitan Buenos Aires.
"Lo más importante es la captación de los primeros porque esos van a ser el reflejo de la Policía. Si vos encontrás la gente idónea para el manejo y además que sea el espejo de lo que va a ser la fuerza, ahí empieza a venir gente", confió Montenegro en radio Mitre. La demora y el abultado presupuesto que demandará la conformación de la Academia de Policía (aún no está adjudicada la licitación para la construcción del predio, pegado al club Español, pero sólo la primera etapa le costará al Gobierno 70 millones de pesos) obligó a Macri a poner en marcha un nuevo plan. "Formar jóvenes 'desde cero' es una tarea ambiciosa, pero muy compleja y además se nos iría buena parte de los años que tenemos para gobernar", admiten ahora cerca de Macri.

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