Si bien las dos víctimas recuperaron su libertad luego de cinco meses de cautiverio, en su dictamen el juez Oyarbide había aclarado que los secuestros se enmarcan en el plan de terror sistemático perpetrado desde el Estado a partir de 1976 y por lo tanto son delitos de lesa humanidad.
Martínez de Hoz ya estuvo preso por este caso, en 1988, aunque luego se le otorgó la excarcelación. Había dejado de ser formalmente investigado el último día hábil de 1990, con el decreto del ex presidente Carlos Menem.
El hecho por el que Martínez de Hoz quedó más cerca de volver a estar detenido ocurrió entre el 5 de noviembre de 1976 y el 6 de abril de 1977. Federico y Miguel Gutheim, padre e hijo, eran dueños de una productora de algodón. Los pusieron a disposición del Poder Ejecutivo mediante un decreto firmado por Jorge Rafael Videla, Martínez de Hoz y el entonces ministro del Interior, Albano Harguindeguy, en el que se hacía referencia a una "primordial responsabilidad del Gobierno: consolidar la paz interior, asegurar la tranquilidad y el orden públicos y preservar los permanentes intereses de la República".
Lo que se pretendía era que cumplieran con un contrato de exportación que le iba a permitir a Martínez de Hoz cerrar un negocio con Hong Kong.
Los Gutheim pasaron por el Departamento Central de Policía y por la cárcel de Caseros. Aun presos, mantuvieron reuniones con funcionarios que trataron de cambiarles su libertad por esas exportaciones que tanto le interesaban a la dictadura. Cuando los liberaron, también por decreto, salieron del país y nunca regresaron.