Bonadio resaltó que el pedido de prisión se podrá cumplir "cuando el Senado de la Nación apruebe el desafuero" de la actual legisladora de Unidad Ciudadana, "o bien, cuando cesen sus fueros" al terminar su mandato.
También fueron procesados por estos cinco hechos algunos ex representantes de la empresa Electroingeniería, liderados por Gustavo Ferreyra, y el ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta.
El primero de ellos está detenido en el penal de Marcos Paz, mientras que el segundo está alojado en el de Ezeiza, ambos por su presunta responsabilidad en esta causa.
En su resolución, Bonadio sostuvo que estas supuestas cinco coimas "no fueron sucesos aislados, sino que se trató de un claro mecanismo ilegal de recaudación que se desarrolló durante los gobiernos de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández".
Además, el juez consideró que la respuesta que dio ante el tribunal la ex jefa de Estado, que negó estar vinculada a los hechos investigados, es "inverosímil, aún si se tiene en cuenta que el destinatario del dinero recolectado en el ámbito del Ministerio señalado era el Secretario Privado de Presidencia y este era entregado, principalmente, en un domicilio de su propiedad".
"Esta maniobra fue perpetrada con la participación de funcionarios públicos que se aprovecharon de sus cargos para hacerse de fondos correspondientes a contratos de obra y servicios públicos, como así también empresarios que durante años abonaron sumas de dinero a lo largo del período investigado, por lo que mantuvieron esos contratos con enormes réditos para las empresas que representaban", agregó el magistrado.
Por último, el juez Bonadio también resolvió ampliar el embargo contra Cristina Kirchner "hasta cubrir la suma de 80.000.000,00 de pesos".
