La representante de la Comisión Directiva del club, Vanesa Ríos expresó: "Quieren desalojar este predio donde los chicos asisten, en lugar de perder el tiempo en las esquinas. Después de 40 años y con todas las mejoras que tiene el terreno ahora, el yerno del dueño quiere instalar una fábrica. Nosotros vamos a pelear para no perder este espacio, que es de la gente del barrio".
El terreno ubicado entre las calles Luis María Campos y Cespedes es propiedad de Guillermo González, quien lo abandonó por las malas condiciones del lugar. Con el paso del tiempo, fue ocupado por los vecinos del barrio Las Tunas, que establecieron mejoras y crearon el Club Mosafi, para la recreación de los chicos. Allí, además de merendar, más de ciento cincuenta jóvenes practican actividades como el fútbol, boxeo, patín y clases de folclore, entre otras disciplinas.
En el 2016, los vecinos que utilizan el predio recibieron una orden de desalojo, frente a la cual acordaron regularizar la situación económica del espacio en el plazo de 180 días. Después de dos años, el yerno de González presentó un pedido para recuperar el lugar y construir una fábrica. La jueza Mónica Capalbo aceptó el reclamo, debido a que el estado del lugar no fue normalizado en el plazo establecido.
Entre los familiares de los chicos que asisten al club, Rita Enrique señaló: "Este es un predio cerrado, donde los chicos pueden venir a pasar el tiempo y los padres nos quedamos tranquilos. Es triste lo que está pasando, ojalá pueda seguir funcionando como espacio de contención para tantas personas". Por su parte, Soledad Aquino expresó: "Mis tres nenes vienen al club a realizar diferentes actividades. Todo lo que está pasando con el desalojo es increíble. No puedo creer que le quieran sacar este espacio a los chicos".
En el comienzo de la semana el Club Mosafi tuvo un intento de expulsión que fue frenado nuevamente por los padres y vecinos del lugar. Junto al apoyo del Municipio de Tigre y la presencia del intendente Julio Zamora, se argumenta la existencia de la ley provincial 15.045, sancionada el 17 de septiembre pasado y que suspende las medidas judiciales de desalojo hasta encontrar una solución definitiva al conflicto. Sin embargo, desde el Departamento Judicial N° 11 de San Isidro se volvió a notificar a los inquilinos para abandonar la institución barrial en el transcurso del viernes, mientras tanto, ellos realizan un acampe en el lugar como forma de protesta.
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