En cambio, el chaqueño Eduardo Aguilar, también del PJ-FPV, fue uno de los defensores de la iniciativa: “Los debates no son una panacea, porque ninguna medida aislada lo es, pero son un ladrillo más en un muro de mejoras de prácticas institucionales”, destacó.
Aguilar consideró además que es una “expresión máxima de viveza criolla” el hecho de que “el que va ganando se niegue a debatir” y sostuvo que eso “es un mensaje negativo” por parte de “quien va a liderar un país”.
En tanto, el catamarqueño Dalmacio Mera, también del PJ-FPV, consideró que los debates son “una necesidad de la calidad democrática” y agregó: “Desgraciadamente hay que hacerlo por ley, porque lo que es una tradición en otros países de Occidente, en la Argentina tiene una historia de realización o no de acuerdo a la especulación”.
“En la Argentina hemos tomado conciencia de que la información que se da en un debate es básica para la cultura democrática”, afirmó a su turno la tucumana de Cambiemos Silvia Elías de Pérez, mientras que el correntino Néstor Braillard Poccard agregó que se trata de “un paso muy trascendente”.
Por su parte, García defendió su propio dictamen, que propone que los debates “no sean obligatorios” y agregó: “Creemos en los debates en las condiciones que no nos impongan los medios de comunicación dominantes”.
También sostuvo que su proyecto establece que “los candidatos firmen una declaración jurada comprometiéndose a debatir y a cumplir con las promesas de campaña”.
La puntana Liliana Negre de Alonso, del Interbloque Federal, coincidió en parte con los argumentos de García pero sostuvo que el hecho de poder “comparar lo que se dijo en el debate, lo que se cumplió y lo que no se cumplió, demuestra que es positivo”, razón por la cual votó a favor del proyecto.
La iniciativa modifica el Código Electoral Nacional y establece que estarán obligados a debatir públicamente “todos los candidatos cuyas agrupaciones políticas superen el piso de votos establecido para las elecciones primarias abiertas”.
Para ello, los candidatos que no cumplan con esa obligación “serán sancionados con el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual” para la campaña.
Se establece además que la Cámara Nacional Electoral convocará a los candidatos elegidos en las primarias, cinco días después de su proclamación, a fin de determinar su voluntad de participación en el debate.
El mismo tribunal, con asesoramiento de organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil, convocará a los candidatos o representantes de los partidos a una audiencia en la que se acordará el reglamento, los moderadores y los temas para los debates.
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El proyecto prevé la realización de dos instancias de debate, una de los cuales deberá llevarse a cabo en el interior del país, en la capital de provincia que determine la Cámara Nacional Electoral, dentro de los veinte y hasta los siete días anteriores a la fecha de la elección, con un debate adicional en caso de balotaje.
Los debates presidenciales serán transmitidos en directo por todos los medios pertenecientes a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (R.T.A. S.E), agrega el proyecto.
