Los padres habían concurrido al edificio municipal de la calle 25 de mayo, en el centro de San Isidro, junto a sus abogados para escuchar la sesión y respaldar la solicitud del pedido de informes pero debieron escuchar el debate desde afuera del recinto.
"Queremos lograr que el intendente Gustavo Posse ponga a disposición de la comunidad toda la información para esclarecer cómo figuraba para el municipio el jardín Tribilín", dijo Leandro Martín, concejal del Frente para la Victoria (FPV) que impulsa la iniciativa.
El pedido de informes que presentó Martín junto a ediles del FAP, un vecinalista, y un independiente, surge de haber detectado en el expediente 11012-B/98, que el lugar fue habilitado para funcionar como jardín maternal "con capacidad para 32 alumnos", sostuvo el concejal.
Tras la habilitación municipal el jardín, ubicado en O'Higgins 591, "fue eximido de pagar el ABL al reconocerlo como establecimiento educativo privado según consta en los decretos 1261/98; 993/01; y 854/02 pero nunca la comuna le requirió la documentación provincial, lo que debió ocurrir tratándose de un servicio público como es el educativo", aseguró Martín.
"Es más -acotó el concejal- durante esos tres años el municipio acordó designar a tres becarios, cantidad proporcional al número de alumnos del establecimiento”.
Mientras la discontinua y ruidosa sesión ocurría en la sala del edificio, unos seis padres de los chicos que concurrían a la guardería esperaban afuera junto a sus abogados.
El concejal Carlos Castellano, de Acción Vecinal, dijo que “el proyecto de la oposición busca transferir la responsabilidad de la provincia (de Buenos Aires) al municipio de San Isidro”.
Castellano aseguró que "tanto en educación como en salud los organismos de control son provinciales”.
El representante legal de los padres, Gonzalo Romero, sostuvo: “los padres están preocupados por lo que les ocurrió a sus hijos y buscan justicia, espero que esto sirva para encontrar una explicación en términos de controles y responsabilidades tanto de la comuna como de la provincia de Buenos Aires".
Si eso no ocurre, "sólo será una pelea política más que a nosotros no nos interesa", apuntó el abogado.
La sesión comenzó poco después de las 12 en una sala colmada donde hubo forcejeos en varias oportunidades mientras el grupo de unos seis padres y sus dos abogados permanecieron en el hall del edificio.
Romero sostuvo que la causa se encuentra en un período de producción de prueba y que a pesar de las graves acusaciones por amenazas y de maltrato de chicos, hasta ahora no hay ninguna persona detenida.
"Si conseguimos probar las aberraciones que se cometían estaremos ante una causa grave y los cargos serán por torturas", advirtió Romero.
El fiscal de la causa, Franco Servidio, pidió la prisión para cinco docentes del jardín por el delito de abandono de persona agravado, pero el juez Sal Lari rechazó el pedido y les concedió la eximición de prisión hasta que se recolecten más pruebas.
El intendente Posse había sostenido que la comuna acompañó y apoyó a los padres en la denuncia, pero algunos concejales descubrieron que la municipalidad conocía de la existencia del jardín y nunca lo controló.
