La decisión fue tomada por medio del decreto 793/2012 firmado por la presidenta Cristina Fernández y anunciado en conferencia de prensa por el ministro de Planificación, Julio de Vido, en compañía del secretario de Transporte, Alejandro Ramos, en el Palacio de Hacienda.
El Gobierno -que había intervenido la empresa a la espera del resultado de las pericias judiciales por la tragedia del 22 de febrero pasado- consideró, a través de De Vido, que "éste era el momento adecuado" para retirarle la concesión a TBA, pese a que el propio funcionario reconoció que esa empresa "recibió 250 multas, por un total de alrededor de 70 millones de pesos, que no fueron aplicadas".
Sobre ese punto, y luego de ser consultado sobre si la quita de la concesión no se aplicaba demasiado tarde teniendo en cuenta los antecedentes de la empresa, De Vido consideró que "los tiempos (para la rescisión) se han tomado en función de los distintos hechos e informes que se fueron produciendo, y entendemos que el momento adecuado es éste, porque si no lo hubiéramos hecho en otra oportunidad".
El funcionario informó que los servicios del Mitre y el Sarmiento quedarán a cargo de una Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria (UGOFE), integrada por los dos concesionarios de ferrocarriles de pasajeros que aún mantienen su licencia, Metrovías y Ferrovías, supervisados por la Secretaría de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
El Gobierno había decidido la intervención de esas líneas (Sarmiento y Mitre) el 27 de febrero pasado, cinco días después de la tragedia de Once, y designó a Raúl Baridó, un hombre de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para que elaborara un informe acerca del nivel de cumplimiento de las concesiones que tenía TBA desde 1995.
El informe arrojó que los incumplimientos registrados se debieron "por culpa exclusiva de la concesionaria", según señaló De Vido, quien aclaró que la rescisión adoptada "no debe ser mezclada con la causa penal", que lleva adelante el juez Claudio Bonadio, ya que "es una medida administrativa".
Luego de hacer una reseña histórica respecto del deterioro que sufrieron los ferrocarriles desde la aplicación del Plan Larkin en 1958, el ministro de Planificación señaló que en 2003, cuando asumió Néstor Kirchner la presidencia, el servicio se encontraba en un estado "devastador", por lo que el Gobierno destinó subsidios a razón de 900 millones de pesos por usuario al año, lo que en el caso de las líneas que tenía TBA representaron "alrededor de 13 mil millones de pesos desde 2004 a 2011".
De Vido sostuvo que en las líneas Mitre y Sarmiento viajan diariamente 600 mil personas por día y que el Gobierno invirtió en obras de infraestructura, desde 2003, 7.631 millones de pesos.
Respecto de las multas que se le habían aplicado a TBA y que la empresa nunca pagó, el funcionario informó que "no fueron aplicadas, pero que (los 70 millones de pesos) se descontarán del proceso de liquidación" por la rescisión del contrato.
De todos modos, el funcionario señaló que esas multas tenían como objetivo que el concesionario corrigiera las infracciones que estaba cometiendo, más que el cobro pecuniario.
Por otra parte, De Vido destacó que el Gobierno va a "seguir invirtiendo y mejorando (los ferrocarriles) en términos operativos" y mencionó "la incorporación de formaciones de doble piso y el soterramiento del ferrocarril Sarmiento".
