El objetivo es trasladar allí las dependencias judiciales que actualmente se encuentran dispersas dentro del ejido urbano del distrito de San Isidro.
En el despacho de la comisión de legislación, Interpretación y Reglamento aprobado se señala que “la zona céntrica de San isidro está colapsada y en gran parte debido a la actividad del Poder Judicial, en el edificio ubicado en la calle Ituzaingó entre Acassuso y Juan J. Díaz, como así también por la actividad de juzgados Penales y de menores ubicados en distintos puntos del casco urbano de San Isidro”.
Recuerda luego que el 17 de enero de 2008 se sancionó la ley nº 13.795 en la cual se declara la emergencia de infraestructura edilicia del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires para lo cual incorpora el artículo 31 de la ley 5.827 para formular el plan de infraestructura judicial que, entre otras cosas, se fija como política la radicación de edificios judiciales en zonas periféricas de los ejidos urbanos.
Este plan, aprobado por acta firmada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, la Procuradora General y el Ministro de Justicia bonaerense, ratificado luego por decreto provincial, contempla la utilización del terreno ubicado en Ruta Panamericana y Bernardo de Irigoyen de 32.195 m2.
El plan contempla los gastos de posesión, del concurso de anteproyecto, en una segunda etapa la construcción de 18.200 m2 y una etapa final para construir otros 21.000 m2.
El predio en cuestión, de propiedad de la Provincia de Buenos Aires, permite la actividad comercial y de oficinas públicas, encontrándose a 300 metros del acceso sobre el cual se ubican las unidades penitenciarias 46, 47 y 48 de la provincia.
Luego se indica que los principales interesados en el traslado de los tribunales de la zona céntrica de San Isidro son el estado municipal y los vecinos afectados por el desarrollo de las actividades jurisdiccionales en el casco urbano de San Isidro.
Por otra parte, la reubicación de los tribunales para nada afectaría el Hogar de Tránsito para Madres Solteras, pues esta ocupa 2.000 m2 y está ubicado sobre la calle Irigoyen y Gurruchaga, por lo que podrá continuar prestando los servicios que hoy brinda.
Se expresa luego que “el interés y participación del municipio es esencial en orden a encontrar y proponer soluciones a dicha temática, respetando la normativa existente pero resaltando la importancia de implementar medidas y acciones que tiendan a aportar elementos y sustentos tendientes a resolver la cuestión de fondo.
La Comisión ad hoc estará integrada por la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad del deliberativo, dos representantes del departamento Ejecutivo, un representante del Foro Municipal de Seguridad, invitándose integrar la misma a un representante del Colegio de Abogados de San isidro, otro del Colegio de Arquitectos de San Isidro, un representante del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, un representante del Ministerio de Justicia y Seguridad Social de la Provincia de Buenos Aires, un representante de la Cámara de Industria y Comercio de San Isidro, un representante del Ministerio Público Fiscal bonaerense y otras instituciones que acrediten conocimientos técnicos en materia urbanística y/o ambiental.
Los objetivos fijados son los de: colaborar con las autoridades provinciales para el efectivo traslado de las dependencias judiciales; brindar propuestas y acciones tendientes a colaborar en la elaboración del Plan Maestro; estudiar el Plan de Infraestructura edilicia presentado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense; proponer la realización de estudios de impacto ambiental; consultar a universidades, asociaciones profesionales y expertos en la materia; compilar y evaluar antecedentes exitosos del orden nacional e internacional.
Con relación a la problemática judicial en San Isidro, cabe añadir que el cuerpo dio entrada a la nota remitida por el secretario de administración de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Lic. Miguel Angel Russo, respondiendo a inquietudes periodísticas que dieron lugar a la resolución Nº1 del deliberativo, del 7 de julio pasado, respecto de un eventual emplazamiento y puesta en funcionamiento de dependencias judiciales en la ciudad de Beccar.
Indica en la nota que al tener en consideración “el imperativo de implementar los Juzgados de Familia en el departamento judicial San Isidro, se han encarado diversas gestiones para el emplazamiento de los mismos en un inmueble de la avenida Centenario 1860/64 de la ciudad de Beccar, contemporizando las exigencias municipales con las necesidades propias de las dependencias judiciales, las cuales se encuadran dentro de los usos permitidos por la normativa municipal respecto del inmueble, dado que se encuentra autorizada la instalaciones de oficinas públicas, comprendiendo dicho supuesto a las dependencias u organismos judiciales.”
Concluye la nota en advertir “la existencia de antecedentes en la construcción de dos torres con destino a dependencias judiciales en la misma área del inmueble antes señalado”.
Al respecto, también el cuerpo dio entrada al expediente del Departamento Ejecutivo Municipal mediante el cual remite actuaciones relacionadas con la solicitud de informes por parte del deliberativo a diferentes dependencias de la provincia de Buenos Aires rechazando, además todo emplazamiento en la ciudad de Beccar, de dependencias donde se desarrollen actividades jurisdiccionales.
En otro orden, los ediles convalidaron el contrato de comodato por 5 años, celebrado con “Amigos del Grupo Scout Señora de la Pureza” por el cual la comuna le otorgó una porción del predio ubicado en Scalabrini Ortiz entre Paraná y Soldado de Malvinas, con una superficie de 957 m2 para actividades culturales, sociales y de esparcimiento para sus asociados.
Aprobó también otro contrato semejante pero por tiempo indeterminado con la Junta de Acción Vecinal “La Horqueta”, de una pick up Ford Ranger, cero kilómetro. Se aprobó por mayoría, en una votación que se pidió fuera nominal. Votaron negativamente esta iniciativa los concejales Silvana Oronel y Ricardo Aragona (Coalición Cívica-ARI), Ester Fandiño y Marcos Hilding Ohlsson (Unión Pro-Convocación Ciudadana) y Aurora Bastidas (Bloque Peronista).
Por otro proyecto de comunicación al Ejecutivo pidió se lleve a cabo gestiones ante las autoridades del Banco de la Provincia de Buenos Aires, a los efectos de colocar un cajero automático en el interior del hospital “Ciudad de Boulogne”.
Otras de las cuestiones tratadas y aprobadas fueron la desafectación del dominio público municipal del área correspondiente a la calle Rosario de Santa Fe, desde Llavallol hasta Juan Bautista de La Salle y de la calle Héroes de Malvinas entre Juan B. de La Salle y Vías del Tren de la Costa, produciéndose en ambos casos despachos de minoría en contrario, así como la modificación de la traza de la calle Láinez, entre colectora Panamericana y la calle Eliseo Reclus.
Estas cuestiones estuvieron sujetas a prolongado debate que finalmente y en cada caso culminó con la aprobación del cuerpo por 14 votos. En los dos primeros casos, fueron también presentados despachos en minoría procurando la suspensión de los procesos de tramitación pero no consiguieron obtener la mayoría necesaria.
