La denuncia también incluye las maniobras realizadas por el mismo funcionario para desalojar a los habitantes del Barrio El Ceibo, en la costa de La Lucila, con la misma excusa de la construcción de ese vial.
El denunciante sostiene que el intendente “intentó sorprender a los vecinos diciéndoles en una reunión que la ley que los ampara había caducado.”
En la Dirección Provincial de Tierras desmintieron a García por escrito y sostienen que el intendente tiene demorado el trámite del parcelamiento del barrio desde el año 2004. Curiosamente, desde el mismo año en que comenzó el conflicto por el plan de la ribera, tan resistido por numerosos grupos y entidades vecinales.
El régimen republicano de gobierno impide que ese funcionario pueda allanar domicilios y ordenar desalojos sin una orden judicial que lo respalde.
“García pretendió asumir el rol de un juez o de un autócrata dictando un desalojo por decreto” analizó.
La causa está radicada en la Fiscalía de Investigaciones Complejas de San Isidro.