Efectivos de la Policía Bonaerense, de la Montada y de Gendarmería participaron del operativo, que permitió retomar el control de la compañía de capitales estadounidenses, tras varias más de un mes de ocupación por parte del personal que fue desplazado.
La intervención de la fuerza policial en la planta ubicada en la localidad de General Pacheco, partido bonaerense de Tigre, contó con la orden del juez de garantías de San Isidro, Ricardo Costa.
El operativo, que el que se utilizaron gases y balas de goma, más personal de la Policía Montada y perros, dejó un saldo de 65 demorados y al menos 12 heridos leves, ocho de ellos efectivos policiales, según confirmó el jefe de la Regional Norte de la Policía Bonaerense, comisario mayor Salvador Baratta.
El jefe policial defendió el operativo, lo calificó de "profesional" y destacó que la decisión de iniciar el desalojo fue tomada "por la llegada de la noche", ante el riesgo de que pudiera ser tomado por los manifestantes de "dos silos con material altamente inflamable".
Baratta también mostró bombas molotv, palos, piedras, navajas y otro material que estaba en poder de los manifestantes, principalmente los que estaban afuera y precisó que todos los demorados, que ninguno quedó en calidad de detenido, recuperarían la libertad.
Los incidentes con los empleados que mantenían ocupada la planta, a los que se sumaron piqueteros y organizaciones sociales de izquierda, se iniciaron poco después de que la compañía hiciera una presentación "voluntaria" ante la cartera laboral, donde se comprometía a pagar sueldos atrasados y también a mantener "los puestos de trabajo existentes", pero nada mencionaba sobre los despidos, principal motivo del conflicto.
El comisario a cargo del operativo y titular de la DDI de San Isidro, Jorge Nasrala, dijo a la prensa que los detenidos fueron derivados a diferentes dependencias de la zona, mientras que los heridos fueron asistidos en centros de salud locales.
Los incidentes comenzaron tras el compromiso manifestado por la empresa en un acta firmada en el ministerio de Trabajo para "restablecer la actividad productiva normal" a partir del lunes, mantener los "puestos de trabajo existentes" y pagar los salarios.
El acta fue firmada en representación de la empresa por Pedro López Matheu y los abogados Julián De diego y Pablo Fagoaga, ante la Secretaria de Trabajo, Noemí Rial. La subsecretaria de Trabajo, Silvia Squire, dijo que "la empresa se comprometió a mantener los puestos de trabajo. Es una decisión unilateral de la empresa".
En declaraciones realizadas tras la audencia en la cartera laboral, la funcionaria expresó que "lo que el ministerio trató de hacer es mantener todos los puestos de trabajo" y sostuvo que "la conciliación obligatoria está agotada".
"Lo que el ministerio trató por todos los medios pacíficos fue mantener los puestos de trabajo de todos los trabajadores", remarcó Squire.
Por su parte, el subsecretario de Trabajo bonaerense, Armando Molina, manifestó: "Tenemos preocupación por todos los trabajadores".
En tanto, agrupaciones piqueteras, partidos de izquierda y estudiantes mantuvieron cortado el tránsito en el centro porteño, en inmediaciones del Obelisco, y por la mañana, el Puente Pueyrredón, en solidaridad con los trabajadores despedidos de la empresa ex Terrabusi.
La misma se mantiene paralizada desde el 18 de agosto tras el despido de 160 trabajadores y las denuncias ante la Justicia penal sobre supuestos delitos cometidos dentro de la planta, tras lo cual se produjo la toma de la fábrica.
El 9 de setiembre el ministerio de Trabajo consideró como terminada la conciliación obligatoria y dejó el conflicto en manos de la Justicia.
