El encuentro, que se constituyó en una virtual audiencia pública, contó con la presencia del intendente de San Isidro, Dr. Gustavo Posse, así como de la titular del Concejo Deliberante, Rita Kuzis, numerosos concejales, consejeros escolares y mayores, entre otros funcionarios.
Cabe recordar que pocos días despues del asesinato del capitán Aldo Garrido –en febrero de este año-, el Concejo Deliberante de San Isidro, por unánime decisión de sus miembros, solicitó a la Suprema Corte de Justicia provincial, el traslado de dicho fuero a un sitio con mayor accesibilidad -desde los distintos municipios que componen el Departamento Judicial de San Isidro- que al intrincado casco histórico local.
Con representantes de la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro, del Foro Vecinal de Seguridad Comisaría 1ra. de San Isidro y de otras entidades, en la coordinación y moderación del debate, y ante un salón colmado de vecinos, con gente en las escaleras e incluso en el acceso en la sede del Club Acassuso, comenzó el encuentro pasadas las 20,15.
En primero en hablar, para informar sobre el tema fue el presidente del Bloque de Concejales de Acción Vecinal San Isidro es Distinto. El Dr. Carlos Castellano, apoyado en una presentación audiovisual, se refirió a los trastornos que en el casco histórico ocasiona el funcionamiento de los Tribunales del Departamento Judicial, con sus escasos e intrincados accesos, con el movimiento de vehículos para el traslado de encausados y detnidos, que terminan por obstaculizar el casco histórico sanisidrense. También se refirió a la iniciativa de la Suprema Corte de Justicia provincial de trasladar provisoriamente los tribunales orales del fuero penal a otro lugar del partido.
Seguidamente, tomó la palabra Ariel Sansile, presidente del Foro Vecinal de Seguridad correspondiente a la Comisaría 1ra. de San Isidro, quien manifestó su apoyo a l traslado de dependencias tribunalicias a otro lugar del distrito. También respaldo la iniciativa, el titular de la Cámara de Comercio e Industria del partido, Carlos Vitorelli.
Habló luego el presidente del Foro de Vecinal de Seguridad de la Comisaría 9na. (La Horqueta), Arturo Abella, quien se mostró en desacuerdo del traslado de algunos tribunales a la zona de Uruguay y Ramos Mejía, en Boulogne. En igual sentido, se manifestó otro vecino de La Horqueta, Luis Abarca, fundamentando su oposición en los eventuales trastornos que podría ocasionar el funcionamiento de dependencias judiciales en la zona, aun cuando el lugar elegido por las autoridades de la Suprema Corte es predominantemente industrial. También dijo que restaría efectivos y móviles a la seccional 9na. el traslado de detenidos.
A ello, respondió brevemente el subsecretario de Prevención en Seguridad de la comuna, Federico Suñer, aclarando que dicho traslado es efectivizado por una unidad especial, sin afectar el normal desenvolvimietno del personal de comisarías.
Poco después, dio a conocer su opinión el vecino Jorgé López, del barrio La Calabria. Se mostró de acuerdo con el traslado de tribunales orales a otro punto del partido, por los trastornos que implica para el desenvolvimiento del casco histórico la actividad tribunalicia, así como para otros sectores, como su barrio, la presencia de juzgados de menores. “Pago tanto de impuestos y tasas como quienes viven en La Horqueta, pero estos parecen privilegiados por no querer tener en su ámbito este tipo de dependencias públicas”, dijo.
Del mismo modo, Julio Basualdo, miembros de la Junta de Acción Vecinal de La Horqueta, manifestó su opinión favorable al traslado de oficinas tribunalicias a otro sector del partido, aun cuando no fijó posición respecto del lugar para efectivizar dicha mudanza.
Luego, habló el ex concejal justicialista Raúl Sánchez, quien historió los inconvenientes que acarrea para el casco histórico sanisidrense la presencia de los Tribunales, y recordó que fue una imposición de la dictadura militar, no respetando la legislación local en materia urbanística y sin tener en cuenta o no prever los inconvenientes que ese “mostruo de cemento” provocaría al tránsito y a todo el desenvolvimiento del sector, incluyendo a colegios y estableicmientos de salud.
Tras varias opiniones favorables al traslado por parte de numerosos vecinos, habló luego la diputada provincial Cecilia Moreau, también a favor del traslado de la dependencias judiciales, quien dijo que rara vez las autoridades del Poder Judicial consultan a los municipios sobre este tipo de decisiones.
Posteriormente, expuso su opinión favorable al traslado el secretario del Colegio de Abogados de Sab Isidro, Gonzalo Pérez Colman y a continuación hizo lo propio el presidente del Colegio de Arquitectos local, Jorge Rivera, quien resaltó los inconvenientes urbanísticos que acarrea el “inmenso mamarracho de cemento”, como rotuló a los Tribunales en el casco histórico.
Finalmente, casi a las 22,30, expuso el intendente de San Isidro. El Dr. Gustavo Posse recordó que a fines de los años 60, comenzaron los gestiones para un edificio que albergara a las dependencias judiciales. Ya en 1970, el Ejecutivo municipal y una comisión formada al efecto propuso para su ubicación terrenos de Boulogne aledaños a la autopista Panamericana. Más tarde, desde el ámbito provincial se decide la construcción del edificio d elos Tribunales, a pesar a los informes desfavorables de la comuna por atentar contra todas las reglamentaciones de uso y edificación vigentes para el área del casco histórico, lo que trajo aparejado un sinnúmero de inconvenientes, que se han ido agravnado con el tiempo.
“De la crisis se sale con lealtad, consenso, con la palabra”, sostuvo Posse. Dijo que la solución definitiva al tema sería la “ciudad judicial” propuesta para San Isidro por el Poder Judicial bonaerense, iniciativa que cuenta con el apoyo del Colegio de Abogados local así como de otras entidades y la propia Municipalidad. El principal inconveniente, dijo, está liegado a la falta de créditos internacionales para llevar adelante dicho proyecto, que además de San Isidro, contempla otras dos ciudades judiciales: una en Mar del Plata y otra en La Matanza.
Para el jefe comunal, el riesgo “de no tomarse esta solución transitoria” –la del traslado de los tribunales orales del fuero penal- es que una vieja usina denominada “Santa Elena”, ubicada en el barrio La Calabria, a pocas cuadras del Club Acassuso, termine siendo la sede de todos las los tribunales del fuero penal, ya que ese predio fue adquirido hace 12 años por la Suprema Corte provincial. “Ello perdujicaría sencillamente a todo San Isidro, sin exclusiones”, resaltó Posse.
Finalmente, el intendente sanisidrense pidió abrir un paréntesis para que todos pueden analizar y meditar la cuestión y en base al consenso resolver la solución más favorable para toda la comunidad.
El encuentro culminó así, escasos momentos antes de las 23.
