"Esta situación no sólo impacta negativamente en la imagen de la administración de justicia sino que genera una serie de distorsiones que tiende a restar eficacia y calidad a las posibles respuestas frente al conflicto penal", remarcó.
Por eso, ordenó que en los casos en que haya personas detenidas desde hace más de dos años sin sentencia de primera instancia, se solicite que se fije fecha de juicio oral en el menor tiempo posible.
Falbo sostuvo que si bien las principales dilaciones se observan en la etapa de juicio, también ocurren en las fases investigativa e intermedia.
Al respecto, consideró que "la función del Ministerio Público no puede limitarse al control de la actividad de los restantes órganos del proceso, sino que debe asumir un rol protagónico y activo en la búsqueda de soluciones integrales".
Para Falbo, en la parte investigativa, "muchas de las demoras obedecen a una excesiva formalidad de los trámites o a la falta de concentración de los actos de investigación".
También advirtió que hay "innumerables casos de injustificadas paralizaciones derivadas de la remisión de actuaciones por lapsos que exceden ampliamente los previstos para el estudio del caso y el dictado de la pertinente resolución judicial".
Por eso, la procuradora instó a los fiscales a que en las causas con detenidos privilegien la concentración de los trámites, redoblen sus esfuerzos y obliguen a órganos jurisdiccionales a respetar los plazos procesales.
Además, les requirió a los fiscales que remitan semestralmente un informe que detalle la cantidad de procesos con aprehendidos en flagrancia que se iniciaron para monitorear cómo funciona este sistema, incluido en el Plan para el Fortalecimiento del Sistema Acusatorio.
Se trata de expedientes abiertos cuando los delincuentes son sorprendidos cometiendo determinados delitos in fraganti y cuya duración máxima debe ser cuatro meses.
