Por medio de esta legislación, cerca de medio millón de descendientes de inmigrantes españoles, muchos de ellos argentinos, podrán obtener la nacionalidad española, según estimaciones del gobierno español. Sin embargo, la ley exige una continuidad, o sea que los padres de los hijos de españoles también necesitan tener la nacionalidad.
Por lo tanto, a partir de diciembre de 2008, los descendientes de españoles tendrán dos años para solicitar la nacionalidad española, plazo que el gobierno español puede prorrogar un año más. Este periodo de un año para la aplicación de la norma es para preparar a la administración con el objetivo de evitar el colapso de los consulados españoles.
La ley de Memoria Histórica establece que se "amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes de quienes hubiesen sido originariamente españoles", independientemente de que hayan nacido en España, o sean hijos de emigrantes o exiliados.
Por esta razón, en el tramo final de la legislatura, el gobierno optó por asegurarse la aprobación de esta reforma en materia de nacionalidad y la introdujo en la "Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura", nombre de la ley de Memoria Histórica.
Luis Viviant
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