La audiencia, que no tiene precedentes, se cumplió en el marco del fallo de la Corte Nacional, a partir de una causa impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) que obliga a la Provincia a modificar las condiciones de detención.
La procuradora aludió a "la importante actividad de la defensa oficial tendiente a lograr excarcelaciones u otras medidas alternativas a la coerción padecidas por sus asistidos".
Entre otros conceptos, Falbo puso de relieve "diversas resoluciones encaminadas a revertir situaciones de superpoblación en comisarías y cárceles y evitar el alojamiento de adolescentes y personas enfermas en seccionales policiales".
Con el fin de precisar la política institucional del Ministerio Público Fiscal, la procuradora reveló que instruyó a los fiscales "para que no abusen en los requerimientos de dictados de prisión preventiva".
Destacó además que la Procuración cuenta desde hace tiempo con el Registro énico de Detenidos (RUD) y el Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP) a los que calificó como "herramientas que permiten conocer la situación actual de los procesos penales".
Mencionó la importancia del trabajo de funcionarios judiciales en las cárceles "para asegurar y reafirmar la comunicación entre quien se encuentra privado de su libertad y el Poder Judicial en su conjunto, reforzando, de esa manera, el acceso a la justicia por parte de los internos".
Ponderó asimismo la oralidad en el desarrollo del proceso penal y en tal sentido aludió a la recomendación destinada a defensores y fiscales para que privilegien el uso de los mecanismos orales contemplados en el Código Procesal.
Por su parte, el Defensor General del Tribunal de Casación Penal bonaerense, Mario Coriolano, insistió que "se arbitren medidas que impidan el abuso de las prisiones preventivas y que se pongan límites a las penas perpetuas".
