Esto significa que cayó casi un 50% el número de aspirantes para ingresar en alguna de las escuelas de formación policial. Pero hay más: en San Isidro y Vicente López casi nadie quiere ser policía. De un cupo de 40 futuros integrantes de la fuerza sólo llegan a anotar a diez.
Para salvar la situación existe un acuerdo con los municipios de San Fernando y Tigre, que “transfieren” postulantes a San Isidro y Vicente López para que puedan completar la matrícula. Pero la tarea es cada vez más difícil porque ahora tampoco tienen para cubrir la propia.
El secretario de Producción, empleo y prevención comunitaria de San Fernando, Roberto Pereyra, señaló a Hoy: “La verdad es que ahora no es tan sencillo. El año pasado inscribimos a 100 y este año a 75”.
El lunes comenzó el curso de formación policial. Esta vez, empezó con 165 alumnos, cuando el promedio era de entre 180 y 200.
Un aspecto central es que la falta de aspirantes hace que en los distritos terminen trabajando policías de otras ciudades, algo que no es ideal. Pereyra y Azcoaga coinciden en que es mejor que el policía preste servicios en los lugares donde reside con la familia. “Es más sano que el hombre no quede separado de la comunidad, del control social”, señaló Azcoaga.
San Isidro, Vicente López, San Fernando y Tigre conformaron un consorcio y una de las acciones conjuntas es la preparación de policías para los cuatro municipios, junto con la Universidad de San Martín. El proyecto comenzó en 2006 con 200 cupos: cuarenta para cada uno. Una vez egresados, los policías pasan a trabajar en las comisarías del distrito en el que fueron anotados. Los gastos son costeados entre las comunas y la Provincia.
“Vicente López y San Isidro son municipios del primer cordón con ingresos económicos más altos que el promedio. Es mucho más fácil conseguir aspirantes en Tigre y San Fernando. Esto no sólo ocurre en San Isidro y Vicente López. Campana y Zárate tienen otras características, pero como están en medio de un polo industrial y hay una oferta laboral muy importante, ahí tampoco podemos completar la matrícula porque estamos compitiendo con otras ofertas de trabajo que en, todo caso, son mucho más deseables para los pibes de hoy”, advirtió Azcoaga.
En Mar del Plata tampoco
El mapa varía año a año porque hay una mejora en los niveles de empleo y los que quisieran ingresar en la fuerza no cumplen con los requisitos. Este año, la Provincia tuvo que archivar el proyecto de abrir una escuela en Mar del Plata. “No la pudimos concretar porque no reunimos regionalmente, no sólo en Mar del Plata, la cantidad de aspirantes como para abrir la escuela”, admitió Azcoaga.
El cupo era para 500, pero había sólo 200 anotados que fueron redistribuidos en Olavarría, Bahía Blanca y en la escuela de Parque Pereyra.
“Bahía Blanca y Olavarría también están por debajo de las necesidades. De hecho, completaron las vacantes con los inscriptos para la escuela que no pudimos abrir”, explicó Azcoaga.
El quid de la cuestión es que para la franja poblacional -jóvenes de entre 18 y 30 años con secundario completo- aparecen otras posibilidades de trabajo en el campo, en la industria, en los servicios, y decrecen las posibilidades de incorporarlos a la Policía.
“Esto es más notorio en los lugares donde los ingresos son más altos porque allí prácticamente no hay gente que quiera ser policía. Pero ya ahora esta tendencia comenzó a trasladarse a zonas donde era más fácil el reclutamiento”, indicó Azcoaga.
Al ingresar en la escuela, los alumnos cobran una beca de 350 pesos mensuales y reciben los servicios de Ioma y una ART durante el año de formación. Después pasan a percibir un salario de 1.200 pesos.
Cada 3 inscriptos, uno apto
Tampoco es sencilla la tarea de selección. Es que de cada tres inscriptos, uno es apto. “Hay muchísimos chicos que no tienen el secundario completo. También es frecuente encontrar chicos con enfisemas, desviaciones de columnas, toda una cantidad de enfermedades de la primera edad que hubiesen sido corregidas con una atención médica, problemas dentarios, de nutrición. Muchísimos indocumentados o chicos que alguna vez tuvieron DNI pero que ahora andan con una fotocopia. El costo de los certificados también puede resultar una traba”, detalló Azcoaga.
¿Y cuál es la solución para que los que puedan entrar en la fuerza quieran hacerlo y para que los que quieran, puedan hacerlo? Azcoaga cree que hay que mejorar la difusión de las condiciones laborales de la Policía y los salarios. Puede ser un comienzo, pero la solución parece más compleja.
Desde que comenzó el reclutamiento de policías en la gestión de León Arslanián en 2004, fueron incorporados 15 mil agentes. En la actualidad hay 50 mil. El ministro insiste en que son necesarios otros 15 mil. ¿Está en riesgo el objetivo de incorporación? Azcoaga aseguró que no, pero admitió que el proceso será lento. Tal vez, muy lento.
María Fernanda Alonso
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