En el fallo, Larroza ordena a la provincia "cesar en la aplicación del aumento tarifario dispuesto en el decreto provincial 970/06".
También ordenó al gobierno provincial que se abstenga de decidir "cualquier modificación o reducción de las obligaciones concernientes a las empresas Concesionaria Vial del Sur S.A. y Empresa Camino del Atlántico SACV".
Según la presentación de Consumidores Libres, para fijar un aumento era necesario convocar a una audiencia pública y se cuestionó también la legalidad y vigencia de los contratos de concesión de ambas autovías.
Fuentes judiciales informaron que la Fiscalía de Estado apelaría la resolución judicial, por considerar que se cumplieron los pasos legales para disponer los incrementos de peaje.
