Greenpeace acompaña el reclamo y se suma al pedido para que las autoridades reciban a las manifestantes y garanticen el derecho a la protesta pacífica respaldado por la Constitución Nacional. Desde la organización recordaron que la libertad de expresión, el derecho de protesta, la defensa de la paz y la protección de la naturaleza, son pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática.
La organización ambientalista pide a las autoridades nacionales que ponga fin a la situación de avasallamiento sobre los pueblos originarios y sus territorios por parte de gobiernos y de corporaciones extractivistas, entre ellas mineras, petroleras, hidroeléctricas, agropecuarias, y madereras.
La organización adhiere a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo el derecho específico de autodeterminación, libertad, paz y seguridad como individuos y colectivamente como pueblos distintos. En ese marco, Greenpeace apoya el derecho al consentimiento libre, previo e informado para las decisiones que los afectarán, incluyendo los proyecto en sus territorios tradicionales, y particularmente en relación con la exploración, el desarrollo, la utilización o explotación de minerales, maderas, peces, agua o de otros recursos. Los pueblos indígenas no deben ser desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios tradicionales.