Los investigadores sospechan que la banda realizaba la maniobra desde el año 2014.
Durante los procedimientos, seis en total, fueron detenidas dos personas de 47 y 57 años, con cargos de jefes de departamento dentro de la cartera educativa provincial, quienes quedaron a disposición de la justicia acusados de “asociación ilícita y malversación de caudales públicos”.
La causa se inició en abril pasado cuando la Policía detuvo a un hombre (playero de una estación de servicio) cuando iba por la ruta 36 y calle 44.
En su poder se decomisó dinero en efectivo y varias tarjetas de débito pertenecientes a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE).
Luego de esa captura, el encargado de la estación de servicio ubicada en la calle 44 y 31 de La Plata -donde también trabajaba el sujeto detenido horas antes- se suicidó en el baño de ese comercio.
Ante la sospecha que desde allí se realizaban maniobras fraudulentas, se inició una investigación.
De esa manera se comprobó que funcionarios y empleados de la administración pública provincial –pertenecientes a la DGCyE- desviaban periódicamente fondos públicos a partir de falsas compras de combustibles para vehículos oficiales.
Incluso se pudo saber que varias de las tarjetas eran de autos que estaban en desuso, ya que no habían sido dados de baja y se encontraban guardados en galpones.
Por lo tanto seguían utilizando el combustible y repuestos para los mismos.
Para los investigadores, esas operaciones no podrían ser realizadas sin el aval de los responsables del área, ya que se debían presentar comprobantes y rendir gastos.
Ante eso, la investigación recayó, según las fuentes, entre otras personas sobre Chiramberro y Burgos, y el Director de Servicios Generales, y el Sub Director de Transporte Terrestre de la DGCyE.
Es decir, las personas implicadas, desde los cargos que ocupaban, eran las encargadas de administrar, entregar y controlar el normal funcionamiento de las tarjetas desde donde se desviaban los fondos.
Durante la investigación, la Dirección de Escuelas bonaerense intervino la Dirección de servicios generales y la subdirección de transporte terrestre, separó de sus cargos a los funcionarios involucrados e inició sumarios administrativos.
Asimismo se estima que los montos provenientes del erario provincial para dichas tarjetas ascendían semanalmente desde 250 mil a un millón de pesos.
Debido a la gran cantidad de dinero que fue estafado al gobierno provincial el fiscal del caso solicitó que se embarguen los bienes de los investigados, hasta tanto se compruebe el monto total sustraído.
El procedimiento fue coordinado por efectivos de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado y contó con el apoyo de las autoridades de la DGCyE.
Durante los operativos, los efectivos incautaron importantes elementos para la causa: un yate, un motor home, cuatriciclos, motos de agua, motos de alta cilindrada y autos, entre ellos varios de alta gama, y un arma.
La causa tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N° 16, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, y el Juzgado de Garantías N° 5, de la jueza Marcela Garmendia, ambos perteneciente al Departamento Judicial La Plata.
