El propietario, Jorge Eduardo Azariu, reclamó fundamentado en el artículo 684 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que habilita a pedir el "desalojo inmediato" en caso de falta de pago o vencimiento del plazo del contrato.
La Corte consideró que "no se ha arribado a una conciliación en el litigio" frente a "las excepcionales circunstancias del asunto planteado y las notorias razones de urgencia existentes", pero consideró que es "procedente" iniciar "el respectivo trámite expropiatorio".
En función de ello, decidió "exhortar" al Consejo de la Magistratura de la Nación para que "en forma urgente" solicite "con tratamiento preferencial" al PEN que envíe al Congreso Nacional el correspondiente proyecto de ley que declare de utilidad pública sujeto a expropiación el inmueble de la calle Crisólogo Larralde 673/75/77 de la localidad de Morón.
En 2005, mediante licitación pública, se adjudicó el inmueble para el funcionamiento de los juzgados federales de Morón y en 2007 el propietario firmó un acuerdo de locación con la Dirección General de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura.
El contrato firmado tenía un plazo de tres años -por lo que vencía el 23 de mayo de 2010- y con un canon de 58.700 pesos.
El documento original permitía una única prórroga del contrato de locación, por lo que se hizo por otros tres años, esto es hasta 2013, con un nuevo canon locativo de 4.630.944 de pesos.
Cuando se intentó llegar a un acuerdo para una segunda prórroga y ante la falta de acuerdo del propietario por el valor mensual de alquiler, comenzó el problema.
Según el propietario, hay una ocupación ilegal desde el 23 de mayo de 2013, sumado a que al año siguiente dejaron de pagarle el canon mensual.
El denunciante incluso criticó que pese a la demanda en curso y la falta de pago, se hacían reformas en el edificio tales como la colocación de equipos de aire acondicionado.
En marzo de 2015, el Consejo ofreció pagar mensualmente 142.800 por mes basándose en un informe del Tribunal de Tasaciones, que dio que el valor locativo mensual y lo estimó en 125 mil pesos, pero el propietario impugnó ese informe.
Meses más tarde, en septiembre del mismo año, el Consejo de la Magistratura ofertó una suma mensual de 161.000 pesos, y nuevamente el propietario impugnó el informe y mediante carta documento intimó al desalojo. .
