Este viernes, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) confirmó en un comunicado que presentó la denuncia penal por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita, tras obtener información de diferentes auditorias, investigaciones y análisis sobre los documentos de rendición de órdenes de pago y sus anexos complementarios.
Esos datos, según se informó, revelaron irregularidades en la prestación del servicio, lo que constituye un claro incumplimiento a lo establecido por el Reglamento de Contrataciones.
Además, según la DGCyE, se constató la articulación de acciones tendientes al ocultamiento de un monopolio en la prestación del servicio, lo que podría implicar también un intento de evasión fiscal en términos de reducción de la carga impositiva.
En ese sentido, se detectó la existencia de contratos con transportistas que poseen como apoderados a una misma persona, donde especifican la misma flota de vehículos e inclusive con los mismos choferes.
También se encontraron facturas confeccionadas con una tipografía similar caligráfica.
En el caso de Roque Pérez, los informes determinaron que se facturó el servicio por más días de los que efectivamente se realizaron y correspondían por contrato.
Las facturas no contaban con el detalle requerido, es decir el precio unitario por kilómetro, días y distancias recorridas.
En tanto, en General Pueyrredón y Lincoln no se cumplía lo establecido por las obligaciones contractuales; no se realizaban la totalidad de los recorridos o se efectuaban con menos vehículos que los estipulados.
Por ejemplo, en General Pueyrredón se auditaron 31 recorridos, que por contrato se debían realizar con 43 vehículos para transportar 1.304 alumnos; y se constató que solamente se efectuaban 15 recorridos con 17 vehículos, transportando 689 alumnos.
