Este tipo de tarifa contempla el pago del 50% del valor de la electricidad y del 25% del precio del gas, lo cual sería de mucha ayuda a este tipo de entidades que tienen una importante función social y que atraviesan por situaciones económicas asfixiantes, ahora agravadas por los tarifazos en los servicios públicos.
“Cada recorrida que hago por un barrio es una lluvia de pedidos de los vecinos para que los ayude y frene el tarifazo”, había subrayado Ishii cuando inauguró el nuevo año se sesiones.
Pero su cruzada parece no limitarse al distrito de José C. Paz, sino que abarca a todo el territorio bonaerense.
La solicitud presentada ante la Defensoría del Pueblo bonaerense, se fundamenta en que “cómo es sabido, es público y notorio los constantes aumentos en materia energética, los mismo afectan a la sociedad toda produciéndose un trasvasamiento de sus derechos los cuales se ven notoriamente afectados no sólo por su carácter confiscatorio, sino también por la necesidad y la importancia de dichos servicios fundamentales, como son tanto la electricidad y el gas.”
Y agrega que “esta situación afecta directamente a instituciones que tienen una función social específica y determinada en la comunidad”.
Ante esta fundamentación y con una visión bonaerense el escrito culmina con el pedido de aplicar el cuadro tarifario social: “Es por eso que la presente tiene como objeto, no solo dejar sin efecto las boletas emitidas con tales aumentos sino que además a dichas instituciones que cumplen una función social específica y de ayuda al vecino, no solo del municipio que represento sino también de toda la Provincia de Buenos Aires, le sea aplicado el cuadro tarifario denominado como ‘TARIFA SOCIAL FEDERAL'”.