Estas iniciativas se suman a otras dos ya presentadas, como la creación del mapa judicial y la modificación al procedimiento del jury de enjuiciamiento de magistrados.
Con este envío el gobierno bonaerense busca una nueva Ley de Procedimiento Laboral -la actual data de 1995- a través de la cual buscará tener juicios más rápidos y menos costosos, ya que las causas estarán a cargo de un juez y no de tres, como hasta ahora, se indicó.
Respecto de la elección de magistrados el proyecto contempla que todos los que quieran ser jueces o fiscales tendrán que asistir obligatoriamente a la Escuela Judicial, algo que hoy no sucede: para lograr transparencia los exámenes orales serán filmados y se contemplará un orden de mérito para acceder a los cargos.
A su vez impulsa un nuevo Código Procesal Penal para garantizar la participación de la víctima durante el proceso judicial: puntualmente, la reforma busca que la víctima pueda conocer y participar en las decisiones que tome el juez a lo largo de todo el proceso, y que tenga voz en casos como otorgamientos de juicios abreviados, salidas transitorias o libertad condicional, se informó oficialmente.
Además, entre otros puntos, la reforma intenta “reducir la cantidad de recursos que puede utilizar un delincuente para evitar la prisión”, se indicó.
Mientras, el gobierno provincial sigue trabajando en un nuevo Código Contravencional para cambiar el vigente que tiene más de 40 años: será en junio la presentación del proyecto que creará nuevas figuras y sanciones para resolver conflictos menores sin llegar a la aplicación del Código Penal y apuntará a la reparación del daño que compense a la víctima.
En octubre, además, se presentará un nuevo Código Procesal Civil y Comercial con el fin de agilizar y bajar los costos de los procesos, buscando más juicios orales que escritos para poder resolver más cuestiones en menos tiempo y con mayor contacto entre el vecino y el juez.
Y hacia fin de año se hará una presentación de un nuevo proyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial “para contar con las dependencias que se necesitan donde hacen falta, eliminando aquellas que prácticamente no funcionan y determinando la cantidad y distribución de los juzgados según criterios de necesidad y no de conveniencia”, indicó el gobierno bonaerense.
“Hace dos años asumimos con el compromiso de cambiar y no había cambio posible si no cambiábamos las reglas de juego de la política y de la forma de funcionamiento de esta Provincia durante más de 28 años. No había cambio posible si no enfrentábamos a las mafias, al narcotráfico y la corrupción adentro y afuera del Estado”, sostuvo Vidal, junto al ministro de Justicia, Gustavo Ferrari.
En ese sentido, la gobernadora afirmó que el Estado no puede mirar “para otro lado cuando todavía en el plano de la Justicia siguen pasando cosas injustas” y remarcó: “Tenemos jueces y fiscales que llegaron a esos lugares por influencia política o judicial y no por su propio mérito”.
Tras ello, desde la Casa de Gobierno provincial y acompañada por familiares de víctimas como Matías Bagnato, Carolina Píparo, Jimena Aduriz, María Luján Rey, Karina Massa, Raquel Berthi y Patricia Rodríguez, la mandataria llamó a construir “una Justicia despolitizada, transparente, que llegue a tiempo y que ponga en el centro a la víctima y no al victimario”.
La mandataria resaltó que la el proyecto de reforma fue realizado “en conjunto con la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, con la Procuración, el Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados, incluso con legisladores de distintas fuerzas” y dijo que “es el resultado de un diálogo”.
“Esperamos que la Legislatura le de la prioridad que se merece, que haga los tratamientos en comisión que hagan falta y un rápido tratamiento y sanción”, apuntó.
El debate formal en la Legislatura comenzó con el proyecto de ley que modifica el sistema de enjuiciamiento de magistrados: la idea es acortar los plazos del juicio, apartar rápidamente a quienes no estén cumpliendo correctamente sus funciones y también “evitar que los procesos sean utilizados como una herramienta de presión política a los jueces y fiscales”.
Actualmente, los juicios a magistrados son iniciados y resueltos por una comisión encabezada por el presidente de la Suprema Corte, pero dado que la Presidencia de la Corte rota cada un año y cada presidente que inicia un juicio no tiene la obligación de terminarlo, los juicios se traban: a partir de ahora, el presidente que inicie el proceso tendrá el deber de finalizarlo.
Este proyecto, en la Cámara de origen –la Cámara de Diputados-, podría obtener dictamen favorable de una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y la de Legislación General, presididas, respectivamente, por el diputado oficialista Santiago Nardelli y la camporista Rocío Giaccone para así ser considerada en el recinto el próximo 26 de este mes.
